La reunión que, hace alrededor de un mes, tuvieron la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Miguel Pichetto dio una pista de la búsqueda que intentará el peronismo para conseguir ser competitivo en las elecciones de 2027. La incorporación de dirigentes que fueron parte de sus filas, pero se alejaron, o de otros que quieran sumarse al justicialismo, aparece como una necesidad compartida en las principales vertientes del espacio: el cristinismo, el kicillofismo y el massismo. La condición que ponen en esos campamentos para ser parte es tener diferencias con el proyecto de Javier Milei; el límite es compartido por los tres: la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La visita de Pichetto a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, volvió “digerible” para sectores del cristinismo al excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las elecciones de 2019. Así lo admitió una fuente del sector consultada al respecto por . “Cristina lo respeta”, resaltó la fuente. Entre otras reuniones políticas, luego de ese encuentro, Pichetto se mostró con Guillermo Moreno, pero también con dirigentes alejados del peronismo, como los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, o los exlibertarios alineados con Carlos Kikuchi, además de peronistas distanciados del cristinismo.

Para recuperar la agenda, Javier Milei necesita cambiar la percepción. Para cambiar la percepción, primero está obligado a reconstruir su propia autopercepción: tranquilizar la interna y mirarse otra vez en el espejo de la virtud. Gobernar es autopercibirse y ser percibido. El caso YPF les acaba de dar una oportunidad única a los libertarios: un triunfo histórico para la Argentina, que evitó un riesgo legal y macroeconómico grave, alcanzado justo en la Procuración General del Tesoro mileísta, ni antes ni después. Con Alberto Fernández, en 2023, hubo fallo en contra de la Argentina; con Milei, en 2026, fallo histórico a favor en el nivel de la apelación: sobre esa cronología contrastante, Milei y sus huestes tejen su batalla cultural contra Axel Kicillof y el kirchnerismo. Oxígeno después de semanas de zozobra.

Aún con un fallo en segunda instancia favorable a la Argentina, el caso YPF cae en la mesa política y abre un portal a la puja ideológica. La primera cuestión es: ¿el fallo avala la expropiación diseñada por el gobierno kirchnerista en 2012, con Kicillof, ministro de Economía de entonces, como su principal vocero? ¿Celebrar el fallo es darle la razón al kirchnerismo?

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York es claro, pero obliga a una lectura respetuosa. Ofrece tres conclusiones centrales. Primero, que la sentencia debe basarse en la ley argentina, en este caso la ley de expropiación. Segundo, que en ese marco, que la jueza Preska interpretó incorrectamente, no se trata de un contrato entre partes en las que una tiene el derecho de reclamar ante la otra: en la ley argentina, el Estado tiene potestades amparadas legalmente en el caso de una expropiación. Es un tema de derecho público antes que de derecho comercial. Tercero, que las empresas del Grupo Petersen y el fondo Eton Park, que demandaron a la Argentina en la justicia de Nueva York, pudieron haber litigado ante el Estado argentino: el fallo reconoce que dentro de la ley argentina, había argumentos posibles para una demanda. De hecho, observa que otros accionistas minoritarios demandaron en la Argentina y obtuvieron resarcimiento.

Sobre el reconocimiento de la ley argentina por parte del fallo, el kirchnerismo construyó una interpretación engañosa: un aval a la expropiación. También afirman que el fallo apoya el argumento que sostuvo Kicillof en 2012: que el Estado argentino estaba habilitado para incumplir el Estatuto de YPF. Pero la Cámara de Apelaciones dice lo contrario: es contundente en su condena a la violación del Estatuto. Las páginas 50 y 51 del fallo son clave para reponer la verdad, contraria a la versión del kirchnerismo.

En esos párrafos, la Cámara sostiene argumentos centrales. Primero, que “ninguna de las partes involucradas en estos dos casos disputan que la República haya violado el Estatuto de YPF”. Segundo, que el Estatuto, tal como fue redactado, buscó generar mecanismos de protección fue la estrategia para atraer inversores en 1992, cuando se privatizó: “La razón fue asegurarle a los inversores privados, muchos de los cuales estaban basados en Estados Unidos, que estarían protegidos en el caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor compañía de petróleo y gas si los vientos económicos y políticos cambiaban alguna vez como sucedió a principios de 2010”. El Estatuto de YPF no fue un capricho de accionistas oportunistas, como sugirió Kicillof en las declaraciones de 2012 que pasaron a la historia. Ese Estatuto se derivó de la Ley de Privatización de YPF, y surgió de un decreto del gobierno de Menem.

Y tercero, el fallo plantea un futuro cuestionable para la Argentina dado la violación del Estatuto que el kirchnerismo defendió y defiende: “La resistencia a cumplir las protecciones dos décadas después hecha dudas sobre la seguridad de inversiones extranjeras”.

¿Cómo es que el fallo respeta la ley argentina y al mismo tiempo condena la violación del Estatuto? Para la Cámara pasan tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, es correcto que el reclamo se sustancie en Nueva York porque YPF cotiza en la bolsa neoyorquina, un reclamo de jurisdicción que la gestión de Macri perdió en 2019 ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Por otro lado, aunque es la justicia de Estados Unidos, el fallo debe basarse en la ley argentina. Finalmente, aunque condena la violación del Estatuto, esa violación pudo reclamarse ante la justicia argentina, en el marco legal argentino.

Para un presidente libertario, el triunfo legal en el caso YPF tiene algo de victoria paradójica: el gobierno de Milei termina celebrando como propio el reconocimiento de la legalidad de una expropiación kirchnerista que, en realidad, violenta el derecho de propiedad privada que la gestión libertaria dice defender con el cuchillo entre los dientes. Por eso el anuncio de Milei el viernes, en cadena nacional: el envío al Congreso de una ley de Eexpropiaciones que dé más garantías a la inversión privada.

Hay que volver a esas palabras de Milei que se alinean con la sutileza del fallo de la Cámara de Apelaciones. El Gobierno está obligado a decir dos cosas al mismo tiempo: que el fallo es producto de una estrategia legal incuestionable porque evitó el pago de los 16.000 millones de dólares fijados por la jueza Preska, aunque tuviera que basarse en la ley de expropiación: el pragmatismo de la astucia legal. Al mismo tiempo, plantea que toda expropiación es dañina e inmoral.

En el caso del kirchnerismo, el fallo de la Cámara de Apelación lo obliga a hacer malabares con la memoria completa: aprovecha el fallo para celebrar la estatización de 2012 y al mismo tiempo borrar el origen de una YPF deficitaria llegado 2012, los efectos colaterales críticos de la política energética del kirchnerismo y del ingreso sospechoso del Grupo Petersen a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Luego del fallo, el kirchnerismo construyó una realidad paralela. La letra del fallo lo desmiente.

El lugar que la Argentina le dio al tema corrupción del Grupo Petersen es polémico. Hay consenso en que hubo una política de Estado sostenida por los gobiernos de Macri, Fernández y Milei en relación a los argumentos de la ley aplicable. La gran diferencia pasa por el lugar dado al rol del Grupo Petersen y Néstor Kirchner en YPF.

En ese punto, la política de Estado se rompe: mientras que el gobierno de Macri impulsó un discovery para investigar ese tema en España, el gobierno de Alberto Fernández lo cerró. Desde la ONG Republican Action for Argentina, el abogado Fernando Irazu sostiene que la gestión de Milei está más alineada con ese objetivo. El abogado Enrique Bruchou, comprometido con el caso, plantea que ningún gobierno avanzó decididamente en la responsabilidad penal de la familia Eskenazi y los Kirchner.

El éxito de YPF no frenó la agenda que complica al Gobierno. La realidad también le ofrece munición gruesa a la oposición. El caso Adorni no va a dejar tranquilo al Gobierno aunque se esfuerce: los datos que se conocieron ayer en sobre el departamento comprado por Adorni en noviembre y la hipoteca privada con la que se habría financiado generan más preguntas que respuestas. Faltan las precisiones oficiales del jefe de Gabinete.

Surgen dudas atendibles sobre el rol de las dos jubiladas que intervienen en la operación, sobre su capacidad financiera para aguantarle a Adorni el pago de 200.000 dólares, su nivel de gastos antes y después de la operación de venta y la hipoteca, la capacidad de pago de Adorni, el origen de los fondos necesarios para cumplir con la hipoteca y las obligaciones de la escribana y el agente inmobiliario en el caso de una venta donde interviene una Persona Políticamente Expuesta, según la resolución de la UIF. ¿Aplica esa resolución en el caso de hipotecas entre particulares, sin intermediación del sistema financiero?

Hay más preguntas: el precio del metro cuadrado de la venta y la brecha con los valores de la zona y la diferencia entre el valor que habría pagado Adorni, los 230.000 dólares, y el precio pagado por las dos propietarias tan sólo meses antes, cuando adquirieron el departamento. De avanzar con esa estrategia, Adorni estará obligado a contestar más preguntas, no menos. El “fin” está lejos.

“Inusual”: así define a la operación un experto en lavado de activos. Para la venta de un inmueble usado, el esquema no es común. Podría darse entre familiares o personas muy cercanas, pero obliga a hacerse preguntas: ¿las propietarias de 62 y 74 años tienen capacidad para vivir en otro lugar sin haber cobrado por la venta del departamento? Entre desarrolladores inmobiliarios que venden desde el pozo, es una arquitectura algo más frecuente, pero implica un esquema más sofisticado.

En el caso $LIBRA, el celular de Mauricio Novelli se volvió una especie de archivos de Jeffrey Epstein, salvando las distancias: la justicia y los medios no paran de hacer minería de datos que conducen a nuevas revelaciones, que cada día complican un poco más al Gobierno. A veces, el caso Adorni lo saca del centro de la escena. El caso Tapia también le resulta funcional al Gobierno en su épica de transparencia. Pero todo es efímero y al mismo tiempo, insistente.

La agenda política adquirió dinámica de calesita: los temas giran y se suceden, pero son pocos y recurrentes. Transcurrido apenas el primer trimestre de este año, el Gobierno ya se encamina al próximo año electoral con algunos de los puntos de debate para la campaña presidencial ya definidos. Podrá citar YPF como éxito y polarizar así con Kicillof y el kirchnerismo. Pero volverá a darse con una pared en los casos Adorni y $LIBRA. No tiene mucha opción.

Las reformas sancionadas en el Congreso también oscilan entre la algarabía del éxito y los frenos judiciales: el fallo del juez laboral Raúl Ojeda, que frenó 82 artículos de la reforma laboral ante un pedido de la CGT, es la primera señal. La economía será el gran árbitro: si funciona, el Gobierno tiene altas probabilidades de llevarse la sortija, a pesar de todo.