El bloque libertario se reunió el martes a la tarde con una consigna clara: bajar el volumen de los desbordes. El detonante había ocurrido horas antes y llevaba nombre propio. La diputada Juliana Santillán había publicado en redes una foto de su participación en un evento diplomático junto a embajadores de Brasil, Croacia y, según indicó en su posteo, “Checoslovaquia”, un país que dejó de existir hace más de tres décadas.

Para cuando los libertarios se sentaron a discutir la agenda parlamentaria, el error ya circulaba con fuerza en las redes sociales y dentro del propio oficialismo.

La escena generó fastidio interno. “Tuitea desde cocktails pero no aparece por la Cámara”, se quejaron algunos legisladores por lo bajo.

Santillán, de hecho, no asistió a la reunión del bloque, lo que terminó de irritar a sus compañeros. Más tarde, tras la ola de críticas, la diputada buscó bajar el tono de la polémica: atribuyó el error a su community manager y se desligó de la publicación.

Para las autoridades del espacio, el episodio funcionó como una señal de alerta. Fue el puntapié para insistir con un mensaje que ya venía repitiéndose en privado: la necesidad de ordenar la tropa y evitar iniciativas o movimientos individuales que puedan complicar la estrategia política del oficialismo.

Las autoridades del bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni remarcaron que es clave “no cortarse solos”, sobre todo cuando se trata de temas sensibles o que pueden generar controversias públicas. El objetivo es no entorpecer la agenda del presidente Javier Milei ni anticiparse con proyectos propios.

“Esperemos que lleguen los proyectos del Poder Ejecutivo”, resumió un referente libertario. La consigna quedó sintetizada en una frase que se repitió durante el encuentro: “No se presenta nada sin consultar”.

Las advertencias no fueron casuales. En las últimas semanas hubo varios movimientos que generaron incomodidad dentro del oficialismo. Uno de ellos fue el compromiso que firmaron algunos libertarios para impulsar la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La semana pasada, una decena de diputados del espacio suscribió un acta pública para trabajar activamente en la eliminación de la norma aprobada por el Congreso en 2020.

El documento fue elaborado en el marco del Día del Niño por Nacer en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, con la participación de legisladores y representantes de organizaciones vinculadas con “la defensa de las dos vidas”.

El texto convoca a “trabajar activamente en la defensa de las dos vidas, hasta el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional ley del aborto”. Lleva las firmas de los libertarios Santiago Santurio (Buenos Aires), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

Hubo otras propuestas que también generaron incomodidad. En el marco del aniversario del último golpe cívico-militar, la diputada bonaerense Karen Reichardt propuso cambiar el nombre del feriado del 24 de marzo por el “Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia completa”. La iniciativa -que agrega esa última palabra- desató críticas en redes sociales y generó ruido dentro del oficialismo.

Para evitar desbordes, el Gobierno había preparado ese mismo día un video con críticas al kirchnerismo que difundió a través de sus redes oficiales. La mayoría de los legisladores libertarios se limitó a replicar esa publicación, ajustándose al guión. Reichardt fue la excepción.

Tampoco pasó inadvertida otra iniciativa presentada en las últimas semanas. La diputada correntina Virginia Gallardo propuso declarar de interés los premios Martín Fierro por su “aporte al desarrollo de la producción audiovisual, radial y digital en la República Argentina”. El proyecto circuló rápidamente por los chats internos y generó algunas ironías entre colegas.

En ese clima, el episodio protagonizado por Santillán terminó de consolidar el diagnóstico que comparten varios dirigentes libertarios: que el crecimiento del bloque también obliga a ordenar la disciplina interna. La instrucción quedó clara: evitar polemizar y, sobre todo, no volver a regalarle al adversario un error propio.

La Cámara en lo Penal Económico confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La resolución se da en el marco de la causa que revisa deudas millonarias de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que ambos dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravada, por un lado, y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, por el otro.

Uno de los argumentos esgrimidos por los camaristas que firmaron la resolución, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, es que la prohibición no es “absoluta”, puesto que los dirigentes pueden pedir permiso a la Justicia para salir del país. Fue lo que hicieron, de hecho, en ocasiones previas, aunque con resultados dispares.

Los camaristas indicaron que la medida, ordenada por el juez que instruye el caso, Diego Amarante, está “justificada” y “tiende a garantizar la comparecencia del imputado a los llamados del juez de la causa cuando su presencia sea requerida”.

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