En una medida que busca “fortalecer el bienestar de la familia militar”, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, firmó un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación para la asignación de 534 viviendas al personal de las Fuerzas Armadas en actividad.

Se trata de viviendas distribuidas en distintos puntos del país y pertenecientes al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo y que serán cedidas en comodato por diez años.

“Es tan importante nuestra misión como el bienestar de nuestra tropa”, dijo el teniente general Presti al anunciar la medida, que se concretó a partir de un convenio firmado con el subsecretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine. El jefe militar destacó, además, que la decisión “mejora las condiciones de trabajo del personal de las Fuerzas Armadas y de sus familias”.

La medida se anunció en momentos en que existen reclamos salariales en sectores castrenses y en medio de la crisis de la obra social de los militares, que llevó al ministro Presti a anunciar la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que arrastra una deuda de $200.000 millones y cortes de prestaciones en todo el país.

En el Ministerio de Defensa explicaron que el plan de entrega de unidades habitacionales forma parte de un programa de alcance nacional que contempla viviendas a estrenar en distintas localidades del país. Se explicó que las unidades se encontraban en jurisdicción del Ministerio de Economía, pero no se informó el costo que implicó la construcción de las mismas.

Al fundamentar la decisión de entregar las 534 viviendas, cerca de Presti explicaron que el programa responde “a una necesidad estructural del personal militar, cuya carrera profesional implica frecuentes cambios de destino a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que genera una demanda habitacional constante”. Así, la incorporación de nuevas unidades habitacionales “aporta previsibilidad y mejores condiciones de vida para quienes sirven a la Nación y a sus familias”.

El ministerio que conduce Presti, secundado en su gabinete por varios hombres del Ejército, explicó que la iniciativa se inscribe “en una línea de gestión orientada a ampliar las soluciones habitacionales disponibles para las Fuerzas Armadas, fortaleciendo el acompañamiento a la familia militar y promoviendo un uso responsable de los recursos del Estado”.

Acompañaron al teniente general Presti y a Giovine en la firma del acuerdo el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general de división Jorge Alberto Puebla, y el jefe de Gabinete, Guillermo Madero; el director nacional de Gestión de Obras, Jorge Ríos, y los jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

La Justicia ordenó anoche la captura de Claudio Uberti, extitular del órgano que controlaba a los concesionarios viales, para que cumpla una pena de cuatro años y medio de prisón. La medida se tomó después de que la Corte Suprema dejó firme la condena del exfuncionario kirchenrista.

La jueza Sabrina Namer, que subroga en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, pidió anoche la detención, pero hasta esta mañana no había novedades del paradero del exfuncionario. Namer es la jueza a cargo de la ejecución de la condena.

Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), fue condenado por por haber intervenido en el ingreso al país de US$790.550 sin declarar, que llevaba en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.

El venezolano —quien permanece prófugo— arribó junto a Uberti en la madrugada del 4 de agosto de 2007.

Ese dinero de origen venezolano, dijo Antonini Wilson ante el FBI estadounidense, era para financiar la campaña electoral del kirchnerismo.

Uberti es, además, uno de los “arrepentidos” que está siendo juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas. Allí confesó: “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita”. Dijo además: “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”.

Uberti trabajaba junto al exministro Julio De Vido, el hombre fuerte de la obra pública del kirchnerismo.

La Corte, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el último recurso de la defensa de Uberti por cuestiones formales: el incumplimiento de la Acordada 4/2007, que fija los parámetros sobre cómo deben sustanciarse las presentaciones ante el máximo tribunal de Justicia.

Con esta decisión, quedó firme la condena de prisión efectiva de Uberti.

Por la misma razón, la Corte también rechazó las quejas de las defensas de otros funcionarios que habían sido condenados. Se trata del guarda aduanero Jorge Lamastra, la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newberry de la AFIP-DGA María Cristina Gallini, el entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo Lucángeli, y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza, Rosa García Santillán.

En la madrugada del 4 de agosto de 2007, el empresario venezolano Antonini Wilson intentó ingresar al país una valija con US$790.550, en billetes de US$50.

Había llegado a Aeroparque en un vuelo privado, facturado a la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), junto a Uberti, su entonces secretaria privada, Victoria Carolina Bereziuk; el presidente de Enarsa, Exequiel Omar Espinosa, y otros cinco ciudadanos venezolanos vinculados a la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de la gestión de contratos para la construcción de una planta regasificadora en la Argentina, vinculada al trabajo de Enarsa.

El dinero oculto en la valija fue detectado con un escáner operado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un contexto en el que, según se acreditó, el guarda aduanero Lamastra se mostró reticente al control en función de lo avanzado de la hora.

Pero la agente María Luján Telpuk insistió en que ver qué contenía la valija luego de que el escáner mostrara que llevaban una gran cantidad de objetos con forma rectangular.

Cuando le preguntó qué llevaba, Antonini Wilson dijo “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija y ver los billetes verdes, el venezolano respondió que eran unos US$60.000. Al contarlos, resultaron ser US$790.550.

Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. Nunca fue a retirar el dinero y no se presentó ante la Justicia argentina que, sin éxito, reclamó su extradición.