No puede ser que un juicio oral y público que está juzgando, según la fiscal Fabiana León, el caso de corrupción más grande la historia judicial argentina se haga una vez por semana durante cuatro horas. Es lo que tenían previsto. ¿Hay problemas para qué el juicio sea más dinámico? Sí. Pero seguramente también hay soluciones.

Un juicio no se puede extender cuatro o cinco años, o más. La sociedad está esperando saber si se robó, quién, cuánto y qué condena le van a dar a los supuestos responsables si se establece que robaron. No es una cuestión solo de los jueces. Uno los mira y parece que es una cuestión solo de ellos, pero no lo es. Ellos están juzgando en nombre de la sociedad argentina.

La Cámara de Casación, que es la instancia que está por encima del Tribunal Oral, convocó a este tribunal para una reunión el martes próximo con la intención de escuchar a los jueces, pero también indicarles que la cámara quiere que el juicio no sea una vez por semana, sino tres, y que no se tomen vacaciones en enero, como tienen previsto.

Por supuesto que uno también escucha los argumentos de los jueces para justificar la lentitud. Yo espero que de la reunión del martes salga una buena solución para que sea un juicio más dinámico, rápido y ágil. Todos los jueces, de todas las instancias, tienen que saber que la sociedad los está mirando, sobre todo cuando están juzgando casos de corrupción en el Estado porque los que comenten corrupción en el Estado le roban a los argentinos. El Estado no es esa entelequia que no se sabe dónde está, sino que funciona porque está financiado por los impuestos que aportamos todos los argentinos. Cada vez que le roban al Estado le están robando a todos los argentinos.

Ojalá el martes vayan los jueces del Tribunal Oral con una solución que constituya un juicio más rápido para que tengamos una sentencia en un tiempo razonable. Ni ellos ni nosotros ni nadie tiene que olvidar que en ese juicio se está juzgando a una expresidenta de la Nación por el supuesto delito de jefa de asociación ilícita. Le pueden dar hasta diez años de cárcel. También a varios exfuncionarios conocidos, entre ellos Julio De Vido, que este jueves va a volver a la cárcel por la tragedia de Once.

Otro tema es el bochornoso escándalo que están dando los Moyano con el manejo de la obra social del Sindicato de Camioneros. Les han pagado en octubre parte del salario a los empleados de la obra social, incluidos los médicos. Si lo hubiese hecho un empresario privado, Moyano ya le habría tirado los camiones y le habría bloqueado las puertas de entrada y salida de la empresa.

La obra social está manejada por la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet. Me extraña que el jefe es Hugo Moyano, el segundo es su hijo, Pablo, y la que maneja la obra social es su esposa. El sindicato se convirtió en una empresa familiar. En el último convenio salarial que se firmó, el sindicato le sacó a las empresas un aporte especial para la obra social a cambio de que el aumento a los camioneros sea menor. Por eso los choferes ya no son lo que eran antes. Antes eran un sector privilegiado de los trabajadores que cobraba por encima del resto. Eso ya no está más, por eso vemos la rebelión de un gremio duro y fuerte contra los Moyano.

El proyecto de reforma laboral de Mauricio Macri, que ni siquiera llegó a tratarse en el Congreso, lo boicoteó y lo volteó Pablo Moyano. Ahora, el nuevo proyecto de Milei, cuyo contenido se desconoce, debería tener una cláusula. que ponga límites a la reelección de los dirigentes sindicales. No pueden ser eternos. Además debería obligarlos a incorporar a las minorías a la conducción del sindicato, como en toda organización. Acá el que gana se lleva todo.

Hace 50 años que hay dirigentes gremiales que están al frente o han sido importantes en sus gremios. Hay algunos que están hace más de 50 años. Es el único sector de la dirigencia política argentina que es previo a la dictadura. Armando Cavalieri, dirigente del gremio mercantil, está hace más de 50 años. Moyano no es el único dirigente sindical que no cumple con la obligación que él tiene con sus propios empleados: Víctor Santa María, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Edificios, que compró muchos medios de comunicación. Hace unos días, un grupo de trabajadores de uno de sus medios denunció que no estaba cumpliendo con el convenio que había firmado. Eso habla del enorme poder que tiene el sindicalismo en la Argentina.

Uno de los acusados en el caso de los cuadernos de las coimas, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, envió una nota al tribunal que lleva adelante el proceso para oponerse a la posibilidad de que se agreguen más audiencias por semana al juicio y que sean presenciales.

Los abogados de Wagner, Zenón Ceballos y Federico Ceballos, señalaron en su escrito que agregar audiencias alteraría sus agendas con procesos en trámite y sostuvieron que hasta ahora en otros juicios ante el mismo tribunal, el sistema híbrido está dando resultados.

La queja de los letrados se debe a que la Cámara de Casación llamó para el martes a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Carnero y Germán Castelli a una audiencia para ofrecerles mecanismos para agilizar el juicio.

Los abogados mencionaron que no hubo menoscabo al derecho de defensa, como mencionaron los camaristas cuando advirtieron sobre los problemas derivados de la falta de audiencias presenciales.

En la misma línea, indicaron que “no han visto mengua alguna de sus facultades y posibilidades, ya que la naturaleza hibrida de la instrumentación del debate, con consenso de todos, permite utilizar la presencialidad de imputados y testigos a expresa solicitud”.

Los defensores de Wagner mencionaron que en los casos Aysa, que tramita ante el mismo tribunal, y Gas Natural Licuado -que ya concluyó- “las audiencias de las que simultáneamente participan los mismos abogados ante este tribunal, se han desarrollado sin dificultad alguna, esta última con un avance operativo muy importante”.

Dijeron que de prosperar que se admitan tres audiencias semanales presenciales, “se descompensaría absolutamente la programación laboral de muchos de los abogados defensores presentes en este debate, que deben atender necesariamente otros juicios, con el inevitable correlato de perjudicar en terminos de asistencia horaria y de preparación, a sus propios defendidos”.

“Introducir ahora la inmediación coma formula excluyente de la continuación del debate pondría en crisis la validez de lo transcurrido hasta el momento por vía Zoom”, señalaron. Y abundaron que “podría decirse que lo que sobra es una tendenciosa publicidad que alimenta las producciones televisivas y las entrevistas a funcionarios judiciales que, al decir de Miguel Angel Almeyra, debieran guardar un silente recato”.

“Es la opinión de estos letrados que vuestra excelencia y tambien la señora fiscal general deben ajustarse estrictamente al cronograma fijado por el tribunal en las audiencias preliminares, como garantía de legalidad y respeto al debido proceso”, concluyeron.