Tras declarar como organización terrorista al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno procedió con su inscripción y la de sus miembros en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a traves de Boletín Oficial.

Mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se formalizó con la medida anunciada días atrás mediante un comunicado difundido por la Casa Rosada. El texto publicado destacaba el trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, además de las dos carteras mencionadas, sobre la base de informes oficiales que acreditaban actividades ilícitas de carácter transnacional y vínculos con otras organizaciones terroristas.

A su vez, la reciente resolución 2/2026 se fundamentó en lo dispuesto por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Estas normas establecen la obligación de los Estados Parte de implementar marcos jurídicos y administrativos para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, así como promover la cooperación internacional y el intercambio de información en la materia. Con este pronunciamiento, el país se “ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada trasnacional”.

El documento responde a cada uno de los organismos mencionados anteriormente dejando en claro su postura y reafirmando su compromiso con erradicar “los delitos de financiación del terrorismo, así como también a sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave”.

En paralelo el Gobierno solicitó la intervención del Ministerio de Justicia para que actúe a los fines de la inscripción en el RePET, asegurando que los requisitos se encuentran reunidos. Se trata de un procedimiento que responde a los motivos fundados que el Poder Ejecutivo tiene para sospechar que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional. El avance habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas orientadas a limitar la capacidad de acción.

Entre los argumentos citados por las carteras que conducen Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno, respectivamente, figura el modus operandi de la organización la cual “incluye la utilización del terror para coaccionar a las autoridades gubernamentales y a la población en general, a través de diversas modalidades, en convergencia con terrorismo”.

Ambos funcionarios resaltaron que la inclusión “se presenta como una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento”.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal originada en México a principios de la década de 2010, tras la fragmentación de los principales cárteles del país. Su surgimiento está relacionado con una división interna del Cártel de Sinaloa y la influencia de estructuras previas como el Cártel del Milenio, en un periodo de transformación del tráfico de drogas mexicano.

En pocos años, el CJNG amplió su influencia desde una base regional a una red de alcance internacional. Su crecimiento se sostuvo en el tráfico de drogas, en particular metanfetaminas y fentanilo, la toma de rutas clave y la formación de alianzas con grupos locales en diferentes países. Esta expansión permitió que el cártel mantenga operaciones en América, Europa, Asia y Oceanía, tanto en mercados de consumo como en circuitos logísticos.

La organización combina una conducción centralizada con una estructura territorial descentralizada, operando a través de células autónomas que facilitan su adaptación ante operativos y cambios internos. Durante más de diez años, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, encabezó el grupo, hasta su muerte en un operativo policial en México el 22 de febrero de este año. Bajo su liderazgo, el CJNG diversificó sus actividades hacia la extorsión, secuestro, tráfico de migrantes, robo de combustible y lavado de dinero.

El cártel se caracteriza por acciones violentas y ataques dirigidos contra fuerzas de seguridad, así como el uso de armamento pesado.

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Luego de que se iniciara el año lectivo 2026, el Gobierno nacional anunció varias modificaciones en los requisitos que deberán cumplir los interesados en acceder al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar). Asimismo, anunciaron que la inscripción se abrirá este viernes.

Los cambios fueron plasmados en la Resolución N° 172/2026, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Con la autorización del secretario de Educación, Carlos Torrendell, se oficializó la sustitución de los reglamentos correspondientes a los cuatro tipos de becas estatales.

De la misma manera, se definió que la inscripción al plan de “Finalización de la educación obligatoria” será del 27 de marzo al 24 de abril de 2026, mientras que los de “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” abrirán del 6 al 30 de abril de 2026. En tanto, la “Formación Profesional” recibirá postulaciones entre el 27 de abril y el 27 de noviembre de 2026.

Por último, establecieron “fijar el monto mensual de las líneas ‘Finalización de la educación obligatoria’, ‘Fomento de la educación superior’, ‘Progresar Enfermería’ y ‘Progresar Formación Profesional’” en pesos $35.000“.

Entre los cambios aplicados, las autoridades aclararon que quienes resulten beneficiados en la primera convocatoria dispondrán de la ayuda económica hasta por doce meses, mientras que los seleccionados en una segunda convocatoria la tendrán como máximo por seis meses.

Mientras que precisaron que la renovación de la beca podrá extenderse por un plazo máximo de cuatro años para los inscriptos en el programa de finalización de estudios obligatorios, indicaron que para los que accedan al de formación profesional solo se permitirá una extensión de dos cursos por ciclo lectivo.

Además, se sumaron una serie de obligaciones para los titulares, debido a que deberán notificar cualquier cambio académico, personal, familiar, patrimonial o laboral mediante los canales oficiales dentro de los treinta días del hecho. Esto se deberá hacer a través de la plataforma Progresar para las cuestiones educativas, ANSES para las modificaciones personales y económicas, y la aplicación Mi Argentina en caso de mudanzas de domicilio.

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Los requisitos para acceder a las becas Progresar

Finalización de la educación obligatoria

• Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
• Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca
• También podrán inscribirse personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
• Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán hacerlo sin límite máximo de edad.
• Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
• Ser alumno regular.
• Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva, validando los datos previamente con Mi Argentina.
• Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma “Progresar”.

Fomento de la Educación Superior

• Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
• Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 17 y 25 años de edad.
• Se podrá percibir la beca, hasta los 30 años, ampliándose para los grupos compuestos por personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
• Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán inscribirse sin límite máximo de edad, si acreditan la documentación respaldatoria la línea de descendencia.
• Las personas que ingresen a cursar sus estudios en profesorados y/o universidades de gestión estatal de Matemática, Química, Física y Biología, hasta treinta años cumplidos.
• Los ingresos de postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
• Ser egresado del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.
• Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado, cuyos planes de estudio tengan reconocimiento oficial, en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales, así como en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Progresar Enfermería

• Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
• Tener un mínimo de 17 años de edad y no habrá límite máximo.
• Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres y tampoco se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.
• Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
• Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal.
• Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.

Formación Profesional

• Ser argentinos nativos, o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
• Tener, al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre dieciocho 18 y 24 años cumplidos.
• Para las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años se ampliará el límite hasta los 35 años. Al igual que para las que no cuenten con un trabajo formal registrado.
• Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas lo harán sin límite máximo de edad.
• Los ingresos del postulante no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, no se tendrán en cuenta como ingreso las pensiones no contributivas por discapacidad.
• Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques continúa dándole forma a la cartera que conduce y este viernes por la madrugada firmó dos decretos que fueron publicados en Boletín Oficial, en donde designa a un nuevo titular para la Oficina Anticorrupción.

El nombramiento se formalizó mediante el decreto 194/2026, en donde además el funcionario aceptó la renuncia de quien fuera el titular del organismo, Alejandro Melik. El abogado había sido designado en diciembre de 2023 y su dimisión quedó formalmente aceptada con fecha 13 de marzo.

Tenía un vínculo muy cercano con el ex titular de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y había ejercido como secretario penal. En el texto le agradecen “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Una de las apariciones más relevantes de Melik ocurrió cuando explotó el caso $Libra, dado que firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar de Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. El texto se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto.

En su lugar, Mahiques designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

Inició su carrera judicial en 1989 y, desde entonces, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial e integra el cuerpo docente del ciclo de Formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en la capacitación de profesionales del derecho.

Durante cuatro años formó parte del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde representó a los jueces en procesos de evaluación y control. A lo largo de su carrera, la magistrada combinó la labor jurisdiccional con la docencia, participando en distintas instancias de formación y actualización dentro del ámbito jurídico.

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En paralelo, designaron a la subsecretaria de Acceso a la Justicia que remplazará a Tristán Arturo Corradini, quien estuvo al frente hasta el 6 de marzo pasado.

Al igual que con Melik, con el decreto 195/2026, agradecieron al funcionario por haber desempeñado dicho cargo y procedió con el nombramiento de al politóloga Jimena Belén Capece.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio. Entre sus principales funciones, se encuentra la tarea de diseñar, planificar e implementar políticas públicas federales de acceso a la Justicia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera efectiva en todo el país.

Además, tiene a su cargo la atención, asesoramiento y acompañamiento de víctimas de delitos, tarea que se canaliza a través del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos e interviene en el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.

La subsecretaría también impulsa políticas de atención, asesoramiento, acompañamiento y contención psicosocial para víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y abuso sexual infantil, mediante el Programa las Víctimas contra las Violencias. Y, entre otras cosas, fomenta el acceso a la información, la promoción y la formación en derechos, y coordina acciones específicas para la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.

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