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La riesgosa fragilidad estructural de los Milei

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La doble conmoción (política y económica) que sufre el Gobierno tras el escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) expone una riesgosa fragilidad estructural del oficialismo. No son solo complicados problemas coyunturales.

Por un lado, Javier Milei está oficiando y mostrándose cada vez más como ministro de Economia que como Presidente, hasta imponerle al equipo económico medidas, incluso contra la opinión del equipo que comanda Luis Caputo, con el agravante de haber provocado nuevas turbulencias antes que soluciones. Lo admiten altísimos funcionarios del área.

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En tanto, la armadora política y único escudo presidencial, Karina Milei, es hoy una figura cada vez más horadada, primero por los heridos internos y externos que ha sumado, especialmente a lo largo de este año durante la construcción política-electoral. Luego y más grave, por los dos serios escándalos de corrupción en los que ha quedado salpicada y que el Gobierno no ha logrado despejar: el caso $LIBRA, antes, y los audios por supuestos pagos de coimas en compras de la Andis. Justo en medio del tratamiento parlamentario del veto presidencial a la ley que disponía un aumento en las prestaciones para las personas con discapacidad. Demasiado todo junto.

Así, la situación en la que han quedado los dos lados mayores del desequilibrado triángulo isósceles del poder muestra una dificultad complicada de superar: no aparecen fusibles en el tablero del Gobierno.

El sistema, cada vez más concentrado en los hermanos Milei y alterado por infinitos cortocircuitos, está atravesado por la desconfianza y la dificultad para dar respuestas satisfactorias, como se ha visto en las últimas semanas. Las más negativas desde que el líder libertario accedió a la presidencia, hace 20 meses.

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El escándalo, además del impacto político, económico y en la opinión pública que ya generó y puede generar, tuvo una inmediata derivación en el plano electoral, aunque nadie se atreve a pronosticar todavía si afectará y cuánto la decisión de quienes eran considerados hasta hace una semana potenciales votantes de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

A la campaña oficialista se le sumó ahora la novedad de que Spagnuolo llegó a Milei de la mano del primer candidato a diputado nacional por la decisiva provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, y de su esposa. Una posición altamente incómoda ante propios y ajenos.

Ese complejo escenario permite entender el desconcierto y el ruidoso hermetismo que durante los últimos cuatro días ha reinado al respecto en la cúpula gubernamental, con la excepción del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convertido en un aclarador oficial (de escasa eficacia). Las fotos sin texto posteadas ayer en la red X de Karina Milei en el acto proselitista realizado en La Matanza son de una singular elocuencia.

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También eso explica el silencio que se impuso a los operadores digitales y mediáticos que siguen sin fisuras junto al Gobierno. Valga la aclaración dada la deserción que se advierte ante el escándalo de la Andis por parte de muchas y muy relevantes figuras que hasta aquí habían sido comunicadores o propaladores afines a Milei e integrantes de su aparato de comunicación.

En las redes sociales, otrora hábitat colonizado por el espacio libertario, las cuentas pertenecientes a las milicias digitales oficialistas quedaron virtualmente mudas en las últimas 96 horas respecto de la difusión de los audios, captados en forma clandestina y editados, en los que supuestamente el expulsado extitular de la Andis Diego Spagnuolo vinculaba con el pago de coimas a Karina Milei y al subsecretario de la Presidencia e íntimo colaborador suyo, Eduardo “Lule” Menem.

“La única línea que bajó fue no hablar y hubo que bajar algunos posteos”, dijo a una fuente que participó de la operación “silenzio stampa”.

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Mientras tanto, un conjunto de comunicadores y periodistas hasta ahora bien vistos por la Casa Rosada y algunos cercanos a Milei integraron un coro de críticas al Gobierno con reclamos de explicaciones y medidas. Un cambio de sintonía que pocos esperaban y que alentó nuevas sospechas en la cima presidencial.

La bomba de los audios no solo fue, según algunos sectores del oficialismo, un sofisticado mecanismo de relojería activado para golpearlo en el momento más inoportuno (u oportuno), sino también una operación para hacer estallar disputas internas. Todos ven fantasmas.

Algunas fuentes de la cúpula oficialista hablan de un clima de terror a que sigan apareciendo audios y, también, videos, por lo que prefieren el comprometedor silencio al riesgo de que cualquier aclaratoria quede descalificada muy rápido. Otros agregan que se trata de ganar tiempo para ver si prosperan gestiones (y presiones) para lograr una desmentida de Spagnuolo. Así de edificantes son los escenarios que se vislumbran.

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Un importante representante del oficialismo afirma, en ese sentido, que “los audios fueron armados por agentes que le pagaron a Spagnuolo un millón de dólares como parte de una operación en la que están involucrados sectores del Gobierno enojados con el eje Karina-Lule, adversarios peronistas y macristas despechados”, según, dice, le habrían reportado miembros de la inteligencia estatal a los que él ha frecuentado por funciones anteriores y sigue frecuentando.

Por eso, confía en que el acusador podría ser convencido con argumentos de peso(s) similares para desdecirse. La fuente dijo haber propuesto contar esta conspirativa versión públicamente, pero que le pidieron mantenerse en silencio, por lo que debió cancelar su participación en programas de televisión a los que se había comprometido a concurrir. Habrá que esperar en medio de la oscuridad y si el contenido de los teléfonos secuestrados a los involucrados no aporta datos que los comprometan aún más. Por ahora, los dispositivos de la hermanísima y su colaborador sospechados han quedado a salvo de las requisas.

Lo que no logra explicar el dirigente es por qué si, como dice el Gobierno, las grabaciones tienen más de un año de antigüedad y estaba al tanto de ellas, mantuvo a Spagnuolo en el cargo y no adoptó medidas al respecto. Demasiados acertijos para la precaria organización libertaria.

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La preocupación del Gobierno, que lo mantiene en estado de shock, no solo se debe a la magnitud del escándalo desatado. Todo lo agrava el difícil contexto en el que estalló.

Por un lado, el oficialismo padeció en las últimas dos semanas y tras un cierre de listas en el que creyó haber salido victorioso, una docena de derrotas parlamentarias que rayan los pilares del plan económico, pero, sobre todo, muestran una fuerte falta de conducción política frente a un fortalecimiento del heterogéneo colectivo de adversarios.

El Senado le demostró en la última sesión que casi no puede confiar más que en los muy propios y Diputados expuso la sostenida pérdida de apoyos, incluidas nuevas fugas del bloque oficialista, más la deserción de legisladores hasta hace poco amigables. No solo es este uno de los períodos con más actividad parlamentaria durante un año electoral, sino que muestra el extraño caso de que un oficialismo que cuenta con apoyo en la opinión pública pierde legisladores y dirigentes, mientras profundiza disputas internas. Además de singular debería resultar muy inquietante para un Gobierno cuya representación en el Congreso es absolutamemente minoritaria.

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Todo eso golpea, además, la confianza en el plano de la economía y las finanzas. Además, los actores económicos ven con creciente inquietud (y operan en consecuencia) la sucesión de parches monetarios y financieros adoptados a instancias de Milei, que han impactado negativamente en la actividad económica, tensionaron la relación con los bancos, estresaron el sistema financiero y afectaron los activos argentinos.

En la política y en la economía abundan las complicaciones y no es ajena a eso la opinión pública. Lo reflejó la caída de casi 14% en el Índice de confianza de los consumidores (ICC), de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Y quedará aún más expuesto en el índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que se publicará este lunes y ha sido por lo general un buen predictor electoral. El descenso es aún más abrupto. Y las encuestas fueron hechas antes de que se conociera el escándalo de la Andis.

En la misma línea, el último informe de Poliarquía difundido ayer se titula “Importante retroceso del apoyo al Gobierno y fuerte caída de las expectativas futuras”. El primer párrafo lo dice todo: “Malos datos para el Gobierno a pocas semanas [tres] de la elección bonaerense. La aprobación de Milei registra su mayor caída intermensual y, por primera vez, muestra un saldo negativo. A esto se suma una fuerte caída en las expectivas económicas y en la visión general para el año próximo”, dice.

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Los más probable es que el Gobierno se consuele con que aún conserva una aprobación de 49%, a pesar de caer cuatro puntos. Pero si mira sin anteojeras, la caída se da en un plano inquietante: “Está vinculada, en buena medida, al impacto de los vetos presidenciales, tanto el del aumento a los jubilados como al de la discapacidad”. Y se hizo antes de que estallara el escándalo.

La incidencia de temas socialmente sensibles se verifica en la conversación en las redes sociales en los últimos días. Según un relevamiento de la consultora Méthodo, Milei sigue siendo la figura central, pero las menciones negativas son muy negativas: 70% contra poco más de 20% positivas. Además, empieza a aparecer la pregunta de “si el esfuerzo valdrá la pena”. Una duda cruel.

Según ese estudio, el silencio de las milicias digitales libertarias tras el escándalo fortaleció la tendencia negativa. Las menciones a la hermana presidencial duplicaron el pico alcanzado en el caso $LIBRA, tras la difusión de los audios y el 62% fueron en sentido negativo.

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“No obstante, hay que esperar, ya que $LIBRA nació en las redes mientras que lo de las coimas surgió en medios tradicionales, por lo que podría tener un desarrollo más lento, pero más duradero. Lo que se complicaría si dura la ausencia de defensores. En estas horas, Milei parece el presidente de su propio club de fans, casi en solitario”, señala Patricio Hernández, director de Méthodo.

Lo que nadie alcanza a pronosticar aún es qué impacto podría tener este hecho, sumado a la compleja marcha de la economía y los recientes traspiés parlamentarios. Sin embargo, Pablo Knopoff, director de Isonomía, advierte que “lo saca de eje. No le permite atacar. Lo trae el presente”. Y ese presente está complicando la visión de futuro. Un dato no menor para un Gobierno cuyo gran activo, además de la baja de la inflación y el orden en la calle, era haber sostenido la esperanza social, a pesar de los efectos negativos del ajuste.

Los desafíos crecen en las instancias electorales decisivas para un Gobierno que debe enfrentar complicaciones con una manifiesta fragilidad estructural. Pero todavía falta mucho por ver. Estas son horas de zozobra donde lo que se discute en la Casa Rosada es cómo sobreponerse a este terremoto inesperado.

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“Lule” Menem desmintió el contenido de los audios del escándalo de las coimas y responsabilizó al kirchnerismo

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Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y funcionario de confianza de Karina Milei, salió a desmentir el contenido de los audios por el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, afirmó a través de la red social X.

Además, negó cualquier participación en las contrataciones y denunció “una burda operación política del kirchnerismo” con fines electorales. El comunicado fue compartido minutos más tarde por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y luego por el propio presidente Javier Milei.

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Leé también: Escándalo de las coimas: qué se sabe hasta ahora y cómo seguirán los peritajes en la Justicia

«Lule» Menem aseguró que el contenido de los audios por el escándalo de las supuestas coimas es «absolutamente falso». (Foto: captura de X/@Lulemenem).

En su descargo, “Lule” Menem afirmó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.

También precisó: “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis.”

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Y respaldó la gestión: “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados.”

Denuncia de una “operación política a días de las elecciones”

El funcionario puso el acento en el contexto electoral en que surgen las denuncias: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral“.

Leé también: Desde el bloque de diputados que rompió con LLA apuntaron contra Karina Milei por el escándalo de los audios: “De ella para abajo están todas las responsabilidades”

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Y concluyó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante.”

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Escándalo en la ANDIS: el Gobierno ordenó una auditoría tras los audios de Diego Spagnuolo

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El escándalo político que terminó de desmoronarse esta semana en el Gobierno se originó con la filtración de audios grabados por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que aluden a un sistema de recaudación ilícita en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Tras la difusión de las grabaciones —que habrían sido grabadas hace más de un año y fueron editadas con precisión—, el Ejecutivo actuó con rapidez: removió preventivamente a Spagnuolo de su cargo, intervino la agencia bajo la órbita del Ministerio de Salud y ordenó una auditoría integral de todos los contratos vinculados al organismo

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar explicaciones en su aparición pública. Defendió el accionar oficial y sostuvo que confía en que la auditoría arrojará claridad sobre el verdadero alcance de los hechos, y advirtió que, si se confirma la existencia de coimas, “lo vamos a hacer mierda”.

Coimas en Discapacidad: el Gobierno denuncia que hay utilización política y hace control de daños

El contenido de los audios resulta explosivo: Spagnuolo acusa directamente a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, señalando que recibirían un porcentaje del 8% que cobraban los proveedores a cambio de contratos, de los cuales un 3% iría al entorno presidencial

Paralelamente, la causa judicial ya abrió la fase pericial: el juez Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos, incautaciones y secuestros de teléfonos, sobres con dinero, documentación y objetos clave en la investigación. El empresario Emmanuel Kovalivker, vinculado a la droguería Suizo Argentina —sospechada de canalizar las coimas—, fue sorprendido con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en un operativo en Pilar.

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En tanto, fuentes legales y políticas consultadas señalaron que, si bien no hay pruebas contundentes aún, el peso de los audios y la presión mediática podrían derivar en consecuencias graves para la cúpula del Gobierno, en pleno año electoral

Desde el Congreso, la oposición ya exige que se informe de manera pública sobre los contratos revisados. El abogado Gregorio Dalbón ya presentó ante la Justicia una denuncia por presuntas maniobras de cohecho, administración fraudulenta y negligencia, que involucra a Milei, a su hermana Karina, al subsecretario Menem y a Kovalivker como posibles responsables.

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La auditoría sumaria, prevista como prioridad por el Gobierno para contener el escándalo, busca determinar si los contratos fueron sustentables y transparentes o si existió un circuito sistemático de pagos ilegales. Fuentes oficiales aseguran que la investigación “no tapará nada” y será clave para determinar responsabilidades.

Guillermo Francos vinculó a Diego Spagnuolo con Victoria Villarruel y defendió a Karina Milei

¿Qué está en juego?

  • Credibilidad política: Al estallar en plena campaña legislativa, el caso erosiona la narrativa de “mano firme contra la corrupción” del Ejecutivo.
  • Fuerza institucional: La rapidez de la intervención y auditoría busca demostrar que el Estado responde con mecanismos de control ante irregularidades graves.
  • Dimensión judicial: Con el despliegue de allanamientos y denuncias, la causa podría derivar en procesos penales contra figuras de alto perfil.
  • Impacto simbólico: A nivel discursivo, los audios y sus relatos incrementan la percepción de que en Casa Rosada se consolidó un estilo de poder cerrado y opaco, opuesto al espíritu de renovación que pregonó Milesi.

Mientras los auditores repasan los contratos y la Justicia analiza los componentes incautados, el Gobierno se encuentra en una encrucijada para sostener su versión en medio del ruido político. El expediente de Spagnuolo pasó de ser un secreto oscuro a una mecha que prendió el tablero político nacional.

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Con su publicación en Boletín Oficial, se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

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Tras haber pasado por ambos recintos del Congreso, se formalizó el rechazo de ambas cámaras a un DNU y cuatro decretos delegados, emitidos por el Ejecutivo antes de que finalicen la vigencia de los poderes que le habían sido entregados por tiempo limitado.

A través de una serie de resoluciones que llevan, por un lado, la firma del presidente de la cámara Baja, Martín Menem, y por el otro, el de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel. Los decretos se desactivaron luego de que la oposición alcanzara los acuerdos necesarios primero en Diputados y luego del rechazo en el Senado. De esta manera, dejaron de tener validez tras su publicación en el Boletín Oficial.

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Dentro del listado de normativas, figuran la Resolución 39/2025 que menciona al DNU 340/2025 en el que el Ejecutivo nacional aprobaba un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial a la navegación de agua marítima, limitando el derecho a huelga de los trabajadores.

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En paralelo, revocó mediante la resolución 43/2025 el poder utilizado para reorganizar y optimizar la estructura de la Administración Pública Nacional. Mediante el decreto 345/2025 se estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y al mismo tiempo la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el cual pasó a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

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Al mismo tiempo, mediante la Resolución 94/2025, se hizo efectivo el rechazo decreto 461/2025 que establecía el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. Corrieron la misma suerte las normativa, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

En ese mismo texto, desestimado ahora por el Congreso, también el Gobierno había disuelto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), poniendo de manifiesto un informe elaborado por un Interventor, el cual indicaba que “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.

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Por otro lado, se oficializó el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Bajo la nueva configuración, el organismo pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, perdió validez legal. El rechazo se conoció a través de la resolución 44/2025.

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Cada una de estas notificaciones oficiales que hicieron formaron parte del paquete de discusiones que tuvieron lugar durante el mes de agosto. El tratamiento para derogar los decretos delegados de Milei comenzó el pasado 6 de agosto en la cámara Baja. El miércoles pasado la discusión continuó en el Senado, pero donde solo se acordó tratar en el recinto cuatro de los decretos de facultades delegadas, entre ellos los cambios en el derecho a huelga y la designación de ciertos servicios como esenciales, la transformación del BNDG, la disolución de Vialidad Nacional, la supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y ajustes profundos en el INTI y el INTA.

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Tal como lo había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estas herramientas con las que contaba el Gobierno no fueron renovadas. “Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, indicó en diálogo con la prensa.

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