POLITICA
“La ruta del dinero K”: la Corte sorteó a los dos conjueces que intervendrán en la causa

La Corte Suprema de Justicia sorteó a dos conjueces para que decidan en el caso de “la ruta del dinero K”, donde el empresario Lázaro Báez está condenado por haber lavado dinero.
Los sorteados son Mariano Lozano, juez de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. Los suplentes son Jorge Di Lorenzo, de la Cámara Federal de La Plata, y Guillermo Antelo, de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
Son muy buenas las referencias que dieron sobre ambos magistrados titulares colegas consultados por . Lozano es un judicial de toda la vida. Era secretario del juzgado federal de Bariloche y de allí fue ascendido a camarista en Roca hace más de 15 años. Sus colegas lo consideran un juez técnico y lo describen como honesto y serio.
Las mismas buenas referencias dieron otros camaristas sobre el juez González, profesor de derecho penal de la Universidad Nacional del Nordeste, a quien caracterizan como serio.
Las diferencias en el seno de la Corte Suprema de Justicia acerca de la condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero contra Báez motivaron que se sorteen estos conjueces para definir el caso.
Al haber en la Corte Suprema solo tres jueces, con que uno solo tenga una opinión diferente de los otros dos alcanza para que no se pueda conformar una mayoría, que requiere tres votos concordantes.
Por eso, el máximo tribunal resolvió sortear dos conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.
Esta es la causa que se inició después de una emisión del programa PPT, de Jorge Lanata, en la que Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar confesaron que sacaron dinero negro de Báez del país. Después aparecieron videos de los acusados contando fajos de dólares y tomando whisky en una “cueva” financiera de Puerto Madero.
Báez está condenado en esta causa a 10 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y seis meses, al igual que Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador del empresario, entre otros sentenciados.
En este expediente se los encontró culpables de haber blanqueado al menos 60 millones de dólares. Los sacaron mediante la financiera oculta de Puerto Madero conocida como La Rosadita. Ese dinero, tras recorrer cuentas suizas de empresas constituidas en Uruguay y España, terminó lavada por medio de la compra bonos argentinos. Esos bonos fueron vendidos y el dinero, reingresado al país.
La plata negra provenía supuestamente de la evasión fiscal de las empresas constructoras de Báez.
Esta causa salpica a Cristina Kirchner, ya que la Cámara Federal insiste para que se avance contra ella como supuesta dueña del dinero de Báez, pero el fiscal Guillermo Marijuan, que primero acusó, entendió después que no hay evidencia que avale esa hipótesis.
La Casación confirmó las condenas, pero el caso llegó a la Corte por un recurso de queja de Báez. Allí, el empresario planteó que fue condenado por una ley de lavado que no estaba vigente al momento de los hechos.
El cuestionamiento de Juan Martín Villanueva, el abogado de Báez, es que se condenó por lavado de dinero aplicando una ley posterior a los acontecimientos materia de juicio.
Dijo que la ley vieja -que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos- no contemplaba el autolavado y que la ley nueva, que le aplicaron a él, sí lo contempla, pero que como las leyes penales no son retroactivas, está mal condenado.
El tribunal oral lo analizó y entendió que los hechos ocurrieron bajo la ley nueva y lo mismo opinó la Cámara de Casación, pero ahora debe fallar la Corte. La idea de los jueces que confirmaron el fallo es que el lavado es un delito continuado, que se siguió cometiendo.
Lo que debe resolver la Corte es si se confirma la condena o si se la revisa. El juez Carlos Rosenkrantz pidió el expediente para analizarlo y promovió que se le envíe el caso al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que dictamine si efectivamente se aplicó o no la ley penal más benigna.
Rosenkrantz no dijo que se deba revocar la condena, sino que planteó que corresponde debatir la aplicación de la ley de lavado de dinero que primero excluyó el autolavado y después lo incluyó.
Sus colegas, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, en cambio, entendieron que no era necesario hacer este análisis y se habrían pronunciado por rechazar los recursos de las defensas sin más explicaciones, invocando el articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
La Corte debe resolver sobre los recursos contra las condenas por lavado de Báez (10 años de prisión); su hijo Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Leonardo Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Pérez Gadín (6 años de prisión); Chueco (6 años de prisión); el directivo de Austral Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabián Rossi (4 años y 6 meses de prisión); César Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); el financista Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional) y Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).
Con los nuevos conjueces, la Corte podría confirmar el fallo, sumándose al rechazo de los recursos de las defensas por artículo 280, o enviar el caso a la Procuración para que se analice la aplicación de la ley de lavado.
La sentencia condenatoria fue recurrida ante la Corte mediante recursos que ingresaron en junio de 2023.
Báez tiene otra condena a 10 años de prisión por la causa Vialidad, donde también está condenada Cristina Kirchner. Además, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por la compra de los terrenos de El Entrevero, en Uruguay, con costa de playa en José Ignacio.
POLITICA
El relato de un padre en medio de la protesta por discapacidad: “Empujaban la silla de mi hija”

Personas con discapacidad, familiares y prestadores reclamaron al Gobierno nacional la falta de actualización de aranceles y deudas del Estado nacional en los pagos de servicios. La protesta por la Ley de Emergencia en Discapacidad se realizó ayer frente a la Casa de Gobierno. Hubo incidentes, forcejeos y empujones entre manifestantes y la Policía Federal.
Raúl Woites, titular de un centro de día para personas con discapacidad, se encontraba en el lugar junto a su hija Marisa, quien utiliza silla de ruedas. En Infobae en Vivo Al Amanecer brindó detalles acerca de la tensión vivída.
“Nos movilizamos no solamente por el tema de que no se adecuaron los aranceles, sino que además, directamente como represalia, el Gobierno dejó de pagar. Desde octubre del 2025 que no paga”.
El objetivo de la manifestación era instalar una carpa hasta obtener una respuesta oficial “o que nos reciba el presidente”, afirmó Woites.
Incidentes durante la movilización en Plaza de Mayo
El referente relató el desarrollo de las acciones policiales. “Por los únicos que parece que fuimos escuchados es por la policía, que tuvo una acción realmente muy triste. Ellos tienen activistas provocadores dentro de esa fuerza. De hecho, se me reían en la cara de mi hija”.
Woites detalló cómo se produjo el forcejeo: “La policía hizo un cordón primero, luego se metieron en el medio otro cordón y de golpe empezaron a romper todo, a tironear. Empezaron a tironear, la gente tiraba del otro lado”.
En medio de la tensión, se produjo una situación peligrosa para su hija Marisa. “Uno de los policías estaba empujando la silla de mi hija y se empieza a tambalear como para caerse. Yo ahí ya perdí los estribos directamente porque simplemente les dije que la dejaran. ‘¿No te das cuenta que hay una silla de ruedas ahí o no? Tené un poquito de corazón’, le dije», contó.

Marisa, en el centro del conflicto
Woites confirmó que su hija Marisa quedó en medio de los empujones. “Marisa se la pasó llorando luego el resto del tiempo que estuvimos. Es angustia. No es una situación para nada placentera para ella. La tengo acá atrás mío, está ahora un poco a los gritos”.
Luego del incidente, Woites relató su reacción frente a la policía: “Teníamos un cartelito muy provocativo, seguramente muy como para buscar problemas, que decía: ‘La discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino el desinterés de los demás’. Decidí después, como respuesta, uno por uno, a todo el cordón, que eran cien policías, le fui mostrando el cartel con mi hija y se hacían los distraídos, miraban para otro lado. Digo: ‘Perdón, ¿no saben leer, solamente saben hacerse los sordos, solamente saben agredir y nada más?’”.
El fundador del centro de día reiteró que no hubo corte de calle. “No estábamos ocupando calle. El mismo inspector que dijo ser el jefe del operativo dijo: ‘Yo sé que tienen autorización del Gobierno de la ciudad y de policía, pero no queremos una carpa’. Pero no es que no querían una carpa, sino que lo que no querían era que se pusieran las estacas. Creo que figurativamente es como que quieren que nos convirtamos en eso, en palitos, en estacas para no vernos, para seguir haciendo los sordos”.

Preocupaciones y reclamos del sector
Woites describió la situación actual de las familias y de los prestadores. “Hoy una persona que tiene discapacidad y su familia viven con esta angustia permanente de no saber qué va a pasar mañana. En cuanto a los prestadores o centros de día, sabemos que es muy corto el tiempo que les queda de subsistencia. Tampoco hay quien se encargue de sus terapias ni de nada. Lo mismo pasa con cuidadores, que no hay un servicio acorde”.
El padre de Marisa expresó su preocupación por el futuro de su hija y de quienes atraviesan situaciones similares. “Somos gente grande, que tenemos un pensamiento recurrente, que es qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Lamentablemente el panorama que vemos es un abandono total. Creo que lo único que le falta a los gobiernos, porque no es solo el nacional y no importa si es Milei, Cristina o el que sea, porque todos tienen las mismas políticas de invisibilizar y de tomar nada más que como un gasto a las personas con discapacidad”.
El titular del centro de día reclamó una respuesta urgente y una solución efectiva para el sector. “Cuando hicimos esa pasada con el cartel con mi hija, hubo varios policías que se nos rieron en la cara y nos provocaban. Esto quiero que quede claro porque es algo totalmente anormal”.

Familias en alerta y la búsqueda de soluciones
Woites pidió que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. “No es una situación para nada placentera para ella”, reiteró sobre el estado de su hija tras la protesta. Insistió en la necesidad de una política activa y una respuesta concreta de las autoridades nacionales y locales.
La manifestación frente a la Casa de Gobierno puso en evidencia el reclamo de los prestadores, familias y personas con discapacidad por el pago de deudas y la actualización de aranceles. El sector exige que se garanticen las prestaciones y se respeten los derechos adquiridos.
“La discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino el desinterés de los demás”, repitió. La demanda central apunta a la regularización de los pagos, la protección de los servicios y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en la Argentina.
—
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.
discapacidad
POLITICA
El Gobierno acelera el envío al Congreso del acuerdo de defensa con EE.UU, pero niega que vaya a mandar tropas al estrecho de Ormuz

El Gobierno desmintió las versiones sobre un supuesto pedido de Estados Unidos para que la Argentina envíe unidades navales al estrecho de Ormuz.
En el Ejecutivo aseguraron que “no hubo ningún contacto” por la cuestión y remarcan que el país no cuenta con capacidad operativa para afrontar una misión de ese tipo.
Leé también: El Ejecutivo demora la reforma tributaria y espera poder negociarla con los gobernadores en los próximos meses
En la Casa Rosada sostienen que la flota argentina no está en condiciones de participar en un despliegue de esas características. “No tenemos nada para mandar”, aseguraron a TN. A eso le suman limitaciones en materia de defensa frente a ataques con drones y otros sistemas que hoy forman parte del esquema de combate en Medio Oriente.
En el Ministerio de Defensa argumentan que los buques de la Armada no pueden afrontar un viaje de ese alcance ni operar sostenidamente lejos del apostadero sin riesgos logísticos o técnicos. Solo hay tres destructores y seis corbetas de combate.
El ruido se generó a partir de publicaciones, como la del abogado Marc Zell, que es vicepresidente de Republicans Overseas y presidente de su filial en Israel.
En un mensaje en X sostuvo, sin citar fuentes, que la Argentina enviaría buques para colaborar con Estados Unidos en la protección del estrecho de Ormuz.
“Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado. En 1982, el presidente Reagan acudió en ayuda de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, quien defendía la colonia británica en las Islas Malvinas, reclamadas por Argentina. Ante la cobarde negativa del Reino Unido a apoyar a Estados Unidos en el conflicto del Golfo Pérsico, considero apropiado que la administración Trump reconsidere la política estadounidense sobre las Malvinas y apoye la reclamación argentina”, escribió Zell.
Leé también: Santilli activa reuniones con gobernadores por las cajas jubilatorias antes de negociar la reforma política
Zell no ocupa ningún cargo oficial en la administración estadounidense, pero en el oficialismo lo califican como cercano a Trump. En el Ejecutivo sí celebraron el planteo sobre Malvinas y adjudicaron esta mención al esquema de alianzas que se estableció con la gestión Trump.
En Balcarce 50, sin embargo, mantienen el alineamiento con Estados Unidos. De hecho, remitirán el texto de la alianza militar que firmó Javier Milei con Donald Trump en Miami para que comience su trámite legislativo en el mediano plazo. La iniciativa busca darle encuadre legal a la participación argentina en la alianza de seguridad impulsada por Estados Unidos contra “amenazas externas”.

La adhesión argentina se formalizó previamente en una conferencia de defensa realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Florida, donde el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó una declaración conjunta junto a representantes de otros países del continente. El punto que generó debate interno es la proclama firmada por Trump el 7 de marzo.
El punto tres establece que Estados Unidos “entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles”. En Nación consideran que cualquier esquema que implique cooperación operativa entre fuerzas militares debe requerir autorización del Congreso argentino.
En el Gobierno aclaran igualmente que no tiene vinculación con el conflicto en Medio Oriente e insisten con que tampoco hubo gestiones informales ni conversaciones en ese sentido para que Argentina colaborara.
Gobierno, Estados Unidos
POLITICA
¿DÓNDE ESTÁ ESMERALDA? El grito de una madre que sacude a la Argentina: «Me la arrebataron de la puerta»

A horas de su desaparición en Cosquín, se activó la Alerta Sofía. La familia denuncia que «alguien se la llevó» y apunta a un circo que se fue del pueblo justo a tiempo. El país le exige a la ministra Monteoliva: ¡Muevan todo, no queremos otro caso sin respuesta!
Por: Redacción Noticias del Momento
La Argentina vuelve a contener el aliento. Esta vez, el epicentro del dolor es el barrio San José Obrero, en Cosquín, Córdoba. Allí, el miércoles 18 de marzo, Esmeralda Pereyra López, una bebé de apenas 2 años, desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Su madre, Tania, estaba cocinando cuando el silencio se volvió eterno: Esmeralda ya no estaba en la vereda.
«Se la llevaron»: La sospecha que hiela la sangre
La familia es tajante. No creen en extravíos fortuitos. «Es una bebé, no se va sola. Para mí alguien la cruzó por el campo y se la llevó», afirmó Florencia, la tía de la menor, en un testimonio desgarrador que ya recorre las redes sociales.
Pero hay un dato que suma un tinte oscuro a la investigación: los vecinos apuntan a un circo que estuvo instalado cerca del domicilio y que, casualmente, levantó sus carpas y abandonó la ciudad el mismo miércoles de la desaparición. ¿Coincidencia o plan sistemático? La Justicia debe investigar cada camión y cada salida de la provincia.
Alerta Sofía: El tiempo corre y el Estado no puede fallar
El Ministerio de Seguridad de la Nación ya activó el programa Alerta Sofía, reconociendo el «Alto Riesgo Inminente». Sin embargo, la sociedad argentina, marcada por heridas que no cierran, sabe que las alertas no alcanzan si no hay una voluntad política feroz detrás.
¿Qué hace la ministra Alejandra Monteoliva? El reclamo es uno solo: Efectividad. La ciudadanía le exige a la cartera de Seguridad Nacional que despliegue todos los recursos tecnológicos, drones de visión nocturna, rastreos satelitales y controles exhaustivos en cada frontera provincial. No podemos seguir permitiendo que los nenes desaparezcan en democracia.
Datos para reconocer a Esmeralda:
- Edad: 2 años.
- Contextura: Delgada, 60 cm de estatura.
- Rasgos: Tez blanca, ojos marrones, cabello castaño largo y ondulado hasta los hombros.
- Vestimenta: Al desaparecer vestía un body gris de mangas largas y estaba descalza.
Un mensaje directo al Gobierno
Desde Noticias del Momento nos sumamos al pedido de justicia. La desaparición de Esmeralda no es un «caso policial» más; es una herida abierta en la seguridad de todos los argentinos. Ministra Monteoliva, funcionarios nacionales: encuéntrenla ahora. El país no va a tolerar más promesas, queremos a Esmeralda sana y salva en su casa.
SI TENÉS INFORMACIÓN, LLAMÁ YA AL 134 O AL 911. No seas indiferente, tu dato puede salvarle la vida.
POLITICA2 días agoTRAICIÓN Y ÉXODO: La promesa rota de Monteoliva que desató una ola masiva de bajas en la Policía Federal
POLITICA2 días agoAdorni se disculpó por el viaje de su esposa: “Fue una pésima decisión, más allá de que no generó gasto para el Estado”
POLITICA2 días agoHoracio Rodríguez Larreta reapareció y lanzó “Metrópolis”, su nuevo espacio en la Ciudad de Buenos Aires










