Se sortearon los conjueces que se sumarán a los ministros de la Corte para estudiar la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner, fue condenado a diez años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares entre 2020 y 2013. La semana pasada, como contó Clarín, no hubo unanimidad en la Corte motivo por el cual se tuvo que convocar a otros dos magistrados.

A las 11, el secretario penal, Diego Seitún hizo el sorteo para que dos conjueces se sumen al análisis de la condena contra Báez y otros quince imputados acusados que -con diferentes roles y responsabilidades penales-, fueron parte del blanqueo de activos a través de la firma Austral Construcciones.

Los magistrados designados por intermedio del sorteo fueron: Mariano Roberto Lozano (Cámara Federal de General Roca) y Ramón Luis González (Cámara Federal de Corrientes).

Como suplentes, salieron Jorge Di Lorenzo (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata) y Guillermo Antelo (Cámara nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal).

Los dos conjueces podrán acompañar el voto mayoritario de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y rechazar el recurso de queja de Báez -lo que dejaría firme su condena- o respaldar la disidencia del ministro Carlos Rosenkrantz, que pidió la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, antes de pronunciarse sobre el aspectos central: si se debe confirmar o no la condena contra Lázaro Báez.

Los recursos de queja radicados en la Corte Suprema de Justicia, ingresaron en junio de 2023 después de que la Sala IV de la Cámara de Casación confirmó la estructura dedicada a las operaciones de lavado de activos por la suma de 55 millones de dólares.

Al analizar los reclamos expuestos por los abogados defensores, los magistrados dieron con un planteo para que se aplique la ley más benigna. Resulta que las maniobras investigadas en el marco de la Ruta del Dinero K transcurren en un período donde hubo un cambio de normativa respecto al delito de lavado de activos.

La anterior ley determinaba que no era factible de imputación penal una maniobra de autolavado, por eso las defensas reclaman que se aplique esa ley que es más benévola a la hora de juzgar los hechos.

En función de este criterio, Rosenkrantz solicitó el expediente con la finalidad de solicitar la opinión del jefe de los fiscales.

Sus colegas en la Corte consideraron que estaban dadas las condiciones para pronunciarse sobre el recurso de queja sin requerir previamente la opinión del Procurador Casal.

En ningún momento se discutió si se debe confirmar o no la sentencia condenatoria, sino que la falta de unanimidad de produjo en este aspecto puntual: si debía intervenir o no el jefe de los fiscales.

En este expediente se determinó que Báez fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años lavó 55 millones de dólares. Nada se podría haber materializado sin Austral Construcciones, la firma insignia de Báez que inició su actividad en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Los fondos que provenían de la obra pública vial que ganó sistemáticamente, fueron en parte volcados a las operaciones de blanqueo, según condenó el TOF 4.

Al ponderar la utilización de Austral y de la firma de taxis aéreos Top Air, la Casación confirmó el decomiso a ambas compañías por una suma equivalente a 330 millones de dólares, y de otros activos por un valor de 65 millones de dólares.

Para los jueces, «quedó acreditado que a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades ‘pantalla’ -eludiendo los controles fiscales-«, los acusados lograron lavar sumas millonarias de dinero.

La suma investigada y que le significó al ex socio comercial de Cristina su primera condena por lavado, asciende a 54.870.000 dólares.