El Gobierno modificó su estrategia de comunicación frente al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Tras seis días de silencio oficial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, ofrecieron explicaciones públicas. La movida mediática, ordenada desde la cúpula del poder, busca desvincular del caso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también mencionada en los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo.

Martín Menem aseguró que el contenido de las grabaciones es “absolutamente falso”. Defendió de manera contundente a los dos funcionarios mencionados en los audios. “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”, afirmó el titular de la Cámara baja durante una entrevista televisiva en A24.

Reiteró esta frase ocho veces en referencia a la secretaria general de la Presidencia. El legislador sostuvo que, si bien no puede asegurar la autenticidad técnica de los audios, su contenido carece de veracidad.

La nueva postura oficial apunta a responsabilizar al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo. “Es Spagnuolo el que tiene que dar explicaciones”, afirmaron desde un despacho oficial. Martín Menem reforzó esta idea en su entrevista. “Que la Justicia investigue, que avance y que determine si hubo alguna responsabilidad”, expresó sobre el exfuncionario. No tuvo el mismo tono para Spagnuolo que para sus familiares.

Su primo, Eduardo “Lule” Menem, se expresó en la misma línea a través de un comunicado en la red social X. Calificó el episodio como una “burda operación política del kirchnerismo” diseñada para “manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”. El subsecretario de Gestión Institucional publicó su descargo en la madrugada del lunes, horas antes de la aparición televisiva de su primo.

Fuentes de Balcarce 50 criticaron la gestión del exdirector. Sostuvieron que “tenía que limpiar el padrón de las pensiones por discapacidad, con todos los curros que había ahí, y no hizo nada”. La Justicia ya investiga a Spagnuolo, junto a Daniel Garbellini, y secuestró su teléfono celular. Ambos fueron desplazados de sus cargos.

El Gobierno planeaba inicialmente que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fuera el único vocero oficial sobre el caso. La decisión cambió tras una orden que varias fuentes oficiales atribuyen directamente a Karina Milei. “Sí, hubo cambio de estrategia, estamos todos coordinados”, reconocieron dos altas fuentes del Gobierno. Explicaron la demora de seis días por la necesidad de “tener todos los elementos analizados”.

El cambio de postura se gestó durante reuniones y consultas en la Casa Rosada. Un allegado al Presidente comentó que “algo había que hacer” para contrarrestar el impacto del escándalo. La respuesta mediática de los Menem fue calificada como “aprobada” en el entorno gubernamental tras la primera entrevista.

El presidente Javier Milei mantiene el silencio sobre el tema. Fuentes del Poder Ejecutivo comentan que “él cree que es la Justicia la que tiene que hablar”. El mandatario no realizó declaraciones públicas directamente sobre el tema. Difundió en sus redes sociales el anuncio de la entrevista de Martín Menem.

Otros funcionarios clave como la propia Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, replicaron la publicación. Este gesto evidencia una acción coordinada del gabinete para respaldar las explicaciones del titular de Diputados.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Jaime Rosemberg.

La última sesión de Diputados se cayó pasada la 1 de la madrugada por falta de quorum y dejó el orden del día abierto. En ese vacío quedaron tres expedientes que la oposición empujó y hoy lucen sin impulso: la insistencia para rechazar el veto a la emergencia en Bahía Blanca –que preveía un fondo de infraestructura y asistencia de $200.000 millones–, una nueva moratoria previsional y la sanción de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), motorizada por los gobernadores.

La primera explicación cruza a todos por igual: la campaña electoral. Con los armados en marcha, se complican las negociaciones finas para ordenar estrategias, garantizar presencias y reunir mayorías. Pero no es la única razón.

La segunda es aritmética: faltan votos y nadie quiere abrir el recinto para perder. En Bahía Blanca, el plan de insistir contra el veto se desinfló cuando el Gobierno firmó un decreto que asigna el mismo monto para asistir a los damnificados y reconstruir la infraestructura. Desde la UCR retrucan que el instrumento original no es equivalente: “El Fondo Especial apunta a reconstruir infraestructura y reactivar el circuito económico local, algo que no cubre el decreto”, argumentaron el senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi.

Con la moratoria previsional ocurre algo similar: la oposición nunca reunió los dos tercios necesarios para insistir y, salvo el kirchnerismo y la izquierda, el resto de los bloques evita acompañar sin matices.

El proyecto para coparticipar el ICL, una caja de más de $2 billones, expone la fisura entre los bloques críticos y los mandatarios provinciales: hay apoyo en términos generales, pero permanece el recelo hacia gobernadores que, en la última sesión, jugaron alineados con la Casa Rosada, que logró con su auxilio bloquear la insistencia sobre el aumento jubilatorio.

El tironeo quedó expuesto en los cambios de voto. Los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, aliados a Alfredo Cornejo, habían acompañado la emergencia en discapacidad pero, tras el acuerdo electoral de su gobernador con Javier Milei, se pronunciaron en contra de insistir con esa ley. Repitieron el viraje en el aumento previsional. Algo similar ocurrió en Entre Ríos: Marcela Antola (Democracia), referenciada en Rogelio Frigerio, pasó de votar a favor del incremento en junio a abstenerse ahora, mientras que su coterráneo Atilio Benedetti, que entonces se había abstenido, esta vez respaldó el veto.

En el Congreso, la desconfianza se verbaliza. “Los gobernadores tienen que pedir si quieren combustibles, firmar nota y dar quorum además de votar”, lanzó un legislador del centro que desconfía de la voluntad real de los mandatarios. Del otro lado, cerca de los gobernadores aseguran que no soltarán el tema: “Vemos el mismo escenario que con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”, señalan, y prometen reponer la discusión. La pregunta, admiten, es cuándo. La campaña también condiciona sus tiempos: aunque las dos iniciativas federales llegaron con firmas de los 24 gobernadores, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA) sellaron entendimientos electorales con los libertarios y moderan el choque con la Casa Rosada.

El club de los cinco gobernadores críticos de Provincias Unidas –Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy)– insiste en que la coparticipación del ICL integrará el próximo temario y que “hay un compromiso para que salga la ley”. Por ahora, ese compromiso no alcanza para asegurar quorum ni mayorías estables.

A esto se le suma un factor disruptivo que reordenó prioridades: la irrupción de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo –ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)–, cuyo testimonio apunta a un presunto esquema de sobornos articulado por Eduardo “Lule” Menem y que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El posible entramado de corrupción golpeó al oficialismo en plena campaña y absorbió la atención de la oposición parlamentaria, que activó pedidos de informes, citaciones y eventuales interpelaciones. El resto de la agenda quedó, por ahora, en pausa.