POLITICA
La SIGEN detectó irregularidades en la obra de la autopista Rosario–Sunchales: el Estado pagó 90 veces más y demoró 10 años
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encendió una alarma sobre una de las obras más largas, caras y problemáticas del sistema vial argentino. En su informe de septiembre de 2025, el organismo que depende de la Presidencia de la Nación concluyó que la Autopista Rosario–Sunchales, en la Ruta Nacional 34, presenta “debilidades en la gestión, alteraciones contractuales sustantivas y demoras injustificadas” que podrían implicar un perjuicio fiscal para el Estado nacional.
El documento, al que tuvo acceso Infobae, revisa los contratos, las modificaciones y los flujos de pago de la obra que une el corazón productivo del centro santafesino con el eje Rosario–Rafaela, y expone una trama de ineficiencia estatal, inflación de costos y falta de control técnico. “Las situaciones acontecidas durante la ejecución de la obra denotan debilidades en la gestión… corresponde analizar la eventual existencia de perjuicio fiscal y responsabilidades administrativas”, advirtió la SIGEN.
Cifras clave de la auditoría de la SIGEN
La Sindicatura General de la Nación verificó que la obra de la Ruta Nacional 34, iniciada en 2010 con un presupuesto original de $447.024.359,49, alcanzó en 2025 un monto actualizado de $40.571.665.066,22, lo que representa un aumento de más del 9.000% —unas 90 veces más que el valor inicial.
Pese a que el avance físico de los trabajos llega al 95,61%, el avance financiero apenas alcanza el 59,44%, con una facturación comprobada de $23.006.572.947,30. Según el relevamiento, existe una diferencia pendiente cercana a los $1.110 millones entre lo certificado y lo efectivamente facturado.
El proyecto, que originalmente debía completarse en 36 meses, lleva más de una década en ejecución: 10 años y 3 meses hasta 2025. En ese lapso se aprobaron seis modificaciones contractuales y una séptima aún está en trámite, además de dos períodos de neutralización —marzo a septiembre de 2024 y diciembre de 2024 a marzo de 2025— durante los cuales la obra permaneció detenida.
De una autovía sencilla a una autopista millonaria
El proyecto nació durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bajo el decreto 543/2010, que adjudicó al Corredor Vial N° 4 la ejecución de la obra. El contrato definitivo se firmó recién en agosto de 2014, con la empresa Carreteras Centrales de Argentina S.A., una concesionaria sin antecedentes de grandes obras viales nacionales.
Originalmente, la obra contemplaba la duplicación de calzadas entre los kilómetros 188,68 y 246,57 de la Ruta Nacional 34, e incluía una variante en Rafaela, entre los km 213 y 219. En total, 58 kilómetros de traza, atravesando Angélica, Ataliva, Lehmann, Rafaela y Sunchales, en la provincia de Santa Fe.
Pero el proyecto cambió su naturaleza en 2019, cuando la Modificación de Obra N° 2 transformó la autovía en una autopista de velocidad directriz de 130 km/h, con nuevos distribuidores, puentes e intercambiadores. Ese cambio, según la SIGEN, “alteró sustancialmente el objeto del contrato y desvirtuó su ecuación económica original”.
“Lo originalmente previsto como tareas menores se transformó en un trabajo totalmente distinto por sus características técnicas y económicas”, reconoció la propia contratista en una nota citada por la auditoría.
Otro punto crítico fue la liberación de la traza. Cuando se firmó el acta de inicio en diciembre de 2014, el Estado no contaba con todos los terrenos expropiados.
Diez años después, en agosto de 2024, aún había sectores sin liberar, lo que obligó a demoras, reclamos y actuaciones judiciales del Juzgado Federal de Rafaela. Las sucesivas modificaciones de obra incorporaron expropiaciones adicionales, afectaciones de servicios eléctricos y desvíos hidráulicos que nunca se habían previsto en los planos originales.
El resultado fue un encadenamiento de plazos extendidos, ampliaciones sucesivas y mayores costos. El costo total se incrementó un 125,7% solo por modificaciones formales, y se multiplicó exponencialmente al actualizar los precios por inflación acumulada.
La Sindicatura General de la Nación verificó que la obra de la Ruta Nacional 34, iniciada en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó con un presupuesto original de $447.024.359,49 y, quince años después, en 2025, bajo la gestión de Javier Milei, alcanza un costo actualizado de $40.571.665.066,22. En ese lapso, el monto se incrementó más del 9.000%, lo que equivale a noventa veces el valor inicial.
Según el informe de la SIGEN, el avance físico de los trabajos llega al 95,61%, mientras que el avance financiero apenas alcanza el 59,44%, con una facturación total verificada de $23.006.572.947,30. La diferencia pendiente entre lo certificado y lo efectivamente facturado asciende a unos $1.110 millones, una brecha que refleja los desfasajes administrativos acumulados a lo largo de distintas gestiones.
Quién es quién en el costo de los atrasos
La Sindicatura General de la Nación advirtió que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aplicó redeterminaciones de precios sin sustento técnico ni documental, apartándose de lo dispuesto por el Decreto N° 1295/2002, que establece el procedimiento legal para actualizar los valores de los contratos de obra pública frente a variaciones económicas. Además, el organismo detectó que no se conformó la Comisión de Evaluación y Seguimiento prevista en el Decreto 490/2023, una instancia creada para supervisar la ejecución, los costos y las modificaciones de los proyectos viales.
Como consecuencia de esas irregularidades, el costo total de la obra se incrementó un 125,7% solo por ajustes formales, sin justificación técnica suficiente. A ello se sumó el efecto de las actualizaciones por inflación acumulada, que multiplicaron de manera exponencial el monto final. En paralelo, la auditoría remarcó un desequilibrio entre el avance físico del 95% y el avance financiero del 59,4%, evidencia de demoras en los pagos y desajustes en la ejecución presupuestaria.
La obra atravesó cuatro gestiones presidenciales y llega al presente en un contexto de cambios estructurales en la administración vial.
A lo largo de quince años, la construcción y gestión de la Ruta Nacional 34 se convirtió en un espejo de los vaivenes políticos y económicos del país. Cuatro presidentes, un organismo técnico cuestionado, una concesionaria en liquidación y una auditoría lapidaria explican por qué una obra pensada para durar tres años lleva más de una década sin concluir formalmente.
La historia comienza en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se licitó y adjudicó el proyecto mediante el Decreto 543/10, que definió la concesión original del Corredor Vial N° 4 a la empresa Carreteras Centrales de Argentina S.A.. Esa firma fue la encargada de ejecutar la obra desde su inicio y hoy se encuentra en proceso de liquidación final, tras múltiples redeterminaciones y ampliaciones de contrato.
Con la llegada de Mauricio Macri al poder (2015–2019), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) —dependiente del entonces Ministerio de Transporte— redefinió prioridades, revisó los contratos existentes y aprobó cambios técnicos, además de extender los plazos de ejecución, en un intento de reordenar los proyectos heredados y adaptarlos a nuevos criterios de eficiencia.
Durante el gobierno de Alberto Fernández (2019–2023), la obra fue reactivada con fondos nacionales. Se mantuvo el esquema de concesión original, aunque se tramitaron nuevas redeterminaciones de precios y modificaciones contractuales, en un contexto de alta inflación y tensiones presupuestarias.
Ya en la gestión de Javier Milei (2023–2025), el proyecto alcanzó su habilitación total al tránsito, pero también marcó un cambio de paradigma: el Ejecutivo dispuso la privatización de Corredores Viales S.A. mediante el Decreto 97/2025, que habilita la adjudicación de nuevas concesiones por peaje conforme a la Ley 17.520, que regula la participación privada en obras públicas.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), órgano ejecutor de los trabajos y responsable de su supervisión técnica, fue señalada por la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) por demoras, desvíos normativos y falta de control interno. La auditoría realizada en 2025 detectó sobrecostos, irregularidades administrativas y deficiencias de gestión que atravesaron las distintas administraciones y explican en buena medida la prolongada historia de esta obra inconclusa.
Mediante el decreto 97/2025, el presidente Javier Milei ordenó la extinción por mutuo acuerdo de los contratos vigentes y la adjudicación de nuevas concesiones bajo el sistema de peaje, conforme a la Ley 17.520, que regula la concesión de obras públicas a empresas privadas.
En ese marco, la SIGEN, a cargo de Alejandro Díaz, subrayó la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente durante el proceso de liquidación y traspaso de activos y contratos.
Empresas y vínculos empresariales
La concesionaria Carreteras Centrales de Argentina S.A. fue responsable de la ejecución del tramo auditado. Hasta el momento, no se presentó ninguna denuncia penal por las irregularidades detectadas por el organismo de control, que depende la Presidencia de la Nación, aunque sí observaciones administrativas pendientes de resolución en la liquidación final.
El informe, de 140 páginas, concluye que la obra “evidencia deficiencias de planificación, cambios técnicos no justificados y débil control financiero”.
Sugiere una revisión integral de los procedimientos para futuras licitaciones y un análisis del perjuicio fiscal potencial. “La obra tardó diez años en llegar al 95% y costó más de 40 mil millones» y destacaron: “La duplicación de calzada se convirtió en símbolo de la descoordinación entre política, gestión y control”.
La Autopista Rosario–Sunchales debía ser una muestra de modernización y conectividad regional. Hoy, según la propia SIGEN, es también un caso testigo de cómo la falta de planificación, las decisiones políticas sin respaldo técnico y los mecanismos de control tardíos pueden transformar una obra necesaria en una travesía burocrática y multimillonaria.
POLITICA
Caso $LIBRA: el fideicomiso de Hayden Davis se constituyó en una jurisdicción offshore y sin datos clave sobre su operación
El fideicomiso “The Libra Trust” que el estadounidense Hayden Mark Davis lanzó el martes último en un intento por terminar el escándalo internacional que desde febrero lo tiene como protagonista junto al presidente Javier Milei acumula más preguntas que respuestas, pocos datos y una opacidad total: fue constituido en un paraíso fiscal, como una estructura offshore amparada por el secreto bancario y registral, según reconstruyó .
La decisión de Davis de impulsar el fideicomiso comenzó a tomar forma el 19 de agosto, verificó el experto informático Fernando Molina. Esto ocurrió tan solo cinco días después de que la jueza federal en Nueva York, Jennifer L. Rochon, ordenara el levantamiento del embargo preventivo sobre los fondos que habían obtenido los impulsores de la demanda colectiva (“class action”) en su contra.
Ese día, informáticos a sueldo de Davis crearon el dominio —la dirección específica de la página de Internet del “trust”—, aunque el fideicomiso solo terminó de tomar forma y se lanzó el martes último, minutos antes de que la jueza Rochon abriera una nueva audiencia con todas las partes. El objetivo era definir si volvía a congelar o fijaba estándares especiales de trazabilidad para los fondos en disputa, depositados en billeteras virtuales.
Durante esa audiencia, a la que asistió por conferencia telefónica, uno de los abogados de Davis, Mazin Ahmad Sbaiti, comunicó a la jueza el lanzamiento del “trust” y precisó que se constituyó “offshore” —por fuera de las jurisdicciones estadounidense o argentina, en su caso “por culpa de los políticos de izquierda”, según el portal oficial del fideicomiso—. Sin embargo, evitó identificar por su nombre qué país o territorio eligió Davis en busca de la máxima confidencialidad, alta protección legal y bajos o nulos impuestos.
El website del fideicomiso ( tampoco aporta precisiones. Omite, incluso, los llamados “white papers”, los documentos públicos esenciales que explican, justifican o promueven la creación, misión, estructura o funcionamiento de un “trust”. Si bien no tienen la validez legal de la escritura constitutiva, por ejemplo, sirven como presentación institucional, resumen de objetivos, modelo de gobernanza, manual de funcionamiento, y son un instrumento clave de comunicación hacia medios, inversores y potenciales beneficiarios.
Para la defensa de Davis, de todos modos, el fideicomiso demuestra que el CEO de Kelsier Ventures no cometió una estafa y que el dinero recaudado terminará por llegar a las pequeñas y medianas empresas como se anunció al lanzar $LIBRA. “Todo se ha hecho con profesionales serios y verificados”, insistieron en el entorno del estadounidense, en diálogo con , aunque se negaron a dar mayores precisiones.
Para críticos de Davis y querellantes, el fideicomiso es más de lo mismo: “’Libra Trust’ no parece como un proyecto genuino para ayudar a emprendedores. Surge en medio del proceso judicial, en el momento exacto en que los fondos podían quedar bajo control de la Justicia”, remarcó el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien integró la comisión legislativa del Congreso. “No es el final del caso $LIBRA: es una maniobra para esquivar las consecuencias de un fraude en plena investigación”, añadió.
Las críticas se sustentan en la naturaleza misma del escándalo: la “class action” en Nueva York alega que Davis y sus socios diseñaron una “fábrica de fraude” que ejecutó un vaciamiento coordinado (“rug pull”) de fondos para quedarse con millones de dólares de inversores minoristas. Además, la Justicia federal en la Argentina y la demanda en Estados Unidos investigan, en paralelo, transferencias de Davis a billeteras de terceros por millones de dólares a través de plataformas como Bitget, antes y después de reunirse con el presidente Milei.
Tanto durante la audiencia con la jueza Rochon, como en el portal del “trust”, en tanto, se omitieron más de una decena de precisiones esenciales para cualquier estructura financiera; entre ellos, las siguientes:
Junto a Davis buscaron calmar esas inquietudes. “El fideicomiso es serio. Un abogado hará la primera revisión de las postulaciones, luego un comité hará un análisi de la ‘short list’ y los seleccionados recibirán los fondos aprobados, respetando las normas tributarias de la Argentina”, indicaron a .
Sin embargo, el programador y profesor Maximiliano Firtman abrió otra dimensión de riesgos, enfocada en el compliance y el lavado de activos: “¿Cómo podrías justificar como empresa argentina recibir miles, decenas o centenas de miles de dólares en cripto como subsidio de una entidad extranjera no determinada, con fondos discutidos judicialmente y no caer en una investigación de lavado de dinero para poder usarlos para el fin presentado?”, planteó en su cuenta de X. “¿Cómo podrías blindarte y que no vengan los querellantes a buscarte a vos en caso de ser uno de los ‘elegidos’ por vaya a saber quién ni por qué?”
En un apartado del portal, accesible en inglés y español, “Libra Trust” sí traza una línea, dirigida a despegar a dos protagonistas del escándalo, desde febrero último. Sostiene que “el fideicomiso opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”.
https://libratrust.com/es/,Hugo Alconada Mon,Javier Milei,Criptomonedas,Conforme a,Javier Milei,,Ante la implosión del kirchnerismo,,En un mismo predio. Chubut impulsó un proyecto para construir un complejo educativo que integrará tres instituciones educativas,,Agenda. El Gobierno se prepara para terminar las reuniones con mandatarios provinciales afines
POLITICA
Pese a la disputa con «Chiqui» Tapia, el Gobierno descarta incluir en extraordinarias el proyecto que impulsa las Sociedades Anónimas en el fútbol
El Gobierno descarta incluir el proyecto que impulsa las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en las sesiones extraordinarias de diciembre y se focaliza en las negociaciones por el Presupuesto 2026. El Ejecutivo busca profundizar la polarización con Claudio “Chiqui” Tapia, pero no tiene previsto realizar modificaciones sobre los lineamientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el corto plazo.
“Es algo que tenemos en carpeta, pero que no es prioridad”, expresan en Nación. La mesa chica de la Casa Rosada no planeaba meterse públicamente en el conflicto por la premiación de Rosario Central como “campeón anual” hasta que se instaló en agenda y el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, tomó una posición opositora.
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Javier Milei lo respaldó luego de recibir sanciones de la AFA y mostró la camiseta del club en el sillón de Rivadavia. Canceló además su viaje a Washington, en el que iba a participar del sorteo del mundial de fútbol de la FIFA junto a Donald Trump, Infantino y Tapia. En Balcarce 50 analizaron una serie de medidas, pero no definieron ninguna acción directa. No quieren confrontar con los jugadores de la selección argentina en la previa del Mundial 2026.
En el oficialismo rechazan la posibilidad de impulsar una resolución o intervención desde la Inspección General de Justicia (IGJ). Hay un sector que insiste con la posibilidad de “evaluar” el proyecto de las SAD antes de marzo, pero en la mesa política lo descartan. Ya avanzaron con una denuncia desde la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejos, que es cercano a Tapia.
El Gobierno quiere impulsar las SAD antes de 2027 y tiene un eje de presión que ya utilizó en negociaciones pasadas con los interlocutores del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Se trata de la cesión del predio de Ezeiza -el dueño es el Estado-, que vence en 2030 y requiere una firma de Nación para concretar su renovación.
La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, aseguró que “hay irregularidades en la AFA” y que va a estudiar su transparencia. En el Ejecutivo no dan definiciones sobre cómo lo implementarán, pero tienen en carpeta un sumario de 2024 del Banco Central por una presunta infracción a la Ley Penal Cambiaria de la AFA por una posible triangulación de fondos de sponsors mediante donaciones.
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La Casa Rosada mantiene la postura de que su prioridad en el corto plazo es la sanción del Presupuesto 2026: busca darle un mensaje al mercado con la expectativa de que condicione una baja del riesgo país, de forma que el Tesoro pueda tomar deuda en el mercado internacional con una tasa menor. Tiene además vencimientos de deuda por más de US$4000 millones en los primeros días de enero, con los que apunta a un realizar un “rollover”.
Es por eso que el ministro del Interior, Diego Santilli, acelera contactos para completar las reuniones con los veinte gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. Quiere concretar encuentros esta semana con Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Jorge Macri (CABA) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El oficialismo intenta conseguir las adhesiones para ser la primera minoría en la Cámara de Diputados.
Gobierno, sesiones extraordinarias, SAD
Tras la reestructuración del Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuela Adorni, coordina con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el plan que desplegarán para profundizar en la reducción de la planta del Estado que permita achicar la estructura, según confirmaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo. “La motosierra es constante”, justificaron sobre la decisión.
En Casa Rosada evitaron dar números específicos sobre la cantidad de empleados que alcanzará, pero anticiparon que podría afectar a “otro 10%” del total de empleados públicos.
Desde su cuenta de X, Sturzenegger estila dar el parte de las bajas de manera mensual que despierta una fuerte resistencia sindical. Si bien prepara para estos días la publicación correspondiente al mes de octubre, según los datos de septiembre, los despidos desde el inicio de la gestión ascienden a 58.797 personas contempladas entre organismos centralizados y descentralizados, personal militar y de seguridad y empresas del Estado.
Un informe del INDEC publicado el pasado viernes notificó que la dotación del personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo 0,3% en octubre de este año al tiempo que reveló que el total de trabajadores es de 282.570, cifra que apuestan a disminuir.
Por orden directa del presidente Javier Milei, la cartera se dedica a revisar mes a mes organismos, con extrema puntillosidad en sus estructuras y funciones bajo el objetivo de “lograr un Estado más eficiente”. “Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, confesaron a este medio, pero evitaron adentrarse en detalles debido a que detectan que se trata de “temas sensibles”, que involucran a trabajadores.
Según supo Infobae, en sus primeros dos años los recortes estuvieron enfocados en achicar la administración centralizada, por lo que el objetivo de este segundo tramo de la gestión es focalizar en los organismos descentralizados. Componen este último grupo la AFIP, ARCA, ANMAT, el Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI, ENACOM, entre otros. “En cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas. No hay un porcentaje, depende del organismo o área. Los porcentajes varían mucho”, explicaron a este medio.
La nueva reducción sería “inminente” y continuaría durante los dos primeros trimestres de 2026, luego de que en diciembre se produzca el vencimiento de varios contratos que podrían no tener renovación. Otro porcentaje de los recortes de personal podría surgir de los planes de eliminación de los registros de automotores y de la privatización de varias empresas que aún mantienen en carpeta.
El libertario se jacta de su política de ajuste estatal que logró sintetizar en la motosierra como simbología, herramienta que obsequia a personalidades conservadoras como el ex funcionario republicano Elon Musk. «La motosierra es el símbolo de un cambio de época, del comienzo de una nueva edad de oro para la humanidad, pero esta vez, en lugar de ir contra el mundo, Argentina está a la vanguardia», supo definir alguna vez el mandatario que mantiene una réplica dorada sobre la mesa de su despacho de Casa Rosada.
En plena campaña electoral, tras la derrota bonaerense, la administración libertaria tomó distancia de la simbología, incluso la motosierra había desaparecido de las fotos que se tomaban en la oficina presidencial, pero con el triunfo de las elecciones legislativas del 26 de octubre, las viejas recetas volvieron potenciadas. Es por eso, que con su desembarco en la Jefatura de Gabinete, Adorni promete acelerar la reducción de personal y áreas, y aceitar la gestión.
Los plantes también alcanzan a los Medios Públicos. Como contó este medio, hay intenciones de abrir un retiro voluntario para avanzar con el achicamiento de la planta. El objetivo final es reducir un porcentaje del total de los 2400 trabajadores registrados que calculan conforman la estructura de la Televisión Pública y la de Radio Nacional.
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