POLITICA
La sorpresa en el discurso de Javier Milei, el as contra «Chiqui» Tapia y el desquite de Axel Kicillof por una jugada de Cristina Kirchner
“Es verdad que arrancamos despelotados, pero tenemos un plan y somos metódicos. Yo, de la Casa Rosada, me voy a las ocho de la noche. Ceno con mi familia. No nos van a encontrar en un after político de madrugada como a la casta″. La autopercepción de un gravitante ministro no es un dato doméstico. Es, la esencia, inclusive, del discurso con el que Javier Milei abrirá hoy las sesiones ordinarias en el Congreso. La de ser un CEO en la Casa de Gobierno. Más parecer que ser o no serás nada. El outsider contra las ratas políticas. Contra los saurios, que dependiendo del Mercurio retrógrado mileísta encarnan empresarios, economistas y periodistas. Contra el deep state, ese estado profundo aniquilosantemente liviano de cuerpo en el statu quo.
El Presidente empieza el camino a la reelección, a la economía rogando y con la batalla cultural dando. Cuenta con una ventaja. Cristina Kirchner soltó las riendas a la candidatura presidencial de Axel Kicillof ante la creencia, por una encuesta que leyó, que Milei ganaría en primera vuelta. La reacción de Mauricio Macri fue otra. Hizo compras en el súper y en la góndola vio tentadora la oferta de una posible candidatura presidencial para no entregar en caja, anticipadamente y en promoción, al PRO para 2027.
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El Presidente tenderá la saga de reformas que arrancó en febrero -laboral y la imputabilidad de los menores- como la alfombra violeta hacia una tierra prometida a la vuelta de la reelección. Eliminación de las PASO, penas más duras, reforma previsional y retoques tributarios. Si en 2023, era “no la ven”; en 2027, “la ven, pero no la sienten (aún)”.
La idea de fondo es la reforma de la Constitución. El karinista Sebastián Pareja ya la hizo rodar para la provincia de Buenos Aires: quiere ser Gobernador. Ahora, el twittero responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Doe, tuiteó: “Hay que inmortalizar las reformas de Milei en una nueva Constitución”. El revival de los ’90. Todos saben quién sería el Carlos Menem de ahora, pero ¿el Raúl Alfonsín? ¿El pacto vive en el conurbano y con qué sectores: CFK, Kicillof o Sergio Massa? ¿0 en los gobernadores que “votan” con el Gobierno? ¿El Presidente insinuará hoy en el Congreso la matrix que conserva como corolario de un segundo período?
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La pelea con “los empresaurios” y la AFA alimenta el ideario libertario de un Estado minimalista.
En “Cyberpunk” – El nuevo sistema totalitario, la politóloga Asma Mhalla habla de la “Era de la Política Postderecho”, en la que el Poder Ejecutivo busca neutralizar los controles de la Justicia y el Congreso. Es el Poder Ejecutivo único para desmantelar la burocracia estatal».
La Era que sigue, dice Mhalla, es la de La Política Postestatal, con dos polos centrales, el poder ejecutivo unitario y el poder del algoritmo. Un Estado mínimo, gestionado como una corporación.
Esa es la novedad de Milei, solo que el poder del algoritmo aún no matchea con la Argentina. La ley de Glaciares que las provincias mineras celebran porque palpitan inversiones, y la licitación de la Hidrovía son la mano que Milei extiende a los sectores que reclaman contra las importaciones. Hubo un gesto en medio de las tensiones por las 22 mil empresas que cerraron en los últimos dos años y los 300 mil empleos perdidos. En un comunicado, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la CIARA–CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas consideraron “positiva la participación de tres postulantes en el marco del proceso licitatorio para la concesión de la Vía Navegable Troncal». La Hidrovía es central para ampliar la capacidad de exportación de la Argentina.
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El escenario mundial es delicado. Donald Trump ahora enfrascado en el ataque contra Irán enfrenta más de 2000 demandas arancelarias después del revés en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El Gobierno de Milei está casado con EE.UU ., pero China es la consorte dilecta. El Presidente aplica la frase de Henry Kissinger: “Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo puede ser fatal”.
Mientras la economía estira la esperanza depositada en Milei como un bucle rumiante, la política insinúa los rulos de la Argentina, que, como el trauma, siempre vuelven.
La “bomba”
El rulo financiero. TN reveló la sugestiva ¿tregua? entre Elías Piccirilo y Francisco Hauque. El ex de Jesica Cirio zafó de volver a la cárcel porque el ex socio desistió a último momento del recurso para pedir la anulación de la prisión domiciliaria. Piccirilo fue procesado por plantarle droga a Hauque, en un operativo trucho para no pagarle una deuda de 6 millones de dólares.
Increíblemente, algo pasó. Fue la novela en tribunales. “Mmmm, rarísimo. Esto no lo vi jamás”, decía un operador judicial.
Un ex policía, El Lobo Smith, empleado por Piccirillo para “la cama” a Hauque, declaró el año pasado como arrepentido y aportó un pen drive con información muy sensible sobre la maniobra irregular del rulo financiero durante el cepo. La tramoya que investiga la Justicia: la compra de dólares al valor oficial para venderlo al blue con ganancias, que según el año, fueron del 100 al 200%, sobre todo en el último año del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa en economía. Los investigados: Piccirillo, conocido como El rey del blue, Hauque y Martín Migueles, el novio de Wanda Nara. También Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.
Hay tres jueces que investigan el rulo financiero: María Eugenia Capucchetti, María Servini (el martes ordenó 30 allanamientos) y hasta hace diez días Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Desde el 18 de febrero, esa última causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato fallido del Gobierno para la Corte. Piccirillo recuperó el sueño.
¿Estalla la bomba? En tribunales dicen, como anticipó TN en noviembre, que es un escándalo. Por el calibre de la maniobra en dólares y por la lista de ricos y famosos.
La mancha venenosa
El rulo político judicial. Para entender cómo funciona el trasfondo, vale la Cámara de Diputados bonaerense. Cuando ganó la Alianza en el 99, el entonces presidente del cuerpo, el peronista Osvaldo Mércuri, ideó la doble firma, la garantía de que en “la caja” quedaran todos los dedos marcados, los del oficialismo y la oposición. El sistema fue perfeccionándose. Los contratos del oficialismo los firma la oposición y viceversa. Eso explica, en parte, el silencio en el escándalo de Chocolate Rigau.
El modus operandi de “la mancha venenosa” llega a puntos increíbles como autoincriminarse en un delito menor para zafar de uno mayor. El abogado de Chiqui Tapia, Gregorio Dalbón, deslizó que el juez Diego Amarante recibió de la AFA entradas para ver a la Selección argentina. Habló de “dádivas”. Amarante es el juez que investiga al presidente de la AFA por la denuncia del Gobierno sobre la retención indebida de aportes patronales. En julio último, Federico Sturzenegger derogó un decreto de 2001 que disponía un régimen especial para la AFA y aumentó las contribuciones previsionales. La pelea es por la caja. No solo la del fútbol. Está por estallar en la Justicia un escándalo que involucra a la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires: una denuncia por defraudación y administración fraudulenta.
Siempre la caja. ¿Por qué Chiqui Tapia quiere meter el domicilio de la AFA por la ventana en la provincia de Buenos Aires?
El “Operativo Pilar” y el Fórum Shopping
La obsesión de Tapia es mudar la sede social de la AFA a un baldío en Pilar (Mercedes 1366). No solo busca salir de CABA para zafar de la Inspección General Justicia que detectó irregularidades en los balances. Persigue una jurisdicción “friendly”: el cambio permitiría que las causas judiciales tramiten en Campana, bajo Adrián González Charvay, el juez que quiere la AFA.
Como Gobernador, Kicillof es un buen socio político de Chiqui Tapia. Acaba de regalarle el instrumento administrativo – la certificación del domicilio en Pilar por parte de la Dirección de Personas Jurídicas de PBA- para que apele en la Justicia el rechazo de la IGJ. El plazo vence el 11 de marzo. Dos días antes debe declarar ante Amarante.
No es la única concesión. La AFA aceleró las obras en el Estadio Único de La Plata. El Gobernador sueña con Messi en la cancha y el lanzamiento de la candidatura presidencial.
La eterna obra pública que para los bonaerenses significó una millonada, para el socio de Kicillof representó una ganga. Tiene la concesión por 5 años a cambio de un canon del 30% de los shows no deportivos y $1000 millones anuales (unos 83 millones mensuales), casi el sueldo de Tapia en la Conmebol.
Las cajas
El otro conchabo de Tapia es la poderosísima CEAMSE. Kicillof tuvo que digerir con poncho y todo a Mario Ishii, el eterno intendente de José C. Paz, en la línea de sucesión de Verónica Magario en el Senado. Kicillof quería a Ayelén Durán, senadora por Bahía Blanca, que responde al Cuervo Larroque, el examigo y ahora detractor de Máximo Kirchner. “Era una mojada de oreja tremenda. Alguien que le pegó el portazo en la cara a Máximo, ¡¿ahora en la vicepresidencia primera?! Naaaaaa“, razonaba un peronista histórico.
Cristina Kirchner y La Cámpora jugaron a fondo mientras miran en el calendario la fecha para adelantar las elecciones en la Provincia, la obsesión K. Un gran detalle: convoca el Gobernador.
En la pelea por el Senado, hasta hubo una amenaza de intervenirle la firma a Magario como ya pasa en Diputados: “Vero… te van a partir la lapicera. Hablá con el Gordo y hacia afuera que lo pague La Cámpora”.
¿Vendetta? “Magario se portó mal. Hay un pacto secreto: a los senadores que terminan sus mandatos no se los deja a la intemperie. Contratos, money. Ella cortó todo”, dice un peronista de todos los ismos.
Cerca de Kicillof destilan revancha por la imposición en el Senado. “Está claro que su único objetivo es que Axel no tenga gobernabilidad en la Legislatura. Habrá consecuencias”, dicen. La Cámpora tiene medio gabinete. Cristina Kirchner y Massa quieren completar la Suprema Corte bonaerense cuanto antes. “Tiene que ser antes del Mundial”, es la orden. Otra vez. Es el Gobernador el que envía los pliegos. Milei camina solo sin agarrarse de la mano K: quedó a un voto de los dos tercios para nombrar a un juez de la Corte nacional.
El rulo siempre vuelve. Ishii “cobró” después de dos promesas incumplidas: AUBASA, que siempre fue de Massa, y la presidencia de CEAMSE. “Marito, va el Chiqui”, tuvo que resignarse por segunda vez.
Mancha venosa y cambio de figuritas son el gran juego de la política.
Algunos intercambios pueden ser picardías, como el caso de un fiel ladero de Karina Milei, la Hermana de Hierro, que conquistó para el equipo a un exfuncionario de Victoria Villarruel.
Otros “pases” pueden ser una bomba. ¿Será Juan Bautista Mahiques, que acaba de renunciar a la AFA, el nuevo ministro de Justicia, en reemplazo a Mariano Cúneo Libarona, que designe los veedores para auditar a Chiqui Tapia?
Javier Milei, Karina Milei, Axel Kicillof, Claudio Tapia, cristina kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Verónica Magario
POLITICA
El Gobierno fusionó temporalmente dos secretarías clave del Ministerio de Economía hasta que designen un nuevo titular
En el contexto de una reconfiguración administrativa en el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional resolvió reasignar temporalmente las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa a Pablo Lavigne, titular del área de Coordinación de Producción.
Esta decisión, que no conlleva gastos adicionales para el Estado, tiene como propósito garantizar la continuidad operativa de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo productivo del país.
La medida fue adoptada ante la vacancia en la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, lo que obligó a buscar una solución inmediata para evitar interrupciones en la gestión de políticas industriales, comerciales y de apoyo a las pymes.
El Decreto 215/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y Luis Andrés Caputo, especifica que la transferencia de funciones será efectiva hasta que se designe un nuevo titular para el cargo o se disponga un reemplazo específico para la firma de despacho.
Desde el Gobierno se detalló que esta reasignación no afectará el funcionamiento de otras áreas ni implicará superposiciones, ya que quedan exceptuadas aquellas materias para las que ya se haya previsto un reemplazo particular.
La Secretaría de Coordinación de Producción tiene entre sus funciones asistir al Ministro de Economía en la definición de políticas para la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y la economía del conocimiento. Por este motivo, se consideró que es el área más adecuada para asumir de manera provisoria las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
La Secretaría de Coordinación de Producción será responsable de coordinar la gestión operativa de las áreas transferidas, garantizar la continuidad de los programas y políticas en curso, y asistir al Ministro en la toma de decisiones vinculadas a la industria y el comercio.
El puesto se encuentra vacante desde agosto del año pasado, cuando la cartera económica sufrió dos grandes salidas. Por un lado, el ex titular de la secretaría en cuestión, Marcos Ayerra, y Esteban Marzorati, quien estaba a cargo del área de Industria y Comercio.
De hecho, ya en ese momento, habían anunciado que Lavigne se haría cargo de ambas funciones hasta que se designe a un nuevo titular. De acuerdo con el comunicado emitido en agosto, “ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, destaca el esfuerzo, dedicación y talento al servicio del país que tanto Marcos como Esteban demostraron durante su ejercicio del cargo”.
En el caso de la Secretaría Pyme, ya había perdido gran parte de sus programas y fondos, en el marco del plan de ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei.
La secretaría que manejaba Ayerra cuenta con tres subsecretarías: la de Pymes, a cargo de Christian Bauab; la de Emprendedores, que dirige Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, cuyo titular es Santiago Pordelanne. En el caso de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene cuatro subsecretarías: la de Política Industrial; la de Gestión Productiva; la de Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
Corporate Events,South America / Central America
La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó una nueva resolución para el intercambio de información entre organismos nacionales y sus equivalentes extranjeros a los efectos de prevenir e impedir delitos económicos y complejos.
La medida, que deroga la normativa anterior, busca coordinar los mecanismos y procedimientos para garantizar la confidencialidad, seguridad y correcta utilización de los datos intercambiados en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).
El nuevo régimen regula la colaboración entre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, considerados como Organismos de Contralor Específicos. Los mismos podrán intercambiar información de manera directa, así como hacerlo con entidades de funciones similares en otros países, siempre que cuenten con las “facultades a los efectos de identificar, debidamente, las operaciones sospechosas”.
En su rol de encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información, la UIF estableció mediante la resolución 35/2026, que todo intercambio deberá realizarse bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad, utilizando sistemas de gestión documental electrónica que garanticen el resguardo de los datos.
Los pedidos de información entre los involucrados deberán cumplir una serie de requisitos establecidos por el ente autárquico. Este además, podrá solicitar información actualizada sobre los intercambios realizados y requerir datos con fines estadísticos para análisis nacionales o regionales. La información intercambiada solo podrá utilizarse para los fines específicos para los que fue solicitada y no podrá ser transmitida a terceros sin autorización expresa del organismo que la proveyó.
Para el caso, el texto publicado en Boletín Oficial indicó que “los requerimientos de información entre los Organismos de Contralñor Específicos deberán tener por objeto información disponible en el respectivo organismo y se deberán efectuar mediante un sistema de gestión documental electrónica que cumpla con estándares de seguridad y de resguardo de información confidencial». Asimismo, deberá indicarse en cada caso el motivo de la solicitud, el detalle de la información solicitada, explicitada con la mayor precisión posible y la indicación del nivel de urgencia.
La resolución también contempla la aplicación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), tal como lo hizo en la primera resolución publicada al respecto. En este sentido, la normativa señala que se “debe tener en cuenta las 40 Recomendaciones”. A su vez, no limita a los organismos “para celebrar memorandos de entendimiento o convenios de intercambio de información en el marco de sus competencias».
En cuanto a la resolución UIF N° 233/2025, dictada en diciembre pasado cuando Paul Starc se encontraba a la cabeza del organismo, establecía también reglas para el intercambio de datos entre organismos nacionales y sus pares del exterior, aludiendo a las entidades mencionadas anteriormente. El objetivo siempre fue fortalecer la cooperación y mejorar la capacidad de detección y prevención de delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El procedimiento exigía que los pedidos de información se tramitaran directamente entre los organismos involucrados, bajo las mismas condiciones, en donde la UIF debía ser informada sobre cada intercambio y, una vez recibida la información, el organismo responsable tenía un plazo determinado para responder.
La Unidad Financiera ejerce también un rol de coordinador en los niveles nacional, provincial y municipal, y administra los archivos y antecedentes vinculados a su actividad. Entre sus funciones, se encuentra la conformación del Registro Único de Información, que integra las bases de datos de los organismos obligados a reportar y la información que recibe en el ejercicio de sus tareas, asegurando así una gestión centralizada y eficaz en la lucha contra el crimen financiero.
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POLITICA
El Congreso busca prohibir los celulares en cárceles tras la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos
El Congreso de la Nación pone bajo la lupa el uso de celulares en las cárceles, esta vez con un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Silvana Giudici, que busca prohibirlos de manera total y con rango legal, en un contexto marcado por el crecimiento de las extorsiones digitales, las bandas que operan desde el interior de los penales y el caso de una extorsión desde penales bonaerenses que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino, destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.
La iniciativa propone modificar la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad —incluidos sus derechos, obligaciones y el funcionamiento del régimen penitenciario—, para establecer de manera explícita la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos carcelarios de todo el país. “Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados”, planteó Giudici. Y agregó: “Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales”.
El proyecto cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y apunta a cerrar una brecha que permitió la expansión de delitos complejos con base en las cárceles.
Prohibición total y sanciones más duras
El texto legislativo propone la incorporación del artículo79 bis que establece: “Prohíbase la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación, por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios”.
El mismo artículo dispone: “Queda exceptuado el equipamiento informático instalado y expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria competente, en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado.”
Además, se incorporan nuevas faltas graves dentro del régimen penitenciario, como la posesión, ocultamiento o facilitación de dispositivos electrónicos no autorizados, así como el intento de acceder a internet por fuera de los sistemas controlados.
“Es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena”, sostuvo Giudici ante una consulta de este medio.
La única excepción prevista en el proyecto de ley que impulsará el bloque de diputados de La Libertad Avanza es el uso de equipamiento informático autorizado para fines educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo control de las autoridades penitenciarias.
Del control a la expansión del delito
El proyecto también repasa los antecedentes recientes. Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. Sin embargo, en 2020, en el marco de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas.
Según la autora de la iniciativa, esa decisión derivó en un cambio profundo: “Se alteró el sistema de control y eso generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles”.
Entre los antecedentes se mencionan desde estafas telefónicas hasta la continuidad de operaciones de bandas criminales desde prisión, incluso en casos vinculados al narcotráfico.
El caso que expuso el problema
El punto de inflexión fue el caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.
Gómez atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia. En ese contexto, inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como “Julieta”, de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro.
Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.
Según se informó oficialmente, la extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de allí, se estableció un contacto destinado a generar confianza con la víctima, mediante mensajes y el envío de imágenes genéricas que no mostraban rostros.
Una vez consolidado ese vínculo, se activaba el mecanismo central de la estafa: la aparición de una supuesta “madre alterada” y la difusión del denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años y se la increpaba con insultos y amenazas.
El siguiente paso incluía un llamado telefónico de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguraba que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales graves. Para dotar de verosimilitud al engaño, los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad, identificado como M. N. C., cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.
La escena era completamente falsa, pero estaba diseñada para generar pánico inmediato. Las transferencias de dinero exigidas se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo.
Lejos de concluir tras los primeros pagos, la presión continuaba. Las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias económicas bajo amenazas reiteradas, con el argumento de que la causa judicial seguía avanzando o que había nuevos costos para “cerrar el problema”.
Según la investigación encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se trató de una maniobra de extorsión sexual organizada desde el interior de las cárceles, replicada con distintas víctimas.
En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir, documento que fue central para comprender el alcance del daño provocado por la banda.
La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así, se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.
Para la diputada Giudici, el episodio marca un límite: “Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos”.
En ese marco, la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) insiste en la necesidad de una solución estructural: “Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares”.
Silvana Giudici
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