POLITICA
La trastienda de 48 horas triunfales de Milei en el Congreso: un nuevo oficialismo que pudo doblegar la resistencia del PJ
La primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados dejó una imagen política que, hasta hace pocos meses, parecía improbable. En una sola noche, el gobierno de Javier Milei logró aprobar dos iniciativas de alto impacto —la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Unión Europea–Mercosur— con mayorías amplias, respaldo transversal y un peronismo cada vez más fragmentado. Más allá del resultado legislativo, la sesión expuso un nuevo equilibrio de poder: un oficialismo que comienza a construir gobernabilidad en minoría y una oposición atravesada por tensiones que ya no logra ocultar.
En la Cámara baja, el oficialismo logró anudar 48 horas de triunfos parlamentarios. El miércoles, con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado había aprobado la reforma laboral, una iniciativa que transforma de manera profunda las relaciones del trabajo, como nunca antes desde 1983. Son victorias que se consiguieron con flexibilidad y pragmatismo, negociaciones abiertas y públicas y otras, reservadas y silenciosas.
En la Cámara alta, el oficialismo se mostró permeable a pedidos de gobernadores, empresarios y gremios. Así, ablandó el proyecto original para blindar una victoria. En Diputados hizo lo mismo: cedió el tope de 13 años que había propuesto al prinicipio y sumó un financimiento que, al principio, estaba ausente. Fueron concesiones “bilardistas” decididas desde lo más alto del poder libertario.
Ese clima de euforia quedó expuesto con los mensajes que publicó el presidente Milei en redes sociales. “Histórico” e “Histórico II”, posteó el jefe de Estado, apenas se aprobaron la reforma laboral, en el Senado, y la baja de la imputabilidad, en Diputados.
“En el Senado no íbamos a pedirle al peronismo algo que no podía dar. Votaron todos juntos y, en los artículos más complicados, teníamos los votos justos: con 38 nos alcanzaba. En Diputados es distinto, porque están todos peleados, no se ponen de acuerdo y hay un sector que está dispuesto a acompañar cosas lógicas”, explicó a Infobae una fuente del oficialismo.
Mientras el Gobierno muestra una consolidación interna, el peronismo es la contracara. Con la mesa política que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Luis Toto Caputo, Diego Santilli, el estratega Santiago Caputo, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, Milei consiguió unificar las negociaciones. Mientras tanto, en Unión por la Patria, afloran disidencias que pavimentan las victorias de La Libertad Avanza.
Un día largo en Diputados
La votación general de la reforma del régimen penal juvenil fue el primer test. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, todos estos últimos provenientes del kirchnerismo y sus aliados más cercanos. El Gobierno no solo superó con holgura el umbral necesario, sino que articuló una mayoría heterogénea que incluyó libertarios, macristas, radicales, bloques provinciales y sectores del peronismo no alineado. Milei consiguió que una parte relevante de la oposición respaldara una de sus banderas más sensibles.
El episodio más revelador, sin embargo, no quedó reflejado en las planillas oficiales. En la votación en particular del capítulo central del proyecto —el que fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años—, al menos seis diputados de Unión por la Patria identificados con el espacio de Sergio Massa levantaron la mano para respaldar al oficialismo. Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Diego Giuliano, Emir Félix, Guillermo Michel y Marina Salzmann formaron parte de ese grupo. Lo hicieron en público, pero sin un registro formal.
La explicación reside en una decisión táctica de Germán Martínez. Aprovechando su experiencia parlamentaria y conocimiento del reglamento, impulsó que esa votación se realizara a mano alzada. El recurso permitió diluir el impacto político del quiebre interno: sin voto nominal, sin listado oficial, sin evidencia documental directa. Fue una maniobra clásica de conducción legislativa, orientada a preservar una imagen de unidad en un momento de tensión.
La jugada funcionó parcialmente. En los papeles, el bloque se mantuvo ordenado. En los hechos, la fractura quedó expuesta en las imágenes y en las transcripciones taquigráficas. La división existió, aunque fue disimulada.
Ese episodio confirmó un proceso que venía desarrollándose en silencio. El sector vinculado a Sergio Massa decidió sostener, incluso en este contexto, una posición que forma parte de su identidad política desde hace más de una década. Ya en 2013, el entonces intendente de Tigre había impulsado una reforma para reducir la edad de imputabilidad, y desde entonces su espacio mantuvo una línea consistente en la materia. Por eso, el voto de Galmarini, Giuliano, Gutiérrez, Félix y Michel no representó una ruptura ni una provocación interna, sino la continuidad de una trayectoria política.
Fue, más bien, la reafirmación de una postura propia frente a una conducción parlamentaria que tiende a ordenar al bloque a partir de mayorías sin matices. El episodio no debe leerse como una confrontación con La Cámpora, sino como una diferencia de concepción sobre el funcionamiento interno del peronismo en el Congreso. Mientras la jefatura busca homogeneizar posiciones, otros sectores reclaman margen para sostener identidades políticas consolidadas.
Si en la imputabilidad la conducción logró disimular la tensión, en el acuerdo Unión Europea–Mercosur ya no hubo margen para administrar las diferencias. La votación fue nominal y expuso a cada diputado. El resultado fue todavía más contundente: más de 200 votos afirmativos. El oficialismo consiguió una mayoría transversal inédita.
El foco volvió a estar en Unión por la Patria. Cerca de cuarenta diputados votaron en contra. La enorme mayoría pertenecía al universo camporista y al kirchnerismo más ideológico. Máximo Kirchner, Lucía Cámpora, Paula Penacca, Itai Hagman, Juan Grabois, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Florencia Carignano, María Teresa García y otros dirigentes del núcleo duro encabezaron el rechazo.
Del otro lado, una mayoría peronista acompañó el acuerdo. Diputados de provincias productivas, dirigentes cercanos a gobernadores y sectores sindicales moderados privilegiaron una lectura económica y territorial por encima de la lógica identitaria. Argumentaron en función de exportaciones, mercados, empleo y desarrollo regional. El contraste fue evidente: mientras el camporismo se aferró a una posición doctrinaria, el peronismo del interior priorizó intereses concretos.
La Cámpora quedó en minoría.
En ese contexto, la figura de Germán Martínez quedó expuesta. El jefe del bloque había construido su liderazgo sobre una premisa central: sostener la unidad a cualquier costo. En la imputabilidad lo logró parcialmente. En Mercosur, fracasó. La fragmentación fue tan marcada que terminó votando a favor del acuerdo, no por convicción personal sino por necesidad política. Quedar del lado perdedor habría significado perder autoridad frente a su propia bancada.
El episodio profundizó los cuestionamientos internos. Martínez es respetado por su manejo del reglamento y capacidad de negociación, pero enfrenta un desgaste creciente. Sectores del bloque le reprochan dificultades para procesar conflictos, administrar tensiones y ordenar estrategias. Su voto afirmativo fue leído, incluso dentro del peronismo, como un gesto defensivo.
Las dos votaciones consolidaron un fenómeno que empieza a adquirir densidad propia: la emergencia de un peronismo no kirchnerista con peso parlamentario. Diputados de Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Tucumán y otras provincias acompañaron al Gobierno en Mercosur. Lo hicieron con argumentos vinculados a sus economías regionales y a las demandas de sus territorios. La lógica militante cedió espacio ante la lógica productiva.
Ese peronismo existe, tiene volumen y comienza a actuar como tal.
Uno de los casos más simbólicos fue el de Santiago Cafiero. Ex canciller y protagonista de las negociaciones con Europa, votó en contra del acuerdo que él mismo había impulsado durante su gestión. La contradicción fue evidente. En los pasillos, muchos la interpretaron como una subordinación a la lógica interna del kirchnerismo, aun a costa de desmentir su propio recorrido político.
Desde el oficialismo, el balance fue eufórico. Dos leyes clave, mayorías amplias, fragmentación opositora y proyección de poder. La sesión confirmó que el Gobierno logró construir un sistema de alianzas flexible y funcional. No se trata de una coalición formal, sino de una red de acuerdos tácticos que se activa proyecto por proyecto.
Desde la presidencia de Diputados y la Casa Rosada atribuyen los resultados, tanto en Diputados como en el Senado, a la consolidación de una mesa política estable, donde confluyen conducción parlamentaria, estrategia comunicacional y diseño legislativo. La estrategia ya había demostrado eficacia en diciembre, con la aprobación del Presupuesto. Ahora se consolidó.
Las victorias en Diputados se sumaron al éxito previo en el Senado, donde el Gobierno logró aprobar la reforma laboral. En menos de 48 horas, Milei consiguió dominar las dos cámaras en temas estructurales. Algo inusual para un presidente sin mayoría propia. El mensaje hacia los mercados, los actores económicos y los gobernadores fue inequívoco: el Gobierno puede gobernar.
Las últimas dos sesiones en el Congreso marcaron un punto de inflexión. Para el oficialismo, significa el ingreso a una etapa de mayor estabilidad política. Para el peronismo, implica el fin de una ficción: la unidad ya no existe como realidad operativa. Existen, en cambio, múltiples peronismos conviviendo en tensión. La Cámpora perdió centralidad. Los gobernadores juegan su propio partido. El massismo busca reposicionarse. Y la conducción parlamentaria navega en aguas cada vez más turbulentas.
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POLITICA
La reacción de Eduardo Feinmann a la actuación de Alberto Fernández en un programa de streaming
El canal de streaming Blender confirmó el regreso de Tomás Rebord a su pantalla para este lunes 9 de marzo a las 21:00 horas. El conductor retomará el horario central con su programa insignia, Hay Algo Ahí (HAA).
El anuncio se realizó a través de una pieza audiovisual que se viralizó rápidamente por su tono bizarro, marcando el inicio de una temporada 2026 donde la señal apuesta por consolidar su comunidad de seguidores con contenidos disruptivos y humor ácido.
El video promocional incluyó una participación que sorprendió a la audiencia: el expresidente Alberto Fernández apareció frente a cámara para susurrar la palabra “Rebord”, sellando la estética distópica de la pieza.
Frente a esta inesperada apareción, el periodista de A24, Eduardo Feinmann, reaccionó en vivo al video. “¡Actor!, la pu**. Saca la guitarra y empieza…”, comenzó diciendo Feinmann, mientras Pablo Rossi ironizaba: “Tiembla (Guillermo) Francella”.
Solo el tráiler de la vuelta de HAA podía dejar a FEINMANN sin palabras. pic.twitter.com/51aNLLvzgR
— Hay Algo Ahí (@estoeshaa) March 6, 2026
Mientras que algunos de los integrantes del staff dudaban de la veracidad del material, el periodista Manuel Jove (quien mantiene una amistad con Tomás Rebord y es parte del programa) aseguró “de primera mano” que no se trataba de un video hecho con IA.
Cuando Rossi aseguró que el expresidente no debe haber cobrado por su participación, Feinmann sentenció: “Si está al pedo y está esperando ir a la cárcel“. Finalmente sugirió que podría actuar en la próxima temporada de “En el Barro”.
La trama del sketch muestra a la productora Lucía Iacono y al integrante del ciclo Juan Ruffo inmersos en una “infección” visual donde todos los elementos del entorno se transforman en la imagen del conductor. Según la producción, este golpe de efecto busca demostrar que “la barrera entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas ya no existe”.
Para el equipo de Hay Algo Ahí, la inclusión de figuras de la política nacional en sketches de streaming es el recurso necesario para avisar que “el espíritu de provocación siguió intacto” a pesar de los cambios internos en la estructura de la empresa.
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POLITICA
Con nuevos artilugios y un recurso ante la Corte, los mapuches quieren evitar un desalojo en Villa la Angostura
Para los angosturenses, Paicil Antriao es sinónimo de conflictos y usurpaciones. Es la comunidad mapuche que protagoniza numerosos conflictos territoriales en Villa la Angostura, provincia de Neuquén, y forma parte de diversos expedientes judiciales, algunos de los cuales tienen sentencia firme para el desalojo de tierras que ocupó.
Uno de esos conflictos lo tiene con el municipio de Villa la Angostura, que busca recuperar el control de un camping estatal que tuvo como administrador a un integrante de la Paicil Antriao. Cuando expiró el contrato de locación, se atrincheró en el espacio y adujo que sus ancestros eran los titulares de las tierras donde se ubica, en la costa del lago Correntoso.
El municipio se constituyó en querellante para recuperar el control, aunque tras 10 años de litigio, aún no lo consigue.
La comunidad mapuche elevó innumerables recursos para seguir en el camping, aunque la mayoría de las presentaciones tuvieron fallos adversos. Incluso rige una orden de desalojo con sentencia firme que podría derivar en la expulsión de los intrusos.
La defensa de la comunidad elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que avaló el regreso del expediente al juzgado que ordenó el desalojo, luego de transitar por despachos de otros juzgados neuquinos.
El conflicto tiene más de una década y al menos una sentencia firme que ordena la restitución de las tierras al ejecutivo angosturense. La Justicia neuquina rechazó el pedido de elevación de un recurso extraordinario a la Corte Suprema, razón por la que la defensa mapuche acudió en queja al máximo tribunal del país.
“No es otra cosa que una maniobra para dilatar el desalojo. Así estamos desde hace 10 años, con idas y vueltas, recorriendo despachos y acumulando sentencias que coinciden en que las tierras son del municipio, y que los mapuches deben retirarse” dijeron fuentes del municipio local a Infobae.
Por otro lado, Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche, explicó que “el recurso extraordinario lo desecharon formalmente y eso me obligó a ir en queja ante la Corte, que ya está circulando, está en la vocalía N°1”, explicó.
El letrado reconoció que el proceso “lleva tiempo” y coincidió en ese punto con lo afirmado por funcionarios locales: “Buscan ganar tiempo, aunque el recurso no debería modificar la orden firme de desalojo”.
Requisitos para la ejecución de la medida
El gobierno local debería contar con el acompañamiento de la Policía de Neuquén, lo que resulta “un escollo” para poder hacerlo. “Apelamos a que la comunidad se retire por voluntad propia, sabemos que difícilmente el ejecutivo provincial ponga a disposición a la Policía para llevarlo a cabo” dijeron desde el edificio comunal.
El gobierno neuquino, en los últimos meses, desoyó los desalojos que decidió la Justicia en otros conflictos y apeló a “mecanismos de diálogo”. “El ejecutivo provincial no quiere exponer a la Policía, porque sabe que no van a ser desalojos pacíficos, y no quiere pagar ningún costo” dijeron a este medio fuentes del gabinete local, quienes incluso cuestionaron “los mecanismos de diálogo que propuso: siempre favorecieron a los usurpadores”.
Mientras tanto, el municipio de Villa la Angostura buscó alternativas para que la comunidad Paicil Antriao administre el camping que debe abandonar, como supuesto “pacto de paz”. Sin embargo, durante el proceso, el mismo ejecutivo clausuró el predio en reiteradas ocasiones por irregularidades comerciales. Desafiantes, los mapuches retiraron las fajas y siguieron explotando comercialmente el sitio.
POLITICA
Antes de renunciar a la IGJ, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar otros negocios de la AFA
Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.
El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.
La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.
El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.
La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.
Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.
La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.
Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.
La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.
En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.
La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga
Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.
Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.
En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.
Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.
De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.
Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés
El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.
La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.
Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.
La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.
El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.
El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo
Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.
La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.
En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.
La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.
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