POLITICA
La UCR bonaerense apura una salida electoral con más dudas que certezas

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, sumida en una profunda crisis interna y sin conducción clara desde hace siete meses, acelera una salida electoral entre negociaciones con sectores tan dispares como el kirchnerismo y la ultraderecha, mientras intenta evitar la disgregación definitiva.
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Tras la constitución de autoridades de contingencia, la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense apura los tiempos y quiere recuperar el terreno perdido a raíz de una interna que lo dejó prácticamente en agonía durante aproximadamente siete meses, desde la irresuelta interna partidaria realizada en octubre. En este contexto, se dio un escenario de atomización entre esos distintos sectores que parecen apuntados hacia disímiles frentes políticos que van desde la ultraderecha hasta incluso sectores del propio kirchnerismo.
No fue el partido como estructura, sino muchas corrientes internas que lo componen, las que sí estuvieron activas, explorando opciones, sondeando en distintos lugares para la posibilidad de hacer algún armado electoral o político.
En una suerte de experimento de alianza con la ultraderecha en cuotas o gradualista, el expresidente del comité provincia, Maximiliano Abad, ensayó algunas puestas en escena con dirigentes del Pro como dando a pensar en un «Cambiemos ampliado» en el día de mañana con los libertarios o, al menos, con el sector de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza.
Cabe recordar que Abad -ahora sin poder en el partido a nivel provincial-, quedó con muchas inquietudes insatisfechas. Entre ellas están la de poder acomodar a corregionarios de sus líneas en organismos de la oposición, cuestión que lo llevó hasta promover alianzas impensadas con agrupaciones como La Cámpora, para ver si presionaba, de esa manera, a Axel Kicillof para que esté conceda esos pedidos.
Otro escenario se plantea a partir de ciertos contactos que algún sector del radicalismo como la Corriente de Opinión que tuvo con el gobernador Axel Kicillof. Una foto ocasional disparó más de un comentario entre distintos sectores internos en un encuentro casual realizado entre el exdiputado nacional Federico Storani y el propio mandatario bonaerense en una confitería cercana a la gobernación.
Si bien durante ese encuentro no se habló de frentes o de armados electorales, se avanzó en el análisis de la realidad electoral y esto despertó más de una suspicacia. Quedó instalada una señal de que juntarse con sectores del kirchnerismo para un armado para enfrentar a los libertarios podría ser una opción.
Otra opción, si bien externa, es la que se está gestando por fuera de las tranqueras partidarias con un frente antigrieta que están armando los hermanos Facundo y Gastón Manes. En ese sentido, están acercándose a peronistas no kirchneristas y distintos representantes de agrupaciones políticas moderadas o del socialismo no kirchnerista. Este experimento político quedó presentado en sociedad en el Delta del Tigre el miércoles pasado.
Así las cosas, lo que hay que ver es cuánto tiene Facundo Manes para rescatar desde adentro del partido, como es el caso de algunos intendentes que se le están acercando. Muchos ya lo están haciendo, como es el caso de los jefes comunales de Ameghino, Nahuel Mittelbach, y de Lincoln, Salvador Serenal, como los primeros que apuestan por esta salida electoral.
En el mismo sentido, habrá que ver cómo reaccionaría en los próximos días el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, y el titular de la bancada radical más cercana al frente Futuro, que está comandada por el diputado también tandilense Matías Civale.
Y hay quienes aventuran una cuarta opción, que es la de hacer una suerte de » libertad de acción», tanto a nivel del partido provincial, como sobre todo en los distritos, donde son los intendentes los que conocen la realidad local. Y saben si un electorado se va a encaminar más hacia una oferta extremadamente antiperonista o extremadamente antilibertaria, como puede ser el caso del Gran Buenos Aires.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
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POLITICA
El Gobierno blindó el veto a la suba de las jubilaciones, pero tuvo que ceder con la Emergencia en Discapacidad, el caso Libra y los fondos a las provincias

La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada de alta tensión en la que el presidente Javier Milei logró mantener su veto al aumento del 7,2% de jubilaciones, pero fue derrotado en la ley de emergencia en discapacidad, perdió influencia en la comisión investigadora del caso Libra y la oposición avanzó con la aprobación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La sesión mostró un Congreso activo, fragmentado y con capacidad de desafiar al Ejecutivo, mientras se consolidan tensiones internas en el oficialismo.
Leé también: El Gobierno denunciará al juez que anuló el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad: “Se extralimitó”
El Gobierno consiguió sostener el veto presidencial al aumento jubilatorio, con 83 votos en contra, 160 a favor de insistir con la ley y seis abstenciones. Esta victoria parcial protege su plan fiscal, aunque con un margen estrecho frente a la oposición.
En contraste, la ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por 172 votos a favor y 73 en contra, más 2 abstenciones, marcando una derrota significativa para Milei. La sorpresa la dieron dos diputados libertarios que se sumaron a la oposición, revelando fisuras dentro de La Libertad Avanza.
Sin embargo, como anticipó TN, la Casa Rosada anunció que denunciará al juez Adrián González Charvay ante el Consejo de la Magistratura y apelará el fallo que declaró nulo el veto ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. El Ejecutivo sostiene que el magistrado “se extralimitó en sus funciones” y estudia recurrir a la Corte Suprema o al fuero Contencioso Administrativo para frenar la aplicación de la ley.
ATN y control de la comisión Libra
La oposición también logró convertir en ley la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según la coparticipación, con 149 votos a favor y 90 en contra, fortaleciendo la influencia política de los gobernadores y los bloques opositores frente al Ejecutivo.
En paralelo, la oposición logró aprobar la resolución que le permite tomar el control de la comisión investigadora del caso Libra, destrabando meses de parálisis. La comisión tiene plazo hasta el 10 de noviembre para presentar su informe sobre las operaciones de criptoactivos que habrían dejado a miles de inversores damnificados, involucrando al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y diversos intermediarios.
Un Congreso que marca agenda y tensa la relación con el Ejecutivo
La jornada evidenció un Parlamento activo y fragmentado: Milei logró mantener el veto en las jubilaciones, pero perdió terreno en materia social, en la investigación de Libra y en la aprobación de los ATN.
Leé también: Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios donde denuncia corrupción
La oposición capitalizó las divisiones internas del oficialismo y demostró su capacidad de marcar agenda y controlar temas clave.
Gobernadores salvan a Milei y el veto a las jubilaciones con maniobras de último minuto
La sesión también mostró cómo los gobernadores jugaron un papel determinante para que el Ejecutivo pudiera mantener el veto al incremento del 7,2% en las jubilaciones y al bono excepcional. Mientras la oposición buscaba aprobar la mejora en los haberes previsionales, las gestiones provinciales modificaron votos y aseguraron el respaldo necesario al Gobierno.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó que para habilitar el debate sobre el veto se necesitaba la mayoría especial de dos tercios de los diputados presentes, cifra que finalmente se alcanzó con 159 votos a favor, 75 en contra y cuatro abstenciones.
Sin embargo, a medida que avanzaba la discusión, los mandatarios provinciales intervinieron coordinando instrucciones a sus legisladores: Mendoza, Entre Ríos y Santa Cruz reforzaron la posición oficialista, mientras que Misiones y algunas diputadas del PRO optaron por abstenerse.
El resultado final consolidó el veto presidencial, con 160 votos a favor, 83 en contra y seis abstenciones, garantizando que no se produjera un aumento inmediato en los haberes previsionales.
Durante el debate, se registraron fuertes cruces verbales: diputados opositores cuestionaron los cambios de postura de algunos legisladores y la influencia de los gobernadores, mientras que el jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, explicó que su propuesta de votar el proyecto por partes habría permitido un aumento parcial, pero la moción fue rechazada.
Cámara de Diputados, Jubilaciones, Libra, Discapacidad
POLITICA
Qué dijo la senadora Carmen Álvarez Rivero sobre los niños que se atienden en el Garrahan

Una polémica estalló en el Congreso tras las declaraciones de la senadora Carmen Álvarez Rivero. La legisladora del Pro por Córdoba cuestionó el sistema de atención del Hospital Garrahan durante una reunión de comisiones que debatía la emergencia sanitaria pediátrica.
Durante su intervención en el Salón Illia del Senado, la legisladora cordobesa expuso su postura sobre la atención sanitaria en el país. En ese marco, realizó la afirmación que provocó el rechazo generalizado. Álvarez Rivero dijo textualmente: “no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.
La senadora fundamentó su posición en la idea de que la salud es una competencia provincial. Cuestionó la centralidad del Garrahan y la financiación federal. “La frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”, expresó.
Advirtió también sobre el impacto económico que la atención de pacientes de otras jurisdicciones genera en su provincia. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, detalló.
Luego solicitó una compensación financiera. “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”, manifestó.
Las afirmaciones de Álvarez Rivero recibieron una respuesta inmediata de legisladores de diferentes bloques políticos. La primera en contestar fue la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, del Frente Nacional y Popular. “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”, replicó.
Guadalupe Tagliaferri, senadora del Pro por la Capital, también intervino. Recordó el marco legal vigente que protege el derecho a la salud. “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado”, sostuvo. Tagliaferri también citó la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que posee rango constitucional en la Argentina. Explicó que uno de sus principios es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud.
El senador Martín Lousteau, de la UCR, fue el más duro en su crítica. Calificó los dichos de su par como una expresión de una mentalidad injusta. “Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona. Me parece de un nivel de violencia inusitado”, opinó Lousteau.
Frente al repudio que generaron sus palabras, la senadora cordobesa intentó aclarar su postura. Afirmó que sus dichos fueron malinterpretados. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró.
Luego, reiteró su argumento principal sobre la distribución de recursos y la competencia provincial. “No podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”, completó.
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POLITICA
Cumbre secreta en Casa Rosada: el “Triángulo Político” de Milei se reunió de noche y tomó definiciones clave

Ayer por la noche, en un lapso no mayor a una hora, terminaron por desembocarse tres sucesos centrales para la agenda política del Gobierno. Trascendió el desplazamiento de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); la detención de Ariel García Furfaro y directivos del laboratorio HLB Pharma; y el bloqueo a la iniciativa opositora para voltear el veto de Javier Milei a los aumentos jubilatorios. Los audios de las presuntas coimas, el fentanilo contaminado y la ardua sesión de Diputados; configuraron una jornada frenética para la plana mayor de la Casa Rosada.
En ese mismo edificio se daría, minutos después de esa votación legislativa, una reunión reservada y sin previo aviso entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Los tres configuran el triángulo de funcionarios políticos de mayor confianza del Presidente, que en ese momento ya estaba en la Quinta de Olivos. Tampoco era necesaria su presencia, ya que suele delegarles la coordinación de los asuntos más relevantes de la gestión.
La reunión se dio en las oficinas de la planta baja de la Jefatura de Gabinete, inició pasadas las 20 y duró cerca de una hora. Los referentes libertarios comieron chipa (un acompañamiento que suele ser habitué en estos convites) y hablaron de los temas más sensibles de la agenda que ocupaban la plana mayor de los medios nacionales.
El secretismo suele ser una marca registrada de este tipo de encuentros, pero no tardó mucho en revelarse cuál había sido uno de los objetivos de la conversación: minutos después de la medianoche, la cuenta institucional de la Vocería Presidencial hizo la primera comunicación oficial de una entidad del Estado sobre los audios que esgrimen presuntas coimas de parte de funcionarios nacionales. En la publicación se aludió a que este episodio fue utilizado políticamente por la oposición para ganar rédito electoral, pero indicó que se había decidido la remoción de Spagnuolo.
“El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, agregó la cuenta institucional. Ambas decisiones ya estaban redactadas y listas para ser publicadas en el Boletín Oficial de este jueves.
La intervención de la ANDIS es una nueva atribución que tomará el máximo responsable sanitario, que no se irá de la gestión. Milei tampoco prevé pedirle su renuncia: se trata de una persona de extrema cercanía del asesor presidencial, además del mayor técnico en cuestiones sanitarias de la administración libertaria. Ante todo, el Presidente espera de Lugones los lineamientos para una amplia reforma del sistema de salud, la cual no está prevista para el próximo período legislativo, pero sí para más adelante.
Lugones ya había estado reunido con Santiago Caputo horas antes. Es probable que en ese encuentro se hayan terminado de materializar algunos aspectos clave de las medidas anunciadas esta madrugada. El ministro había visitado a Francos el lunes; pero hasta entonces no había estallado la revelación de los audios de Spagnuolo. Desde el momento que se hicieron públicos, la decisión política de qué hacer en el Ministerio de Salud dejó de estar en manos de Lugones, sino al arbitrio del “Triángulo Político” de Milei, que cortó las comunicaciones informales con la prensa y se limitó a diseñar la gestión de crisis del caso.
Tanto la renuncia de Lugones como la de la intervención de la ANDIS ya estaban prácticamente determinadas al momento de la reunión de Karina, Francos y Caputo. Hacia el comienzo de la jornada, en la cúpula del Gabinete estaba la opinión mayoritaria que Spagnuolo no podía seguir un solo día más en la gestión nacional. No hay novedades de qué reestructuraciones puede suponer la intervención en la Agencia, tampoco quién puede ser el nuevo Director Ejecutivo.
El primero en irse del encuentro fue Francos, que se lo divisó caminando por el Salón de los Bustos alrededor de las 21:30. Otros altos funcionarios -como Eduardo “Lule” Menem- emprendieron retirada cerca de las 23. Los equipos de Francos y el de Caputo siguieron trabajando juntos pese a haber terminado la cumbre del Triángulo. Durante ese plazo habían ajustado la comunicación de la Vocería y continuaban monitoreando la maratónica sesión de Diputados, aunque los dos vetos que le importaban al Gobierno ya habían sido votados.
Ambos equipos ya habían aunado esfuerzos horas antes para trabajar en la ratificación del veto a los incrementos jubilatorios. Estas gestiones -que constaron en contactos con ciertos diputados y gobernadores que ofician de aliados ocasionales- se activaron al ver que el veto de la Emergencia de Discapacidad había sido volteado por la oposición.
“Si lo de jubilados no se frenaba, la masacre pintaba para seguir; por eso trabajamos juntos”, contaron desde un sector de la Casa Rosada. La cuestión era política, pero también económica. Según datos de la consultora Empiria, el costo fiscal de discapacidad para 2026 es de 0,1% del PIB, mientras que para la ley jubilatoria era de 1,2%.
En el Ejecutivo hay preocupación por la avanzada de la oposición en el Congreso. “Estamos como un boxeador que sube la guardia esperando a que lo muelan a piñas”, graficó un funcionario. Y es que mañana el Senado prevé sesionar para tratar los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría y el volteo de los decretos desreguladores de Vialidad Nacional, la Marina Mercante, el INTA y el INTI, entre otros más.
Aquello resulta anecdótico en relación al panorama mediático que se espera para las próximas jornadas. Mientras tanto, se supone que ya debería estar planificándose el inicio de la campaña electoral nacional. Pareciera que ese asunto fue dejado de lado solo por este miércoles.
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