POLITICA
La UCR implosionó en el cierre de listas y sus referentes se enfrentarán en la ciudad y la provincia
El cierre de listas para los comicios nacionales del 26 de octubre profundizó las diferencias internas en la Unión Cívica Radical y generó a una implosión del partido en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En territorio porteño, las negociaciones por la definición de candidaturas sellaron el divorcio definitivo entre Facundo Manes y Martín Lousteau, titular del partido nacional y dirigente de Evolución. En la provincia, la corriente que responde a Lousteau también rompió con la conducción del radicalismo bonaerense.
La presentación de alianzas del pasado 7 de agosto ya había dejado en evidencia la dificultad del radicalismo para acordar una estrategia común para todo el territorio nacional: mientras en tres provincias se presentarán en conjunto con La Libertad Avanza, en la mayoría de los distritos había decidido integrar coaliciones de centro, alejadas tanto del oficialismo nacional como del kirchnerismo. Este era el caso de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde, este fin de semana, el cierre de listas reveló nuevas fracturas internas.
En la Capital Federal −donde están en juego tres bancas del Senado y 13 en diputados−, la UCR se presentará bajo el sello Ciudadanos Unidos, una reversión de la propuesta federal Provincias Unidas, impulsada por cinco gobernadores y el exmandatario de Córdoba, Juan Schiaretti. La lista para la Cámara baja estará encabezada por Lousteau y, según estaba previsto inicialmente, Manes haría lo propio en la nómina para la Cámara alta.
El cierre de listas de este domingo, sin embargo, tuvo otro desenlace. El desembarco del neurocientífico en la ciudad no estuvo exento de cuestionamientos y resistencias que llevaron a una ruptura de aquella dupla original. Por eso, en los comicios del 26 de octubre, Manes se presentará de manera autónoma con “Para Adelante”, el espacio que fundó a fines de mayo cuando decidió alejarse de la UCR. Ahora, ese distanciamiento −que parecía haberse saldado con la confluencia en un mismo armado electoral− volvió al primer plano.
Con la salida del neurocientífico, Graciela Ocaña, legisladora porteña de Confianza Pública, lidera la nómina para senadores nacionales de Ciudadanos Unidos. Estará acompañada por el presidente de la UCR porteña, Martín Ocampo.
Originalmente, la abogada iba a competir de la mano de la Coalición Cívica que, tras la ruptura de Hagamos Futuro, apostó por una lista independiente, encabezada en la pelea por el Senado por Marcela Campagnoli y Claudio Cingolani, presidente del partido de Elisa Carrió en la ciudad.
En la provincia de Buenos Aires, las negociaciones por las candidaturas nacionales también llevaron a una fractura en el corazón del espacio centenario. La ruptura es un reflejo de la interna que ya había sacudido al radicalismo durante la renovación de autoridades partidarias.
En las elecciones internas de octubre de 2024, Miguel Fernández, candidato impulsado por Maximiliano Abad, se impuso ante Pablo Domenichini, el dirigente promovido por Lousteau y Manes. A pesar de su enfrentamiento, ambos postulantes confluyeron en Somos Buenos Aires, la alianza de centro que buscará consolidarse como la tercera vía en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.
Lo curioso de aquel cierre local fue que, pese a la participación de su aliado en la coalición, Abad había decidido enfocarse únicamente en Mar del Plata y jugar por separado en el incipiente armado Nuevos Aires.
Aquella tregua entre las dos facciones del radicalismo terminó de derrumbarse a principios de mes, con la presentación de alianzas para la contienda nacional, luego de que Fernández se negara a firmar la adhesión a Provincias Unidas, la alianza de la que forma parte Evolución. En la conducción de la filial bonaerense de la UCR se negaban a acompañar una lista liderada por un peronista como Randazzo.
Por eso, en los comicios del 26 de octubre, los sectores que responden a Miguel Fernández acompañarán la lista de la Coalición Cívica (a la que enfrentan en la ciudad) que llevará al diputado Juan Manuel López como primer candidato. De hecho, el “lilito” estará secundado por Elsa Llenderrozas, vicepresidenta de la UCR bonaerense.
Se enfrentarán en las urnas a la lista de Provincias Unidas, que -además de reunir a peronistas disidentes, el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido del Diálogo de Emilio Monzó- lleva en cuarto lugar a una dirigente radical de Evolución: Danya Tavela.
“Con enorme orgullo asumo la candidatura a diputada nacional por Provincias Unidas. Junto a una gran lista de candidatos con experiencia y compromiso, vamos a representar a quienes creen en una Argentina con educación pública, desarrollo y respeto institucional”, expresó la legisladora en redes sociales. Su postulación terminó de dejar expuesta una herida interna que parecía haber comenzado a sanar.
cierre de listas,dificultad del radicalismo para acordar una estrategia común,en conjunto con La Libertad Avanza,propuesta federal Provincias Unidas,pic.twitter.com/JRwsX1oOrk,August 18, 2025,ruptura de Hagamos Futuro,@gracielaocana,pic.twitter.com/lQg04sM1ue,August 18, 2025,confluyeron en Somos Buenos Aires,se negaban a acompañar una lista liderada por un peronista,https://t.co/mKfnW2vvok,August 18, 2025,UCR,Facundo Manes,Martín Lousteau,Conforme a,UCR,,Sorpresa en Córdoba. Los libertarios ponen al empresario Gonzalo Roca para competir contra Juan Schiaretti en octubre,,»No a cualquier precio». El radical De Loredo se baja de la candidatura,,Incertidumbre. El radical De Loredo depende de la decisión de Karina Milei para ser candidato
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron este martes un acuerdo histórico mediante el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se compromete a saldar una deuda de más de 48 mil millones de pesos con la caja previsional de la provincia. El entendimiento, concretado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pone fin a una disputa de años que impactaba en la sustentabilidad del sistema previsional local.
La firma del convenio se desarrolló en la sede del Ministerio de Capital Humano y sella el compromiso del Estado nacional de transferir los fondos adeudados a Chubut en concepto de financiamiento previsional. La resolución de este conflicto fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el gobierno provincial, sumadas a la demanda presentada por Chubut ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago de la deuda.
El acuerdo implica un reconocimiento formal de la obligación nacional de financiar la caja previsional chubutense, luego de años de reclamos desoídos por gestiones anteriores.
“Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía por los gobiernos anteriores”, sostuvo Torres tras la rúbrica. El mandatario remarcó que la provincia asume desde el primer día la responsabilidad de exigir el cumplimiento de los compromisos nacionales en defensa de los derechos de los jubilados.
El origen de la deuda se remonta a la falta de transferencia de fondos que la Nación debe girar en concepto de financiamiento previsional a las provincias que, como Chubut, no transfirieron su caja al régimen nacional. El monto total, superior a los 48 mil millones de pesos, había sido motivo de reiterados reclamos institucionales y judiciales por parte del gobierno chubutense y de los propios jubilados, quienes advirtieron sobre el impacto negativo del déficit en la calidad y continuidad de las prestaciones.
Según los términos del acuerdo, la ANSES transferirá los fondos en plazos y condiciones que garanticen la regularización de la situación financiera de la caja previsional chubutense. El cumplimiento efectivo de este compromiso permitirá a la provincia mejorar la capacidad de pago de haberes y asegurar la sustentabilidad del sistema a mediano plazo.
Torres destacó que la resolución es el fruto de un “trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”.
“Nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”, resaltó.
El gobernador subrayó la importancia de haber sostenido el reclamo y de haber articulado con los centros de jubilados y otras entidades sociales para visibilizar la problemática. “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”, afirmó.
En el plano judicial, la presentación de la demanda ante la Corte Suprema fue un punto de inflexión en la estrategia provincial, ya que visibilizó la magnitud del conflicto y sumó presión institucional sobre el Estado nacional para avanzar en una solución negociada. El acuerdo firmado constituye una respuesta concreta a ese reclamo histórico y marca un precedente para otras jurisdicciones que enfrentan situaciones similares con la ANSES.
La regularización de la deuda previsional entre Nación y Chubut tiene impacto directo en la sustentabilidad fiscal de la provincia y fortalece el federalismo fiscal, al reconocer la autonomía y las obligaciones recíprocas entre los distintos niveles de gobierno.
La recuperación de los fondos permitirá a Chubut cumplir con sus obligaciones y planificar una gestión previsional basada en la previsibilidad, la equidad y el respeto por los derechos de los jubilados. La resolución del conflicto también sienta un precedente para el abordaje de otras deudas históricas de Nación con las provincias y refuerza la importancia del diálogo institucional y la defensa de los intereses locales en el marco del federalismo argentino.
Los cambios electorales se perfilan para ser los temas de mayor polémica en la provincia de Buenos Aires. En las filas opositoras al gobernador Axel Kicillof abundan los intentos por avanzar con la boleta única en la provincia, en línea con la modalidad que se utilizó a nivel nacional en 2025.
En la última semana, esos intentos se vieron reforzados por nuevas iniciativas que también buscan darle carácter optativo a las PASO.
La UCR activó un plan para generar las condiciones para que se debata la puesta en marcha de la boleta única de papel. Lo hizo con el senador nacional Maximiliano Abad a la cabeza, en una reunión de la que participaron los legisladores provinciales Diego Garciarena (diputado) y Nerina Neumann (senadora), el miércoles pasado. En la Cámara de Diputados, el bloque de Garciarena tiene tres miembros; Neumann tiene un monobloque en el Senado.
Abad consideró que “es imperioso avanzar hacia la boleta única de papel”, a la que consideró “una herramienta que no solo simplifica el acto de votar, sino que termina con prácticas obsoletas, garantiza que toda la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro y genera un ahorro de recursos financieros y logísticos”.
Según adelantó Garciarena, impulsarán “jornadas de trabajo con todos los bloques legislativos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil” para conseguir “una reforma sólida, bien pensada y con legitimidad política”.
La campaña que puso en marcha el sector del radicalismo bonaerense se suma a otras iniciativas por la boleta única de papel. La Libertad Avanza presentó un proyecto a fines del año pasado, en el Senado provincial; Nuevos Aires, un bloque que estuvo alineado con Javier Milei pero abandonó el oficialismo nacional, hizo lo propio en la Cámara de Diputados.
Pro también tiene proyectos presentados en ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires.
La última semana, la Coalición Cívica hizo su aporte al movimiento por los cambios electorales en la provincia de Buenos Aires con un proyecto para que las PASO sean optativas. Según esa iniciativa, la participación de la ciudadanía sería opcional y los partidos que tengan lista única no participarán de las PASO. “La iniciativa no implica la supresión del sistema de elecciones primarias sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado, eliminando la obligatoriedad de la participación ciudadana”, indicó Andrés De Leo, jefe del bloque de la CC (es una bancada de tres integrantes, que integran también Romina Braga y Luciano Bugallo).
El lunes pasado, en una conferencia de prensa que brindó para referirse al fallo que anuló la condena contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, Kicillof responsabilizó al gobierno nacional por la posibilidad de que se modifiquen las reglas del juego en las urnas.
“Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 25, que el gobierno nacional planteó que quiere hacer una fuerte reforma electoral, que, según algunos, tiene elementos que afectarían a las provincias, con lo cual estamos en el mismo problema de antes”, dijo Kicillof.
“Es una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional”, consideró el gobernador. “Estamos atentos, estamos viendo y estamos discutiendo internamente en las fuerzas políticas; hay una discusión, cuyo origen y desenlace tiene mucho que ver con lo que resuelva Nación”, concluyó.
En la Cámara de Diputados, los proyectos de modificación electoral deberían tratarse en comisiones como las de Reforma Política y del Estado; Asuntos Constitucionales, y Legislación General. La Cámara solo realizó, hasta ahora, una sesión de homenaje por los 50 años del estallido del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la semana pasada, y una sesión extraordinaria, en febrero.
La integración de las comisiones de la Cámara de Diputados provincial no está definida, aún restan acuerdos entre los bloques para repartir esos lugares de poder. Según pudo saber de una calificada fuente legislativa bonaerense, La Cámpora se quedaría, al menos, con la presidencia de la de Reforma Política. El cristinismo y el kicillofismo son contrarios a la posibilidad de establecer la boleta única de papel en territorio provincial.
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POLITICA
Kicillof denunció ante la Corte Suprema el recorte de fondos de Nación: es la octava presentación
La Provincia de Buenos Aires presentó una nueva demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, reclamando más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023. Se trata de la octava demanda contra la administración de Javier Milei en casi tres años, con el objetivo de recuperar recursos fiscales que la provincia considera legítimos y exigir el cumplimiento de los acuerdos federales.
El último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
La motivación central del litigio radica en que el Gobierno modificó unilateralmente el mecanismo de actualización: en vez de aplicar la inflación real (IPC), utilizó estimaciones presupuestarias, lo cual —según Buenos Aires— provocó una pérdida sustancial de fondos.
La estrategia judicial estuvo a cargo del Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
El expediente está respaldado por informes de la Comisión Federal de Impuestos y la normativa vigente, que fija la obligatoriedad de los acuerdos interjurisdiccionales y prohíbe su modificación o incumplimiento unilateral por parte de la Nación.
La demanda presentada esta semana se suma a las siete restantes. Todas relacionadas con recortes o diferimientos en fondos nacionales: el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento para bosques nativos, la potestad para gravar servicios de gas y los fondos de Anses destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) por no tener las cajas previsionales transferidas y que por ley la Nación debe robustecer. A excepción de este último, en la mayoría no hubo señales mayores. Sin embargo, hay cierta expectativa con el reclamo de fondos jubilatorios.
El máximo tribunal convocó a una primera audiencia con las partes semanas atrás y ahora habrá otro encuentro el próximo 21 de abril. “Al Gobierno nacional se le pidieron, los elementos que sustentaran su posición” -de dejar de transferir los fondos- y empezaron a dar vueltas; con lo cual lo que pidió la Corte Suprema es una nueva audiencia, que sería un intento de conciliación entre Nación y Provincia con respecto al reclamo de ANSES, que totaliza aproximadamente $2,2 billones de pesos que se le debe a la provincia de Buenos Aires», detalló Kicillof al ser consultado sobre la demanda en cuestión.
“Cuando hicimos la primera audiencia fue el responsable de ANSES y al día siguiente lo echan”, recordó el mandatario este lunes en conferencia de prensa. Hacía referencia a la renuncia de Fernando Bearzi, quien dejó su cargo como Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 17 de marzo. Bearzi había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. “No sé si habrá tenido que ver su presencia”, se preguntó el mandatario bonaerense.
Mensaje a los intendentes
El ejecutivo bonaerense también vio en este reclamo por los fondos jubilatorios la posibilidad de capitalizarlo políticamente. La semana pasada el gobernador convocó a los 135 intendentes a un encuentro en La Plata. Allí, desde el Salón Dorado de la gobernación bonaerense, intentó contener la demanda financiera de los municipios que, producto de la caída en la recaudación, sufrieron una merma en los fondos coparticipables que envía la Provincia. Un diagnóstico complejo al que también se le suma el último aumento en combustible, que tiene un fuerte impacto en las intendencias.
Kicillof prometió que si el Ejecutivo bonaerense consigue recuperar parte de los fondos adeudados de parte de la Nación, coparticipará con las intendencias el 16% del total. Según la Provincia, la deuda por fondos asciende a $14,7 billones. Un número que asciende a $22,2 billones si se suma la paralización de obras. Lo prometido por el gobernador fue un leve aliciente para las finanzas locales que están por demás contraídas . “Esto es saludable, porque en tiempos de vacas flacas, todo fondo es bienvenido”, planteó, por ejemplo, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, en declaraciones a Radio Provincia.
A cambio, el mandatario solicitó acciones en los distintos concejos deliberantes. Pidió a los jefes comunales que generen ordenanzas donde se adhiera al Fondo de Recupero, que fue creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Es decir que los municipios que ingresen a ese fondo, al que podrían transferirse los fondos adeudados, deberán explicitarlo mediante normativa propia.
Sin embargo, en el Ejecutivo provincial aseguraron que no convocarán a una movilización para el próximo 21 de abril como sugerieron algunos intendentes como muestra de acompañamiento a la posición de la provincia de Buenos Aires. Sí está previsto que a ese encuentro concurra el propio gobernador bonaerense.
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