POLITICA
La UCR presentó un proyecto en Diputados para regular la eutanasia en la Argentina

El radical Lisandro Nieri, acompañado por el resto de la bancada de la UCR en Diputados, presentó una iniciativa para regular la eutanasia en Argentina, que formará parte del temario legislativo 2026.
El proyecto busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles. El objetivo es asegurar que esta decisión se ejerza en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento.
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Contempla expresamente las garantías como la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento, el consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral por parte del sistema de salud público y privado. También prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica, otorgando seguridad jurídica a los profesionales de la salud.
En su artículo octavo considera que “las personas mayores de dieciséis años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley”.
El proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
La norma presentada por la UCR modifica el Código Penal que, otorga seguridad jurídica a los profesionales, estableciendo en su artículo 83: “No es delito la ayuda al suicidio ni la muerte causada como consecuencia de la realización de prácticas eutanásicas o de muerte asistida, que cuente con el consentimiento libre e informado del paciente que esté sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico y limitante, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido por la ley que regula la interrupción de la vida”
Establece además la sanción con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la autoridad del establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilate injustificadamente, obstaculice o se niegue a realizar la interrupción de la vida en los casos legalmente autorizados.
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“La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios. Queremos dar certeza a los profesionales de la salud y a las familias, estableciendo procedimientos claros, transparentes y supervisados por comisiones médicas”, explicó el diputado radical por Mendoza.
La jurisprudencia argentina también ha avanzado en esta dirección, reconociendo el derecho a la autodeterminación sanitaria y la dignidad como ejes rectores del sistema de salud. “Regular la eutanasia no significa promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y reconocer un reclamo social y profesional de larga data”, cerró en sus fundamentos el legislador Nieri, acompañado por Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz.
Otros proyectos
Además del presentado por los exdiputados radicales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre en 2021, y por la senadora Mariana Juri (UCR), el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal) impulsó en 2024 su propia iniciativa que también despenaliza la eutanasia activa y el suicidio asistido.
Desde Unión por la Patria (UxP), las diputadas Carolina Gaillard y Andrea Estévez presentaron un proyecto de ley de “muerte voluntaria médicamente asistida”.
Mientras que otra iniciativa de Jimena Latorre de 2023 fue acompañada por diputados de diferentes fuerzas políticas como Laura Rodríguez Machado y Sabrina Ajmechet del Pro en aquel momento y hoy en La Libertad Avanza, y por la legisladora Margarita Stolbizer.
Eutanasia, Congreso., Diputados
POLITICA
Leila Gianni defendió su foto subida de tono y explicó por qué la publicó

Leila Gianni salió al cruce de sus detractores en las redes sociales luego de hacer pública una foto en bikini desde la bañera de su casa. Si bien tiene espuma que cubre parte de su cuerpo, es posible denotar su figura. Esta imagen que resultó picante en Instagram, le valió de críticas por parte de los usuarios y por ese motivo justificó que la temporada de verano se presta para este tipo de posteos.
La concejala de La Libertad Avanza por el partido de La Matanza subió hace seis días a sus redes una foto luciendo un traje de baño de color fucsia. Esa publicación generó repercusiones en los medios de comunicación y. también, le valió de críticas. Por eso, a una semana de ello, desestimó las acusaciones en su contra e incluso intentó separar su rol político de la vida íntima.
Junto a la imagen añadió un texto referencial a uno de los versos de la canción “Noches de enero” de Tan Biónica: “Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí…”. Ese posteo cosechó más de 55.000 “Me Gusta”.
“No es paños menores, es una malla. Estamos en verano, es una foto en malla que no tiene nada de extraño. No estoy delinquiendo, no estoy robando, no estoy alcoholizada. Es una foto en bikini, o sea, no tiene nada de malo. Eso te hace real, ¿no? Podés sacarte una foto en bikini, podés cantar como hace nuestro presidente», dijo la concejala a Infobae.
En respuesta a las críticas, Gianni aseveró: “Lo que se les puede decir es que vean el trabajo que uno hace, que la misma persona que se saca una foto en malla, que es madre de cinco pibes, que estudió, se recibió, se mete en los territorios más hostiles, acompaña a los vecinos y que tengan en cuenta que después tenías a señoras como la condenada (Cristina Kirchner) con la tobillera, con los rosarios de oro, con las mejores carteras y los tacos aguja…”.
Por último comentó que ese tipo de fotos le favoreció a su imagen, debido a la repercusión que causó entre sus seguidores: “Este contenido es furor, pero también otros posteos en donde nos metemos a territorios hostiles. Pero sí, es verdad, en general hubo un aumento de likes en las fotos con menos ropa”.
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POLITICA
Axel Kicillof y otros gobernadores le solicitaron una reunión al Gobierno para debatir la reforma laboral

Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego solicitaron formalmente este jueves al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT).
El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca establecer una sesión presencial y exclusiva para analizar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las autoridades laborales de estos distritos sostienen que el debate no debe agotarse en el Congreso, debido al impacto fiscal y en el esquema de inspección que la normativa tendría en cada jurisdicción.
En el documento presentado, los firmantes recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, plazo que consideran imperativo ante la magnitud de los cambios propuestos.
Los ministros provinciales enfatizaron que sus territorios son protagonistas en la gestión de la conflictividad laboral diaria y que sus posiciones deben ser incorporadas. Según expresaron en la nota enviada a la Secretaría de Trabajo: “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, cuyos senadores votaron en contra de la reforma.
Sin embargo, el reclamo también incluye a Misiones, provincia que aportó dos votos clave para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta a través de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A pesar de estas diferencias políticas, las seis jurisdicciones coincidieron en que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional y que sus realidades regionales deben ser escuchadas.
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Axel Kicillof,Gobernadores,Reforma Laboral,Trabajo
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Principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria

El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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