POLITICA
La UTA anunció un paro de colectivos para el martes 6 de mayo
El sindicato que agrupa a los choferes de colectivos, Unión Tranviarios Automotor (UTA), decidió anunciar una huelga para el próximo martes a partir de la medianoche luego de no alcanzar un acuerdo salarial.
Esta nueva medida de fuerza será en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para líneas de corta y media distancia.
El paro se dispuso tras el fracaso de la reunión entre las partes sindicales y empresariales que se llevó adelante en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependencia del Ministerio de Capital Humano.
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No obstante, las autoridades del Ministerio instaron a las partes a una nueva reunión para el lunes 5 de mayo, con el objetivo de desactivar la medida de fuerza.
Qué pasó en las audiencias paritarias
Durante los últimos encuentros, las cámaras mantuvieron la misma propuesta de mejora salarial que hicieron el 7 de marzo, y la condicionan a la actualización de la estructura de costos salariales y no salariales por parte del Gobierno.
Según los empresarios, el sector tiene un 40% de déficit en la estructura de costos, “con líneas de jurisdicción nacional con tarifas desactualizadas comparativamente con la provincia de Buenos Aires y CABA”.
La propuesta incluye:
- Pago de una gratificación extraordinaria, por única vez, de carácter no regular ni habitual, de $40.000, a abonarse el 26 de mayo; de $50.000, el 16 de junio, y de $70.000, el 15 de julio.
- Un nuevo salario básico conformado, a partir del 1° de julio, de $1.270.000; e igual incremento proporcional para el rubro viáticos.
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La UTA rechazó nuevamente el ofrecimiento. “Es absurdo seguir escuchando propuestas que, como ya dijéramos en el acta anterior, avasallan a nuestra dignidad y sin precedente alguno. ¿Adónde pretenden ir? Ofrecer una reestructuración salarial de seis meses (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2025) a pagar en tres meses para adelante, sin tan siquiera llegar al 1% mensual. ¿Acaso están escuchando lo que proponen?“, fue la respuesta del gremio.
De las reuniones participa la UTA por el lado de los trabajadores, y FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, en representación del sector empresario. En tanto que el secretario de conciliación, Guido Arocco, encabezó las audiencias en las que las partes no lograron acercar posiciones y derivó en una medida de fuerza del gremio.
UTA
POLITICA
Sector por sector: cuáles son las oportunidades y desafíos que plantea el acuerdo comercial con Estados Unidos
Estados Unidos y la Argentina firmaron el jueves último el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos para profundizar la relación bilateral y cooperar en materia económica. Y aunque el pacto aún debe pasar por el Congreso, en los distintos sectores productivos ya evalúan cómo impactarán los términos negociados por las administraciones de Donald Trump y Javier Milei en su actividad.
El acuerdo incluye bajas en los aranceles para miles de productos y el alineamiento de estándares a fin de facilitar el comercio entre ambas naciones. Además, según confirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, se amplió la cuota de exportación de carne vacuna a EE.UU, lo que, a priori, posiciona a la ganadería como una de las áreas más beneficiadas, junto con la minería.
En cambio, tanto a nivel agrícola como en la industria y el sector farmacéutico, persisten dudas respecto del efecto que tendrá el acuerdo comercial. Se esperan avances en la implementación para medir el impacto real de la iniciativa.
Minería
El acuerdo rubricado establece que ambos países cooperarán para facilitar la inversión estadounidense para la exploración, extracción y comercio de minerales críticos y recursos energéticos en territorio argentino. Así, EE.UU. se convierte en un socio estratégico, por ejemplo, para la explotación de litio.
“En Washington el acuerdo se lee menos como un tema comercial y más como una señal política y regulatoria y refuerza la percepción de que la Argentina se alineó con reglas de juego y estándares de EE.UU. que es algo clave para inversiones de largo plazo. Y ahí entra a jugar por ejemplo todo lo que tiene que ver con minerales críticos”, explicó Natacha Izquierdo, directora de operaciones de la consultora Abeceb, a .
Y, respecto de este sector, agregó: “Es uno de los eslabones más importantes de los ecosistemas más dinámicos en cuanto a lo que viene a largo plazo, que es infraestructura eléctrica y electromovilidad”.
Ganadería
Según confirmó Quirno, el cupo de exportaciones a EE.UU. de carne vacuna libre de aranceles se ampliará, este año, de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas. “Hay que terminar de leer la letra chica, pero como primera mirada lo vemos positivo. Abre una puerta muy importante para nuestro sector ganadero”, sostuvo Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA).
Se trata, sin embargo, de un pacto que no está incluido de manera explícita en el texto del acuerdo y que tiene vigencia por un año, lo que suscita dudas entre los productores respecto de su sostenibilidad en el tiempo.
“Es una lástima que sea por un año y después haya que ir renovándolo. Estas renovaciones periódicas siempre quedan a la voluntad política del momento”, indicó Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), a . “Bienvenido sea, pero la ganadería es algo que va en el largo plazo. Hay que producir los novillos, que ya era algo que escaseaba en la Argentina y eso demanda mucho tiempo. Si uno ya tuviera la certeza de que todos los años va a estar ese cupo adicional, las inversiones vendrían más rápido”.
Según señalaron distintas fuentes consultadas, a diferencia de otros países de la región como Brasil, en la Argentina, el stock ganadero lleva estancado alrededor de 20 años, lo que dificulta la posibilidad de aprovechar al máximo la ampliación del cupo en el corto plazo.
En tanto, el secretario de Carbap señaló los beneficios de la apertura al ganado bovino vivo estadounidense. “Importar ganado en pie tiene que ver con traer animales para mejoramiento genético. Estas cosas ayudan al desarrollo del potencial ganadero del país”, explicó.
Agricultura
El acuerdo rubricado fija la apertura del mercado argentino a productos agrícolas estadounidenses como almendras y pistachos por cupos de 40 toneladas cada uno. Se trata de frutos que también se cosechan a nivel nacional, pero desde Carbap relativizan el impacto sobre la producción.
“Uno entiende que en estas cosas en que uno es competitivo no debería tener miedo de que se liberen las importaciones. Tiene un costo traerlo del exterior, debería ser más caro que producirlo acá, pero siempre hay que revisar cuestiones impositivas que terminan haciendo que los productos nacionales sean más caros”, explicó Ginestet.
Planteó, sin embargo, reparos en torno a la futura adhesión de la Argentina al convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, que refuerza las patentes de semillas y limita la posibilidad del productor de reutilizar la misma semilla cosechada. “Las semillas podrían empezar a tener un costo mucho mayor para los productores y eso quitaría competitividad”, afirmó. Actualmente, Argentina adhiere al UPOV de 1978, con condiciones más laxas.
Maquinaria y metalúrgica
En el sector industrial se mueven con cautela y aguardan a la implementación del acuerdo para evaluar el impacto real en cada rubro. Ya advierten, de todos modos, el perjuicio que supondrá para algunas empresas nacionales la apertura del mercado argentino a equipos médicos y maquinaria agrícola usada de EE.UU.
“El sector que compita con eso va a estar complicado porque evidentemente lo que es usado seguramente tiene un valor más bajo que el que tenemos nosotros, pero habrá que ver qué entra”, sostuvo Salvador Femenia, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que espera mayores precisiones sobre el alcance del pacto.
“Evidentemente, si entran maquinarias y equipos médicos, al sector que lo produce lo va a afectar porque, más allá de la quita de aranceles, nosotros tenemos unos impuestos que nos dejan afuera de competencia. Son sectores que van a estar atentos”, agregó y resaltó la necesidad de aprobar una reforma tributaria para avanzar hacia un esquema impositivo más progresivo.
En tanto, ve en el acuerdo comercial una oportunidad para la industria metalúrgica y se entusiasma con el compromiso de la gestión de Trump a revisar los aranceles sobre las exportaciones argentinas de acero y aluminio. Hoy, el arancel es del 50%.
consultó con la Unión Industrial Argentina (UIA) por el impacto del acuerdo, pero en la entidad aseguraron que emitirían un comunicado una vez analizados en detalle sus términos. Al cierre de esta nota, aún no se había publicado.
Automotor
El acuerdo libera de aranceles, por un año, las importaciones de hasta 10.000 vehículos estadounidenses. De acuerdo al economista Mauro Mazza, dicho cupo equivale al 1,45% de las ventas totales de automotores en la Argentina, de modo que su efecto en la industria nacional sería limitado. El pacto firmado no menciona cupo para fabricaciones automotores nacionales en EE.UU.
El impacto final dependerá de qué modelos o tipos de vehículos se terminen importando y la recepción en el público argentino. En la empresa Stellantis, por ejemplo, ya analizan la posibilidad de adquirir Jeep Wagoneer, Jeep Grand Wagoneer, Dodge Durando y RAM 1500 TRX.
Mazza, por otro lado, señaló que el acercamiento con el gobierno de Trump abre un nuevo mercado para las exportaciones argentinas de autopartes y repuestos. Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina en este rubro. “La realidad es que el acuerdo no tiene un gran impacto, pero es un inicio. Lo clave es que las automotrices puedan comenzar a vender autopartes. Podrías tener a Ford, RAM y Toyota abasteciendo ciertos repuestos al mercado americano”, sostuvo.
Farmacéutica
Al igual que la UIA, en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) evitaron dar definiciones hasta terminar de leer la letra chica del acuerdo. En la misma línea, en la CAME señalaron que no se podrá evaluar con precisión el impacto hasta conocer qué medicamentos y productos se importarán.
“Si es el mismo producto que está fabricándose acá, vamos a tener un problema. El tema es que hay muchos productos y medicamentos muy específicos que hay que importarlos y los estamos pagando muy caro. Ahí habría que ver si la baja de aranceles de medicamentos puede beneficiar al que los necesita”, aseguró Femenia.
En cambio, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que nuclea a laboratorios multinacionales, celebraron la adopción de estándares internacionales en materia de propiedad intelectual para profundizar la innovación e inversión en el sector farmacéutico.
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Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, detalló en Infobae a las Nueve los límites infranqueables que el sindicalismo defiende ante el avance de la reforma laboral. Señaló el riesgo de romper el modelo sindical argentino y cuestionó una presunta intención antisindical del proyecto del Gobierno que se debate en el Senado.
“Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, subrayó Gerardo Martínez en diálogo con el equipo de Infobae en vivo. El secretario general de la Uocra puso el foco en los artículos del proyecto oficialista que, según afirmó, buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.
En una charla con el staff de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Martínez se refirió a los contactos entre la CGT y el Gobierno. “Con todo el gobierno hablo, el diálogo no está cortado. Para nosotros el diálogo es una herramienta fundamental. Tenés el diálogo o la confrontación”, afirmó, pero subrayó: “Tenemos que insistir en que el que tiene el poder se siente a discutir con nosotros”.
Martínez diferenció entre negociar y ceder ante lo que denominó “una intencionalidad ideológica antisindical” en la reforma: “Buscan romper los derechos colectivos, que es la representación sindical. El proyecto tiene artículos pensados inteligentemente por varios estudios de abogados que representan intereses internacionales”. Advirtió que en la letra chica de la ley se solapan artículos que pueden anularse y reactivarse mutuamente, generando “una ingeniería legal para debilitar la negociación colectiva”.
La ultraactividad es el principio que sostiene la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evita que los trabajadores pierdan derechos adquiridos si las negociaciones se estancan, y es considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.
Los puntos innegociables para el sindicalismo
Consultado sobre los límites de la negociación, el líder de la Uocra precisó: “No hay temas específicos, sí hay temas que son observados con argumentos sólidos. La ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa, los derechos colectivos”. Explicó que la ultraactividad permite que los convenios sigan vigentes hasta que se firmen otros nuevos y que la “prevalencia” de convenios por empresa abriría la puerta a negociaciones por debajo de las pautas nacionales.
La prevalencia de convenios por empresa implica que los acuerdos firmados entre una sola empresa y sus trabajadores pueden estar por encima de los convenios colectivos del sector a nivel nacional. Para los sindicatos, este esquema fragmenta la negociación, debilita la unidad de representación y puede resultar en condiciones laborales desiguales o a la baja para distintos grupos de empleados.
Sobre el aporte solidario, remarcó: “No puede ser mayor el aporte solidario que la cuota sindical. Hemos observado que en muchos casos, distintas actividades firmadas soberanamente tenían un porcentaje casi el doble de la cuota sindical”.
El aporte solidario es una contribución que pagan todos los trabajadores alcanzados por un convenio, estén o no afiliados al sindicato, destinada a sostener las actividades gremiales y los servicios asociados. Martínez advirtió que, en contextos de crisis, debe existir un tope claro para evitar abusos y garantizar la transparencia.
Rechazó que el sindicalismo defienda privilegios: “No somos dueños de la verdad. También tenemos errores y creo que hay que subsanarlos”.
El sindicalista insistió en que la discusión no es sólo técnica, sino de fondo: “Defendemos los derechos colectivos y los individuales. Muchos de los artículos del proyecto rozan con valores constitucionales. Ser pobre no es un fenómeno natural: por eso existe el salario, y para defenderlo están los sindicatos”.
Diálogo con el Gobierno y presión política en el Senado
Martínez reconoció que mantiene canales abiertos con funcionarios y legisladores: “Hablamos con el Gobierno, con los gobernadores, con los senadores de todas las provincias, recorremos todos los pasillos para mostrar con argumentos sólidos por qué esta ley no beneficia ni al trabajador ni a la Argentina”.
Se refirió también a la interna peronista y la presión sobre el bloque del PJ: “Hay una negociación abierta de Jaldo, de Sáenz, de Jalil, y con todos ellos hablo. Hay senadores peronistas y otros de espacios neoperonistas. La representación es plural, pero la defensa de los derechos laborales no admite atajos”.
Sobre el vínculo con el oficialismo, Martínez diferenció matices: “Con algunos tenemos más cercanía, con otros distancia. Hoy el diálogo más sensato y objetivo es con Patricia Bullrich, que va a ser la miembro informante en el Senado”.
El sindicalismo frente a la crisis de representación
El titular de la Uocra admitió la crisis de legitimidad sindical ante sectores no representados: “Toda la sociedad está interpelada por los sub30, los sub40. Los sindicatos tienen que modernizarse, cambiar su estética y la relación con la sociedad asalariada. Hay que escuchar a todos y poner en evidencia lo bueno y no lo malo”.
Martínez reivindicó la transparencia y la gestión sindical: “Como dirigente sindical, al ser secretario general de Uocra y presidente de la obra social, tengo que rendir cuentas y garantizar la buena administración. El sindicato no es una empresa privada, pero tiene que representar a los trabajadores y administrar recursos”.
Frente al estigma social sobre los gremialistas, argumentó: “La demonización viene del golpe del 55, pero la discusión es mundial. Muchos actores económicos preferirían países sin sindicalismo. Nosotros creemos en la organización y en la autocrítica, pero también en sentarnos a la mesa y discutir con argumentos”.
Cuestionado sobre la viabilidad de la reforma, fue tajante: “No sirve. Va a ser una ley más, de las tantas que no generan un impacto positivo. El problema de fondo es el modelo económico. Se perdieron 300 mil puestos de trabajo formales y eso lo dice la realidad”.
Al cierre, Martínez anticipó que el sindicalismo seguirá dando pelea: “Tenemos confianza en nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestro sentido racional en la defensa de los intereses que representamos”.
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Gerardo Martínez,Infobae en Vivo
POLITICA
La encrucijada de “Chiqui” Tapia con las cuentas de la AFA y un vuelo reservado para ver la final del Super Bowl 2026
Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa el momento más complejo desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, enfrenta investigaciones penales, auditorías administrativas y denuncias empresariales que avanzan sobre el núcleo financiero de la entidad. Los expedientes someten a revisión contratos internacionales, transferencias en dólares, activos patrimoniales, deudas fiscales y circuitos de intermediación que durante años operaron sin un control estatal sistemático.
Mientras la Justicia y organismos estatales examinan balances, cuentas bancarias y vínculos comerciales, Tapia viajó este fin de semana a Estados Unidos para presenciar la final del Super Bowl 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Elena. El contraste entre ese despliegue personal y la delicada situación institucional del fútbol argentino revela el momento de mayor tensión política y judicial de su gestión.
Tapia enfrenta actualmente tres frentes judiciales abiertos y una ofensiva administrativa inédita. En conjunto, las investigaciones comprometen operaciones por más de $30.000 millones, además de millones de dólares en transferencias internacionales y contratos bajo revisión.
El primer frente es la causa penal económica por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El expediente tramita en el fuero especializado y busca determinar si la AFA, pese a contar con recursos líquidos, incumplió sus obligaciones fiscales. En ese contexto, la Justicia ordenó un relevamiento integral de la titularidad de las cuentas bancarias, CBU y subcuentas, depósitos en moneda extranjera, colocaciones a plazo fijo, transferencias internas y externas, y todos los movimientos registrados desde 2021. El foco está puesto especialmente en los fondos administrados en el banco Credicoop, donde se detectaron operaciones por hasta $8.000 millones.
La investigación se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estiman una deuda de aproximadamente $19.000 millones por retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Para los investigadores, el eje central consiste en establecer si la conducción priorizó otros destinos del dinero antes que el cumplimiento fiscal.
La defensa de Tapia sostiene que resoluciones administrativas suspendieron las ejecuciones para entidades sin fines de lucro. No obstante, la fiscalía solicitó nuevas pericias para determinar si esas normas justifican los atrasos.
El segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales.
La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo.
El expediente permanece trabado por un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Zárate-Campana y el fuero Penal Económico porteño. Mientras un sector de la Justicia insiste en el eje territorial, otro sostiene que se trata de una trama financiera compleja vinculada a la AFA. La Cámara Federal de San Martín debe resolver si habilita el pase a Casación o confirma el traslado.
El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.
Mañana, 10 de febrero, una audiencia clave definirá si el expediente queda en la justicia ordinaria o pasa al fuero federal, lo que podría ampliar el alcance de las medidas de prueba.
En paralelo a las causas judiciales, el Gobierno avanzó a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que encabeza Daniel Vítolo, con una auditoría profunda sobre la contabilidad y las relaciones comerciales de la AFA. En una resolución interna, el organismo consideró exigua la información presentada por la conducción y ordenó ampliar los datos sobre múltiples rubros sensibles, con el objetivo de reconstruir no solo los montos, sino también el contenido real de los contratos. El foco está en un volumen global de negocios por unos 450 millones de dólares.
El foco principal está puesto en la cuenta “Empresas de Sponsorización por Contratos”, con un saldo de $13.771.843.701,16, dominado por operaciones con TourProdEnter LLC. La IGJ exigió conocer las cláusulas vigentes, cronogramas de liquidación, plazos de cobro, nivel efectivo de cumplimiento y contratos de respaldo.
Además, reclamó un informe completo de los flujos de divisas entre 2021 y 2025, detallando fechas, bancos, tipos de cambio, conceptos de remesas y comprobantes internacionales, para detectar posibles triangulaciones. Otro eje central es la relación con Sur Finanzas Group SA, de Ariel Vallejo. La IGJ ordenó una recomposición integral de esa operatoria, con apertura de cuentas, identificación del origen de los ingresos, destino de los egresos y reconstrucción de la trazabilidad del dinero.
La auditoría también abarca $7.124 millones en créditos por partidos de la Selección, $8.205 millones en deudas con organismos internacionales, $1.557 millones en gastos de organización, casi $282 millones en mantenimiento, gastos de pasajes y las inversiones en el predio de Ezeiza.
En medio de la controversia por el estado del fútbol argentino, con el Ascenso paralizado, problemas económicos en la mayoría de los clubes y una conducción bajo presión judicial, Tapia viajó a California para asistir a la final del Super Bowl 2026. Según pudo saber Infobae, el presidente de la AFA partió el 4 de febrero en un vuelo regular desde el aeropuerto de San Fernando hacia Asunción, donde mantuvo un encuentro con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Al día siguiente, abordó un avión privado Global 450, con dos pilotos y una azafata, que había volado vacío desde Argentina para buscarlo.
La aeronave realizó una escala en Guayaquil antes de continuar rumbo a Estados Unidos, en un itinerario habitual del circuito de vuelos ejecutivos de alto nivel. En esa ciudad ecuatoriana se produjo una coincidencia sugestiva: Lionel Messi se encontraba allí para jugar con Inter Miami ante Barcelona por el “Partido de la historia”. En el exclusivo Levi’s Stadium de Santa Elena, “Chiqui” Tapia estuvo acompañado por Andrés Patón Urich, abogado de la AFA y uno de sus hombres de confianza.
Una tormenta perfecta
La superposición de expedientes judiciales, auditorías estatales y conflictos empresariales expone una estructura que durante años operó con escasa supervisión. Actualmente, balances, contratos, transferencias y patrimonios son revisados en simultáneo por juzgados, fiscales, cámaras, auditores y organismos fiscales. Nunca antes la conducción de la AFA había estado bajo un nivel de escrutinio semejante.
Mientras los clubes acumulan deudas, suspenden actividades y reclaman asistencia, el centro del poder enfrenta preguntas sobre millones de dólares, contratos opacos y circuitos financieros cerrados.
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