POLITICA
La versión libertaria del plan platita
En los años impares a todo presidente argentino se le aparece sobre la mesa un pacto con el diablo. La oferta es tan simple como irresistible: gane ahora y pague después.
La energía del gobierno se subordina, en consecuencia, a las necesidades electorales a costa de desequilibrios futuros. La costumbre desarrolló una ética para explicar esta anomalía recurrente. El triunfo en las urnas se asume como la única garantía de que las reformas en curso no vayan a revertirse en lo sucesivo. En un año se gana, en el otro se gobierna. La fórmula esconde un gigantesco autoengaño, que suele saltar a la vista cuando terminan los festejos y toca acomodar lo que se desordenó en la campaña.
Javier Milei se jactó de ser “el único presidente en la historia de las democracias modernas” que no caía en esta “lógica de la casta”, porque no aplicó una política fiscal y monetaria expansiva al encarar un año de elecciones. Es cierto que no inventó nuevos subsidios, no regaló el consumo de gas ni salió a repartir colchones o heladeras en los barrios populares. La tentación, sin embargo, también vino a buscarlo.
A medida que se acerca la hora de votar queda más en evidencia la decisión del Presidente y su equipo económico de condicionar su programa a la finalidad de mantener un tipo de cambio bajo y, de ese modo, empujar a la baja la tasa de inflación.
Él -a diferencia de sus antecesores peronistas- no vende distribución del ingreso sino estabilidad. El dólar barato a toda costa constituye la contracara libertaria del “plan platita”.
La obsesión mileísta del año impar ha sido construir cuántos puentes hiciera falta para llegar a finales de octubre sin sobresaltos en el mercado de cambio. Cuando el propósito tambaleó consiguió el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que lo ayudó a evitar una devaluación brusca en abril. Empezó así lo que llamó la “fase 3″ del programa económico. Después pergeñó el plan “colchón” en busca de dólares fuera del sistema y que no terminan de emerger. Se eliminaron regulaciones para alentar el ingreso de inversores especulativos. Y más tarde se lanzó a tomar deuda a tasas considerables para disimular la incapacidad de juntar reservas en el Banco Central sin provocar un movimiento cambiario.
Es muy inusual que coincidan Cristina Kirchner y Mauricio Macri en un diagnóstico económico. Y aun así la expresidenta desde su prisión domiciliaria y la Fundación Pensar –la usina de ideas del Pro- han alertado en las últimas semanas sobre el peligro al que se expone el Gobierno con su actual política cambiaria.
El déficit externo del primer trimestre –5191 millones de dólares- acentuó las dudas sobre la sustentabilidad del modelo. Milei da la batalla: sostiene que lo importante es que el Estado gaste menos de lo que ingresa y que el resto es cuestión de los privados. El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo esta semana que anualizado el rojo será del 2% del PBI este año, cuando la previsión registrada en el acuerdo con el FMI era de -0,4%. Lo adjudicó a un efecto esperable en una economía en crecimiento y dijo que ya habrá tiempo de juntar reservas. Luis Caputo acotó: “Es hasta sano para la economía”.
Los técnicos podrían discutir hasta el infinito sobre lo que implica este síntoma. La experiencia acumulada es aguafiestas: siempre que una cena en Roma costó menos que en Caballito a la larga asomó una crisis.
El boom del turismo en el extranjero chirría. Más de 6,7 millones de argentinos salieron del país por placer entre enero y mayo. La tendencia no parece frenarse sino todo lo contrario, como sugiere la invasión argentina en el Mundial de Clubes que se disputa en Estados Unidos. Acaso Milei, en vez de insultarlo, debería agradecerle a su odiado Juan Román Riquelme por la temprana eliminación de Boca Juniors.
La Casa Rosada tiene confianza plena de que podrá sostener el actual esquema económico hasta las elecciones legislativas de octubre. Sus opositores también lo descuentan.
Los caminos se bifurcan cuando se piensa en el día posterior.
La hoja de ruta que traza Milei tiene como punto de partida el triunfo electoral. “Presidente que pierde no gobierna”, sintetiza, sin miedo a la exageración, uno de sus asesores políticos. El relato libertario califica de inmoral el despilfarro de fondos públicos para ganar unas elecciones, pero lo diferencia de lo que está haciendo ahora el Gobierno con el manejo del dólar. Cree que el mercado hará las correcciones “cuando lo considere necesario”. Una victoria de La Libertad Avanza (LLA) -en ese razonamiento- sería la inyección de confianza que permitiría un acomodamiento indoloro después de las elecciones.
La secuencia sería: triunfo electoral, baja del riesgo país, regreso a los mercados de deuda a tasas razonables y transitar con relativa calma el período previo a que la producción de Vaca Muerta y la explotación minera aporten un flujo de dólares capaz de terminar con la histórica restricción externa de la Argentina.
La clave reside en cómo conseguir dólares el año que viene. La bala de plata del FMI ya la usó este año. En abril, cuando rubricó el acuerdo, Milei dijo que tendría 50.000 millones de dólares de reservas en mayo. Terminó el mes por debajo de 37.000 millones. Digno de “un mandril”, para usar su nomenclatura. Ajustó entonces el discurso. La cantidad de reservas no importa, argumentó mientras autorizaba a su equipo a endeudarse para conseguir dólares y cumplir las metas comprometidas con Washington. Sabe muy bien que no hay antecedente de un plan de estabilización exitoso con un Banco Central quebrado.
Por actitud personal y por el contexto que le tocó en suerte, el Presidente ha mostrado una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias. Se ata al superávit fiscal y a la ambición desreguladora. Son las dos señales inequívocas que envía a los actores económicos. El resto es pragmatismo y habilidad para comunicar. Un rubro en el que hace uso a discreción del insulto, la descalificación y la hipérbole.
Esta semana se atragantó con la decisión de la calificadora Morgan Stanley Capital International (MSCI) de mantener a la Argentina en la lista de países de mayor riesgo en el mundo para la inversión financiera. Jugamos en la liga de Nigeria, Palestina o Zimbabue. Las razones responden a la continuidad de las restricciones a la salida de capitales (el cepo que sobrevive más allá del relato) y la idea es que eso cambie en un futuro cercano. Pero sería necio no preocuparse por la imagen que devuelve ese espejo.
La mochila de desconfianza que carga el país hace más peligroso el tránsito por un mundo que es muy distinto al que Milei imaginó cuando llegó al poder. Las guerras y el proteccionismo trumpista moldean un presente de incertidumbre y volatilidad. El dólar se debilita, pero las tasas de interés no bajan. Los precios de los productos primarios navegan en la inestabilidad.
La obsesión electoral –que hermana a Milei con sus antecesores- tapa por el momento la pregunta obligada sobre la etapa que se abre cuando pase octubre. ¿Cómo hará un país de economía abierta que necesita inversiones para acumular dólares en un mundo cada vez más cerrado y que está todo el tiempo a las puertas de un evento disruptivo?
Milei se enfrenta a la trampa del ganador. Está haciendo todo lo necesario para imponerse en las elecciones de este año, mientras se construye a sí mismo la valla que le tocará saltar en la siguiente.
Desde 2011 ningún oficialismo logró la reelección. No hubo tampoco dos años seguidos de crecimiento económico sostenido. ¿Podrá Milei torcer el ciclo de esperanza y frustración que aquejó a sus precursores?
Esta vez es distinto porque hay superávit fiscal, repite el mantra oficialista. ¿Alcanzará? Todavía no se vislumbra quién será el prestamista que aporte los dólares que el modelo demanda ni tampoco de qué manera piensa Milei construir un oficialismo eficiente que lleve a cabo las transformaciones legislativas que requiere su revolución de libre mercado.
Milei no esconde su aversión al acuerdo. Basta con observar el destino del Pacto de Mayo, reflotado esta semana: el Gobierno puso el texto y eligió a los representantes de “la oposición”. Negociar así es una delicia. La fijación por pintar de violeta las listas de candidatos que negocia con el Pro hacen juego también con esa ambición hegemónica.
El contraste con el kirchnerismo es otra herramienta vital de la campaña. “La gente entendió que ajustar al fisco es devolverles el dinero. ¿La crueldad? Sí, soy cruel. Soy cruel, kukas inmundos. Soy cruel con ustedes: los gastadores, los empleados públicos, los estatistas, los que les rompen el culo a los argentinos de bien», gritó el Presidente el miércoles en un acto en Puerto Madero. La romantización de la crueldad sigue la estela de la exaltación del odio que naturaliza el discurso oficial.
Polarizar contra el abismo rinde, aunque puede tener un doble filo. Los mercados miran quién gana las elecciones y también quién es la alternancia posible. Lo que llaman “el riesgo político”.
Son amenazas del largo plazo en el reino de las urgencias. La baja de la inflación y la estabilidad cambiaria le dan a Milei la pole position de la carrera electoral, a pesar de la suba de la tasa de desempleo, las dificultades de la industria y el sufrimiento social que se desprende del ajuste en el sector público.
“En los primeros dos años la vamos a pasar muy mal”, había advertido Milei al asumir. Ahora alimenta la ilusión con promesas muy concretas sobre el porvenir. Por ejemplo, que “a mediados de 2026 la inflación estará terminada”, que “vamos a ser el país más libre del mundo” y que se viene un proceso de crecimiento sostenido de entre el 6 y 8% anual.
Primero hay que ganar y después evitar que el éxito no engendre una derrota futura. El objetivo de una economía estable, competitiva y con capacidad de generar trabajo genuino habrá que resolverlo de alguna manera con la “fase 4” del programa. Todo marcha de acuerdo al plan.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos otorgó este jueves un aumento salarial a los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.
El incremento será en la suma no remunerativa y no bonificable que percibe el personal de seguridad. A partir de febrero de 2026 pasará a ser de $200 mil para los agentes de menor antigüedad. El techo será de $350 mil, de acuerdo con la escala correspondiente.
La medida se tomó mientras el Gobierno de Santa Fe buscaba una salida para descomprimir la crisis en Rosario. La administración de Maximiliano Pullaro dejó de lado las amenazas de sanciones y se enfocó en mejorar los ingresos de la tropa.
El movimiento policial rosarino removió viejos recuerdos del otro lado del río Paraná. En 2013, la Policía se acuarteló en Concordia. La crisis social generada devino en saqueos que se cobraron tres muertes.
Casi en paralelo a los sirenazos en Rosario, un grupo de familiares de agentes policiales y penitenciarios entrerrianos organizó una convocatoria. El llamado no revestía demasiado peligro. La fecha prevista para la protesta recién era a mediados de marzo.
Sin embargo, el gobierno de Rogelio Frigerio entrerriano cortó por lo sano e hizo este anuncio. Otro factor que enlaza lo que ocurría en Santa Fe con la decisión del gobierno provincial es que el escalafón de seguridad recibió el incremento antes que otros siquiera hayan sido llamados a discutir recomposición de haberes para el 2026.
Recién 24 horas después de que se hiciera público el incremento a policiales y penitenciarios se conoció la convocatoria a los demás estamentos. La primera reunión de la paritaria estatal se concretará el 19 de febrero. El turno de los docentes será recién el 23, una semana antes del comienzo del ciclo lectivo.
En qué consiste el incremento
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, precisó que la medida implica el reemplazo de los códigos 101 y 133, para el personal en actividad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, cobrará $1.302.000.
Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos. Se estableció un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.
El mandatario provincial suele destacar de forma pública la labor de la Policía de Entre Ríos. “Tenemos la mejor del país” ha repetido en varios actos oficiales.
Cuál es el panorama general de los salarios
Entre la caída de la recaudación propia y la merma en los recursos coparticipables, la Administración Frigerio hace malabares para cubrir las demandas de los agentes públicos.
“Venimos trabajando en la propuesta que podemos realizar, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora”, afirmó el ministro de Economía entrerriano, Fabián Boleas, cuando se le consultó sobre la oferta a estatales.
“Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla”, agregó, subrayando que será una oferta que el Estado provincial pueda afrontar. “No vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”, destacó.
Frigerio se manifestó en esa sintonía. “El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido”, expresó. Luego, puso límites a las expectativas de incremento de haberes. La oferta oficial tendrá en cuenta “lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.
POLITICA
Aceleración oficialista en el Congreso: giro al “realismo libertario” y golpe al discurso anticasta
Patricia Bullrich usó un dicho de la política tradicional para destacar que fue una larga negociación lo que le permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral en el Senado. “El tango se baila de a dos”, escribió en X. El diputado Benegas Lynch lo sostuvo de otra forma, más directa. “Cuando vos te metés en el recinto, es para ganar una votación, no para que te llenen la cara de dedos”, dijo en una entrevista con este medio. ¿A quién le hablaban? Sonó, especialmente en boca del legislador, a mensaje para la propia tribuna. Una especie de justificación para sostener el giro al “realismo libertario” y amortiguar el golpe al discurso anticasta.
Entre las muchas consideraciones que pueden ser hechas sobre el texto aprobado en el Senado -y enviado 48 horas después a Diputados, para acelerar el trámite-, se anotan las decenas de puntos que decidió modificar el Gobierno en tren de reunir votos. No fue tampoco una novedad absoluta, aunque esta vez prefirió evitar lo ocurrido con el Presupuesto 2026, en las vertiginosas sesiones de fin del año pasado. Aquella vez, el oficialismo perdió en Diputados una votación de alto impacto, por el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Procesó su enojo, no insistió en el Senado y pudo celebrar la sanción de la ley.
Visto de entrada que la reforma laboral demandaba negociaciones y cambios, enfrentó la prueba del Senado -y la pasó con comodidad numérica- en base a tratativas que tuvieron como foco a los gobernadores pero que, con menor visibilidad mediática, incluyó señales a los jefes sindicales y no sólo al mundo empresarial. Traducido según los criterios básicos de su “batalla cultural”, se trataría de un arreglo con “la” política (los jefes provinciales) y con la casta sindical.
Por supuesto, la trascendencia del proyecto laboral podrá ser medida por sus efectos prácticos en las relaciones de trabajo. Habrá que esperar la sanción definitiva, la reglamentación, la aplicación que demandará tiempo. Pero en lo inmediato, los primeros ruidos se registraron en un terreno que durante bastante tiempo el oficialismo asumía como propio o, al menos, cómodo: las redes sociales, con particular foco en X.
En ese circuito que tiende al reduccionismo y la chicana, los puntos destacados fueron el trato cerrado con los gobernadores y, más aún, la modificación de artículos que afectaban a la estructura sindical. En el primer caso, fue un acuerdo de necesidad compartida: finalmente, fue liquidado el punto de la baja de Ganancias. Ni a las provincias ni al Gobierno les convenía. La recaudación viene cayendo de manera sostenida desde hace seis meses, con el consiguiente impacto en las cuentas nacionales y, según el impuesto, en la coparticipación federal.
Los gestos hacia los jefes sindicales -expresión de negociaciones más reservadas, entre otras razones por cuestión de imagen– terminó siendo un dato potente, provocado en buena medida por desmanejo discursivo del oficialismo. Puso énfasis en adjudicar al proyecto un sentido de combate con el sindicalismo, casi como elemento mayor, y las concesiones terminaron destacando eso mismo, pero al revés. Los aspectos que sí podrían haber afectado a las organizaciones gremiales -y su dirigencia- fueron dados de baja. No hubo rebaja de aportes a las obras sociales y también quedó en el camino la idea de bloquear los aportes “solidarios” a los sindicatos y el modo de recaudar la cuota gremial, a través de las empresas. Mal momento para Federico Sturzenegger.
Desde el lado sindical, el elemento inquietante tuvo poco que ver con las advertencias de movilización y medidas de fuerza. En ese juego, quizás haya pesado más la latente posibilidad de demandas para judicializar algunos aspectos de la reforma. El sindicalismo peronista carece prácticamente de poder legislativo. Es una tendencia que, en rigor, se profundizó en era K. Pero a los jefes cegetistas le quedan otros recursos. Algunas municiones del oficialismo sobre el fuero nacional del trabajo alimentan todo tipo de especulaciones.
Más visible resultó la afirmación del poder de negociación de los gobernadores. Fue notable en el pasado capítulo del Presupuesto y determinante en un tema como la ley laboral. El Gobierno los terminó poniendo en el centro de la discusión con la propuesta de la baja en Ganancias para empresas, que corrió el eje del tema a pesar de que Economía sabía de su propia debilidad en ese frente. La decisión de llevar a la larga el asunto terminó para agrandarlo. Y, más allá de la combinación de necesidades, quedó como una cesión del oficialismo.
El Gobierno, entre tanto, apuesta a capitalizar el momento legislativo. Avanza con otros temas y anuncia más. En esa movida, se destaca el proyecto de régimen penal juvenil, una iniciativa recreada por el oficialismo y que, al menos mediáticamente, quedo teñida exclusivamente por la baja de la edad de imputabilidad. Ese punto fue acordado con socios y aliados. Pasó de Diputados al Senado, que debe apurar el paso la semana que viene para llegar al recinto antes de fin de mes. Una cuestión que generó algo de debate en el trámite inicial podría plantear otra prueba y tratativas con las provincias: los fondos para ir adecuando los servicios penitenciarios a la letra de la iniciativa.
La actitud negociadora aparece insinuada además en la intención de incorporar a la agenda un proyecto que de algún modo cierre el tema de los fondos para universidades. Existe una necesidad generada por el frente judicial abierto ante el incumplimiento de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso, vetó Javier Milei y sigue en pie por la insistencia legislativa. Trascendieron conversaciones con los rectores. Y esas tratativas están a cargo de Carlos Torrendel y Alejandro Alvarez. El encargado de Políticas Universitarias es sin dudas el funcionario del área que encaró con mayor dureza mileista su tarea. Ahora, al parecer, las necesidades son otras.
En cualquier caso, este momento de “realismo libertario” -cuya extensión en el tiempo nadie podría asegurar- es similar a otros “realismos” que han expuesto las debilidades prácticas de las ideologías rígidas.
Los sindicatos presionan a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados. Aseguran que “sobran motivos para llamar a una huelga” y que no hay posibilidades de “frenar” el proyecto de ley sin un plan de lucha.
La iniciativa recibió media sanción el miércoles pasado en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. El objetivo del Gobierno es sostener el proyecto en Diputados tal como fue aprobado en la Cámara Alta.
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El día previo a que el Senado tratara la reforma laboral, la CGT logró cambios clave en el proyecto. El texto oficial tuvo 28 modificaciones y dos de ellas eran exigidas por la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias y se eliminó el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
Frente a ello, este sábado, el titular de la UOM, Abel Furlán, apuntó contra la CGT y adelantó que le pedirán al triunvirato que convoque a una huelga general durante el tratamiento del proyecto en Diputados.
“La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó Furlán a Futurock.
Ahora, el oficialismo busca obtener dictamen de mayoría para tratar la reforma laboral el miércoles 18 de febrero y llevarla el jueves 19 al recinto de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Furlán adelantó: “Hemos decidido llevar un pedido a la CGT para pedir un paro general con movilización”.
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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE.
Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha».
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Este viernes, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que integra la UOM, Aceiteros, las dos CTA y ATE, entre otros, anunció un nuevo plan de lucha.
La decisión incluye la convocatoria a movilizaciones en distintas provincias y la realización de paros y protestas cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.
“El Frente de Sindicatos Unidos definió un nuevo paro general con movilización al Congreso el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados”, señala el comunicado.
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Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores. No es una utopía voltear la ley o al menos que se empantane su tratamiento”.
De este modo, además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, irán a un paro la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Molineros, CONADU y Viales.
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