POLITICA
Lácteos Vidal: la dueña denunció que el gremio cortó el diálogo y “tiene de rehenes” a los trabajadores
Alejandra Bada Vázquez, dueña de la pyme Lácteos Vidal, denunció que la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA), liderada por Héctor Ponce, decidió suspender el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo en el conflicto que atraviesa la empresa: “Nos comunicaron que habían cortado toda posibilidad de negociación con nosotros porque les molesta que demos notas periodísticas”, dijo.
“Una vez más tienen de rehén a la gente que podría llegar a conseguir un acuerdo”, destacó la empresaria a Infobae, que mantiene un duro conflicto con el sindicato luego de que su empresa, ubicada en la localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares, fue bloqueada durante casi dos meses en 2022 por haberse negado a recategorizar a algunos empleados.
La situación se agravó porque Lácteos Vidal despidió a 26 trabajadores y pidió el desafuero de tres delegados que participaron del bloqueo. Finalmente, la mayoría de los despedidos llegaron a un acuerdo con la empresa, pero 8 de ellos, apoyados por el gremio, no acordaron la desvinculación y reclaman ser indemnizados, pero también impulsaron una cautelar pidiendo su reincorporación a la pyme.
En noviembre pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó que reincorpore a los 8 despedidos por bloquear la planta y fijó el pago de astreintes (una multa) de $10.000 diarios por cada trabajador que no fuera reintegrado a su puesto.
Ante la impugnación judicial de la empresa, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69, a cargo de Ignacio Ramonet, ordenó un embargo preventivo sobre los fondos de Lácteos Vidal por un total de $168 millones, cifra a la que se llegó por “un error de cálculo”, según Bada Vázquez, porque el juez tomó en cuenta la cifra diaria reclamada por el sindicato, que era de $50.000 y no $10.000.
“El fallo responde a un ensañamiento del sindicato contra Lácteos Vidal porque no nos han podido doblegar -dijo la empresaria a Infobae-. El embargo por 167 millones de pesos es funcional a la mafia sindical».
También advirtió que el embargo ocasionaría “un perjuicio severo y irreversible”: “Necesito que la cuenta corriente esté habilitada con los fondos para pagar a los proveedores, todos los impuestos y ahora vienen el aguinaldo y los sueldos”.
Este lunes, sin embargo, Ramonet resolvió “archivar” provisionalmente el embargo preventivo solicitado por el sindicato hasta que se evalúe la impugnación presentada por la empresa.
Luego de esa decisión, se reabrió la posibilidad de que Lácteos Vidal y ATILRA se sentaran a negociar, pero se frustró ante el rechazo del sindicato. “Nosotros habíamos entablado una conversación para ver si podíamos llegar a un acuerdo porque nuestra idea siempre intentar hacer un acuerdo claro para dar vuelta la página”, señaló Bada Vázquez.
Según dijo, ATILRA envió para negociar al hijo de su abogado, Alberto Coronel, y quedó en enviar una propuesta a la empresa, pero todo se empantanó. “Nos comunicaron que habían cortado toda posibilidad de diálogo y negociación con nosotros porque les molesta que nosotros hagamos notas periodísticas”, reveló.
“O sea, no van a negociar más porque nosotros este dimos notas periodísticas -insistió Bada Vázquez-. Una vez más tienen de rehén a la gente que podría llegar a conseguir un acuerdo».
Denuncia ante el Consejo de la Magistratura
Mientras, Lácteos Vidal presentó esta semana una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se investigue a los jueces que actuaron en la causa y se determine si su desempeño configuran causal de mal desempeño y/o delito.
En la denuncia, presentada por el abogado Eduardo Darriba, se cuestiona que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a cargo de los jueces Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, “se arroga la facultad de usar discrecionalmente” la prohibición de los recursos de apelación de Lácteos Vidal porque “se arrogan la potestad de ver qué recursos conmueven la inapelabilidad legalmente dispuesta, y lo peor de todo es que lo dicen expresamente una y otra vez”.
“Los jueces no están facultados para decidir cuándo se aplica un artículo de una norma procesal y cuándo no, menos si no declaran la inconstitucionalidad del mismo y menos aún si utiliza dicho argumento de maneras diferentes según se trate de una u otra parte del proceso”, se afirma en el escrito de la pyme.
La denuncia también sostiene que el juez Ramonet acompañó la intención del gremio de “forzar” la reincorporación de los trabajadores despedidos, exigiendo el pago de astreintes diarios por cada trabajador cesanteado, decisión que fue apoyada en cada instancia por la Sala IX de Apelaciones.
“En concreto, no estamos haciendo una denuncia por el contenido de las sentencias ni por lo decidido por los jueces sino que la estamos haciendo porque no se aplicó la ley que debía aplicarse al caso y cuando se lo hizo fue para perjudicar sólo a una de las partes”, se afirma en la presentación de la pyme.
En el texto de la denuncia se agrega que los jueces, “al actuar de la manera en que lo hicieron, violaron la igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, constituyendo eso una flagrante causal de mal desempeño y/o directamente la comisión del delito de prevaricato pues a sabiendas dictaron resoluciones contrarias a la ley expresa».
El Gobierno resolvió extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero con la intención de blindar el tratamiento de los proyectos en debate y sumar una nueva propuesta sobre el financiamiento universitario.
La decisión quedó formalizada en el Decreto 103/2026, que amplía el esquema fijado el 18 de enero y el cambio no es menor: cuando restan diez días o menos para el cierre del período, los dictámenes pueden perder eficacia reglamentaria. Para impedir que eso ocurra en la última semana del mes, la Casa Rosada agregó una jornada al cronograma y aseguró margen para votar iniciativas clave.
En ese marco, el Presidente incorporó al temario la “consideración del Proyecto de Reforma de la Ley 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”.
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas para asegurar su voto en Diputados
La iniciativa buscará reemplazar la norma sancionada en 2025, cuya aplicación fue frenada tras una apelación oficial contra la medida cautelar vigente.
El conflicto por el presupuesto universitario —que incluyó masivas movilizaciones y un veto presidencial— derivó en un frente judicial que el oficialismo intenta encauzar con una ley “implementable” y compatible con el superávit fiscal.
Mientras la Procuración del Tesoro reclama efecto suspensivo para avanzar en paralelo con el debate parlamentario, el Ejecutivo apunta a cerrar febrero con avances en la reforma laboral y otros proyectos estratégicos antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo: habrá más de 900 despidos
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Congreso de la Nación,FINANCIMIENTO UNIVERSITARIO,Javier Milei,Sesiones extraordinarias
POLITICA
Reforma laboral: la CGT redobla la presión y apunta a los diputados indecisos para forzar más cambios
Los jefes de las Confederación General del Trabajo (CGT) darán hoy, a las 11, una conferencia en su sede de Azopardo 802 para detallar el anuncio del paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral del Gobierno en Diputados. La decisión de convocar al cuarto cese nacional de actividades en lo que va del mandato de Javier Milei se tomó el lunes durante una reunión por Zoom del consejo directivo. Pese a los cuestionamientos de sectores más críticos e intransigentes, en la central obrera se impuso “una lectura mayoritaria de no convocar nuevamente a la calle”, tras la desdibujada marcha de la semana pasada durante la sesión en el Senado, para focalizar el plan de lucha en los centros productivos con una paralización total.
“La industria está en un momento muy delicado y esta ley viene a castigar a los trabajadores. En dos años se perdieron más de 270 mil puestos laborales netos y 20 mil empresas cerraron”, alertan en la primera plana sindical.
De acuerdo a la última actualización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 192.328 puestos de asalariados privados y 79.620 públicos. En paralelo, según los recientes datos del Indec, en diciembre del año pasado la capacidad instalada industrial cayó al 53.8%, por debajo del 56,7% que había registrado el mismo mes en 2024. Esta mañana se conoció el anuncio del cierre definitivo de la fabricante de neumáticos Fate y el despido de 920 empleados. Operaba con el 30% de su capacidad.
“El problema el Gobierno hoy no lo tiene en las calles, sino en las fábricas”, afirmó uno de los popes sindicales.
En medio de negociaciones que se recrudecieron tras el fallido artículo 44 sobre el régimen de licencias e intensos focos de disputa sobre otros puntos sensibles, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la cúpula de la CGT también desembarcará este miércoles en el plenario de comisiones de las 14 en el Anexo de la Cámara Baja, donde el oficialismo pretende lograr dictamen para llevar el proyecto al recinto la jornada siguiente. “Van los tres secretarios generales”, le confirmaron a LA NACIÓN desde la CGT sobre la presencia en el edificio parlamentario de los triunviros Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).
En la Cámara baja, además del rol opositor de una bancada peronista alicaída, para la central obrera serán decisivos los zigzagueantes bloques “de centro”. Con 18 miembros, el principal es Provincias Unidas, donde conviven expresiones dialoguistas, reformistas y antagónicas respecto a la reforma laboral libertaria. La posición sobre el quórum, no obstante, está unificada. De haber sesión este jueves, la jefa de la bancada, Gisela Scaglia, anticipó que no se sentarán en las bancas para habilitar el debate. A su vez, un diputado del espacio le adelantó a este medio que presentarán “una alternativa al FAL”, con el cual se pretende cambiar el esquema indemnizatorio, y marcó que “hay un encuentro pendiente” con la CGT.
El espiral de intercambios desatado por la caída del ítem que proponía reducir entre 50% y 75% el salario durante enfermedades no laborales trastocó las expectativas del Gobierno en Diputados, donde ese artículo –que había pasado por debajo del radar– sumó rechazos generalizados una vez que tomó estado público por fuera de la discusión palaciega. Su eliminación, de movida, hará que el proyecto vuelva a la Cámara alta, donde el oficialismo había logrado una victoria holgada en su media sanción, aunque debió introducir más de 50 cambios de último momento. Entre ellos, algunos pactados con la CGT, como el alivio a las contribuciones de las obras sociales y la continuidad de las cuotas solidarias.
DaerNicolás Suárez
Los sindicatos creen que “las revisiones podrían incrementarse aún más” y, en consecuencia, obstaculizar el ansiado triunfo político por parte de la Casa Rosada de inaugurar las Sesiones Ordinarias con la ley aprobada. Los defensores de la reforma laboral vislumbran un cambio de época, donde afirman que el marco actual “está agotado” tras más de una década sin crecimiento sostenido del empleo formal en la Argentina y auguran que el proyecto reducirá la litigiosidad imperante y agilizará las condiciones de contratación de los empresarios. En cambio, los detractores gremiales responden que profundizará cifras acuciantes para la industria en su conjunto, aunque reconocen que “es inevitable discutir una modernización” y que “en las bases hubo una penetración del voto a Milei”.
El llamado de la CGT a un nuevo paro se constituyó con el compromiso de “la adhesión de todos los sindicatos del transporte”, claves en la efectividad de la medida. Entre ellos, se destacó el comunicado de respaldo de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), conducida por el ferroviario Omar Maturano e integrada por La Fraternidad, UTA, Carga y Descarga y Estaciones de Servicio, un bloque no alineado con las actuales autoridades cegetistas y ligado a la figura del gastronómico Luis Barrionuevo. En las últimas horas, sin embargo, se acrecentaron las dudas sobre si el gremio de colectiveros conducido por Roberto Fernández parará.
“Está jugando su propio partido”, le cuestionó una voz sindical a Fernández. A fines del año pasado, el secretario general había retirado a la UTA del consejo directivo de la CGT en rechazo a la llegada de Jerónimo al triunvirato, a quien acusa de haber pergeñado una toma de su gremio tiempo atrás. El hecho dejó secuelas y hoy, paradójicamente, el alcance del paro dispuesto por la actual conducción quedó en vilo por la postura que Fernández finalmente tomará. “Vamos a adherir”, afirmaron desde UTA esta semana sin mayores precisiones.
Por eso, en Azopardo desconfían que ese mensaje se traduzca en un cese de actividades. En la última huelga, con el anterior triunvirato, la UTA acompañó formalmente la medida, pero sin parar los colectivos que manejan sus afiliados bajo la explicación de que regía una conciliación obligatoria, maniobra calificada de traición en la CGT. La medida de fuerza, como consecuencia, no tuvo el efecto deseado. Ahora, el escenario podría repetirse. El 10 de febrero, el Ministerio de Capital Humano le dictó una nueva conciliación obligatoria a la UTA por el plazo de 15 días, un argumento que en este caso podría ser utilizado otra vez por el gremio de Fernández para no parar.
Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
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