POLITICA
Las aclaraciones de Tapia ante la IGJ por los balances de la AFA no convencen y analizan pedir más precisiones
Con la firma de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) un informe complementario que, para los técnicos que empezaron a analizarlo, tuvo un bajo nivel de detalle, para responder a las observaciones formuladas por el organismo de control sobre sus estados contables.
El intercambio, al que accedió Infobae, se centra en el balance correspondiente al ejercicio económico 2023/2024, el más voluminoso de los últimos años, que refleja el mayor flujo de recursos en la historia reciente del fútbol argentino, posterior a la consagración de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022, con Lionel Messi como capitán.
Este balance cristaliza el denominado “efecto Qatar”: el salto en los ingresos de la AFA tras el título mundial, impulsado por derechos de televisión, contratos internacionales, utilización de marcas, premios deportivos y aportes de organismos como FIFA y Conmebol. También es el período con niveles inéditos de gasto operativo, con cifras superiores a las de ejercicios anteriores.
El crecimiento abrupto del volumen de negocios se gestionó mediante la intervención de intermediarios y la contratación de una empresa que funcionó como agente exclusivo, TourProdEnter -de Javier Faroni y Érica Gillette- que está siendo investigada por la Justicia argentina y está bajo la lupa de autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos.
En medio de esa controversia, la IGJ, que preside Daniel Vítolo, reclamó a la AFA que explique y brinde detalles de los últimos balances, pero puso el foco en el último. La presentación la hizo la semana pasada la entidad madre del fútbol pero las precisiones sobre el origen y destino de miles de millones de pesos todavía siguen bajo sospecha.
Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, los estados contables continúan sin el nivel de detalle exigido por la normativa para una asociación civil de estas características. El documento lleva la firma de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y figura central de una gestión desde hace tiempo bajo la lupa por el manejo de los recursos del fútbol argentino. Como ha revelado Infobae en investigaciones previas, el crecimiento del poder económico de la AFA no estuvo acompañado por un incremento equivalente en los niveles de transparencia, rendición de cuentas y control interno.
Según pudo saber este medio, la IGJ continúa analizando la presentación y mantiene dudas sobre varios rubros sensibles del balance, por lo que no se descarta que el organismo exija nuevas aclaraciones, ampliaciones o documentación adicional antes de cerrar el expediente. Aunque por ahora no está decidido, la posibilidad de nombrar veedores sobre las finanzas del fútbol argentino no se descartó.
El impacto económico del título mundial
El balance 2023/2024 es el primero que refleja de manera plena el impacto económico del título mundial obtenido en Qatar. Durante ese período, la AFA capitalizó el éxito deportivo de la Selección Nacional, transformándolo en ingresos récord y en una expansión significativa de su estructura operativa.
La IGJ puso especial atención en los rubros presentados de manera global, sin desagregaciones suficientes para evaluar su razonabilidad. La respuesta de la AFA se limita a enumerar cifras y conceptos, sin profundizar en los aspectos más sensibles.
En uno de los párrafos centrales del escrito, la AFA afirma: “La presente apertura guarda estricta concordancia con los importes expuestos en los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30/06/2024, oportunamente presentados ante ese Organismo”. Más adelante, agrega: “La información aquí volcada surge de los registros formales de la entidad que presido”, señaló Claudio Tapia.
Estas frases funcionan como eje defensivo del descargo, pero eluden abordar los puntos que motivaron la intimación: el detalles sobre el origen de los fondos, los criterios de asignación del gasto, los mecanismos de control interno y la trazabilidad de las partidas más voluminosas.
Uno de los rubros observados es “Otros Créditos – Varios”, que alcanza los 7.526.369.503 pesos. Según la apertura presentada por la AFA, el principal componente corresponde a créditos por partidos de la Selección Nacional, por 7.124.000.000 pesos, una cifra que explica casi la totalidad del rubro. Si bien está confirmado y es materia de investigación, la empresa TourProdEnter no aparece en la contestación, aunque figura en documentos publicados por Infobae que por la empresa de Faroni y Gillette pasaron, al menos, 250 millones de dólares.
A eso se suman créditos por entradas de la Selección Nacional (41.016.816,90 pesos), saldos a favor con OSDE (303.341.137,34 pesos), montos a recuperar de QBE ART (30.093.803,68 pesos), servicios del predio de Ezeiza (7.795.648 pesos) y acciones judiciales a recuperar y embargos (183.799,98 pesos).
El informe no aclara cuándo se generaron esos créditos, en qué condiciones se cobrarán, qué plazos de recupero tienen ni qué controles existen para garantizar su efectividad, un vacío que sigue bajo análisis de la IGJ y constituye uno de los puntos débiles de la presentación.
Gastos récord y explicaciones genéricas
El núcleo del cuestionamiento está en el capítulo de Gastos Departamentales, que totaliza 58.344.174.558,97 pesos. Es una cifra que sintetiza el crecimiento de la estructura económica de la AFA y concentra buena parte de las dudas del organismo de control.
La AFA divide ese monto en tres áreas: Selecciones Nacionales, Colegios de árbitros y Escuelas Técnicas, y Administración y Gestión. En todos los casos, la explicación ofrecida es similar: mayor actividad, actualización de costos y crecimiento operativo. Sin embargo, el informe no precisa criterios, contratos, proveedores ni mecanismos de control.
El rubro Selecciones Nacionales asciende a 39.518.303.392,71 pesos, lo que representa más de dos tercios del total de los gastos departamentales. Según la AFA, el incremento responde a factores “objetivos, identificables y debidamente documentados”.
“El mayor incremento de este rubro corresponde a las remuneraciones y primas del Cuerpo Técnico de las Selecciones Nacionales”, sostiene el informe, y agrega que se debe a “los nuevos contratos celebrados tras haber obtenido el título de Campeón del Mundo Qatar en diciembre 2022”.
Solo en remuneraciones del cuerpo técnico y auxiliares, la AFA gastó 24.616.315.103,87 pesos. A ese monto se suman 8.988.145.510,29 pesos en pasajes, traslados y alojamientos; 4.131.780.468,92 pesos en gastos administrativos del área; 1.079.526.883 pesos en vestimenta deportiva y 350.061.669,05 pesos en centros de formación.
El informe no detalla duración de los contratos, bonificaciones, cláusulas especiales ni esquemas de control, aspectos clave para evaluar la razonabilidad del gasto en un contexto de ingresos extraordinarios.
El rubro Colegio de árbitros y Escuela Técnica totaliza 3.119.473.978,08 pesos. Incluye 1.744.304.315,58 pesos en remuneraciones arbitrales, 878.217.790,95 pesos en salarios administrativos y más de 191 millones de pesos en gastos de pruebas físicas. La AFA atribuye el aumento a la profesionalización y a la mayor actividad, pero no aporta detalles adicionales.
En Administración y Gestión, el área más sensible para el control, los gastos suman 15.706.397.188,18 pesos. Allí se concentran 7.941.830.918,58 pesos en pasajes, traslados y alojamientos; 2.640.494.100,86 pesos en congresos y eventos; 1.085.004.393,13 pesos en servicios profesionales, además de montos significativos en logística, seguridad y atenciones médicas.
La explicación de la AFA indica que el incremento responde a “una mayor cantidad de eventos y actividades institucionales”, sin identificar qué eventos, qué proveedores intervinieron, bajo qué criterios se contrataron ni qué controles se aplicaron. Este vacío alimenta las sospechas sobre discrecionalidad en el uso de los fondos.
Un informe firmado por Tapia y dudas que persisten
En cuanto a los ingresos, el balance confirma 37.698.407.579,46 pesos por derechos de campeonatos nacionales, 8.575.200.447,84 pesos por utilización de marcas y 11.070.986.880,13 pesos en aportes y subsidios de FIFA y Conmebol. Es el mayor volumen de recursos administrado por la AFA en un solo ejercicio.
Ese contexto explica por qué el balance 2023/2024 es el más observado por el Estado y el que concentra mayores sospechas. No solo por la magnitud de las cifras, sino porque expone un modelo de gestión altamente concentrado, con escasa rendición de cuentas y fuerte dependencia de decisiones tomadas en la cúpula de la entidad.
La respuesta presentada ante la IGJ está firmada por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y principal responsable político de la administración de los recursos del fútbol argentino. Su firma convierte al informe en un gesto político además de contable: es Tapia quien avala, con su nombre, una explicación considerada insuficiente por varios sectores.
Para la IGJ, el análisis sigue abierto. El organismo evalúa si las aclaraciones alcanzan para cumplir con los estándares de transparencia exigidos o si será necesario avanzar con nuevos requerimientos, ampliaciones o medidas adicionales.
El balance 2023/2024, el de la AFA campeona del mundo, sigue bajo la lupa. Las respuestas ya fueron presentadas. Las dudas, por ahora, persisten.
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POLITICA
A 44 años de la guerra de Malvinas. El Gobierno refuerza lazos con Gran Bretaña, pero sin avances en el reclamo de soberanía
Este jueves, a las 10 de la mañana, el presidente Javier Milei estará, por tercer año consecutivo, en la Plaza San Martín del barrio de Retiro, para homenajear junto a miembros de su gabinete, veteranos de guerra y miembros de las Fuerzas Armadas a los soldados argentinos caídos en la guerra por las Islas Malvinas, de cuyo inicio se cumplirán ese día 44 años.
Al igual que en los dos aniversarios anteriores, y según fuentes oficiales, el presidente Milei renovará en su discurso el reclamo de soberanía sobre las islas, mientras intenta sostener el revitalizado vínculo comercial y político con Gran Bretaña. Vínculo que durante su gobierno ha dado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el punto central: el reclamo diplomático argentino para recuperar las islas, donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, y en el que murieron 649 soldados argentinos.
En medio de un contexto convulsionado por la guerra en Medio Oriente, y a pesar de la alianza de ambos gobiernos con la administración Trump (algunos cortocircuitos entre Londres y Washington aparecieron luego del ataque a Irán) algunas señales recientes de acercamiento del gobierno británico con vecinos de la región como Brasil, Uruguay y Chile son miradas de reojo desde el Gobierno, que insiste en la necesidad de flexibilizar el veto británico a la compra de material de defensa, vital para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Los pobladores de Malvinas (kelpers) siguen desconfiando del gobierno argentino, y creen que les aplica una “guerra económica” por medio de las restricciones a los vuelos desde y hacia las islas y otras operaciones comerciales, según un artículo publicado días atrás por el periódico Daily Express.
En diciembre pasado, Milei le expresó al también británico The Telegraph que estaban abiertas las conversaciones con Gran Bretaña para levantar el embargo británico, que le impide a Argentina comprar armamento que contenga algún componente de ese país. Una información que Gran Bretaña no confirmó, mientras sostiene que lleva adelante una política de “revisión caso por caso” de las licencias de exportación de bienes de uso militar, más flexible que en años anteriores.
Hubo ya una excepción, negociada con Estados Unidos, para la compra de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca, por un valor superior a los U$S 300 millones. En esa entrevista, Milei también dijo que la soberanía argentina sobre Malvinas “no es negociable” y dio por hecho que visitaría Gran Bretaña en los meses siguientes.
Mientras sostiene la necesidad de ampliar los vínculos diplomáticos –el canciller Pablo Quirno afirmó a en diciembre pasado que el Mercosur debería acordar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña- el intercambio no se detiene.
La semana pasada visitó Buenos Aires la ministra británica para el cambio climático, Katie White, y el próximo mes podría llegar otro miembro del gabinete del primer ministro Keir Starmer. En Londres, la embajadora Mariana Plaza (confirmada en el cargo a pesar de que el excanciller Gerardo Werthein impulsó el pliego del experimentado Luis María Kreckler) llevó adelante la semana pasada un evento de cooperación en materia educativa con autoridades del programa de becas Chevening, financiado por el Reino Unido.
El intercambio comercial bilateral subió levemente en los últimos años, y sigue siendo superavitario para la Argentina. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en febrero pasado Argentina exportó $40,6 millones e importó $32,1 millones desde Reino Unido con un balance de $6,43 millones. Entre febrero 2025 y febrero 2026, las exportaciones argentinas se incrementaron poco más del 9 por ciento, y las importaciones un 16 por ciento.
Pero no todo es armonía en el vínculo. El pasado jueves, el canciller brasileño Mauro Vieira y su par británica, Yvette Cooper, firmaron un acuerdo de “alianza estratégica” en base al “diálogo político y cooperación internacional, comercio e inversión; seguridad y defensa; transición justa y desarrollo sostenible; y relaciones entre personas”, según expresó Itamaraty en un comunicado luego de la reunión. Según el sitio especializado en Defensa Escenario Mundial, esa alianza –y las avanzadas tratativas de Gran Bretaña con Uruguay para venderle barcos de patrullaje- “aíslan la postura regional de Argentina por Malvinas”.
Desde el Gobierno niegan que estos acercamientos representen una amenaza concreta. Y confían en contar con el apoyo del continente en el reclamo anual de soberanía nacional en Malvinas, que cada junio se vota en el comité de Descolonización de la ONU. Tampoco descartan que la promesa de Milei de visitar a Starmer en “abril o mayo” se cumpla, más allá de las complicaciones locales del Gobierno y las tensiones que afronta el gobierno británico por la vinculación el designado embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el caso de Jeffrey Epstein.
soldados argentinos caídos,abiertas las conversaciones,para la compra,Jaime Rosemberg,Conforme a
El Gobierno nacional acordó con Chubut el pago de más de $48.000 millones en concepto de deuda previsional vinculada a los aportes de la caja no transferida a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El entendimiento se firmó este martes en el Ministerio de Capital Humano y pone fin, al menos de manera transitoria, a un conflicto que se encontraba judicializado ante la Corte Suprema.
El convenio establece que la Anses transferirá los fondos a la provincia en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4000 millones, a partir de mayo. Se trata de un adelanto de financiamiento previsional correspondiente a 2026, mientras avanzan auditorías sobre el sistema.
La firma del acuerdo implicó además la suspensión de los procesos judiciales en curso vinculados a este reclamo, según confirmaron fuentes oficiales. La deuda había sido motivo de una demanda presentada por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia.
El entendimiento fue rubricado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia.
Un reclamo que llegó a la Corte
La deuda previsional entre Nación y Chubut se arrastraba desde hace años y se originó por la deuda de aportes correspondientes a la caja jubilatoria provincial, que no fue transferida al sistema nacional. Según había planteado la provincia, el incumplimiento de esos pagos generó un fuerte desequilibrio en el sistema.
En diciembre, Torres había confirmado que avanzaría con una presentación ante la Corte Suprema para exigir el pago de más de $51.000 millones. El reclamo se dio en un contexto de tensión financiera en la provincia, que incluso tuvo dificultades para afrontar salarios y aguinaldos.
De acuerdo con el comunicado oficial, las transferencias se realizarán en simultáneo con auditorías que buscan verificar la situación del sistema previsional chubutense. El esquema prevé un flujo constante de fondos durante todo el año.
Desde el Gobierno nacional señalaron que se trata de un mecanismo de financiamiento previsional que permite avanzar en la regularización de las obligaciones sin afectar el equilibrio fiscal, en línea con acuerdos alcanzados con otras provincias.
Además, el convenio incluye la suspensión de “todo trámite judicial” ante la Corte por reclamos vinculados a este entendimiento, lo que implica una pausa en la disputa legal mientras se ejecuta el pago.
La posición de la provincia
Torres calificó el acuerdo como “un acto de justicia”. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, señaló.
El gobernador afirmó que el resultado es producto de “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial” y remarcó que desde el inicio de su gestión impulsó el reclamo ante Nación.
Leé también: La Justicia confirmó que el Gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario
“Estamos hablando de más de $48.000 millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”, agregó el mandatario.
El acuerdo representa un alivio para las cuentas provinciales y abre una nueva etapa en la relación financiera entre Nación y Chubut.
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POLITICA
Intendentes de todo el país enfrentan al ministro Caputo y piden el reparto del impuesto a los combustibles
CÓRDOBA.- En paralelo a que el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a criticar las tasas municipales que “no corresponden por ley”, el Consejo Federal de Intendentes (Cofein) reclamó por “la falta de distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles hacia el interior del país”.
Los intendentes plantearon que el año pasado la Nación retuvo $120.000 millones que correspondían a las provincias y los municipios. Es el pedido que, hace menos de un año, unió a todos los gobernadores del país.
El Cofein está integrado por 22 ciudades de 16 provincias y realiza presentaciones conjuntas en el Congreso nacional para lograr una “mayor participación de las ciudades en la discusión de políticas públicas”. Este martes se reunieron en San Miguel de Tucumán. En el documento de cierre advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan sus administraciones.
“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder a cada vez más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación -señala el texto-. Pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes. Somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”.
También hoy Luis Caputo se reunió con los principales referentes del sector supermercadista, encuentro donde -según trascendió- le plantearon su preocupación por la caída del consumo y la mayor presión tributaria municipal. El Ministro señaló que se trata de gravámenes que “no corresponden por ley” debido a la falta de contraprestación y que terminan impactando también en los precios al consumidor. Apuntó especialmente contra algunos municipios bonaerenses, como Lanús, Pilar, Luján, Hurlingham, Bahía Blanca y Quilmes.
El documento elaborado por los intendentes señala: “La participación impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que concentra la Nación. Salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios”. En esa línea, que solo en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), durante 2025 quedaron sin distribuir $740.356 millones en “incumplimiento de leyes y acuerdos vigentes”. Insistieron en que debe reformularse el reparto.
En ese escenario pidieron “abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado. La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios”.
“Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a dejar de sostener la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza”, agrega el comunicado que menciona que en los últimos dos años se cerraron 22.608 empresas y 300.000 personas quedaron en situación de desempleo.
Remarcaron que la caída de ingresos y el aumento de la demanda de servicios públicos recae principalmente sobre provincias y municipios. “Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona”, concluye el texto.
De manera presencial participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; de Córdoba, Daniel Passerini; de Santa Rosa (La Pampa), Luciano di Nápoli; de Neuquén, Mariano Gaido; de Cipoletti (Río Negro), Rodrigo Buteler; de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Rosario, Pablo Javkin; de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; de La Rioja, Armando Molina; de Viedma, Marcos Castro; de La Plata, Julio Alak; y de Escobar, Ariel Sujarchuk. También participaron el jefe de Gabinete de Formosa, Mauricio Nadalich, y el subsecretario de Hacienda de Posadas, Bruno Mariani.
De forma virtual se sumaron los intendentes de Mendoza, Ulpiano Suárez; de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; de Salta, Emiliano Durand; de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; de Santiago del Estero, Norma Fuentes; y el coordinador de Gabinete de San Juan, César Aguilar. También estuvo Carolina Basualdo, exintendenta de Despeñaderos y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Diputados.
tasas municipales que “no corresponden por ley”,unió a todos los gobernadores,Gabriela Origlia,Tucumán,Luis Caputo,Transporte,Conforme a,Tucumán,,Quejas por los recursos. Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”,,»Pedimos su renuncia». Tras los agraviantes comentarios sobre Mercedes Sosa de un funcionario tucumano, la familia de la artista emitió un comunicado,,Pasajero “goloso”. En pleno viaje avisó que se sentía mal: en el hospital vieron que había tragado 95 cápsulas potencialmente letales
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