POLITICA
Las dudas que dejan los nuevos criterios de admisión para los periodistas en la Casa Rosada
Desde el miércoles pasado, la subsecretaría de Prensa puede decidir qué periodistas ingresan o no a la Casa de Gobierno bajo un nuevo set de criterios que, pese a quedar referenciados en la resolución firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, tiene zonas grises y un amplio margen de discrecionalidad.
Desde la oficialización de la medida, enmarcada en un clima de creciente hostilidad hacia los medios, los periodistas que deseen conservar su acreditación en Balcarce 50 u obtenerla por primera vez tendrán 30 días para presentar la nueva documentación. Antes, deberán validar el medio para el que trabajan.
Cada solicitud será evaluada por la subsecretaría un nuevo sistema de puntos que otorga un máximo de 70 a cada aspirante, según se detalla en “matriz de evaluación objetiva”, el nuevo criterio de admisibilidad que presentó el Gobierno.
Para competir por los lugares disponibles en casa de Gobierno -36 en la sala de conferencias y 25 en la de prensa- el periodista deberá superar un piso mínimo de 35 puntos.
Esa medición desata las dudas y riesgos de arbitrariedad.
Hay diferentes parámetros. Por ejemplo, la “trayectoria profesional”, que el Gobierno calificará con 5 puntos. Pero no está claro, por ejemplo, si de cada uno de estos criterios se puede obtener una puntuación parcial, por ejemplo, tres de cinco, o si, por el contrario, el reparto en cada uno de los items es absoluto: cinco puntos o nada.
El primero de los parámetros es el alcance. El medio o solicitante deberá dar cuenta de su llegada a la audiencia a través de una “fuente verificable”. El reglamento ofrece solo dos ejemplos: Ibope, que realiza mediciones de TV y radio, y Google Analytics, con métricas sobre el comportamiento de los usuarios en internet. Después agrega un “etc.”. No se sabe a qué se refiere.
No se cuantifica ni determina un piso mínimo de audiencia según cada plataforma, ni establece una correlación entre los diferentes niveles. ¿Es cinco puntos o nada? ¿Según la audiencia alcanza varía el puntaje?. Tampoco está claro, por ejemplo, si un medio nacional corre o no con ventaja respecto a uno provincial. ¿Se miden igual?
Más importante que el alcance, según el nuevo standard, es el criterio de la “interacción”, es decir, lo que ese medio o periodista despierta en quien recibe la información. Es valorado con el doble de puntos.
Sería un criterio exclusivamente reservado a las redes sociales, el terreno donde predomina la influencia libertaria, y pareciera estar diseñado especialmente para abrirle la puerta de la Casa Rosada a lo que en el nuevo decálogo llaman periodismo “no convencional”, asociado al mundo de los influencers y los youtubers, pero en donde también juegan los medios tradicionales.
Aquí, no se aclara cómo hará la Subsecretaria de Medios para distinguir entre las reacciones “orgánicas”, es decir, aquellas interacciones que son genuinas respuestas de los usuarios, de aquellas que son generadas por mecanismos automáticos, generalmente pagos, como los bots. Ese último es un universo donde los libertarios tienen amplio alcance.
La interacción en el terreno virtual se podrá acreditar con “capturas” de imágenes y enlaces, y cuantificar a través de “comentarios”. Este segundo criterio parece valorar especialmente que aquel que consuma la información “genere conversación” en las redes, lo que supone como beneficioso que el usuario se manifieste sobre lo que consume, y que esa reacción sea inmediata.
El tercer parámetro, el de la “especialidad”, otorga 15 puntos y es el que más peso tiene dentro de la nueva batería de criterios. El medio o periodista debería acreditar si produce habitualmente contenidos sobre “política”, “gestión” o “gobierno” a través de un portfolio. Tampoco se establece algún tipo de graduación, ni desde cuando queda ratificada la trayectoria del aspirante.
El recorrido también es valorado. Por un lado, se otorgarían 10 puntos si existen registros de acreditaciones previas o coberturas de actos oficiales. Otro criterio, también de 10 puntos, pondera la trayectoria profesional del periodista, su experiencia y formación, que puede acreditarse mediante un CV o mediante “referencias”.
Hay otro aspecto formal y consiste en cumplir con los requisitos administrativos del procedimiento, como la presentación por parte del periodista de una declaración jurada; la entrega de datos personales (domicilio, teléfono, etc.); y una carta firmada por su jefe periodístico junto con documentación que acredite el vínculo laboral, entre otros. También en ese listado hay cuestiones abiertas.
Dice el reglamento: “En caso de contar con título profesional habilitante como profesional del periodismo o afines, copia del título profesional universitario y/o terciario debidamente homologado por autoridad competente”. ¿Es un trámite adicional solo para quien cuente con título? ¿Se valora especialmente?.
Además, la nueva regulación, que se da en medio de una escalada de agresiones del Gobierno hacia la prensa, hace más rígidas algunas prácticas habituales del periodismo. Por ejemplo, prohíbe esperar en los pasillos de la Casa Rosada o realizar transmisiones en vivo-; impone un nuevo código de vestimenta formal -“para mantener el decoro y las buenas costumbres”, dice la resolución-; y mantiene, también, algunas normas viejas como la cantidad de periodistas por medio.
Tras la victoria en el Senado, con la aprobación del proyecto de ley de Reforma Laboral propuesta por Javier Milei, el oficialismo logró otro triunfo en la Cámara de Diputados con la baja de la edad de imputabilidad.
Con el apoyo del radicalismo, el PRO y los bloques provinciales, La Libertad Avanza (LLA), logró el quórum necesario para iniciar el debate del proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.
El oficialismo obtuvo la aprobación en general de la iniciativa con 149 votos positivos, 100 negativos y ninguna abstención.
La presencia de 129 legisladores habilitó el inicio del debate en la Cámara baja, en una sesión que pretende ser extensa y llena de tensión.
El discurso de apertura de la sesión estuvo a cargo de la diputada libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien cuestionó al Reforma Penal Juvenil vigente calificándolo de “ineficiente, injusto y heredado de la dictadura”.
“No previene, no resocializa y no repara, ni brinda respuestas a las víctimas”, indicó la legisladora que además, afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.
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La representante de Unión por la Patria (UxP), María Elena Velázquez, reveló que votará en contra de la baja de edad de imputabilidad e insistió: “Un niño no tiene la capacidad de analizar la criminalidad de sus actos”.
“Les mienten a las familias cuando les dicen que al bajar la edad de la imputabilidad van a solucionar el problema. Hay que invertir en educación y salud mental”, destacó la legisladora.
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POLITICA
Sergio Berni: “El delito no tiene edad, la imputabilidad no se puede negociar como si fuese una paritaria”
Un día después de la sanción de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo vuelve a convertir el Congreso en el centro de su estrategia política. El gobierno de Javier Milei buscará en la sesión de este jueves en Diputados dar media sanción al nuevo régimen penal juvenil.
La proyección de votos favorece a la Casa Rosada, que confía en amalgamar el acompañamiento de sus socios estratégicos (Pro, la UCR y el MID) con respaldos de bloques como Provincias Unidas, Innovación Federal y el espacio de los sanjuaninos de Producción y Trabajo. Esta configuración numérica le permitiría al Gobierno sortear la votación con éxito.
Sin embargo, las mayores tensiones se registran en el seno de Unión por la Patria. Mientras el sector kirchnerista ya cerró filas en rechazo a la reforma, el Frente Renovador de Sergio Massa decidió marcar un perfil propio. El massismo coincide en el piso de los 14 años, pero cuestiona la metodología: exigen que la modificación sea parte de una reforma integral del Código Penal y no un régimen aislado.
En este complejo escenario de alianzas y fisuras, Sergio Berni irrumpe con una postura que ya incomodaba a varios referentes del kirchnerismo cuando eran gobierno. El exministro de Seguridad bonaerense, en diálogo con en la previa al debate, no solo respalda la baja de la edad de imputabilidad, sino que propone una mirada “de vanguardia” que rompe con las edades fijas y cuestiona duramente la gestión actual del sistema de encierro.
—¿Está de acuerdo con la edad de baja de imputabilidad que se propone?
—Estoy totalmente a favor de la baja, es algo que vengo solicitando a los legisladores desde hace más de diez años. Celebro que se discuta, pero me parece que hay que tener sentido común. No estoy de acuerdo con el límite de los 13 años que había propuesto el oficialismo. Ya que estamos ante una reforma importante del Código Penal, no debemos dejar pasar la posibilidad de que esto sea mucho más justo. Entiendo que la baja no tiene que tener una edad fija, sino que debe estar sometida a una pericia psicológica.
—¿Plantea que no exista una edad estipulada por ley?
—Por debajo de los 16 años debe existir una pericia psiquiátrica que informe si el menor comprendía la criminalidad del hecho. Si la comprendía, es imputable, independientemente de la edad que tenga. El delito no tiene edad. No nos podemos perder la oportunidad de ser vanguardia en el mundo y cometer el error de otros países que ponen una edad arbitraria. No se puede negociar la edad como si fuese una paritaria. Es una falta de seriedad absoluta.
—Usted sostiene que el contexto en el que delinquen los jóvenes cambió drásticamente…
—Es que no es lo mismo un chico de 16 años de ahora que hace 20 o 30 años, o en los años 80 cuando se sancionó la ley actual. La capacidad de comprensión es distinta y no solo tiene que ver con el desarrollo biológico del cerebro, sino con el ambiente y los estímulos. Aquellos que están en contra de bajar la edad lo que tienen que hacer, en vez de declaraciones rimbombantes, es derogar la ley 13.634 vigente en la provincia de Buenos Aires. Esa ley permite que un juez ponga preso a un chico de 10 años si quiere, por más que sea inimputable. Hay que ser coherentes
—¿Por qué considera que el sistema actual fracasa en la provincia de Buenos Aires?
—La mejor manera de cuidar a esas criaturas es obtener una condena y empezar rápidamente el proceso de resocialización. Hoy, los institutos de menores en la provincia están manejados por el Ministerio de Desarrollo Social, con funcionarios que no tienen idea de cómo cuidar a un asesino en potencia o a un asesino. Hemos visto cómo los menores van a un instituto y se escapan a los dos días. Si la ley no viene acompañada por toda la logística necesaria, no sirve de nada.
—Su espacio político, Unión por la Patria, se mostró históricamente resistente a esta medida. ¿Cree que deben acompañar la iniciativa en el Congreso?
—No sé qué harán, porque depende de la voluntad de cada uno. Mi espacio es resistente, pero está claro que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para hacerles entender que esto es lo que hoy necesita el país. Gran parte de los homicidios que tenemos en la provincia de Buenos Aires son llevados adelante por menores que se sienten amparados en su condición de inimputables.
El proyecto que se debate en Diputados fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.
Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio.
Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados, acceso a educación y salud, y programas de resocialización.
Carolina Venzi,Conforme a,,»Van a terminar yéndose en helicóptero». Grabois apuntó muy duro contra el Gobierno por la reforma laboral,,Régimen penal juvenil. Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años,,Debate exprés. El oficialismo consiguió dictamen para debatir el acuerdo Mercosur-Unión Europea en Diputados
“A no bajar los brazos, quedan dos años de esto nada más”. Así cerró Axel Kicillof su último acto veraniego del miércoles, en la localidad de Quequen, donde estuvo acompañado por un puñado de ministros e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Presente y futuro. De eso habla el gobernador bonaerense en sus discursos recientes. Todos apuntados a cuestionar las políticas libertarias, comparar la gestión de Milei con el peor momento de la etapa de Mauricio Macri en el poder y consolidar su perfil ultra opositor, embanderado en la defensa del Estado presente.
Kicillof empezó a coquetear, discursivamente, con su candidatura presidencial. En ese sentido, la construcción de un perfil extremadamente opositor se sostiene en el tiempo y es el principal eje de su apuesta electoral. Ser exactamente todo lo contrario a lo que representa el presidente de la Nación.
Cada día más duro y más crítico respecto a la gestión del gobierno nacional, el gobernador hace pie en su gestión para marcar las diferencias con el modelo político teñido de violeta. Es la voz más resonante de los gobernadores de Unión por la Patria (UP), que hablan poco y nada en público. El martes, por ejemplo, fue el único de la pequeña liga de gobernadores opositores que estuvo presente en las puertas del Congreso donde se trataba la reforma.
Este año, y sobre todo en las últimas semanas, Kicillof ha redoblado su avanzada discursiva contra el presidente Milei. El discurso de ayer fue un ejemplo bien concreto. “Lo que está pasando no es producto de la casualidad. No es un error de cálculo. Son las consecuencias de determinadas políticas económicas”, precisó.
El discurso del mandatario bonaerense se basó en la pérdida de puestos de trabajo y en la cantidad de empresas que se cerraron durante la gestión nacional. “Se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos. Se cerraron 30 empresas por día desde que llegó Milei. Son números excepcionales. Hay pocas etapas de la historia argentina en la que haya pasado esto”, aseguró.
Kicillof comparó la gestión de Milei con la Macri, tomando como ejemplo un título periodístico que hablaba de la espera del Gobierno para que haya un mejor segundo trimeste. “Cuántos años nos tuvo Macri con el verso del segundo semestre, la luz al final del túnel o lo peor ya pas. Son muletillas crueles que intentan generar esperanzas cuando se destruyen las promesas”. Así fue la sentencia.
El gobernador planteó que Milei “no recorre la Argentina” porque no está pasando lo que dicen que está pasando en política económica. Los misiles van todos directo al Presidente. En forma sistemática y cada vez con críticas más feroces. Y van de la mano de un contraste permanente con la política del Estado presente, que sostiene en Buenos Aires desde que asumió en el 2019.
La avanzada del mandatario bonaerense se da en el medio de una seguidilla de derrotas del peronismo en el Congreso, donde los bloques legislativos no pudieron frenar la reforma laboral y la ley que modifica el nuevo régimen penal juvenil. Si bien los proyectos solo tienen media sanción, el oficialismo parece tener allanado el camino para poder convertir a ambas iniciativas en ley.
La doble derrota pone al peronismo en un lugar de absoluta debilidad. No hubo unidad que pudiera evitar que quedara expuesta la pérdida de poder y de fuerzas que ha sufrido el partido opositor tras la última elección de medio término. Por eso, en ese contexto de limitaciones y noticias pálidas, la figura del gobernador sobresale como principal espada de resistencia y de combate ante las ideas que pregona el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Axel Kicillof
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