POLITICA
Las dudas que el cheque de Trump aún debe despejar

La inédita intromisión de Donald Trump en la política doméstica de la Argentina tuvo dos impactos inmediatos. El primero fue que el anuncio de un préstamo de US$20.000 millones para reforzar las reservas frenó la corrida cambiaria que amenazó la semana pasada con llevarse puesto al equipo económico, que encabeza Luis Caputo. Desde el lunes hasta el jueves, hubo una súbita calma en los mercados, con caídas del valor del dólar y del riesgo país. Ayer, hubo otra vez turbulencias. No hay todavía señales nítidas de estabilidad y repunte a pesar del auxilio estadounidense.
El segundo coletazo fue netamente político, a partir del mensaje del influyente secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien condicionó la ayuda financiera y las inversiones de las empresas de su país al resultado electoral de los comicios legislativos del 26 de octubre próximo. La admisión del funcionario trumpista ubicó a Estados Unidos como un actor determinante en la campaña y empujó a la oposición a un rediseño de su estrategia. Tomaron nota el peronismo, la izquierda y algunos legisladores que responden al bloque de los gobernadores: articulan para exigir que el empréstito sea debatido antes por el Congreso, donde el Gobierno perdió casi todas las votaciones que hubo en 2025 y están cerca de revertirse otros vetos de Milei. El contenido de los debates se imagina previsible: Patria, sí; colonia, no. Braden o Perón, o, en tiempos más contemporáneos Lamelas o ¿Cristina? Discusiones que calentarán la víspera electoral mientras la economía y los mercados siguen expectantes.
En el corazón del Gobierno, después de la euforia por el salvavidas que Trump le arrojó a Milei, un funcionario se animó a plantear algunas alarmas que surgen cada vez con más repetición a partir de los datos de la economía real. ¿Lo peor ya pasó, como aseguró el Presidente cuando anunció el proyecto de presupuesto 2026? Esta semana se conoció que la actividad económica cayó por tercer mes consecutivo, según el estimador mensual del Indec. Es el quinto mes en lo que va del año que resulta negativo. Otros dos informes del organismo de estadísticas oficial advirtieron sobre un derrumbe en el consumo y en las expectativas. Se trata de la Encuesta de Tendencia de Negocios a Supermercados y autoservicios mayoristas, que mide la evolución mensual de las ventas y sirve de termómetro del comercio y la industria.
Para la Unión Industrial Argentina (UIA) también las estadísticas siguen a la baja. “Los datos anticipados de agosto indican una baja de la actividad industrial en torno a -3% en términos interanuales. En la comparación mensual, luego de la caída de 2,3% en julio, se proyecta que agosto se mantenga en los mismos niveles”, precisa el último informe de la entidad fabril. En la UIA son cautos y evitan hablar de un derrumbe, pero confirman que hay un estancamiento. Martín Rapallini, jefe de la UIA, ya planteó el descontento de los industriales frente a diferentes interlocutores de la gestión libertaria. Rapallini conserva una silla en el Consejo de Mayo, el atajo que encontró el Gobierno para intentar consensuar para fin de año proyectos de reforma laboral e impositiva con aval empresario, sindical y de la oposición. Su éxito se anticipa hoy poco probable, según fuentes al tanto de lo debatido en las reuniones.
“La actividad económica continúa en caída, el empleo privado formal planchado en los niveles de 2015 y el salario de los trabajadores registrados está en el valor más bajo de la última década (- 30% contra 2015)”, escribió Luis Campos, abogado laboralista y director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, un organismo que analiza estadísticas de empleo y salarios en base a datos oficiales. En un hilo de tuit, el 16 de septiembre, tras la presentación del presupuesto y previo al terremoto financiero, Campos dio las razones por las que difícilmente el empleo y los salarios repunten. “En materia de ocupación e ingresos el modelo ya dio todo lo que tenía para dar. En el mejor de los casos, el Gobierno podrá estabilizar la situación actual. Los datos de junio mostraban un estancamiento del empleo formal (SIPA). Es un modelo que no crea empleo. El salario también está estabilizado en niveles muy deprimidos. La inflación desaceleró, pero la actualización salarial también. Con este modelo los salarios no van a crecer”, señaló el especialista.
Lo curioso es que en el Gobierno coinciden con el diagnóstico del think tank sindical. “Está todo muy quieto. Es momento de protección, de cuidar lo que se tiene. Ni siquiera los proyecto del RIGI tienen impacto en el empleo. Para que eso despegue tiene que haber confianza y estabilidad. Cuando se estabilice el dólar, va a arrancar”, dijo un funcionario que cultiva el bajo perfil.
La referencia al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) no fue casual. Se trata de la ley de incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y legales para las empresas presenten proyectos de más de 200 millones. Es uno de los supuestos logros que exhibe el equipo económico de Caputo. Desde octubre de 2024, cuando se reglamentó, se aprobaron siete proyectos, hay otros 13 en observación y uno fue rechazado, según precisaron desde el Ministerio de Economía. Entre los que tienen luz verde, hay iniciativas gasíferas, mineras, eléctricas, siderúrgicas y petroleras. Entre los gremios involucrados, son moderados con las expectativas y aseguraron que los proyectos todavía no tuvieron impacto directo en la creación de empleo. “Solo dos fueron aprobados el RIGI, pero no generaron ningún puesto de trabajo nuevo”, dijeron en la Asociación Obrera Minera, cuyo jefe, Héctor Laplace, se opuso desde la hora cero al régimen por considerarlo “competencia desleal y un saqueo de los recursos naturales de la Argentina”. A la espera de la aprobación de este tipo de proyectos hay empresas estadounidenses, las que, según afirmó Bessent, estarían dispuestas a invertir si el resultado electoral de octubre “es positivo” para La Libertad Avanza. Condicionamientos al electorado del gigante del norte.
Antes del auxilio de Trump, el senador peronista José Mayans sembró dudas al advertir sobre irregularidades en la posible privatización del sistema nuclear argentino. “Le digo al presidente Milei: no sea tan hijo de mil… No se vende el sistema nuclear argentino, desde esta humilde banca se lo digo. Ya me comentaron que es para su exjefe, y con algunos capitales y algún porcentaje para él y un 3 por ciento para Karina. Es una vergüenza, realmente. Para juntar 80 millones. No estamos de acuerdo con eso”, dijo Mayans durante su intervención en la sesión del 18 de septiembre pasado. No presentó pruebas ni dio mayores precisiones. “Su exjefe es por [Eduardo] Eurnekian. Es información que me pasaron y la dije en el recinto para que sepan que sabemos. Es una amenaza para la seguridad y soberanía del país privatizar el sistema nuclear. El lunes vamos a hacer una presentación desde el PJ. [Miguel] Pichetto también alertó sobre el tema”, dijo Mayans a . Cerca de Eurnekian desestimaron de manera tajante cualquier tipo de inversión en el área nuclear.
Cuando en 2022 China se interesó en financiar Atucha III, la cuarta central nuclear del país, Estados Unidos puso el grito en el cielo y al poco tiempo después, con el cambio de gobierno, el proyecto quedó trunco. Sería ahora lo que pretende reflotar el oficialismo, aunque mediante inversión privada. El vocero Manuel Adorni fue el que admitió recientemente que el Estado buscará desprenderse de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina, empresa pública a cargo de la operación de las centrales Atucha I y II y Embalse y que es presidida por Demian Reidel, el funcionario que en una exposición dijo que el problema de la Argentina es que está poblada por argentinos”. Llamativamente, Reidel integró la comitiva oficial que acompañó a Milei en la ONU. Hace ocho días, el gobierno de Estados Unidos anunció que la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que se une como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano.
El analista internacional Roberto Russell menciona “un interés estratégico” de Estados Unidos por auxiliar a la Argentina. “El punto central es la competencia global con China y la necesidad de limitar su espacio de influencia en América Latina. Este es el motor principal de la política de Washington hacia la región”, planteó el profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad di Tella.
La definición de Russell, una de las miradas más agudas del análisis internacional, refleja lo que reconoció abiertamente Peter Lamelas, el embajador designado por Trump que todavía no tiene confirmada la fecha de su llegada a Buenos Aires. Lamelas dijo que desembarca en el país para limitar “la influencia maligna” de China y Venezuela, “ayudar a Milei” y “asegurar de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”. Curiosa presentación para un diplomático.
La llegada de Lamelas, sumado a las dos visitas de funcionarios militares de Trump al país, refuerzan las sospechas sobre el verdadero interés de Estados Unidos en auxiliar a la Argentina. Circulan cada vez con más intensidad versiones sobre la decisión de montar una base militar conjunta en Ushuaia. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y los senadores opositores Pablo Blanco (UCR) y Cristina López (Unión por la Patria), representantes de esa provincia, presionan para interrogar en el Congreso al ministro de Defensa, Luis Petri, y al canciller, Gerardo Werthein. “Queremos que expliquen al Congreso y al pueblo argentino por qué entregan nuestra soberanía a cambio de deuda”, planteó López. En el Gobierno rechazaron las versiones, aunque tampoco ofrecieron precisiones sobre la letra chica del acuerdo financiero con Washington. Tierra del Fuego es un lugar estratégico, con salida al Atlántico Sur. Muy cerca de allí, en frente, sobre Puerto Argentino, el Reino Unido levantó hace 40 años una fortaleza militar llamada Mount Pleasant, donde viven 2000 personas, de las cuales 1500 son soldados. La construyeron para proteger a las islas Malvinas de un ataque como el de 1982. Los británicos nunca más se fueron.
Tras la gira por Nueva York, el Presidente retoma la agenda local y la campaña electoral. En el camino hacia las urnas, se cocina entre fuerzas opositoras, gremialistas y piqueteros un operativo de desgaste que contempla desde una ofensiva en el Congreso a protestas callejeras. El campanazo de largada de la réplica será el martes, con un despliegue de ollas populares y un reclamo de las organizaciones sociales para restituir el salario social complementario que le sirvió a la gestión de Cambiemos para contener a los sectores populares. Hay dirigentes piqueteros y gremialistas que imaginan un esquema de protestas a repetición desde ahora hasta fin de año. ¿Resurge el estigma del peronismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea propio?
Al margen de la amenaza opositora, el cuento del Tío Sam (Scott, en este caso) tiene desenlace abierto. Hubo antecedentes de un pedido de ayuda similar a Estados Unidos, en 2001, con De la Rúa, y en 2018, con Macri, casualmente también con Caputo al frente del Palacio de Hacienda. Milei espera que esta vez el final sea diferente.
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POLITICA
“Los Karinos”: roles, influencias y disputas de poder en el círculo íntimo de la hermana de Javier Milei

A lo largo de los últimos cinco meses, Karina Milei ha logrado acumular un poder enorme en el Gobierno. El contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre le permitió expandir su influencia: auspició designaciones en puestos codiciados y, sobre todo, avanzó sobre Santiago Caputo, el consejero del Presidente y su gran adversario interno.
“El Jefe” es la sombra de Javier Milei en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos. Llevarse bien o mal con ella significa para los libertarios tener o no acceso al primer mandatario. Es que la agenda de Milei y define quién entra o quién sale de su círculo íntimo. Casi nadie puede verse con él sin pasar su filtro -los Caputo, Sandra Pettovello o Lilia Lemoine tiene llegada directa y son excepciones en la galaxia libertaria-. Gracias a su proximidad al jefe del Estado, se convirtió en el centro neurálgico del poder en el Ejecutivo nacional. Y pese a que cultiva un segundo plano -nunca habla con los periodistas- y no tiene atribuciones formales o áreas bajo su mando, ha logrado ser más influyente que Caputo o que la mayoría de los ministros del Gabinete.
Desde que le quitó al asesor el manejo de la cartera de Justicia -impuso a Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cúneo Libarona y nombró a Santiago Viola en reemplazo del caputista Sebastián Amerio-, la hermana del Presidente tiene más influencia que nunca. Es más: Milei ya no habló del “triángulo de hierro” en las últimas entrevistas.
Con Caputo replegado y malherido -si bien perdió mucho terreno, conserva áreas estratégicas, como la SIDE o la exAFIP y sigue siendo una fuente de consulta para el Presidente-, la disputa en la cúpula del Gobierno se trasladó al seno del grupo de los “karinos”.
Se trata de los hombres y mujeres de confianza de Karina Milei que la han acompañado desde la campaña de 2023 y que responden a su conducción política. Representan a distintas tribus de LLA y tienen mayor o menor proximidad a la hermana del Presidente.
Entre los altos mandos del karinismo no hay afecto societatis. Son dirigentes de diversa extracción y operan en terrenos dispares -desde el Congreso y la Justicia hasta la política porteña o la vasta geografía bonaerense-. Es más: existen recelos internos entre ellos. Pero hasta ahora los une que están enfrentados al mismo rival: Santiago Caputo.
El núcleo duro del karinismo está conformado por los Menem; la legisladora porteña Pilar Ramírez y el titular del Banco Nación, Darío Wasserman; los diputados Sebastián Pareja y Romina Diez; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y Santiago Viola, actual número dos de Justicia. Viola, hijo de Claudia Balbín, una abogada influyente en los tribunales de Comodoro Py, siempre fue un colaborador estrecho de “El Jefe”, pero ahora tendrá un papel central para los hermanos Milei, por las novedades en torno a las causas judiciales que más dolores de cabeza les generan: $LIBRA y Andis.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su ladero más fiel, Javier Lanari, actual secretario de Comunicación y Prensa, tallan en el círculo cercano a Karina Milei, pero se mueven con autonomía de los Menem. Por ejemplo, Adorni acordó con los Milei que recalaría en un puesto estratégico del Gobierno cuando aceptó encabezar la boleta de legisladores porteños de LLA, una opción que a todas las luces no le atraía. La víctima de esa maniobra terminó siendo Guillermo Francos, a quien Adorni esmeriló con sigilo hasta que logró su renuncia.
Ahora, Adorni se encaminaba como posible candidato a jefe de Gobierno, una apuesta con la que Karina Milei tensionó el vínculo con Patricia Bullrich, quien se perfilaba para la pelea por la Capital. No obstante, el gigantesco revuelo político que generó la inclusión de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial que voló a EE.UU. para la “Argentina Week” puso en crisis a Adorni y sembró interrogantes sobre su futuro. Sus detractores internos sospechan que su gran objetivo es acompañar a Milei en la fórmula el año próximo para edificar una postulación presidencial en 2031.
Otra figura clave en la intimidad de la hermana del Presidente es Mara Gorini, quien se desempeña como asesora de la Secretaría General de la Presidencia. Hasta diciembre de 2023, Gorini fue socia en la empresa organizadora de eventos Foggia Group, que organizó el evento de Milei en el Luna Park en 2024, y ahora compite con quedarse con la concesión de Tecnópolis.
En el primer círculo de Karina Milei están Martín y “Lule” Menem. Son dos karinistas irreductibles. Se jactan de haber permanecido al lado de ella contra viento y marea. De hecho, ambos quedaron en la cuerda floja cuando estalló el caso Andis, a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que denunciaba un presunto pago de sobornos en su área.
El presidente de la Cámara de Diputados y sobrino del expresidente forjó un vínculo de amistad con “El Jefe”. Es su brazo ejecutor en el Congreso y en el partido del oficialismo nacional. Con alta exposición mediática y presencia en las redes sociales, apuesta con sigilo a posicionarse como una alternativa presidencial para el 2031. En cambio, “Lule”, primo del exmandatario, hace de la discreción un dogma. Es la silenciosa y poderosa mano derecha de Karina Milei.
Actual subsecretario de gestión institucional, “Lule” se encarga del armado nacional de LLA. Es el nexo entre “El Jefe” y los referentes provinciales de la fuerza de Milei. De hecho, controló el reparto de contratos de la Anses en el interior -una herramienta clave para comprar lealtades- e influyó en el nombramiento de Alfonso José Torres como titular de Nación Seguros. ¿El avance sobre Nación Seguros provocó chispazos con Wasserman, esposo de Ramírez? En la Casa Rosada lo niegan, pero admiten que hubo ruidos entre los Menem y el grupo porteño de “los karinos” después de que LLA fuera derrotado por el kirchnerismo en los comicios bonaerenses de septiembre último.
El mayor cortocircuito se produjo cuando trascendió que Karina Milei había corrido a “Lule” Menem como coordinador nacional de la campaña. En aquel entonces, la mano derecha de “El Jefe” estaba bajo fuego por el caso de Andis.
En el sector de los Menem provocó malestar que Ramírez se mostrara en sintonía con Caputo y que trascendiera que en el karinismo había diferencias en torno a la estrategia de plantar candidatos puros en todos los distritos, una jugada que dinamitó el vínculo con los gobernadores en el Congreso.
Ramírez y Wasserman tienen influencia directa sobre Karina Milei, pero su poder de fuego se limita a la Capital. La jefa de LLA en la Legislatura sigue las instrucciones de “El Jefe” y actúa como el puente con Pro. Por caso, estuvo al frente de la negociación para cerrar el trato con los amarillos en 2025 y ahora es la interlocutora con Daniel Angelici, consejero de Jorge Macri tras bambalinas. Ramírez apuesta a preservarse de los coletazos de las pujas en la cúspide del poder y afirma que trabaja para que un libertario gobierne la Capital en 2027. ¿Su candidato es Adorni o en la intimidad sueña con quedarse con ese lugar? Ella repite que hará lo que disponga Karina Milei.
Cerca de Martín Menem, trabaja Federico Sharif Menem, sobrino de “Lule”. Si bien es una figura poco conocida, tiene un rol importante en el esquema de Karina Milei. Tiene contactos con las bases de jóvenes militantes que confrontan con los referentes de “las fuerzas del cielo” que reportan a Caputo y coopera con Martín Menem en el plano legislativo. Otros leales a Karina Milei que orbitan cerca del titular de la Cámara de Diputados son los cordobeses Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni.
Los territoriales bonaerenses, que lideran Sebastián Pareja, y Alejandro Carrancio, diputado nacional y aspirante a intendente de Mar del Plata, tienen juego propio en Buenos Aires, pero siguen los lineamientos de los Menem. De hecho, Pareja conoció a los Milei en 2022 gracias a una gestión de “Lule” Menem y Carlos Kikuchi, entonces armador nacional de LLA.
En espejo con el desembarco de Adorni en la Capital, Pareja se planta como aspirante a gobernador en Buenos Aires. Oficia como un tapón, admiten en LLA, del mejor posicionado en esa carrera: Diego Santilli, actual ministro del Interior. Sin bien está lejos de la toma de decisiones, Santilli se ganó la confianza de Karina Milei. A diferencia de Cristian Ritondo o Guillermo Montenegro, supo alejarse de Caputo. A Montenegro no le perdonan sus reuniones secretas con el asesor ni que haya cooperado con Karina Milei durante sus visitas a Mar del Plata -lo acusan de no haber querido cortar una calle para un acto partidario o de levantar el perfil durante La Derecha Fest-.
Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, también se aproximó a los karinos. Ante la amenaza del ingreso de Diego Valenzuela como jefe de la agencia de Migraciones, auspiciado por Bullrich, buscó la contención de Adorni. Finalmente, Valenzuela se quedó afuera del Ejecutivo. Los bullrichistas lo leyeron como una clara señal de que Karina Milei pretende obturar la chance de que la senadora sea la candidata a jefa de gobierno de LLA en 2027.
Apenas se supo que Adorni había integrado a su esposa a la comitiva oficial que fue a Nueva York o se conocieron las imágenes de su viaje en avión privado a Punta del Este, la mayoría de los karinistas volvió a responsabilizar a Caputo. Pero también hubo quienes pusieron en duda la actitud de Bullrich y apuntaron contra Carlos Tonelli, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La única empresaria que influye en el círculo íntimo de “El Jefe” es Bettina Bulgheroni, esposa del petrolero Alejandro Bulgheroni y actual titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). De hecho, en marzo de 2024, la hermana del Presidente nombró a Bulgheroni como embajadora de la Marca País.
Después de que Caputo quedara expuesto con los cambios en Justicia -él promovía a Montenegro y quedó afuera de la decisión-, el consultor negoció con el Presidente la continuidad de Amerio en el Ejecutivo. Para contenerlo -en LLA creen que lo necesita para la batalla por su reelección-, Milei le dio el control de la Procuración del Tesoro. “A la hora de distribuir el poder, Javier siempre hace dos para Karina y una para el que la enfrenta”, retrata un integrante de la vieja guardia de LLA. Pese a que retrocedió casilleros, Caputo conserva lo más preciado: el acceso a Milei. “El Jefe” nunca pudo bloquearlo.
Pero Karina Milei le hizo saber que no habrá tregua. En los últimos días dispuso que Pettovello será la encargada de suplantar a Adorni en caso de ausencia. “Santiago está devaluado, pero todavía maneja estructuras importantes, como la SIDE”, dicen en el karinismo. ¿Preparan el embate final?
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POLITICA
La Justicia embargó por más de $157.000 millones al gobierno bonaerense por un caso de contaminación “aberrante”

Un embargo de $157.164.287.201 recae desde esta semana sobre la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, a raíz de su prolongada inacción frente a la grave contaminación cloacal e industrial que afecta la cuenca conformada por el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.
La medida, dispuesta por el juez federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de La Plata N°4, Alberto Recondo, busca forzar el inicio inmediato de las obras de saneamiento demoradas por más de veinte años y obliga a la Provincia a enfrentar uno de los mayores litigios ambientales en su historia reciente.
El magistrado se fundó en un informe presentado por la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aportó pruebas concluyentes del daño actual, al señalar que se trata de un «grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios“.
Según los peritos, el aporte cloacal masivo de La Plata se verifica en El Gato. El cauce se convirtió en un colector cloacal, con mala calidad del agua caracterizada por “elevada conductividad y carga orgánica”, especialmente a partir de la calle 1, donde se detectaron altos niveles de nitrógeno total procedente de orina humana. Los valores superan las normas nacionales e internacionales e incompatible con cualquier uso recreativo.

También se reportó contaminación significativa aguas arriba, en zonas como la calle 143, La Granja y Melchor Romero. Además, arroyos urbanos como Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada contribuyen de manera secundaria y principal, respectivamente, a la carga urbana e industrial de desechos. El impacto de la descarga del Arroyo El Gato en el Río Santiago es muy significativo, con un marcado deterioro de la calidad de agua en el sector del Club de Regatas La Plata.
Otro estudio técnico incorporado al expediente, basado en muestreos en el Río de la Plata, confirmaba la presencia de un “corredor costero de aguas contaminadas” con residuos provenientes de actividades domésticas e industriales que se suceden desde la Capital Federal hasta Punta Piedras, involucrando a municipios como Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena y Punta Indio.
Según La Nación, Recondo fundamentó el fallo que la omisión estatal para implementar políticas de depuración de efluentes se remonta a más de dos décadas. Es decir, exceden al plazo de los dos mandatos de la gestión de Axel Kicillof. Ahora bien, las carencias presupuestarias con las que se excusó la Provincia en el expediente “aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones”.

El magistrado también dispuso la obligación de retirar mecánicamente los residuos sólidos urbanos acumulados en los principales cursos de agua afectados.
El inicio de las obras suspendidas para el tratamiento de efluentes cloacales estaba previsto para 2022, durante el primer mandato de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la inversión necesaria para reparar el daño ambiental representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.
En el año 2022, autoridades de la Presidencia de la Nación, la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación fueron notificados sobre la urgencia de iniciar las obras destinadas al saneamiento de los efluentes cloacales en la región. La intención era acelerar la respuesta del Estado frente a una problemática con impacto directo en la salud pública y el ambiente, pero se incumplieron las advertencias.

En la resolución judicial, Recondo afirmó: “Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de veinte años a la hora de asignar recursos“.
La demanda original fue impulsada desde hace años por Iván Vigo Mariños y el abogado Aníbal Falbo, patrocinados por la Secretaría de Extensión de la UNLP. Antes de que se decretara este embargo, pese a sucesivas medidas cautelares, la Provincia no ejecutó ninguna acción concreta encaminada a remediar la contaminación generalizada con un plan integral.

El gobierno bonaerense no respondió a las consultas de Infobae sobre la causa y el reclamo ambiental.
En 2024, el juez Recondo ya había dictado una medida cautelar para que tanto el gobierno bonaerense, como a la Municipalidad de La Plata y la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), realicen acciones concretas para dejar de contaminar el Arroyo El Gato e instalen barreras flotantes de contención y extracción, con el fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del curso hídrico.

Los municipios estaban obligados a realizar un relevamiento de toda la extensión de la cuenca, a fin de identificar todos los puntos a través de los cuales se produce el vertido de sustancias contaminantes.
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POLITICA
El Gobierno dio marcha atrás con los puntos más espinosos de su Plan de Inteligencia Nacional

En silencio, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los puntos más polémicos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había enviado la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Era un documento secreto de 170 páginas que, según las fuentes consultadas y el análisis de su redacción original, entreabría la puerta a tareas de espionaje ilegal contra opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. Las modificaciones a ese texto original fueron confirmadas a por tres fuentes al tanto de las correcciones y enmiendas.
Desarrollado por el entonces titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y sus máximos colaboradores, el PIN fija cuáles son los lineamientos estratégicos del país para, en base a esos lineamientos, trazar los objetivos generales y las acciones particulares que debe adoptar la comunidad de inteligencia para impulsarlos o defenderlos. Pero la redacción libertaria levantó polvareda cuando reveló sus aspectos más controvertidos, el 25 de mayo pasado. Tras esa publicación y el debate político y social que generó, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso emitió en septiembre un dictamen crítico sobre el documento.
“Es cierto, eliminaron los aspectos más controvertidos del PIN y lo reenviaron a la comisión después de las elecciones de octubre”, indicó una de las fuentes consultadas, que requirió resguardar su identidad por tratarse de secretos oficiales. “Sólo puedo decirle que la SIDE receptó la mayoría de las observaciones que le hicieron los legisladores”, abundó.
En su redacción original, el PIN afrontó cuestionamientos porque la SIDE determinaba que quedaban bajo su lupa todos aquellos que buscaran “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si aludía a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionaran los operativos de la entonces ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito, por ejemplo, frente al Congreso.
La SIDE libertaria también fijó como foco de interés de su primer PIN a aquellos “actores” que promovieran la “distorsión” de la “percepción” y afectaran los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial. Eso, con la nueva redacción, quedó atrás, confirmaron dos de las fuentes consultadas a .
“Quitaron todo lo que se prestaba al espionaje interno o lo modificaron o insertaron aclaraciones y salvedades, para transmitir antes de que se fuera Neiffert que querían cumplir con todo o que no querían problemas”, graficó una de las fuentes consultadas. “Cuando aludían al proceso ‘cognitivo’, por ejemplo, indicaron que aludían a agentes ‘externos’, como otros países”.
Así, al decir de las fuentes consultadas, Neiffert y sus colaboradores también habrían editado su foco sobre aquellos “actores” que pudieran generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa. También, sobre aquellos que pudieran “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”.
Desde el Congreso, en tanto, marcan otro foco de interés o preocupación: el decreto 941/2025, que Milei firmó a fin de año, sin debate parlamentario. Así, mientras el Gobierno reescribía los pasajes más cuestionados del Plan de Inteligencia , el Presidente amplió por decreto las facultades de la SIDE, que quedó facultada a detener personas sin control judicial previo y al cruce masivo de información y datos personales.
La renovación del Poder Legislativo dejó a la comisión bicameral en suspenso, a la espera de una definición sobre quiénes serán sus nuevos integrantes, que a su vez deberán analizar la nueva versión del Plan de Inteligencia Nacional, que todavía no recibió su revisión definitiva. Para algunas fuentes consultadas, eso implica la vigencia de la versión más polémica del documento; otras fuentes no comparten esa interpretación.
“Nosotros damos por vigente el PIN que se envió al Congreso, con las correcciones, aunque no esté perfeccionado con el visto bueno de la comisión”, indicó una cuarta fuente consultada por . “El motivo es sencillo: el Plan lo redacta el Ejecutivo y recibe observaciones y sugerencias de la comisión, que tiene facultades para revisarlo y observarlo, pero no para aprobarlo ‘per se’ o rechazarlo”.
De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), cabe aclarar, la Comisión Bicameral ejerce el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene entre sus funciones supervisar las actividades, planes y recursos de los organismos de inteligencia para garantizar que su actuación respete las garantías constitucionales.
La decisión de editar y reescribir el Plan de Inteligencia Nacional se combinó con una maniobra orquestada entre los miembros oficialistas y kirchneristas de la Comisión Bicameral que benefició a ambos sectores. Juntos aprobaron en simultáneo el último año de gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Alberto Fernández y el primer año de gestión de la SIDE de Milei.
“Fue durante la última reunión del año”, indicó, en alusión al encuentro que los senadores y diputados que integraban la Comisión Bicameral mantuvieron el martes 2 de diciembre, la semana previa a la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. “Se aprobó el año de gestión y esa misma tarde o al día siguiente, Neiffert se fue de la SIDE”, precisó.
Presidencia anunció la salida de Neiffert minutos antes de la medianoche del 2 y horas después publicó la designación al frente de la SIDE del contador Cristian Auguadra, otro alfil del asesor Santiago Caputo. La versión oficial es que había “concluido la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional” (SIN) y comenzaba la “modernización técnica y operativa” de la SIDE.
Desde el kirchnerismo, defendieron la maniobra en tándem con los libertarios. “Se aprobaron los balances y las rendiciones de partidas”, indicó una segunda fuente. “No había motivo para no aprobar los números. No encontramos ninguna irregularidad contable y la gestión de Neiffert, en cuanto a los números, fue bastante prolija y se comprobó que devolvieron al Tesoro los 100.000 millones [de pesos] que tenían que devolver después que les volteamos el DNU [por el decreto de necesidad y urgencia], más allá de las reasignaciones presupuestarias posteriores”, sostuvo.
Desde el kirchnerismo confirmaron lo que definieron como “una suerte de acuerdo” con el oficialismo, aunque afirmaron que fue “sólo con respecto al último año de la AFI [con Fernández] y el primero de la SIDE [con Milei], pero lo más ‘picante’ de este año ocurrió en 2025, con Scatturice”, afirmó el informante, en alusión al exagente de inteligencia, lobista y empresario dueño de FlyBondi, muy cercano a Santiago Caputo.
Otros, sin embargo, se mostraron más críticos sobre lo ocurrido. “Se pelearon o simularon sacarse chispazos dentro de la comisión durante todo el año, pero llegaron a la última reunión con el informe ya escrito y sin objeciones para hacerse de los dos lados, y lo aprobaron sin dar muchas vueltas”, resumió.
El entendimiento transaccional entre oficialistas y kirchneristas llegó sobre el filo de los mandatos de la mayoría de los 14 legisladores que integraban la comisión; entre ellos, de su presidente, el entonces senador Martín Lousteau (UCR), el vice, el diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), y el entonces senador Oscar Parrilli (Unión por la Patria) como secretario. En la actualidad, Lousteau es diputado y los dos restantes dejaron el Congreso.
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