POLITICA
Las impactantes multas que el Gobierno aplicará contra dos gremios por haber adherido al paro de la CGT

El Gobierno aplicará multas millonarias contra los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir la conciliación obligatoria en sus conflictos y adherir al paro nacional de la CGT el 19 de febrero pasado. Según afirmaron a Infobae fuentes oficiales, el gremio de conductores de locomotoras deberá pagar 21 mil millones de pesos, y el de choferes de colectivos, 70 mil millones de pesos.
Consultados por Infobae, en ambos sindicatos aseguraron que hasta el momento no les llegó la notificación oficial de las sanciones y prefirieron no opinar hasta que puedan analizar esa comunicación.
La medida establece un precedente relevante en materia de sanciones por no cumplir con la conciliación obligatoria y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo.
La CGT ya anticipó su rechazo a las multas contra los dos gremios del transporte y atribuyó la medida del Gobierno a un acto de “persecución política y sindical”.

“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
Además, la CGT resaltó: “Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”.
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también condenó la sanción impuesta y se solidarizó con los dos sindicatos. En la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado y dio inicio a sumarios administrativos. El comunicado de Capital Humano para anunciar esta decisión dijo que “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».

Las multas económicas, que se graduarán según la fecha exacta de la infracción y el universo de trabajadores implicados, serían solo una de las consecuencias. La ley prevé además la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos que violen la conciliación obligatoria.
Según Capital Humano, la aplicación de estas sanciones busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, interpretó que la conciliación obligatoria sólo regía para su propio conflicto salarial y no podía aplicarse a una protesta general de la CGT por otros motivos.
Por su parte, la UTA, bajo la dirección de Roberto Fernández, argumentó que en esos días la conciliación obligatoria había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.

La conciliación obligatoria, de acuerdo con la ley, impone que sindicatos y empleadores abran una instancia de negociaciones durante 15 días—prorrogables por otros cinco—en la Secretaría de Trabajo. Durante ese plazo, ambas partes deben retroceder al estado anterior al conflicto, absteniéndose de tomar o continuar medidas de acción directa, bajo pena de sanción.
La última vez que el Estado impuso multas de este tipo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con una multa de $809.790.710 mediante la Resolución N° 27.768 del 19 de julio de 2018. En ese caso, la infracción correspondió a la violación de la conciliación obligatoria en un conflicto salarial por un bono de fin de año para 182.797 trabajadores camioneros.
El sindicato de Moyano rechazó el pago y cuestionó el proceso, lo que derivó en que ya bajo la gestión de Alberto Fernández, el entonces ministro de Trabajo Claudio Moroni declarara en 2020 la “nulidad” del expediente. Según esa resolución, “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
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POLITICA
El juez federal de Campana quiere quedarse con todas las causas que investigan a la AFA

El juez federal de Campana Adrián González Charvay quiere concentrar en su juzgado todas las causas relacionadas con la AFA. Por ahora tiene el expediente sobre los dueños de la quinta de Pilar, que se sospecha pertenece al tesorero Pablo Toviggino, pero ahora pidió las causas por el supuesto desvío de fondos de dinero cobrado en los Estados Unidos.
Según pudo saber , no se trata de una mera cuestión procesal: los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado porque entienden que les irá mejor que en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, que avanzó con la investigación.
De todos modos, no está dicha la última palabra acerca de quién resolverá esta cuestión de competencia, algo que debe hacer la Cámara Federal de Casación Penal.
Los jueces que votarán dónde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Económico de Aguinsky, son Javier Carbajo y Angela Ledesma. Y hoy se sorteó al tercer juez que decidirá el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de dólares.
El sorteo recayó en el juez Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques, cargo que desestimó para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.
En pocos días se definirá quién será el juez que acumule la mayoría de las causas que investigan a la AFA de Claudio Tapia.
Mientras se decide dónde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay planteó al juez del juzgado de instrucción 11 Paula Petazzi, y a su colega Luis Armella de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le envíen la causa de la AFA donde se investigan desvíos de fondos.
Es una juzgada arriesgada en términos de lo que pretende la AFA, porque si le dan la razón a González Charvay se queda con todo, pero si la Casación falla en favor de Aguinsky, se queda con nada.
El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC, dirigida por Érica Gillette como presidenta y su marido Javier Faroni como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.
De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la República Argentina, en virtud de lo cual tenía potestades de representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos o comerciales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior.
La empresa habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Estas firmas están a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local.
Ahora se deberá definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones a González Charvay.
Al juez Armella le pidieron una parte de su causa, solo la referida a TourProdEnter y no lo referido a Ariel Vallejo y el posible lavado de dinero. Aún Armella no resolvió; antes de hacerlo le dará traslado a las partes para conocer su opinión y pedirá algunas aclaraciones a González Charvay.
Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en González Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la Cámara Federal de San Martín y eventualmente al final del proceso por la Cámara Federal de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.
González Charvay entendió que lo que se investiga en el juzgado de instrucción de Capital y lo que se investiga en Lomas es la misma maniobra que tiene en sus manos y por eso les pidió el caso.
“De tal forma, a partir de las medidas probatorias ordenadas y sus resultados, ante la verificación de la existencia de otras causas en las que se investigan los mismos sucesos que se ventilan en autos, por estricta aplicación de la prohibición de persecución penal múltiple por el mismo hecho me encuentro compelido a solicitar a los titulares de los Juzgados mencionados que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente, para su acumulación a las presentes actuaciones”, dijo el juez de Campana.
Argumentó que el delito de administración fraudulenta investigado por el desvío de fondos “habría afectado intereses federales”, en particular al “sistema tributario argentino”.
“En ese caso se denunció la contratación de la empresa extranjera para el cobro de ganancias que no habrían ingresado a las cuentas de la AFA, ni se habrían consignado en los libros y documentos contables, lo que necesariamente repercute en las declaraciones a efectuar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”, indicó.
La denuncia por fraude contra la AFA del agente FIFA Guillermo Tofoni señala que la AFA habría desviado unos U$S 400 millones hacia estructuras financieras internacionales.
Según el denunciante, este dinero, proveniente de contratos de la Selección Argentina, habría sido derivado a cuentas fantasmas de empresarios vinculados a la dirigencia, sin ingresar nunca a las arcas oficiales de la entidad en el país.
La investigación apunta a la firma Tour ProdEnter LLC, constituida en Estados Unidos en 2021 por Faroni (exdiputado bonaerense) y su esposa Gillete. Según la denuncia, esta empresa obtuvo de forma automática los derechos para recaudar fondos globales de la AFA.
El dinero (alrededor de U$S 300 millones) se depositaba inicialmente en cuentas de Tour ProdEnter LLC, luego se giraba a al menos siete sociedades sin actividad real, dirigidas por personas vinculadas a los imputados. Parte de estos fondos se habrían utilizado para costear “servicios suntuosos”, como el alquiler de aeronaves y embarcaciones.
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POLITICA
Revés para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: la Justicia rechazó sus pedidos de nulidad en la causa por evasión y deberán declarar esta semana

El juez Diego Amarante rechazó este lunes los pedidos de nulidad presentados por el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en la causa donde se los investiga por la presunta retención indebida de aportes.
Con esta decisión, el magistrado mantiene firmes las indagatorias programadas para esta semana. El 11 de marzo será el turno de Toviggino y el jueves 12, deberá presentarse Tapia.
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En su fallo, Amarante desestimó los argumentos de las defensas de Tapia y Toviggino, que sostuvieron que no existía delito y que se debía suspender el llamado a indagatoria por existir un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.
Amarante aseguró que “la circunstancia de encontrarse pendiente de decisión ante la Alzada el recurso interpuesto contra el rechazo de la excepción de falta de acción no configura, por sí sola, un obstáculo jurídico para la continuación del trámite instructorio”.
Además, “los cuestionamientos formulados por las defensas se sustentan en discrepancias respecto de la oportunidad y procedencia de la convocatoria a prestar declaración indagatoria, mas no evidencian una restricción efectiva del derecho de defensa ni la inobservancia de una garantía constitucional que justifique la invalidez del acto”, agregó el juez en su decisión.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que actúa como querellante en el expediente. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.
Concretamente, ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
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El ente recaudador aseguró que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
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POLITICA
Así es el hotel “fantasma” de Toviggino en las afueras de Santiago del Estero

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, sostiene un hotel fantasma de lujo en las afueras de Santiago del Estero que opera con una infraestructura de primer nivel pero carece de flujo turístico regular. La propiedad integra un holding de empresas que la justicia federal analiza por presuntos desvíos de fondos provenientes del exterior. El complejo habitacional funciona con una nómina de 30 empleados que mantienen las instalaciones para visitas esporádicas de delegaciones deportivas profesionales.
El personal de limpieza cumple tareas con calma en los pasillos vacíos. Un joven con overol gris quita el polvo de los pulsadores de incendio mientras otros trabajadores conversan en la cocina. El estacionamiento solo alberga vehículos de los propios empleados y las cortinas de las habitaciones permanecen cerradas hacia la calle. El público objetivo de este alojamiento no es el turismo espontáneo, ya que las delegaciones de fútbol y otras disciplinas deportivas representan la clientela principal.
El libro de recomendaciones del HT Hotel exhibe una nota de Oscar Mirkin, presidente del Club Atlético San Martín de Tucumán, fechada el 24 de enero. La carta expresa: “Queremos agradecer enormemente a todo el personal del prestigioso Hotel Deluxe por una estancia agradable y un trato diferencial para con nuestra institución“.
La ubicación del predio lo sitúa lejos del centro urbano y de las Termas de Río Hondo. El edificio se encuentra a 15 minutos del Estadio Único Madre de Ciudades, visible desde la terraza del segundo piso. El mantenimiento es pulcro a pesar de las filtraciones de agua que afectaron el salón VIP durante tormentas recientes. Los servicios incluyen un spa, gimnasio, peluquería y un parque acuático infantil. El salón de eventos cuenta con empapelado de motivo francés. En los pasillos cuelga una camiseta firmada por el plantel de la selección nacional junto a premios de salto equino de los hijos del dirigente.
Las habitaciones disponen de comodidades propias de la máxima categoría hotelera. Los cuartos ofrecen pantuflas, batas de alto gramaje, cafeteras Nespresso y mármoles costosos. Tres de las unidades superiores llevan los nombres de los hijos de Toviggino: Máximo, Valentina y Vittoria. El predio exterior cuenta con canchas de polo, pádel y fútbol. El equipamiento deportivo incluye un tanque de flotación marca Elixir para la recuperación muscular de alto rendimiento.
El servicio gastronómico mantiene una disposición formal con mesas preparadas para más de 100 personas. El personal coloca copas dobles, triple plato y cubiertos de carne desde la mañana. El buffet que promete la tarifa no llega a la mesa por la baja concurrencia y los mozos sirven desayunos americanos individuales para evitar el desperdicio de comida. La estructura de costos y el origen del capital para tal inversión forman parte de las incógnitas que rodean al establecimiento.
La facturación del hospedaje no corresponde a la firma HT SRL, los comprobantes pertenecen a SEGON SRL, cuya titularidad actual recae en la sociedad SOMA SRL, firma que percibió US$468.000 en siete meses de parte de Tourprodenter. Esa LLC enfrenta investigaciones por presuntos desvíos de dinero de la AFA en el exterior. Toviggino integró de forma directa la empresa hasta 2016 y luego la cedió a Mauro Paz. El registro ante la AFIP indica que la actividad principal de la firma es la seguridad e investigación, no la hotelería. Con el tiempo incorporó rubros como venta de combustibles, minería y pompas fúnebres.
El organismo recaudador ARCA reportó a múltiples sociedades vinculadas al tesorero como emisoras de facturas apócrifas. Los informes señalan un desajuste entre el nivel de ingresos y la actividad real de las empresas. El imperio económico se extiende al bar Neurus by La Vigilia en la avenida Roca y a una bodega en Mendoza. La dirección fiscal de SEGON SRL coincide con la firma de enfermería SADE y la funeraria Jardín de Pentecostés. Este cementerio privado muestra apenas un puñado de lápidas tras tres años de funcionamiento.
La empresa vinculada al hotel obtuvo licitaciones para servicios de seguridad por parte del gobierno provincial de Gerardo Zamora. En diciembre de 2023 logró un contrato para la vigilancia del Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo por $373 millones y en junio de 2024 sumó otro convenio para el Hospital Ramón Carrillo por $380 millones. Las compañías competidoras quedaron fuera de los procesos por motivos formales antes de la evaluación económica.
Los terrenos del complejo también enfrentan cuestionamientos legales. Pobladores locales denunciaron usurpaciones de hectáreas mediante el uso de grupos de choque. Una investigación de la PROCUNAR vinculó un campo tomado con una pista clandestina para el narcotráfico en el departamento de Alberdi, acusaciones sobre el origen de las tierras que se repiten en diversos puntos de la provincia.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Camila Dolabjian
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