El Consejo Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió que la organización llevará adelante un Paro Nacional con movilización el día en que el Congreso debata la reforma laboral.

La decisión, adoptada por unanimidad en las 191 seccionales, también otorga a la conducción nacional el mandato para definir la realización de protestas sorpresivas durante diciembre, según informó la propia ATE.

La postura del sindicato se consolidó tras la última reunión del Consejo de Mayo, un encuentro que, en palabras de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, resultó ser “una encerrona para el sindicalismo”. Aguiar afirmó en el Confederal que este ámbito fue utilizado por el Gobierno como una maniobra dilatoria: “Es un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta», dijo Aguiar según ATE.

El dirigente también cuestionó la falta de avances en el diálogo con el Ejecutivo y remarcó la necesidad de la protesta callejera: “Esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, expresó Aguiar en el mismo encuentro, realizado ayer en la provincia de San Luis.

En relación a la paritaria convocada por el Gobierno nacional para este viernes a las 13 horas mediante Zoom, Aguiar criticó el formato virtual y la actitud oficial: “Convocaron a una paritaria virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”, sostuvo el secretario general.

Los reclamos

El sindicato reclama la reapertura inmediata de las paritarias, argumentando que el recorte salarial se profundizó durante 2025. Según los datos presentados por ATE, el incremento salarial en los primeros diez meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 24,8%.

El Confederal, que reunió a los secretarios generales de las veinticuatro provincias y de las 191 seccionales en el Hotel Visit de la capital puntana, también sirvió de escenario para denunciar la ofensiva del Gobierno en materia de persecución sindical.

ATE mencionó detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales, como la presentada recientemente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra Aguiar.

En el marco de la articulación con otras organizaciones, ATE participó junto a las Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma y de los Trabajadores, y dirigentes de otros sindicatos, en una reunión destinada a definir estrategias conjuntas frente a la reforma laboral.

Durante el encuentro, Aguiar repudió la condena a dos docentes que reclamaban mejoras salariales: “Repudiamos esta condena infame contra dos maestros que sólo reclamaron salarios dignos. Esto tiene una clara intención, disciplinar al conjunto del movimiento obrero que pretende luchar», manifestó el referente sindical.

En paralelo, dirigentes del sindicato expusieron ante estudiantes y docentes su rechazo a la iniciativa oficial que, según su visión, busca rebajar las condiciones laborales y retrotraer la situación de los trabajadores a principios del siglo XX.

ATE también solicitó al Gobierno de La Pampa que aclare su posición frente a una eventual reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional. En este sentido, la secretaria de Formación de la seccional expresó: “Acatamos todas las instancias de diálogo, todas las mesas. Somos trabajadores provinciales, de Planta Permanente, y hace más de diez años que estamos en dispositivos como Virgen del Valle y San Cayetano”, según consignó ATE.

El colapso financiero de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) llevó a su interventor, Marcelo Petroni, a solicitar formalmente la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo con el fin de “asegurar la continuidad de la atención médica a sus más de 700 mil afiliados en todo el país”.

La entidad enfrenta un endeudamiento que roza los $96.000 millones, un déficit mensual que llegó a superar los $5.800 millones y una estructura de personal que excede ampliamente los límites legales y operativos.

Según las previsiones oficiales, el Procedimiento Preventivo de Crisis permitirá un ahorro superior a los $10.500 millones, “posibilitando el equilibrio presupuestario sin afectar prestaciones ni servicios esenciales”.

El PPC es una herramienta legal que permite ordenar la estructura económica de entidades en situación crítica, sin paralizar su funcionamiento. En este caso, de acuerdo con la intervención de OSPRERA, se aplicará para preservar prestaciones, asegurar la provisión de medicamentos, ordenar relaciones con prestadores y proteger los empleos vinculados al sistema de salud, bajo supervisión oficial.

El plan de acción presentado por Petroni contempla medidas drásticas para revertir la situación. En primer lugar, se prevé la eliminación de 638 puestos de trabajo sobre un total de 1.160 empleados, con liquidaciones finales estimadas en $20.930 millones y un esquema de indemnizaciones, conforme al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por un total de $10.465 millones a pagar en 12 meses. Para facilitar este proceso, se pide la exención de cargas sociales durante un año.

La optimización de costos operativos es otro eje central del plan. Se propone reducir el gasto administrativo para ajustarse a los límites legales, reasignar personal y eliminar funciones duplicadas. Además, se plantea una transformación tecnológica que incluye el reemplazo de procesos manuales por sistemas digitales, el lanzamiento de una nueva página web y un asistente digital, la implementación de receta electrónica, la prestación de servicios de telemedicina las 24 horas, la tercerización de call centers y el desarrollo de software propio para la normalización de cartillas. El objetivo, según la intervención de la obra social, es “reducir la dependencia de tareas manuales y aumentar la eficiencia operativa”.

La situación crítica de OSPRERA se explica por varios factores, según figura en el PPC: un déficit mensual que, aunque se redujo a $2.500 millones tras la intervención, previamente oscilaba entre $4.800 millones y $5.800 millones; un gasto administrativo que representa el 17% de los recursos, más del doble del máximo legal permitido, que es del 8%; y una plantilla de aproximadamente 1.169 empleados, de los cuales un cuarto no está asignado a ninguna gerencia específica. Además, se han detectado funciones superpuestas, empleados sin tareas asignadas y jefaturas sin roles definidos, lo que evidencia que hubo “una gestión ineficiente y desordenada”.

El análisis institucional y legal revela que OSPRERA tiene su origen en ISSARA, conforme a la Ley 19.316, y fue posteriormente transformada por las leyes 23.660 y 23.661. Estas normativas exigen que el 80% de los recursos se destine a prestaciones y que los gastos administrativos no superen el 8%. Sin embargo, auditorías ordenadas por los decretos 720/2024 y 1045/2024 identificaron graves incumplimientos legales, manejo irregular de fondos y contratos considerados “leoninos” con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el sindicato del sector, liderado por José Voytenco. El endeudamiento total, según surgió de estas auditorías, asciende a $95.858 millones.

En cuanto a los indicadores económicos, el déficit anual de la obra social se disparó de manera alarmante: en 2023 alcanzó los $12.889 millones, lo que representa un incremento interanual del 152%, y para 2024 se proyecta en $50.617 millones. Los gastos salariales y cargas sociales suman $4.000 millones mensuales, suma equivalente al 14% del gasto total. Además, la declaración de nulidad de una rendición de cuentas por $8.000 millones agravó aún más el déficit de OSPRERA.

En su solicitud, el interventor pide que se acepte la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis, se traslade la situación a UATRE —a la que también se le atribuye responsabilidad en la crisis—, se fijen audiencias según la normativa vigente y se autorice la instrumentación del plan propuesto para evitar la inviabilidad de la obra social.

Más allá de los números en rojo, OSPRERA se convirtió en el escenario de una batalla entre el sindicato de Voytenco y el Gobierno, que en noviembre designó como interventor a Petroni, un abogado cercano a Eduardo “Lule” Menem.

En otra derivación de esta pelea, Voytenco denunció en la Justicia al secretario de Trabajo, Julio Cordero; al entonces director de Asociaciones Sindicales Claudio Aquino y al diputado nacional Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza), ex dirigente del gremio, entre otros, como responsables de “llevar adelante un plan delictivo coordinado con el fin de apropiarse de la conducción de la organización sindical”.

El líder de UATRE, apuntado por el Gobierno como un ultraopositor vinculado con el kirchnerismo, quedó en una situación difícil luego de que la Secretaría de Trabajo, a través de un dictamen de Aquino, suspendió el congreso del gremio que lo reeligió porque “no pudo acreditarse la legalidad y la legitimidad de los congresales”, en sintonía con una denuncia de sus opositores internos.

Luego de esa resolución, Cordero pidió a la Justicia la intervención de UATRE, decisión rechazada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Luego, Voytenco contraatacó con una denuncia judicial contra Cordero por haber querido tomar ilegalmente el control de UATRE, causa que derivó en el pedido de indagatoria del secretario de Trabajo por parte del fiscal federal Guillermo Marijuan. En septiembre pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó analizar las llamadas de los imputados y hace 24 horas pidió ampliar registros telefónicos, la geolocalización de celulares y documentación del Ministerio de Capital Humano.

“Vienen por mí”, confesó en privado Claudio Tapia, “Chiqui”, en la última semana. El jefe de la AFA había desarrollado, el año pasado, algunos contactos algo más fluidos que al comienzo de la gestión de Javier Milei con funcionarios y colaboradores de la administración libertaria tras una primera embestida que incluyó fijar en la agenda pública el posible desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), la privatización de los clubes resistida por la asociación del fútbol local, y la discusión del decreto 1212, de aportes y contribuciones a la seguridad social de los clubes. Una foto con Karina Milei en Paraguay, algunas negociaciones secretas con colaboradores de Santiago Caputo, empujadas principalmente desde la petrolera YPF, sponsor de la Selección, frenaron momentáneamente la disputa mientras, en paralelo, la pelea entre Tapia y Mauricio Macri, que incluyó por entonces a su primo Jorge, jefe de Gobierno porteño, se hizo cada vez más feroz.

Hay quienes aseguran que esa guerra abierta entre el jefe de la AFA y el ex presidente colaboró para que desde la Casa Rosada y el edificio de la calle Viamonte bajaran la guardia. También hay quienes deslizan que, desde aquel entonces, se empezó a seguir de cerca y a recopilar información de Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, investigado ahora por presunto lavado de activos, un financista descuidado con un crecimiento patrimonial exponencial cuya audacia quedó al desnudo en simultáneo a las últimas decisiones administrativas de la AFA, envueltas en escándalo por el título obtenido por el club Rosario Central y la sanción disciplinaria contra Juan Sebastián Verón y el equipo titular de Estudiantes de La Plata. Esa seguidilla de movimientos de Tapia envalentonó al Gobierno.

En el círculo rojo futbolístico se desparramó en estos días una versión insistente: que las desventuras de Vallejo y su financiera fueron, cuanto menos, festejadas por la Casa Rosada. Se trata, en realidad, de un eufemismo. Cerca de la AFA están convencidos de que fueron motorizadas por operadores del Gobierno. Mencionan incluso a un abogado muy cercano al corazón de la cúpula libertaria, con excelentes vínculos en los tribunales. Como reprimenda, aseguran algunas fuentes, por la viralización de los audios del lenguaraz Diego Spagnuolo, el ex titular de la agencia de discapacidad, divulgados en medios alternativos que, en los corrillos mediáticos, son atribuidos a usinas cercanas a la asociación del fútbol local.

Cerca de “Chiqui”, que se licenció en barrios bajos y llegó a la cima del fútbol mundial -se jacta de codearse con presidentes y personalidades de todo el mundo- con la coronación de Qatar, dicen que, aunque no lo reconozca, sintió el golpe. Esta semana, la reunión de directorio del CEAMSE, que volvió a presidir después de ser eyectado por pedido del jefe del PRO, y a cuya oficina asiste casi a diario, fue mucho más breve que lo habitual. No hubo asado ni mesa extendida, como los últimos meses. Fue mucho más protocolar que lo habitual.

Desde que el jefe de la AFA volvió al predio del CEAMSE, en el sur de la capital, reconstruyó el vínculo con Jorge Macri. En su entorno aseguran ahora que haber corrido a Tapia de ese lugar fue un error. Un movimiento innecesario al que el jefe de Gobierno accedió por insistencia de su primo, instrumentado en su momento por Ezequiel Sabor, un asesor eficaz. Una decisión que, por ejemplo, no fue compartida por Néstor Grindetti, que ocupaba la Jefatura de Gabinete porteño y que le valió la enemistad del ex presidente. Pragmáticos ambos, “Chiqui” y el alcalde recompusieron. Algo de eso debe haber influido en el quiebre en la relación de los primos Macri.

“Ahora no hay vínculos con la Casa Rosada”, explicaron por estas horas allegados a Tapia. En verdad, todavía existen algunas relaciones. De funcionarios de bajo perfil mediático, pero con extenso recorrido en política. Existe, además, otro colaborador que guarda una histórica vinculación con el CEAMSE, que supo construir en su momento un nexo aceitado con “Chiqui” y que ahora está dedicado a otras cuestiones: el ministro del Interior, Diego Santilli.

Viejas relaciones, nuevos quiebres. Visiblemente cansado, producto del raid de viajes por el interior y las constantes reuniones con gobernadores que lleva adelante desde hace semanas para colgarse, en parte, el mérito de la aprobación del Presupuesto 2026, Santilli se hizo el tiempo para participar, el miércoles por la noche, del cóctel de bienvenida que el saliente legislador bonaerense Fabián Perechodnik ofreció en su departamento frente a la Plaza Vicente López al nuevo embajador italiano, Fabrizio Nicoletti, que habla un muy decente español tras su paso por Panamá.

“Un imán”. Así lo describieron al ministro, que acaparó todas las miradas en una velada que incluyó legisladores, funcionarios porteños y nacionales, empresarios y miembros de la familia judicial como Inés Weinberg de Roca, del Tribunal Superior de la capital, e Hilda Kogan, la presidenta de la Corte Suprema bonaerense que, junto a su colega Daniel Soria, ven con buenos ojos que se completen las cuatro vacantes restantes, una mirada que los diferencia, según trascendió, de Sergio Torres, el tercer miembro, que arrastra costumbres de los tribunales federales porteños.

Esa negociación quedó para el próximo año. No así la integración del directorio del Banco Provincia, muy codiciado por la oposición, que reclamaría ahora tres lugares, además de otras sillas, menos apetecibles pero no por eso desechables, en el grupo de empresas del banco. Es parte de las tratativas que no tuvieron todavía un resultado favorable al cierre de esta semana, con la sesión fallida de este viernes por el endeudamiento, que tendrá una nueva oportunidad el miércoles, en La Plata. La foto icónica de estos últimos días fue la de Facundo Tignanelli, el jefe del bloque K en la Legislatura, junto a Alexis Guerrera, del Frente Renovador, ambos con el oído atento al teléfono de este último, en altavoz, con Sergio Massa del otro lado de la línea, agendado por Guerrera como “STM”. El tigrense sigue muy activo. Sus oficinas de la avenida Libertador, en la capital, son una romería de dirigentes, empresarios y sindicalistas.

La rosca platense lo entretuvo en estas últimas semanas, mientras monitorea el Congreso nacional y el futuro de los diputados que le responden. Pero no fue el único: el propio Axel Kicillof, a través de funcionarios de confianza, intentó, entre el jueves y el viernes, arrimar voluntades. En particular de la oposición. “¿Qué querés?“, le ofrecieron a un legislador opositor el jueves desde oficinas de la gobernación. Hasta este fin de semana, las negociaciones no habían rendido sus frutos. Dirigentes del peronismo intentaban, mientras tanto, acercar posiciones. Entre ellos, Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora, al que le asignan buenas posibilidades de alzarse, en marzo próximo, con la jefatura del PJ provincial, como una solución intermedia que no termine por hacer estallar la interna entre La Cámpora y Kicillof.

Esa es, todavía, una disputa feroz. Tan salvaje, más allá de los esfuerzos por maquillarla, como la guerra a cielo abierto que se agudizó en la familia Moyano, en el seno de Camioneros, en la calle San José, entre Hugo y Pablo, expuesta esta semana a través de dos delegados bien conocidos en el sindicato: Marcelo Aparicio, “Feúcho” -“Feo” para los más cercanos-, y José Garnica, “Tetas”.

Aparicio y Garnica se conocen desde hace años, y siempre funcionaron a la perfección. Hábiles, también audaces, se hicieron respetar por las bases en las empresas Manliba y Transportes Olivos, hasta que los Moyano los adoptaron en su sistema de toma de decisiones. Aparicio fue el más político: se convirtió con el tiempo en un negociador inteligente con las autoridades porteñas. Por fuera de Hubo y Pablo Moyano, eran él y “Chiqui” Tapia dos de los principales interlocutores con la administración de la ciudad en los sucesivos gobiernos de Macri primero, Horacio Rodríguez Larreta después y Jorge Macri en la actualidad.

El distanciamiento entre Hugo y Pablo alteró las relaciones y dividió al gremio. Según fuentes de camioneros, “Feúcho” no aparece por la sede de San José desde hace tiempo. Disgustado no solo por definiciones de Hugo Moyano, sino también por decisiones de su pareja, Liliana Zulet. Algo similar ocurrió con Pablo, que se alejó hace rato, incluso de la CGT, y se refugió en el club de fútbol del gremio. Algunos aventuran que podría enfrentarse con su padre el año próximo, en el congreso gremial. Este viernes, en las elecciones de la federación, Hugo Moyano desplazó a Aparicio, y ascendió a Jerónimo, su hijo menor.

La guerra, sin embargo, corre riesgo de agravarse antes de fin de año, y puede generarle un dolor de cabeza adicional al ejecutivo porteño, si el sindicato avanza con el reclamo por las compensaciones que fueron estipuladas a fines de los ‘90 en la llamada “Ley Moyano”, que fijaron que la ciudad debía echar, indemnizar y volver a contratar a los empleados de la basura una vez vencidos los contratos de concesión, una resolución a la que arribaron entonces el jefe camionero, la familia Roggio y Franco Macri para despejar la competencia y allanar el negocio. Esa relación la heredó años más tarde Mauricio Macri, que acaba de presentar un libro sobre su padre.

En el 2012, la Legislatura porteña autorizó a la ciudad a endeudarse en más de $200 millones para pagar esas indemnizaciones por el vencimiento de los contratos. En ese momento, en la Legislatura, circuló de manera insistente un cambio informal en el nombre de la vieja normativa: empezó a hablarse de la “Ley Santilli”, por entonces ministro de Espacio Público, que cimentó con el líder camionero un vínculo cercanísimo. Diez años después, Rodríguez Larreta extendió la concesión, que vencía ese año, hasta el 2028. Esa decisión es la que ahora agravó la pelea familiar en el seno de los Moyano: el miércoles, en la sede de Camioneros, en la calle San José, Garnica, secretario de la rama de recolección del gremio, culpó a los que avalaron esa extensión, sin nombrarlos. Según explicaron, se refirió a Aparicio y a Pablo Moyano, aunque en el entorno de este último deslizaron que esa definición no pudo haber sido aceptada sin el aval de Hugo Moyano.

Confesiones y negociaciones. En la calle San José, pero al 1111, a seis cuadras de la sede de Camioneros, Cristina Kirchner sigue con atención el cierre del año y monitorea los movimientos en el Congreso. Sus visitantes la notan, como en los últimos meses, de buen ánimo, bien informada, muy activa. Camina a diario en la cinta, sale al balcón y esperaba en estos días la confirmación del TOF2 que la habilite a utilizar la terraza del edificio. Algunos de los visitantes frecuentes volvieron a insistirle en el último tiempo que considerara la posibilidad de pedir un cambio de domicilio, pero la expresidenta no quiere perder la centralidad de la capital. Teme, además, que después no la dejen volver a la ciudad de Buenos Aires: lo confesó a algunos de sus interlocutores más de una vez en estos meses.

La ex presidenta espera a que el Gobierno oficialice, por ejemplo, la nueva ley de reforma laboral. En algunas de sus charlas privadas recientes sorprendió a algunos de sus visitantes cuando aseguró que algunas de las modificaciones planteadas por el oficialismo no las consideraba tan descabelladas. Es una primera aproximación, de un texto que nadie conoce y que solo se discutió, en trazos generales, en el ámbito del Consejo de Mayo, frente a Gerardo Martínez y Martín Rapallini como representantes del sindicalismo y los industriales. El último encuentro, de esta semana, no conformó a ningún sector: el gobierno simuló la apertura a una discusión que, en los hechos, se terminará de resolver en estos días en despachos oficiales. “La UIA quiere mucho, la CGT no quiere nada, pero el sindicalismo va a tener diputados sentados en el Congreso. Nosotros solo somos consejeros, podemos opinar pero termina con las leyes que quiere el Ejecutivo. Una de las reformas más importantes, que es la tributaria, nosotros no estamos participando”, se sinceró un consejero que representa al Parlamento.

Se trata de un desafío para la nueva cúpula sindical, en cuya conducción Martínez, de mayor diálogo con el Gobierno, impuso a Cristian Jerónimo como su referente. Jerónimo es uno de los mimados de la industria, y construyó una relación fluida con los miembros del J6, los herederos del círculo rojo empresario.

Con el paquete de reformas cerca de obtener luz verde, el Congreso tendrá durante el verano, con excepción de algunas semanas de enero, una intensa actividad. No solo por esa batería de iniciativas, que también incluye al Presupuesto, sino por la dispersión parlamentaria, por la sangría de legisladores del PRO hacia La Libertad Avanza, por la incertidumbre en torno del bloque peronista y las tratativas que aún restan saldarse. Por ejemplo, las vacantes en la Justicia. También la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), que espera por la vuelta de algunos de sus antiguos miembros como Javier Fernández, apadrinado por Gerardo Zamora, flamante senador, con aspiraciones al 2027. Un proyecto similar al de Sergio Uñac, senador por San Juan, al que propician un grupo de dirigentes del peronismo, con diálogo cruzado, incluida Cristina Kirchner. Hay conversaciones en torno a la conducción del PJ.

Javier Fernández es el hermano de Sergio, camarista del decisivo fuero Contencioso Administrativo Federal, con gran influencia, integrante además del tribunal de disciplina de la AFA que acaba de sancionar la rebeldía de Verón y los jugadores de Estudiantes de La Plata. Zamora es muy cercano a Pablo Toviggino, el tesorero de la asociación del fútbol local, muy activo en las redes, con múltiples conexiones.

Ese círculo de poder es el que, según trascendió, está bajo la mira de Karina Milei. La hermana del Presidente debe resolver todavía algunas cuestiones del organigrama, mientras Manuel Adorni define casilleros junto a Aimé Vázquez, “Meme”, que ganó protagonismo interno. Por debajo de la secretaria general se atomizaron varios subgrupos. La hermana de Milei acumuló cada vez más poder desde las elecciones. Lo entendió Patricia Bullrich, una de las pocas que tiene vuelo propio pero que se alineó con ese sector. La ex ministra de Seguridad logró imponer a Alejandra Monteoliva en Seguridad y trabaja en la construcción de la nueva Agencia de Migraciones. En la semana se confirmó, además, a Martín Ferlauto, ex secretario de Seguridad de General Pueyrredón, como futuro número dos de Monteoliva: en la anterior gestión de Migraciones, en la administración del Frente de Todos, Ferlauto fue denunciado por un hackeo en el sistema. Ahora hay fuertes versiones que dan cuenta de que Bullrich, que debutó explosiva en el Senado, pretende llevarse funciones de la SIDE a esa nueva estructura, que aún no tiene gestor. Se habla de Diego Valenzuela, que siempre quiso ir al Ejecutivo. La SIDE se transformó en los últimos tiempos en otro de los lugares en los que se libra la disputa interna. “Si no se puede ordenar, tal vez haya que desarmarla”, deslizó un dirigente libertario.