POLITICA
Las presuntas coimas en Discapacidad: de las “manos en el fuego” al “y vos más”, el oficialismo elude los detalles del caso
La primera orden fue callar. Durante una semana, mientras el escándalo en Discapacidad por las presuntas coimas crecía entre audios y especulaciones, el oficialismo eligió guardar silencio, encapsular el tema y evitar una explicación de fondo. Ese dique se fisuró el miércoles de la semana pasada, durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Diputados.
Con la polémica y la incomodidad marcando el pulso del recinto, la tropa libertaria habló. Pero lo hizo aferrándose al libreto que se dictó desde la cima: negación general, encuadre del episodio como “opereta de campaña” y contraposición con el pasado kirchnerista. La consigna electoral -“kirchnerismo nunca más”- fue el latiguillo de la defensa.
Fuera de micrófono, se impuso la prudencia. Aliados habituales optaron por un perfil más bajo que en otras controversias. Dirigentes de Pro y sectores del radicalismo, que suelen levantar la voz, eligieron el silencio o un tono aséptico. En reserva admiten que el rumbo del expediente es incierto y que cualquier declaración puede tener costo político. La cautela funciona como estrategia y señal: el tema incomoda al oficialismo, pero sobre todo a su periferia.
El movimiento del oficialismo fue reactivo. Recién después de que Javier Milei, en una recorrida por Lomas de Zamora, negara las acusaciones y anunciara que llevará el caso a la Justicia, los legisladores rompieron el mutismo. El objetivo fue reforzar el mensaje presidencial, blindar al entorno más cercano y eludir referencias que abrieran nuevos flancos. En ese marco, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no fue mencionado. Tampoco se detalló su rol ni la secuencia de hechos que hoy se investigan.
La reaparición de las voces libertarias se produjo siete días después de la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describe un presunto esquema de sobornos que tendría como beneficiaria a la secretaria General y hermana del Presidente, Karina Milei. La polémica alcanza, además, a Martín Menem, presidente de Diputados y jefe de la tropa oficialista. Eduardo “Lule” Menem, familiar de Martín y mano derecha de Karina, es señalado como articulador de la red de cobros ilegales bajo pesquisa.
Desde el mediodía, el recinto de Diputados fue un hervidero. Hubo chicanas entre bloques y, sobre todo, chispazos dentro de las propias tribus libertarias. La sesión expuso una interna abierta que hoy se proyecta sobre el escándalo, entre acusaciones y sospechas cruzadas por la filtración de los audios que desataron la crisis en el Gobierno. Marcela Pagano y Lilia Lemoine fueron las protagonistas de este capítulo.
En ese clima, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro y aliado a la Casa Rosada, ofició de puente. Agradeció la presencia de Francos y cito al Presidente: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira; lo vamos a llevar a la Justicia y lo vamos a demostrar”. Subrayó el costado institucional: “El Gobierno intervino, apartó al funcionario y deja que la Justicia investigue”. Su intervención apuntó a fijar dos ideas: que hubo reacción del Poder Ejecutivo y que, a partir de ahora, el expediente sigue en sede judicial, un ámbito menos ruidoso que el recinto.
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, apeló a una defensa cerrada del núcleo político. “Pongo las manos en el fuego por el presidente Milei, por Karina Milei y por Martín y ‘Lule’ Menem”, afirmó, y giró de inmediato al “y vos más”: interpeló a la oposición por sus referentes, habló de “operetas” y vinculó la difusión de los audios con el calendario electoral. También mencionó el episodio de Lomas de Zamora como ejemplo de “agresiones” al Presidente. Con esa línea, volvió a centrar la discusión en la polarización y evitó el terreno de las precisiones.
Álvaro Martínez, diputado de La Libertad Avanza, eligió inventariar las causas del kirchnerismo -“cuadernos de las coimas, ruta del dinero K, Hotesur–Los Sauces, memorándum con Irán, bolsos de López, Ciccone”-, pero nunca atinó a desmentir ninguna de las acusaciones que pesan sobre los propios. Concluyó con un mensaje hacia adelante: “El caradurismo no va más. Tampoco la violencia”.
Otros aprovecharon el episodio para marcar distancia con la Casa Rosada. Rodrigo de Loredo (UCR), que declinó integrar el tercer lugar en las listas libertarias de su provincia, advirtió al bloque oficialista: “El que a hierro mata, a hierro muere”. Reclamó “fortaleza, decisión y transparencia” para una salida “ejemplificadora” de una escena “atravesada por causas de corrupción” que definió como “un cóctel latinoamericano de desestabilización”.
La exposición de Francos en medio de la tormenta dejó una lectura homogénea: el jefe de Gabinete eligió un registro sobrio, con énfasis en que el Poder Ejecutivo “actuó” y en que “la Justicia debe avanzar”. En el oficialismo destacaron ese tono mesurado. “Llamó la atención”, sintetizó un allegado a la bancada libertaria que se imaginó una disertación más incómoda.
El calendario ofició, otra vez, de encuadre. Bornoroni cerró su intervención con fechas -7 de septiembre y 26 de octubre- y reforzó la lectura en clave plebiscitaria de la campaña: “Kirchnerismo o libertad”.
En privado, dirigentes oficialistas admiten que el episodio de las piedras en Lomas de Zamora -condenado públicamente- ayudó, al menos por unas horas, a desplazar el foco del caso Andis de la agenda pública.
audios y especulaciones,sesión informativa,pero sobre todo a su periferia,recorrida por Lomas de Zamora,Diego Spagnuolo,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Congreso. En medio del escándalo de los audios, la comisión de inteligencia cuestiona que la Policía Federal haga tareas de espionaje,,“Golpe blando”. Sin conducción no hay paraíso mileísta de mercado,,»Inconstitucional». Advierten que prohibir la difusión de los audios es un acto de censura,Cámara de Diputados,,Diputados. La oposición destrabó la comisión investigadora del caso $LIBRA y designó a Ferraro como presidente,,Chicanas por el «3%». En una sesión escandalosa, Francos rechazó las acusaciones por presuntas coimas y evitó mencionar a Karina,,“¡Traidor!“. Pagano y Lemoine se cruzaron en Diputados mientras los exlibertarios acusaban a los Menem por el caso Spagnuolo
POLITICA
Antes de renunciar a la IGJ, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar otros negocios de la AFA
Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.
El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.
La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.
El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.
La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.
Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.
La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.
Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.
La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.
En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.
La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga
Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.
Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.
En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.
Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.
De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.
Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés
El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.
La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.
Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.
La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.
El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.
El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo
Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.
La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.
En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.
La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.
POLITICA
Cuál es el nuevo reclamo salarial de Hugo Moyano que rompe la pauta del Gobierno y preocupa a los empresarios
El Sindicato de Camioneros hizo este jueves un reclamo salarial que supera la pauta del Gobierno y causará rechazo en las pymes del sector: 8% de aumento para el trimestre marzo-mayo, más la suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso y mudanza, logística y correos, la creación de un premio mensual por presentismo de $100.000 y el incremento de la contribución empresarial para la obra social a $35.000 para cada trabajador (que hoy es de $22.000).
Además de la cifra exigida, que supera el tope buscado por el Ministerio de Economía, a los funcionarios libertarios les preocupa que se firmen acuerdos trimestrales como el que exige el gremio que lidera Hugo Moyano ya que hasta ahora buscaban que fueran anuales o semestrales para desalentar el alza de la inflación.
El Sindicato de Camioneros hizo este planteo durante la primera audiencia oficial para acordar la paritaria 2026, que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, aunque habrá reuniones extraoficiales para tratar de acercar las posiciones: este viernes, el sindicato se encontrará con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el lunes, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).
Sin embargo, las pymes del sector ya advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento por la crisis del transporte automotor de cargas, por lo que se prevé un escenario de tensiones por el reclamo de Camioneros.
En la audiencia oficial, el sindicato confirmó la postura que había fijado a mediados de enero pasado en una nota dirigida a las cámaras: una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implica dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Por eso ahora pidió una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo firmado para diciembre 2025-febrero 2026.
El trabajador, según Camioneros, recién luego de transcurridos 4 meses ve reflejada la diferencia existente entre lo pautado y la inflación real del Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, Moyano pretende tomar del IPC sólo aquellos rubros que más impactan en el trabajador: alimentos, transporte público y servicios públicos y privados (luz, gas, agua corriente, telefonía, internet). Por eso ahora pide un 8% de aumento debido a la diferencia con el período paritario anterior.
Además, reclama un incremento del 2% al 4% para las ramas expreso y mudanza, logística y correos con el fin de equiparar en un 20% la mejora ya otorgada; establecer con carácter remunerativo un premio por presentismo de $100.000 en forma mensual, y aumentar la contribución empresarial para la obra social a $35.000 por trabajador, que hoy es de $22.000 (por lo que Camioneros, que tiene 200 mil afiliados, recaudaría por mes unos 7 mil millones de pesos).
En las cámaras del sector no sólo se analiza la viabilidad del aumento reclamado por Moyano sino que también se evalúa si pueden exigir que se firme una paritaria nivel regional o por empresa, como contempla la ley de reforma laboral que se acaba de promulgar.
Este punto se convertiría en un banco de pruebas de la nueva legislación, que le sacará poder de fuego al sindicato con personería, que es el que firma el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad.
La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros estuvo en sintonía con la pauta del Gobierno: un aumento del 3,3% en tres tramos, que tuvo vigencia de seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.
En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.
Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.
En diciembre pasado, Moyano y las cámaras acordaron también una suma fija de 35 mil pesos, que fue cobrada con los sueldos de enero de 2026.
hugo moyano,sindicato de camioneros
POLITICA
Javier Milei llegó a Miami para participar de la cumbre de mandatarios de América Latina organizada por Trump
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Javier Milei llegó a Miami para participar del lanzamiento oficial del Escudo de las Américas, un foro multilateral conformado por Donald Trump para combatir el narcoterrorismo, la ofensiva comercial de China y la inmigración indocumentada en la región.
El presidente arribó pasadas las 22:42 horas -00:42 horas, según el horario local- a Estados Unidos, acompañado por Karina Milei –secretaria general-, Manuel Adorni -jefe de gabinete- y Pablo Quirno -canciller-, y toda la delegación oficial se alojará en el hotel Trump Doral, que ya está protegido por el servicio secreto como una fortaleza.
“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.
Y añadió: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.
Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a America Latina.
En este sentido, el líder republicano aprovechará la ceremonia inaugural del foro Escudo de las Américas para describir sus razones geopolíticas que llevaron a iniciar el conflicto con Teherán y su probable evolución en las próximas semanas.
Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.
Las deliberaciones serán este sábado antes del mediodía en el hotel Trump Doral, y participarán doce mandatarios que tienen sintonía ideológica y geopolítica con la administración republicana.
Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura –Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.
Será la primera vez que Trump expone ante mandatarios extranjeros su perspectiva del enfrentamiento contra el régimen fundamentalista, justo a una semana del comienzo de las operaciones militares en Medio Oriente.
La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.
Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.
Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).
En 1992 y 1994, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.
El presidente argentino Javier Milei es un aliado clave de los Estados Unidos y dispuso incorporar a la lista de organizaciones terroristas a todos los resortes de Irán vinculados a actos fundamentalistas a nivel global.
Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propondrá ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.
Cuando termine la cumbre de presidentes, Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Pablo Quirno embarcarán rumbo a New York, para iniciar la segunda etapa de esta gira oficial por Estados Unidos.
North America
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