POLITICA
Las presuntas coimas en Discapacidad: de las “manos en el fuego” al “y vos más”, el oficialismo elude los detalles del caso
La primera orden fue callar. Durante una semana, mientras el escándalo en Discapacidad por las presuntas coimas crecía entre audios y especulaciones, el oficialismo eligió guardar silencio, encapsular el tema y evitar una explicación de fondo. Ese dique se fisuró el miércoles de la semana pasada, durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Diputados.
Con la polémica y la incomodidad marcando el pulso del recinto, la tropa libertaria habló. Pero lo hizo aferrándose al libreto que se dictó desde la cima: negación general, encuadre del episodio como “opereta de campaña” y contraposición con el pasado kirchnerista. La consigna electoral -“kirchnerismo nunca más”- fue el latiguillo de la defensa.
Fuera de micrófono, se impuso la prudencia. Aliados habituales optaron por un perfil más bajo que en otras controversias. Dirigentes de Pro y sectores del radicalismo, que suelen levantar la voz, eligieron el silencio o un tono aséptico. En reserva admiten que el rumbo del expediente es incierto y que cualquier declaración puede tener costo político. La cautela funciona como estrategia y señal: el tema incomoda al oficialismo, pero sobre todo a su periferia.
El movimiento del oficialismo fue reactivo. Recién después de que Javier Milei, en una recorrida por Lomas de Zamora, negara las acusaciones y anunciara que llevará el caso a la Justicia, los legisladores rompieron el mutismo. El objetivo fue reforzar el mensaje presidencial, blindar al entorno más cercano y eludir referencias que abrieran nuevos flancos. En ese marco, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no fue mencionado. Tampoco se detalló su rol ni la secuencia de hechos que hoy se investigan.
La reaparición de las voces libertarias se produjo siete días después de la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describe un presunto esquema de sobornos que tendría como beneficiaria a la secretaria General y hermana del Presidente, Karina Milei. La polémica alcanza, además, a Martín Menem, presidente de Diputados y jefe de la tropa oficialista. Eduardo “Lule” Menem, familiar de Martín y mano derecha de Karina, es señalado como articulador de la red de cobros ilegales bajo pesquisa.
Desde el mediodía, el recinto de Diputados fue un hervidero. Hubo chicanas entre bloques y, sobre todo, chispazos dentro de las propias tribus libertarias. La sesión expuso una interna abierta que hoy se proyecta sobre el escándalo, entre acusaciones y sospechas cruzadas por la filtración de los audios que desataron la crisis en el Gobierno. Marcela Pagano y Lilia Lemoine fueron las protagonistas de este capítulo.
En ese clima, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro y aliado a la Casa Rosada, ofició de puente. Agradeció la presencia de Francos y cito al Presidente: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira; lo vamos a llevar a la Justicia y lo vamos a demostrar”. Subrayó el costado institucional: “El Gobierno intervino, apartó al funcionario y deja que la Justicia investigue”. Su intervención apuntó a fijar dos ideas: que hubo reacción del Poder Ejecutivo y que, a partir de ahora, el expediente sigue en sede judicial, un ámbito menos ruidoso que el recinto.
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, apeló a una defensa cerrada del núcleo político. “Pongo las manos en el fuego por el presidente Milei, por Karina Milei y por Martín y ‘Lule’ Menem”, afirmó, y giró de inmediato al “y vos más”: interpeló a la oposición por sus referentes, habló de “operetas” y vinculó la difusión de los audios con el calendario electoral. También mencionó el episodio de Lomas de Zamora como ejemplo de “agresiones” al Presidente. Con esa línea, volvió a centrar la discusión en la polarización y evitó el terreno de las precisiones.
Álvaro Martínez, diputado de La Libertad Avanza, eligió inventariar las causas del kirchnerismo -“cuadernos de las coimas, ruta del dinero K, Hotesur–Los Sauces, memorándum con Irán, bolsos de López, Ciccone”-, pero nunca atinó a desmentir ninguna de las acusaciones que pesan sobre los propios. Concluyó con un mensaje hacia adelante: “El caradurismo no va más. Tampoco la violencia”.
Otros aprovecharon el episodio para marcar distancia con la Casa Rosada. Rodrigo de Loredo (UCR), que declinó integrar el tercer lugar en las listas libertarias de su provincia, advirtió al bloque oficialista: “El que a hierro mata, a hierro muere”. Reclamó “fortaleza, decisión y transparencia” para una salida “ejemplificadora” de una escena “atravesada por causas de corrupción” que definió como “un cóctel latinoamericano de desestabilización”.
La exposición de Francos en medio de la tormenta dejó una lectura homogénea: el jefe de Gabinete eligió un registro sobrio, con énfasis en que el Poder Ejecutivo “actuó” y en que “la Justicia debe avanzar”. En el oficialismo destacaron ese tono mesurado. “Llamó la atención”, sintetizó un allegado a la bancada libertaria que se imaginó una disertación más incómoda.
El calendario ofició, otra vez, de encuadre. Bornoroni cerró su intervención con fechas -7 de septiembre y 26 de octubre- y reforzó la lectura en clave plebiscitaria de la campaña: “Kirchnerismo o libertad”.
En privado, dirigentes oficialistas admiten que el episodio de las piedras en Lomas de Zamora -condenado públicamente- ayudó, al menos por unas horas, a desplazar el foco del caso Andis de la agenda pública.
audios y especulaciones,sesión informativa,pero sobre todo a su periferia,recorrida por Lomas de Zamora,Diego Spagnuolo,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Congreso. En medio del escándalo de los audios, la comisión de inteligencia cuestiona que la Policía Federal haga tareas de espionaje,,“Golpe blando”. Sin conducción no hay paraíso mileísta de mercado,,»Inconstitucional». Advierten que prohibir la difusión de los audios es un acto de censura,Cámara de Diputados,,Diputados. La oposición destrabó la comisión investigadora del caso $LIBRA y designó a Ferraro como presidente,,Chicanas por el «3%». En una sesión escandalosa, Francos rechazó las acusaciones por presuntas coimas y evitó mencionar a Karina,,“¡Traidor!“. Pagano y Lemoine se cruzaron en Diputados mientras los exlibertarios acusaban a los Menem por el caso Spagnuolo
Los peritos contables del Cuerpo del Poder Judicial Especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública revisarán la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insauralde, de su exmujer Jésica Cirio y de la “acompañante de viajes” Sofía Clerici en la causa en que se investiga al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La decisión fue de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata y del juez federal Ernesto Kreplak, cuando estuvo a cargo del caso.
La medida se tomó a instancias de los fiscales Diego Iglesias (de Cámara), Sergio Mola y Diego Velasco (especializado en lavado de dinero), quienes se opusieron a la decisión del juez de pedirle al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que seleccionara profesionales, sin ningún criterio, para ese análisis patrimonial.
Ahora la Cámara de Casación federal decidió que intervengan peritos oficiales de la Corte Suprema y que el juez de primera instancia del caso, ahora Luis Armella, dicte otro fallo en el sentido indicado.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
En la resolución, el juez Borinsky precisó que el magistrado de primera instancia no había fundamentado el motivo por el que se apartó de una norma procesal que ordena la designación de peritos oficiales. Excepto, claro, que no existan estos peritos en la materia a analizar, peor eso no ocurre en el caso, donde lo que se busca es designar peritos contadores.
El juez añadió que la Corte Suprema de Justicia creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública precisamente para supuestos de corrupción como el que se examina.
Los magistrados del tribunal dispusieron que se dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte.
Esta causa se inició en los meses previos a las elecciones de 2023, cuando Sofía Clerici posteó una foto con Insaurralde a bordo del yate Bandido, mientras navegaban por Marbella, en el mar Mediterráneo, tomando champagne francés.
La foto desató una causa por lavado y enriquecimiento ilícito -manejada por jueces subrogantes, ya que ese juzgado federal de Lomas de Zamora está vacante- que poco avanzó a pesar del impulso de los fiscales que pidieron indagar a los sospechosos por sus bienes.
La fiscalía especializada en lavado de dinero realizó un lapidario informe donde habló de un “enriquecimiento patrimonial injustificado” del exintendente.
Para llegar a esa conclusión estableció que entre 2021 y 2023 gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1.800 dólares, sin otros ingresos declarados.
Además, los investigadores detectaron que, al menos, tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada, una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero en el que vivió con Jésica Cirio.
Así se desprende del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, que buceó con su equipo en el patrimonio del ex funcionario.
Desde Suiza, la empresa MTIC de Fribourg pagó el hotel Nobu de Marbella, donde se alojó Sofía Clerici con su hermana Renata antes del viaje con Insaurralde en el yate Bandido. Asimismo, la fiscalía pidió investigar la fastuosa fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en la Manea Club de Polo de Tristán Suárez, en 2014. En ese sentido, pidió a la empresa que aportara las facturas de gastos y las contrataciones.
“Se advierte, a primera vista, que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”, señalan las conclusiones del fiscal Velasco.
Asimismo, Insaurralde omitió incluir los bienes de Cirio, su esposa, en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021.
El informe de la Procelac recoge los viajes que realizó Insaurralde entre el 29 de noviembre de 2021 y julio de 2023. Solo los de 2021 y 2022 suman 38.697 dólares, sin contar un viaje a Francia, del que no se conoce el valor porque Air France no constató los pedidos de informes oficiales. En 2023, el exintendente realizó otros viajes a Estados Unidos, España y Austria. Uno de esos viajes, de julio de 2023 a Estados Unidos, fue contratado desde la secretaría privada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Martín Otermín, delfín de Insaurralde.
Ese periplo incluye los cinco días en Marbella, donde compartió hotel y yate con Clerici. En esos traslados gastó 82.882 dólares, pagados desde Miami a la empresa Forest Travel con una tarjeta American Express de Estados Unidos. Por eso los fiscales quieren saber quién está detrás de estos pagos “que no figuran a su nombre”.
Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8.189 de pasaje en clase businnes de Iberia, 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva, 13.716 euros del alquiler de El Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que abarcaron ocho horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon, a razón de 360 euros las tres.
“El nivel de gastos de Insaurralde no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, donde trabajó desde 2009 como diputado nacional, intendente y jefe de gabinete bonaerense, escribió el fiscal Velasco. Y todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Sofía Clerici en Nordelta, sus siete carteras Louis Vouitton halladas allí y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene, dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jésica Cirio, media docena incluidas una Ford Territori y una camioneta Mercedes Benz GLA 250, compradas el mismo día, el 8 de septiembre de 2023. La última, por $48 millones.
Los fiscales insistieron en que “el nivel de gastos no se condice con su sueldo de funcionario”, unos $16 millones en tres años. Su último sueldo, correspondiente a septiembre de 2023, fue de 1.830 dólares, cuando gastó 57.000 dólares en una semana en Marbella.
Hernán Cappiello,Corrupción,PJ Partido Justicialista,Conforme a,Corrupción,,Fallo dividido. La Justicia confirmó que Cristina no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad,,Escándalo en España. Se cierra el cerco sobre el clan Sánchez: su esposa y su hermano cada vez más complicados por casos de corrupción,,Sobornos. Un exejecutivo de Odebrecht reclamó otra vez que se cierre la causa y la Justicia lo rechazó
POLITICA
La oposición busca llevar al Congreso la discusión por la quita temporal de retenciones al campo
El decreto 682/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió transitoriamente el cobro de retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de USD 7000 millones, generó una fuerte reacción en el Congreso. La medida se agotó en apenas 72 horas y abrió un debate sobre la eliminación definitiva de los derechos de exportación.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López advirtió que “el decreto recientemente dictado, lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica consolidada en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo”.
“Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’ implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas, sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores”, agregó.
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López agregó que “las medidas adoptadas posteriormente por el propio Gobierno implicaron un costo fiscal incluso mayor al que hubiera supuesto la aprobación de la ley, pero sin generar los beneficios de estabilidad y previsibilidad que desde el Congreso buscábamos asegurar”.
Durante este año, la Comisión de Agricultura avanzó en el análisis de distintos proyectos para eliminar las retenciones, impulsados principalmente por diputados de Córdoba. Sin embargo, no se lograron dictámenes de comisión, pese a las reuniones convocadas por Atilio Benedetti.
Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) criticó con dureza la última decisión oficial: “Lo vivido en los últimos días con las retenciones supera todas las predicciones. Del ‘te las bajo un poco y te las vuelvo a subir’, pasamos al ‘te las bajo a cero por 30 días o por 72 horas, lo que ocurra primero’. Y ocurrió”.
El diputado señaló además que “cuando algunos todavía estaban haciendo números, otros ya tenían todo resuelto. Incluso hubo barcos chinos listos para cargar en apenas 72 horas. Fue tan rápido que hasta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos exigió como condición urgente volver a subir las retenciones porque los productores americanos entraban en zona de riesgo”. Y remató: “Retenciones cero, por ley y permanentes”.
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Desde la UCR, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, reclamó aplicar controles: “Esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. La ley está vigente y tiene que aplicarse”. Recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó irregularidades en empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, que derivaron en sanciones de la AFIP.
Pedido de informes desde UxP
Por su parte, Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique los alcances del decreto: la nómina de empresas beneficiadas, el volumen exportado, los montos de divisas ingresados al Banco Central y las retenciones que el Estado dejó de percibir.
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“En apenas 48 horas, las principales cerealeras agotaron el cupo de 7000 millones de dólares. Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron afuera y el fisco perdió más de 1500 millones de dólares en retenciones. Un saqueo legalizado”, dijo Valdés.
El legislador cuestionó además la falta de controles: “Ni siquiera exigieron tener el grano en la mano para registrar las ventas. Eso es abrirle la puerta de par en par a la especulación. Ya lo vivimos en el pasado y por eso existe la Ley Martínez Raymonda. Pero este Gobierno prefiere hacerse el distraído. Está claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”.
La llamada Ley Martínez Raymonda, presentada en 2007 por el entonces diputado Rafael Martínez Raymonda (Demócrata Progresista), establece que los exportadores que registren ventas agropecuarias mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) deben acreditar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de esos productos al momento de registrarlos. La norma sigue vigente.
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POLITICA
Golpe kirchnerista en la Corte de Santa Cruz: se resiste a aceptar a los nuevos miembros y desafía a Vidal
EL CALAFATE.- La Corte de Santa Cruz, que responde al kirchnerismo, abrió un conflicto de poderes en la provincia al declarar nulo el acto de jura de los dos nuevos miembros designados el viernes por la Legislatura, en un intento por bloquear su ingreso y conservar el poder.
De esa forma, la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y el gobernador Claudio Vidal alcanzó su máxima tensión.
Luego de la jura de los dos nuevos miembros propuestos por Vidal para el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, cuatro de los cinco jueces kirchneristas del cuerpo declararon nulo el acto y argumentaron que se encuentran vigentes dos medidas que impiden avanzar con los nombramientos.
“La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, sostiene la resolución que lleva la firmas de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta. Y afirma que lo resuelto por la Legislatura ”podría reputarse nulo de nulidad absoluta».
Basanta fue ministro de Alicia Kirchner y Fernández fue asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner. Ludueña es hija de un senador kirchnerista y y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.
En la resolución, los jueces aluden a una cautelar vigente firmada por el juez Marcelo Bersanelli, un exabogado de Cristina Kirchner y de vínculos familiares con Máximo Kirchner.
“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó el gobernador Claudio Vidal en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia.
Minutos antes habían jurado los dos nuevos vocales propuestos por el gobernador para integrar el Tribunal Superior de Justicia: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.
Cuando aludió a los “aprietes”, Vidal aún no sabía que minutos más tarde los jueces, ausentes en el acto, iban a declarar nula la jura y abrir un conflicto en la provincia.
La Corte provincial tiene nueve lugares. Con las nuevas dos designaciones se llegaría a siete miembros. Faltan completar dos.
Las cuatro nuevas vacantes se originaron hace menos de un mes cuando una reforma a la ley provincial elevó el tribunal de cinco a nueve miembros.
Los votos del kirchnerismo para oponerse no alcanzaron y se sucedieron dos causas judiciales que intentaron frenar la reforma. Pese a la vigencia de una medida cautelar, el jueves se aprobaron las dos primeras designaciones.
El presidente del Tribunal, Daniel Mariani, tomó la jura de los nuevos integrantes con la marcada ausencia de los demás vocales.
Al saludarse con Acevedo, se abrazaron dos viejos conocidos: ambos supieron compartir espacio político dentro del movimiento renovador del peronismo en los ‘80, cuando aún Nestor Kirchner era minoría en el Partido Justicialista santacruceño.
Minutos después de la jura, Mariani se enteraró que los vocales, que estuvieron ausentes, firmarían una resolución en la que intentaban desautorizar el acto.
Mientras tanto, Cristina Kirchner seguía las vicisitudes del conflicto desde su departamento en el barrio proteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.
“Es un día histórico, las cosas están cambiando en Santa Cruz, se eliminó la ley de lemas cuando asumimos, somos el gobierno más controlado de la historia porque el Tribunal está conformado por en su mayoría con la oposición”, fueron las primeras reflexiones de Vidal, presente en la jura y quien en los últimos días había denunciado un golpe judicial del kirchnerismo para impedir los nombramientos.
En esa línea, Vidal fue subiendo el tono a sus declaraciones. “Esto es un paso muy importante, para la sociedad que busca una justicia independiente, que busca una justicia idónea y un ajusticia que deje de militar la política”, enfatizó.
A pesar de su historial, el kirchnerismo acusa al actual gobernador de intentar armar Corte que le garantice impunidad. Vidal responde que ampliar el tribunal es la única forma de darle independencia a un poder cuyos jueces fueron todos nombrados por sucesivos gobiernos kirchneristas.
“Basta de los Bersanelli (en referencia al exabogado de Cristina Kirchner, hoy juez de primera instancia) que creen que tienen más poder que la misma ley, que creen que pueden pasar por encima del poder legislativo y el poder ejecutivo, que es designado por el voto popular del pueblo”, sostuvo Vidal en sede judicial.
El gobernador también apuntó a uno de los actuales miembros de la Corte “Basta de los Fernando Basanta, que quieren conducir la provincia desde la justicia. Basta. Esto se tiene que terminar, y el pueblo me eligió para que eso se termine”, afirmó Vidal.
La ampliación de la Corte que por la mañana parecía avanzar, ahora se trabó con la nueva resolución que desconoce la jura. Es una incógnita cuando y como se efectivizará la toma del cargo de los vocales que juraron.
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