El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en X que difundía $LIBRA como un proyecto de inversión que suministraría fondos a emprendimientos en la Argentina. Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado”. En el medio, $LIBRA, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, dejó millones de dólares en el bolsillo a quienes vendieron cuando subía y enormes pérdidas a quienes no saltaron a tiempo.

El viernes pasado, el caso dio un giro ante la revelación de un peritaje judicial sobre los teléfonos de los involucrados que contrastan con la versión del Presidente. Minutos antes del lanzamiento del criptoactivo, Milei interactuó en al menos cinco ocasiones desde su teléfono personal con el teléfono del lobista argentinoMauricio Novelli, uno de los protagonistas de la operación que generó pérdidas a los inversores por al menos US$ 100 millones, según surge de los peritajes oficiales desarrollados sobre los dispositivos electrónicos de Novelli, confirmaron fuentes al tanto de ese material a. Hubo otros 35 llamados del lobista con Karina Milei y Santiago Caputo.

Esta revelación pone en jaque la explicación oficial que dio Milei tres días después del colapso de $LIBRA en una entrevista con el periodista Jony Viale. En esa oportunidad dijo que actuó de buena fe, que Davis le había presentado el proyecto para asistir a emprendedores digitales y que publicó un tuit de apoyo “cuando se hizo público” el lanzamiento. Dijo aquel 17 de febrero de 2024: “Cuando se hace pública este esta situación de que aparece el proyecto de $LIBRA, bueno, obviamente ¿yo qué hago? Le doy difusión, justamente para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento lo puedan hacer y justamente el tweet está planteado en ese formato. Yo explico que estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento”.

Los principales involucrados son: el presidente Milei, cuyo tuit hizo disparar la cotización del activo; el creador de la moneda digital, Mark Hayden Davis; y quienes habrían sido el puente entre ambos, los socios Mauricio NovelliyManuel Terrones Godoy. La investigación también alcanza a Karina Milei, señalada por haber facilitado los encuentros entre las partes, y, en un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Moralesy a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.

En la causa está acreditado que el 30 de enero -luego de su reunión con Milei- Hayden Davis transfirió un total de USDC 1.015.000(una moneda virtual que corre aparejada al dólar) a una cuenta a nombre deOrlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en una dirección del municipio de Tigre cuya numeración no existe, según pudo corroborar la Justicia. Mellino recibió ese dinero digital a través de dos operaciones espejo y horas más tarde lo giró a una tercera cuenta.

En la causa también está acreditado que unos días más tarde, el 3 de febrero, el empresario Hayden Davis giró un total de USDC 3.965.627 a la cuenta de otra cara nueva del caso: el influencer cripto colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Tanto él como Mellino habrían sido un puente de paso en la maniobra investigada, porque la Justicia validó también que gran parte de los activos que recibió el influencer fueron luego movidos a cuentas controladas por Novelli y Terrones Godoy. Una cuenta de la que Novelli es cotitular, por caso, recibió USDC 695.990 en la noche del 3 de febrero.

La fecha es clave porque un día después, Novelli, su hermana María Pía, y su madre, María Rafaele, arribaron a una sucursal del banco Galicia en Martínez con bolsos en sus manos, manipularon varias cajas de seguridad y se fueron, según consta en las actuaciones de la causa. Los familiares de Novelli volverían al banco 13 días después, durante el primer día hábil tras el lanzamiento de $LIBRA, presumiblemente a vaciar esas cajas, porque cuando la Justicia las registró estaban vacías.

El juez Martínez de Giorgi calculó en U$S 12.000 el perjuicio de los querellantes, pero eso podría cambiar si a la querella se suman nuevos damnificados: un grupo de dos bielorrusos golpea las puertas del expediente y clama haber perdido más de 2,3 millones de dólares.

En paralelo a la investigación judicial, se creó en Diputados una comisión investigadora. Transcurridos nueve meses desde que estalló el caso, los diputados opositores que integran la comisión investigadora concluyeron, en su informe final, que tanto el presidente Javier Milei como su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, fueron engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho. Por tal motivo, recomiendan al Congreso que evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

“$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional”, advirtieron los 14 diputados opositores firmantes del documento, encabezados por el presidente de la comisión Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”, insistieron.

A un mes después del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, los tribunales estadounidenses registraron la primera demanda colectiva o “class action” contra los responsables internacionales de la movida: la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora.

Representados por un estudio jurídico que registra triunfos en otros casos de criptoactivos y estafas, Burwick Law, los inversores afectados reclamaron una compensación, además de “la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.

La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, quedó bajo la mira tras el último reacomodamiento interno del Gobierno, que dejó a Santiago Caputo sin injerencia directa en el Ministerio de Justicia.

La funcionaria es considerada una aliada del asesor presidencial y ocupa un puesto especialmente sensible dentro del Poder Ejecutivo: el área encargada de revisar los decretos y normas que firma Javier Milei. En ese contexto, sus movimientos comenzaron a ser observados con mayor atención por el círculo más cercano al Presidente.

Las suspicacias se intensificaron a partir de un episodio reciente que dejó al descubierto las tensiones internas del oficialismo. Tras el traslado de Sebastián Amerio desde la Secretaría de Justicia a la Procuración del Tesoro, Caputo perdía una de sus principales palancas de influencia dentro del área judicial del Gobierno. En el lugar de Amerio asumió Santiago Viola.

En ese contexto, según fuentes oficiales, se evaluó la posibilidad de que la Procuración del Tesoro dejara de depender del Ministerio de Justicia y pasara a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica, el área que conduce Ibarzábal.

Bajo la órbita de Ibarzábal, y no del Ministerio de Justicia, Amerio habría tenido un margen mayor de autonomía.

La alternativa finalmente no prosperó. Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia entronizado por Karina Milei, no estaba dispuesto a resignar el control del patrocinio jurídico del Estado el mismo día de su designación. Tampoco en la Secretaría General de la Presidencia veían con buenos ojos esa opción, en un momento en que el sector que responde a la hermana del Presidente consolidaba posiciones dentro del gabinete.

El episodio quedó expuesto a partir de un comunicado difundido desde la Procuración del Tesoro, ya bajo la conducción de Amerio. Allí se informaba que el organismo “pasará a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, con el objetivo de fortalecer la coordinación estratégica en la defensa jurídica del Estado y acompañar, con mayor cercanía institucional a la Presidencia de la Nación, la estrategia jurídica de este Gobierno”.

Once minutos más tarde llegó una rectificación. En un nuevo mensaje −con emoji de alerta y texto en mayúsculas− se aclaró: “La Procuración del Tesoro NO pasa a la Secretaría Legal y Técnica. Mantiene su condición actual”.

La secuencia alimentó especulaciones dentro del oficialismo sobre el alcance de las gestiones que se habían realizado previamente para modificar la estructura del área. Algunos dirigentes interpretaron el episodio como una señal sobre a quién respondía políticamente Ibarzábal, lo que terminó por exponerla en medio de la disputa interna.

“Fue obsceno”, evaluaron cerca de la hermana del Presidente. Desde entonces, el rol de la secretaria Legal y Técnica comenzó a ser observado con mayor atención por el equipo político que rodea a Karina Milei, que en los últimos meses ganó peso dentro del armado libertario.

La interna se profundizó tras las últimas elecciones legislativas. En ese proceso, la hermana del Presidente y los primos Menem −Eduardo “Lule” y Martín− consolidaron su estrategia electoral, basada en priorizar la identidad propia del espacio por sobre acuerdos con otras fuerzas, una postura que contrastaba con la línea que impulsaban Caputo y su entorno político, identificado con Las Fuerzas del Cielo.

En ese marco, el asesor presidencial fue perdiendo espacios de influencia tanto en el armado electoral como en algunas áreas del Gobierno. El desplazamiento de Amerio de la Secretaría de Justicia fue leído dentro del oficialismo como parte de ese reordenamiento.

Ibarzábal llegó a la Secretaría Legal y Técnica en abril del año pasado, tras la renuncia de Javier Herrera Bravo por “motivos personales”. Hasta entonces se desempeñaba como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, desde donde ya coordinaba buena parte de la producción jurídica del Gobierno. Con su designación formal pasó a ocupar uno de los cargos más sensibles del Poder Ejecutivo: el área encargada de elaborar y revisar las normas presidenciales.

Abogada especializada en derecho administrativo, Ibarzábal tuvo un rol clave durante la discusión de la Ley Bases: participó en la elaboración y ejecución de buena parte de los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno.

Antes de sumarse a la gestión libertaria trabajaba en el estudio Cassagne, especializado en derecho público y regulación económica, donde se desempeñaba como abogada senior. También pasó por otros estudios jurídicos del sector privado, entre ellos Marval O’Farrell Mairal.

Según reconstruyó , su llegada al Gobierno estuvo vinculada a la relación personal que mantiene desde hace años con Santiago Caputo, con quien comparte un círculo de confianza previo a la gestión.

Aunque la mayor parte de su trayectoria se desarrolló en el ámbito privado, Ibarzábal también tuvo un paso por la función pública durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese período trabajó en la Procuración del Tesoro, entonces encabezada por Bernardo Saravia Frías.