POLITICA
Las razones de la salida del poderoso gremio de los colectiveros de la CGT
La renovación de autoridades de la CGT dejó heridos. El sector de Luis Barrionuevo y sus aliados, como los ferroviarios de La Fraternidad, amagaron hasta último momento con romper, pero terminaron acordando. Otros, como la Confederación de Empleados Municipales (CTM), también se retiraron antes del congreso cegetista, disconformes con el armado del consejo directivo, donde perdieron lugar a manos de su rival interno, la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (Coema). Sin embargo, el golpe más fuerte lo dio la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso gremio de los colectiveros. Su jefe, Roberto Fernández, no avaló al nuevo triunvirato de mando y se abrió disgustado del armado sindical.
“Nosotros no queremos irnos a ningún lado, pero no estamos de acuerdo con esta situación”, expresó el miércoles Fernández al irse del estadio de Obras. “Estoy de acuerdo con la unidad, no con tres secretarios generales. Esta era la oportunidad para poder hacerlo, pero lamentablemente mi idea y la de otros compañeros no resultó. Hace dos mandatos que lo de lo del triunvirato no da resultados”, dijo. Su diagnóstico es compartido por el sector de Barrionuevo. Sin la UTA, la nueva CGT no contará con el poder de fuego de los colectiveros en caso de ir hacia un paro general. Una señal inevitable de debilidad.
El trasfondo del rechazo de Fernández tenía una razón: frenar la asunción de Cristian Jerónimo, titular del sindicato de los Empleados del Vidrio, como uno de los miembros del triunvirato.
¿Por qué tanta resistencia hacia Jerónimo? En los pasillos sindicales abundan las versiones, pero varios recuerdan algo en particular. “Porque se le endilga haber intervenido en internas de otros gremios, como la UTA”, explicaron desde el sector que encabeza Barrionuevo, quien perdió su silla en la conducción tras la salida de Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y con quien Fernández tejió la fallida resistencia electoralista en los últimos meses para bloquear el ascenso del hombre del Vidrio, promovido para esta ocasión por Gerardo Martínez, máxima autoridad de la Uocra.
Fernández directamente lo responsabiliza por haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA, en 2019, por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano. Aquella vez las escenas fueron dantescas: hombres subiendo en escaleras por la fachada del edificio, oficinas destruidas, vidrios estallados, cajas fuertes vulneradas, saqueos y autos volcados. Como si fuera poco, en el lugar estaba el propio Fernández, quien resistió con un grupo afín atrincherado en el techo.
Con un estatuto híper restrictivo para competir, en 2022 Fernández fue reelecto en la UTA ante el desafío opositor, encarnado en Miguel Bustinduy, el principal apuntado detrás de aquella brutal revuelta, que derivó en una causa radicada en la Justicia por “los delitos de coacción, daño, lesiones dolosas y robo en poblado y en banda”. Fernández afirma que detrás de Bustinduy actuaron Pablo Moyano y Jerónimo, y el grupo empresario DOTA.
Los Moyano se mostraron abiertamente críticos de la gestión de Fernández, sin embargo, siempre negaron haber tenido injerencia alguna en aquella violenta toma en el edificio de la UTA de la calle Moreno al 2900, que terminó destruido.
Con el correr del tiempo, Cristian Jerónimo armó su propio recorrido lejos del moyanismo y se alineó con Gerardo Martínez. “No cualquiera pasa de Camioneros a la Uocra, que son sindicatos históricamente antagónicos. Pero Cristian siempre fue muy hábil para moverse y pertenece a una nueva camada de la juventud sindical que empezó a forjarse en 2016. Hoy, creo que mucho antes de lo imaginado, le llegó su momento”, dijo a LA NACIÓN una fuente que conoce del mundillo sindical.
El vacío al último paro general
La UTA arrastra tensiones con la CGT desde hace meses. Se agudizaron las diferencias cuando en abril de este año los colectiveros no se plegaron a último momento a la huelga general que la central obrera había activado contra la administración de Javier Milei. Con los colectivos circulando, la huelga perdió fuerza.
Algunos sindicalistas tomaron esa actitud de la UTA como una traición. Paradójicamente, la decisión de no parar esa vez también fue impulsada por los colectiveros de la Unión de Conductores de la República Argentina (URCA), el gremio alternativo que fundó Bustinduy, escisión que nuclea a unos 5000 choferes exclusivamente de DOTA, que suele ser reticente a las medidas de fuerza.
Con unos 60.000 afiliados, la UTA hoy no figura ni siquiera entre los diez gremios más populosos, aunque mantiene un enorme poder de fuego a la hora de tener que lanzar un cese nacional de actividades.
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POLITICA
La politóloga Andrea Castagnola analizó el proyecto de reglamento para la elección de jueces que presentó la Corte Suprema
En una entrevista con Andrea Castagnola durante el programa Infobae al Regreso, la politóloga analizó en detalle el nuevo reglamento que la Corte Suprema impulsa para elegir jueces en Argentina.
En el estudio junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Castagnola consideró que la propuesta “tiene muchos aspectos positivos”, aunque advirtió sobre puntos que aún generan controversia. “El examen se volvió algo muy discrecional, inclusive el tema de las preguntas, se rumoreaban que las preguntas ya se iban circulando antes. Lo que propone la Corte es hacer dos exámenes escritos, uno anónimo y automatizado con inteligencia artificial, y otro también anónimo similar al anterior”, puntualizó.
La Corte Suprema propone exámenes anónimos y menos discrecionalidad
Castagnola remarcó que el nuevo reglamento plantea una innovación clave: “Actualmente, la comisión que hace el examen es la que lo corrige. La propuesta que hace la Corte es: tengamos una comisión que hace el examen y otra comisión diferente que lo corrige”. Además, señaló la intención de crear concursos anticipados para reducir los tiempos y evitar la acumulación de vacantes: “La duración reglamentaria tendría que ser máximo nueve meses, pero duran tres, hasta inclusive siete años”.
El nuevo esquema introduce un primer examen múltiple choice, corregido de manera automatizada y anónima, seguido por una segunda instancia escrita. “Uno de los aspectos interesantes es la utilización de inteligencia artificial y la anonimización de las pruebas para evitar filtraciones y favoritismos”, indicó la politóloga.
Límites a la entrevista y transparencia en la selección
El debate se centró en la fase de entrevistas, históricamente señalada como espacio de discrecionalidad. Castagnola explicó: “La parte de la discrecionalidad entra muy fuerte en la parte de la entrevista. Lo que propone la Corte Suprema es que la entrevista sea solamente el 10% del puntaje final”. Aclaró que hoy ese porcentaje no está regulado y puede modificar el orden de mérito de manera arbitraria.
Insistió en la importancia de establecer parámetros objetivos y transparencia: “Que la entrevista sea transmitida y que se pueda ver, que no sea puertas adentro y que no quede, al fin y al cabo, en una reunión informal de café o negociaciones”. Para Castagnola, la oralidad es insustituible en la evaluación de futuros jueces, pero debe estar sujeta a reglas claras y control público.
Vacantes, discrecionalidad política y la urgencia de la reforma
La especialista advirtió sobre la consecuencia de la parálisis en las designaciones: “Hoy en día, el 37% de los juzgados nacionales y federales están vacantes. Porque el presidente no eleva ninguna terna al Senado. No existe el consenso político en ver quién va en qué lugar y termina siendo funcional el vaciamiento de la justicia en cierto punto”. Explicó que si bien el nuevo reglamento busca agilizar concursos, “no resuelve el cajoneo político que está en el Poder Ejecutivo, que decide elevar o no una terna, que también sucede con fiscales”.
Para Castagnola, la propuesta de la Corte avanza en reducir la discrecionalidad política, pero queda el desafío de efectivizar los nombramientos y transparentar todas las etapas del concurso. Concluyó que la sociedad civil y los académicos exigen cambios urgentes, mientras el debate sigue abierto en el Consejo de la Magistratura: “El consejo mismo es el que regula su propio funcionamiento. Se necesita mayoría calificada de dos tercios para aprobar modificaciones”.
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andrea castagnola
En las últimas horas, la Justicia investiga las escalas del presunto viaje de Manuel Adorni al Caribe. El fiscal Gerardo Pollicita ya tiene confirmado por Migraciones que el 29 de diciembre salió directo a Perú, y que luego volvió desde Ecuador el 10 de enero. Sospechan que fueron destinos intermedios antes de arribar a Aruba.
Además, existen versiones periodísticas que indican que hay al menos uan testigo que asegura haber visto a Adorni en el paraíso del Caribe. No obstante, eso todavía no fue sumado de manera oficial a la causa.
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El paquete que habría adquirido Adorni en su presunto viaje a Aruba rondaría los US$ 10.000. Es lo que busca dilucidar la Justicia por estos días.
Sucede que en algún destino que no es Perú estuvo, porque la vuelta fue por Ecuador. “El Presidente no prohibió que viajemos al exterior. Solo nos pidió austeridad, pero no sugiere dónde vacacionar”, se defendió Adorni en conferencia de prensa.
Pese a las explicaciones del jefe de Gabinete, la polémica en torno a Adorni es que generó cierta pérdida de credibilidad en el Gobierno. El funcionario deberá explicar cómo adquirió los vuelos y las propiedades, en comparación con sus ingresos.
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Mientras esto avanza en los tribunales, Adorni contrató un abogado para que lo defienda. Se trata de Matías Ledesma, penalista hijo de Guillermo Ledesma, juez que enjuició a las Juntas.
El jefe de Gabinete deberá explicar también los motivos por los que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, que exceden los viajes al exterior. En este sentido, uno de ellos es la compra de un departamento de Caballito, donde paga un adelanto de USS 45.000, además de los vuelos a Punta del Este, entre otras irregularidades.
Noticia que está siendo actualizada.-
Manuel Adorni, Justicia, investigacion
POLITICA
El gobierno de Estados Unidos destacó la acción conjunta con Argentina en la lucha contra el narcotráfico
El gobierno de Estados Unidos resaltó este viernes el trabajo en conjunto que realiza con Argentina en la lucha contra el narcotráfico.
A través de una publicación en las redes sociales de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado del país norteamericano, se brindaron detalles de los operativos que realizaron en Argentina junto con la DEA en 2025.
«Solo en 2025, las unidades de lucha contra el narcotráfico apoyadas por la INL y la DEA en Argentina confiscaron más de 1260 kg de cocaína y miles de dosis de drogas sintéticas, además de arrestar a 35 narcotraficantes. La cooperación mantiene las drogas mortales fuera de las calles estadounidenses», indicó el posteo del ente gubernamental estadounidense.
Los números especificados a través de una imagen que acompañó el texto expusieron que se secuestraron, además de los 1.260 kilos de cocaína, 12.900 pastillas de MDMA, 1.257 cartones de LSD y 250 gramos de anfetaminas. Además, se detuvo a 35 narcotraficantes.
A principios de este mes, el 7 de marzo, Argentina, con la presencia de Javier Milei, acompañó la iniciativa Escudo de las Américas propuesta por Donald Trump, a través de la cual el jefe de Estado norteamericano, apoyado por mandatarios de doce países, pretende enfrentar a los carteles de la droga asociados con el terrorismo de Irán y la constante ofensiva comercial de China.
La alianza es inédita porque combina la acción diplomática anunciada por Trump a través del Escudo de las Américas con un acuerdo militar firmado hace por el Pentágono y veinte países de la región.
En la actual coyuntura global, a Washington le interesa combatir un crimen trasnacional en sistemático ascenso: la profunda relación que une a los carteles de la droga de América Latina con las células encubiertas del grupo terrorista Hezbollah, que operan en la región por cuenta y orden de Teherán.
“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, exclamó Trump durante el lanzamiento de la iniciativa.
Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura –Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas, junto a Estados Unidos.
La arquitectura diplomática y militar del Escudo de las Américas fue diseñada por Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- bajo las órdenes directas de Trump.
Antes de concluir la ceremonia, Trump firmó la declaración política que inició formalmente al Escudo de las Américas.
Esa declaración establece lo siguiente:
- Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable.
- Estados Unidos y sus aliados deberían coordinarse para privar a estas organizaciones de todo control territorial y de acceso al financiamiento o a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.
- Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva necesaria para desmantelar los cárteles y su capacidad de exportar violencia y buscar influencia mediante la intimidación organizada
- Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental.
El punto cuatro de la declaración formal de Trump explicita sin nombrarlo al principal enemigo global de Estados Unidos: China.
International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,North America
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