En la plana mayor de la Casa Rosada consideran que no deben articular mayores políticas para resolver la crisis de empleos que ocurren en el área industrial. “Consideramos que hay otros actores que están en deuda para aliviar la situación de las empresas”, afirman cerca del presidente Javier Milei a Infobae.

La licitación privada que perdió Techint en manos de la compañía india Welspun fue caso testigo de la política aperturista que pregonan desde la Casa Rosada, donde celebraron el resultado no porque haya perdido una compañía argentina, sino porque esta empresa -líder en el sector por décadas- bajó su oferta significativamente luego de que una extranjera ofertara un valor más competitivo.

En el Gobierno dijeron días atrás a este medio que durante este año y los que vienen habrá un período de transición del modelo macroeconómico: de uno más cerrado hacia otro más abierto. “En ese proceso se van a deshacer trabajos improductivos, pero se van a generar nuevos”, marcaron, para reconocer que las políticas actuales no favorecen a las industrias conurbanas, sino a sectores como el agro o los diferentes rubros energéticos.

Es en ese plano que en el entorno mileísta reconocen que habrá incidencia en la tasa de empleo, pero que hay otros actores políticos que deben contribuir a “nivelar la cancha” para que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones con, por ejemplo, los países asiáticos.

Cabe mencionar un caso. El ministro Luis Caputo reveló el martes, durante una entrevista televisiva, que estaba dialogando con el sector automotriz para reducir el 2% de aranceles a la exportación que les cobra el Estado Nacional. “Estamos tratándoles de bajar a 0%. ¿Pero vos sabés cuánto les cobran las provincias y municipios? 10 puntos de impuestos”, remató.

Es decir, hay ciertas discusiones que la Casa Rosada podría estar dispuesta a dar para mejorar ciertas condiciones estructurales, pero ninguna que implique una protección sectorizada. “Para que puedan competir con mejores condiciones también tienen que ayudar las provincias y los municipios con sus respectivos cobros de impuestos”, afirman.

Esos son sectores que el oficialismo podría apuntar con cada vez mayor énfasis en la medida que se incrementen los reclamos de los diferentes rubros.

“La presión impositiva de las provincias y que imponen los intendentes está totalmente desatada”, un importante actor del Ministerio de Economía. En tanto, un funcionario de diálogo diario con el Presidente validó esa lectura y dijo que meterán “presión a las cámaras empresariales para que les pidan que ellos hagan su parte”.

En el oficialismo contemplan que una de las fases del programa de Gobierno debe darse en el ajuste de las cuentas subnacionales y municipales. Esto se ha logrado dependiendo el caso. A priori, el Estado Nacional disminuyó por diferentes vías las transferencias a los gobernadores: ya sea en las vías directas (como mermando la cantidad de Aportes del Tesoro Nacional -ATN-), como por las indirectas (como la menor inversión en obras públicas o las transferencias de las mismas a las gobernaciones).

La capacidad del Gobierno para forzar a que los jefes provinciales se sigan ajustando se ha acotado en el último tiempo.

El caso ejemplar de esto es lo que sucede alrededor de la reforma laboral: uno de sus artículos contempla la reducción en el cobro del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, el cual es coparticipable y en caso de aprobarse podría mermar la cantidad de dinero recibido por las provincias. Pese a que la discusión es más compleja, ese escenario hipotético generó un rechazo de altísima transversalidad entre los gobernadores, lo que podría producir que ese artículo se caiga si es que se mantiene tal y como está.

Es por eso que en la mesa política y económica del Presidente ven un tope en estas cuestiones. Por eso consideran que esto se puede retrotraer si es que La Libertad Avanza asume alguna gobernación el año próximo.

Cómo se prepara el modelo Milei en las provincias

Al postularse a la Presidencia, Milei fue esbozando una suerte de hoja de ruta de lo que él creía que podía ser una conducción del Poder Ejecutivo Nacional. Pero La Libertad Avanza no tiene consolidado un esquema claro de cómo puede gestionar en las provincias, las cuales manejan otro tipo de asuntos de la vida cotidiana que, dependiendo al caso, varía sustancialmente de lo que se hace a nivel nacional.

En el último tiempo hubo algunos esbozos que realizaron diferentes dirigentes libertarios. Los libertarios porteños, liderados por Pilar Ramírez, tienen decidido la presentación de una Ley Bases adaptada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, organizó jornadas con debates temáticos para proponer políticas públicas y de cara al 2027.

En lo que refiere a la cuestión mayormente económica, el think tank que comanda políticamente Santiago Caputo, la Fundación Faro, creó un “Consejo de la Libertad”, el cual consta de 24 referentes de los territorios subnacionales que van a impulsar reformas libertarias en las provincias y en los municipios.

Aunque se entiende que pueden haber medidas de corte político, esta área es presidida por Felipe Núñez, director del Banco Nación y una de las personas de mayor confianza del ministro Luis Caputo, por lo que se entiende que el componente tributario será tenido en cuenta.

El mismo Milei lo anunció medio año atrás durante un encuentro de la Fundación Faro. “A través del Consejo de la Libertad se van a crear faros que funcionen a nivel local encargados de iluminar hasta el último rincón de la Argentina con las ideas de la libertad”, marcó.

“Si las metas son bajar impuestos y eficientar nuestra economía para que sea la más libre y competitiva del mundo, necesitamos sumergirnos en la realidad de cada provincia. Porque para el que produce o comercia, trabaja, emplea, innova y emprende, su realidad económica es una y no puede ni tiene por qué separar lo nacional de lo local”, agregó.

El 15 de diciembre pasado la Fundación Faro presentó a los 24 consejeros, entre los que están presidentes provinciales, diputados, senadores, economistas y emprendedores locales. Por el momento, estos se encuentran en una etapa primaria de confección de sus propios equipos técnicos, previendo arrojar resultados en un mediano plazo. “Queremos llevar el modelo Milei a las provincias”, marcó uno de sus integrantes a Infobae.

La recaudación tributaria consolidada argentina se distribuye básicamente entre el gobierno nacional, la ANSES, las provincias y los municipios. En su Vademécum tributario de 2025, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) contabilizó 155 impuestos de distinto orden: de estos, 85 son municipales, 25 provinciales y 45 son nacionales.

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Este mes se discute en el peronismo una antesala de lo que será la disputa interna rumbo a las presidenciales -y provinciales- del 2027: la renovación de autoridades del PJ bonaerense del 15 de marzo. En esa puja, el gobernador Axel Kicillof busca quedarse con la conducción del partido, siempre y cuando sea cimentada en un acuerdo de unidad.

En este sentido, por estos días hay intensas negociaciones entre el entorno del mandatario provincial y referentes bonaerenses de La Cámpora. Luego de las primeras reuniones hay un primer entendimiento: Kicillof será el presidente del partido. Pero hay un asterisco, y es que eso sucederá solo si se ponen de acuerdo en el reparto de cargos, donde hoy están trabados.

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“Hay un impasse a la espera de la llegada de Axel», confió a TN un dirigente que es parte activa de las negociaciones. Sucede que el Gobernador está fuera de La Plata -centro de reuniones- por cuestiones de gestión y su palabra es esencial para definir el rumbo de las conversaciones.

Según pudo reconstruir este medio, la negociación parte de un punto de acuerdo que meses atrás era impensado: Máximo Kirchner (actual presidente del PJ provincial) ofreció a Kicillof hacerse cargo de la conducción. Esto era lo que pedía su espacio hace tiempo, con el histórico reclamo de que el partido no respaldaba su gestión.

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El Gobernador está de acuerdo en aceptar “si hay consenso” y eso está circunscripto a la discusión por el reparto de cargos. Y por estas horas, hay una fuerte disputa por la vicepresidencia primera. Las conversaciones se extenderán hasta el domingo.

Ese lugar de peso en el PJ lo quieren tanto el Movimiento Derecho al Futuro como La Cámpora. El espacio de Kicillof quiere ubicar allí a la vice Verónica Magario -también alternativa a la presidencia si no hay unidad- mientras que no trascendieron nombres por el kirchnerismo.

El detalle de las negociaciones

El acuerdo que propone el MDF es quedarse con la vice primera y el control de la Junta Electoral, lo que dejaría a La Cámpora con la vicepresidencia segunda, la secretaría general y el Congreso del PJ. El reparto parece equitativo, pero el peso de la primera vicepresidencia hoy empantana la discusión.

Por el lado del Gobernador hay una comitiva encabezada por la vice Verónica Magario, el ministro Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares; mientras que por el núcleo duro K hacen lo propio los legisladores Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara y el intendente Federico Otermín (Lomas de Zamora).

“Nuestras conducciones son que alguien de nuestro sector sea quien conduzca el partido. Y obviamente gobernabilidad”, apuntó otro referente del MDF. “Si eso es así, hay posibilidad de que haya acuerdo. Si no, iremos a internas”, remarcaron.

“Muy buen tenor en las reuniones, pero todavía partiendo de muchos escenarios posibles”, señaló uno de los referentes que forman parte de los encuentros, poniendo paños fríos a la urgencia por el acuerdo.

Si bien el Partido Justicialista es muy verticalista y la figura del presidente tiene mucho peso, también es significativo el poder del Congreso del PJ. De allí que la disputa por esos cargos tensionen el acuerdo por estas horas.

“La línea nuestra siempre fue que la presidencia del partido sea para Axel, en un marco de unidad, sin elecciones”, explicaron. Y apuntaron: “Ellos se quieren quedar con todos los cargos y eso es inaceptable”. “Es como el cierre de listas de septiembre”, graficó un armador de Kicillof a TN.

Porque, además, hasta que no se resuelva ese reparto, tampoco puede empezar a ordenarse el partido en el territorio. Es decir, también se renovarán autoridades en los 135 distritos y deben trabajar para establecer condiciones en cada uno de ellos. Y claro, ya se arman listas separadas “por si acaso”.

PJ, Axel Kicillof, Peronismo

Luego de que el Gobierno nacional estableciera cambios en el funcionamiento de Defensa del Consumidor, esta madrugada se confirmó cómo funcionará el nuevo protocolo para dar de baja un servicio. Según explicaron, los proveedores tendrán más libertad para solicitar datos para verificar la identidad del usuario.

Por medio de la Disposición 3/2026 publicada en el Boletín Oficial, el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepíscopo, estableció que, al gestionar la baja de un servicio o ejercer el derecho de arrepentimiento en una contratación, el consumidor debe cumplir los pasos previstos por la empresa proveedora.

A pesar de esto, las autoridades remarcaron que las medidas podrán ser sumadas siempre que sean consideradas razonables y efectuadas por los medios habituales. Asimismo, apuntaron que estas tendrán que tener como “finalidad exclusiva la verificación de identidad y seguridad del usuario”.

Previo a esto, la aprobación de la disposición 954/2025 sobre el “Botón de Arrepentimiento” y la “Baja de Servicios” introdujo una unificación normativa destinada a simplificar y actualizar los procedimientos para que los consumidores puedan cancelar servicios contratados de forma remota.

Según argumentaron las autoridades, la decisión buscaba “facilitar el conocimiento y ejercicio de esos derechos por parte de los consumidores y usuarios”, al mismo tiempo que impulsaba la simplificación de “su instrumentación por parte del sector proveedor”.

De la misma forma, detallaron que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo será responsable de dictar las normas interpretativas o complementarias que resulten necesarias para su adecuada implementación. Esto implicaría que la regulación mantenga un carácter dinámico, con la posibilidad de introducir ajustes que mejoren su eficacia operativa y aborden situaciones específicas que surjan en la práctica.

Entre los puntos clave, la medida especificaba que, al momento de utilizar el “Botón de Arrepentimiento” o solicitar la baja de un servicio, el proveedor no podía exigir al consumidor ningún trámite adicional ni requerir una registración previa.

Sin embargo, con la nueva modificación, las empresas podrán solicitar información que consideren necesaria para poder verificar la identidad y los datos del consumidor en ciertas circunstancias para procesar la baja o revocación de contratos de servicio.

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De hecho, en la disposición 954/2025, habían contemplado la posibilidad de adoptar “medidas razonables de verificación de datos que hacen a la identidad del consumidor”.

En este sentido, las autoridades justificaron la nueva medida al indicar que sería “fundamental para salvaguardar la seguridad de los usuarios y la integridad de sus datos, previniendo eventuales acciones fraudulentas y asegurando que las solicitudes de baja o arrepentimiento emanen fehacientemente del consumidor interesado”.

En este contexto, aclararon que la implementación de mecanismos de validación no debe considerarse como una carga burocrática. Por el contrario, aseguraron que estos procedimientos constituirían una medida de seguridad destinada a evitar que terceros ajenos al contrato puedan rescindir servicios o revocar operaciones de manera inconsulta.

Para estos casos, la medida prevé que, cuando sea necesario corroborar los datos consignados por el consumidor, este deberá completar los mecanismos o pasos previstos por el proveedor. De la misma manera, recordaron que la Ley N° 24.240, en su artículo 10 ter, establece con claridad que toda contratación de servicios realizada por teléfono, medios electrónicos o similares puede rescindirse utilizando el mismo canal empleado para su contratación.