POLITICA
Lava Jato: Jorge “Corcho” Rodríguez le pidió a Brasil que le exija a la Justicia argentina que devuelva las pruebas que tiene en su contra
Identificado en Brasil como un presunto intermediario en los sobornos que el gigante brasileño Odebrecht le pagó al entorno del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, para quedarse con tres grandes proyectos de obra pública durante el kirchnerismo, Jorge “Corcho” Rodríguez desplegó una estrategia procesal en el vecino país y en la Argentina para derribar todas las evidencias en su contra. Y está muy cerca de lograrlo, según reconstruyó en base a documentos oficiales y testimonios en ambos países.
El paso más reciente del “Corcho” Rodríguez para salir indemne de las acusaciones que afronta en Buenos Aires lo dio en Brasil. El lunes 8 le pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país que obligue a la Argentina a devolverle las pruebas recolectadas en su contra dentro del acuerdo de “clemencia” que Odebrecht firmó con los fiscales brasileños, y que estos entregaron a sus colegas argentinos tras firmar acuerdos de cooperación bilateral.
Las pruebas obtenidas en Brasil que el “Corcho” Rodríguez busca impedir que se utilicen en la Argentina incluyen la confesión del otrora vicepresidente de la constructora para América Latina, Luiz Antonio Mameri, quien lo identificó como uno de los mediadores entre Odebrecht y el círculo de De Vido para coordinar el pago de sobornos por el proyecto para la construcción de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas.
Rodríguez tiene motivos para ilusionarse. El presidente del Supremo Tribunal, José Antonio Dias Toffoli, ya accedió en agosto de 2024 a otra solicitud de sus abogados brasileños, y anuló las pruebas recolectadas en su contra, de conformidad a fallos anteriores.
¿Por qué anuló esas pruebas? Porque se extrajeron de dos sistemas informáticos de Odebrecht cuya “falta de fiabilidad” ya declaró otro ministro del Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, “debido a la grave violación de la cadena de custodia”. Es decir, que no se puede garantizar que los archivos de ambos sistemas sean auténticos y no adulterados.
Identificados como “Drousys” y “MyWebDay”, ambos sistemas almacenan su información en Estados Unidos y su autenticidad fue reconocida por Odebrecht –que se declaró culpable en Brasil y Estados Unidos- y por sus ejecutivos –que confirmaron los datos allí vertidos-, pero la Justicia brasileña concluyó, además, que la forma en que el Ministerio Público Fiscal de ese país compartió el material, por ejemplo con las autoridades estadounidenses, fue “al margen de la ley” y que era, por tanto, inadmisible.
Ahora, según informó el portal brasileño PlatoBR, la defensa del “Corcho” Rodríguez acudió al ministro Dias Toffoli para pedirle que le ordene al Ministerio de Justicia de ese país que solicite la devolución de las pruebas brasileñas que ya se enviaron a los tribunales argentinos, que también pretenden escuchar a Mameri y otros brasileños que admitieron sus roles en la trama criminal y señalaron a otros involucrados.
“El ‘Corcho’ no tiene ninguna causa penal abierta o investigación en su contra en Brasil. Cero. Lo que hicieron ahora los abogados de Rodríguez fue un procedimiento de forma, dado lo que ya decidió la Justicia brasileña”, indicaron voceros del lobista argentino ante la consulta de . “La petición fue que si hay material que alude a Rodríguez y es nulo, ese material debe volver a Brasil porque no se puede usar en la Argentina porque no es válido”.
Gracias a los datos extraídos de ambos sistemas y las confesiones de varios arrepentidos –entre ellos, Mameri-, la Justicia argentina reconstruyó durante los últimos años que Odebrecht y las empresas locales asociadas pagaron coimas en la Argentina para quedarse con tres grandes proyectos de obra pública valuados en un total de US$2.256 millones: el soterramiento del Sarmiento —con un presupuesto estimado en US$1500 millones—, la construcción de la planta potabilizadora de agua para AYSA —US$320 millones— y la extensión de las redes troncales de gasoductos —US$436 millones—.
Con ese volumen de dinero en danza, Odebrecht confesó en Estados Unidos que las coimas que desembolsó en la Argentina ascendieron a por lo menos US$35 millones, lo que implicaría un retorno apenas superior al 1,5% del monto total de los contratos, aunque evidencias adicionales permiten sospechar que los pagos indebidos fueron por mucho más.
En el proyecto para soterrar el tren Sarmiento, por ejemplo, “Jorge Rodríguez propuso que, con cada pago liberado de una factura, el consorcio pagase valores indebidos en cuentas por él indicadas, y que esta era la única forma de priorizar los pagos al consorcio por los servicios ya prestados”, confesó Mameri ante los investigadores brasileños. Y dijo que cuando él, Mameri, autorizó “ese ajuste indebido, los pagos se retomaron”.
Sin embargo, transcurridos nueve años desde que Odebrecht admitió que pagó sobornos multimillonarios en once naciones de América Latina, la Argentina figura entre los tres países con peores resultados judiciales y administrativos, según surge de un análisis desarrollado por la “Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas” que integra junto a otros ocho medios de comunicación del hemisferio.
Junto a Venezuela y México, la Argentina figura entre los países que todavía no registran condenas penales, ni multas aplicadas a la constructora Odebrecht. También destaca entre los países que menos información y evidencias recibió desde Brasil. Y un dato más: tampoco logró recuperar un centavo de los millones de dólares desviados de las arcas públicas.
Tras obtener en agosto de 2024 la anulación de las pruebas en Brasil, en febrero último Rodríguez dio otro paso en la Argentina. Le pidió al Tribunal Oral Federal 7 que dictara la nulidad de las pruebas y su sobreseimiento en la causa por el proyecto de Paraná de las Palmas. Pese a ello, el TOF avanzó: el juicio oral comenzó en mayo con De Vido en el banquillo junto a su mano derecha en el Ministerio, Roberto Baratta, y el otrora secretario de Obras Públicas, José López, además de Rodríguez y una veintena de empresarios.
En septiembre, Rodríguez sí logró que la Cámara Federal de Casación anulara su procesamiento por el presunto lavado de dinero con la compra en 2012 y venta en 2016 de un helicóptero, decisión que derivó en su sobreseimiento en septiembre pasado. Entre otros motivos, por prescripción y por “violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.
Ahora, de prosperar en Brasil la petición más reciente del “Corcho” Rodríguez ante el Supremo Tribunal, podría generarse un contrapunto con la Corte Suprema de Justicia argentina, que a fines de septiembre dio una señal en sentido contrario. Rechazó las presentaciones de dos acusados –Mameri y el también exejecutivo brasileño de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro– en otra causa donde se investiga otro pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo: el soterramiento del tren Sarmiento.
Mameri pidió la nulidad de la incorporación de copias de su confesión al expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Couri Ribeiro solicitó la nulidad del acuerdo de colaboración firmado entre los ministerios públicos fiscales de la Argentina y Brasil. Pero al igual que las instancias judiciales anteriores, la Corte Suprema rechazó sus peticiones. Se avizora ahora otro contrapunto.
anulara su procesamiento,Hugo Alconada Mon,Conforme a
El proceso de elaboración del Presupuesto Nacional es uno de los momentos más decisivos para la administración pública argentina. Para el ejercicio 2027, la administración nacional mediante la publicación fijó un cronograma específico para la formulación del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual 2027-2029, estableciendo responsabilidades y fechas que buscan garantizar el cumplimiento oportuno de cada etapa.
La decisión, formalizada mediante la publicación el Boletín Oficial de la Resolución 446/2026, involucra a una serie de áreas técnicas y de gestión que, como integrantes del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), quienes deberán cumplir con actividades y plazos establecidos en los anexos oficiales. El objetivo es asegurar la presentación ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la fecha límite, el 15 de septiembre.
La organización de los trabajos para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual recae en la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Esta dependencia tendrá la misión de coordinar el GAEP y podrá ajustar el cronograma para adaptarse a la marcha de los trabajos, además de requerir colaboración de otras áreas si fuera necesario.
El proceso de formulación incluye la utilización de sistemas digitales como el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Entes Excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional y Universidades Nacionales (SIFEP). Esta herramienta ha permitido perfeccionar la gestión y la presentación de la información presupuestaria por parte de empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional, integrando múltiples actores bajo un enfoque macroeconómico y fiscal.
El cronograma oficial, cuya versión definitiva forma parte de los anexos de la resolución ministerial, comprende actividades que van desde la recopilación de información de base hasta la proyección de variables, la elaboración de anteproyectos y la redacción final del mensaje de remisión del proyecto de ley. Cada etapa está sujeta a plazos precisos, asignación de responsables y mecanismos de control interno.
El cronograma paso a paso
De acuerdo con el Anexo 1 que acompaña la resolución, desde el mes de abril de 2026, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía asumió la coordinación inicial del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP). Esta estructura es responsable de articular los trabajos, emitir instrucciones técnicas y acompañar a las jurisdicciones y entidades en cada una de las etapas fijadas en el cronograma oficial.
Durante los primeros días de este mes, la Oficina Nacional de Presupuesto comunicó las instrucciones y brindó asistencia técnica remota a todas las áreas involucradas. Paralelamente, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros establecieron los criterios de priorización y selección de proyectos de inversión para el periodo 2027-2029. Esta fase inicial incluyó la carga en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de los requerimientos recibidos tanto de jurisdicciones y entidades nacionales como de empresas públicas y fondos fiduciarios.
El cronograma establece que la recopilación y presentación de la información relativa a la planta ocupada de cargos y la ejecución mensual del gasto en personal correspondiente al año 2026 debía culminar a principios de mayo. Este insumo es fundamental para proyectar los recursos humanos del sector público.
Entre el 20 de abril y el 4 de mayo, la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, junto a la Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones, trabajará en la proyección de las variables macroeconómicas para el período 2027-2029. Casi simultáneamente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos se encargó de estimar los recursos impositivos y las contribuciones a la seguridad social. La Subsecretaría de Financiamiento, por su parte, programará el servicio de la deuda pública interna y externa, desglosando intereses, amortizaciones y comisiones según tipo de acreedor.
Otro de los hitos clave es la programación de los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales, tarea que recayó en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales. Todos estos aportes confluirán en la formulación preliminar del presupuesto, que cada jurisdicción y entidad nacional tendrá que remitir digitalmente entre el 4 y el 29 de mayo.
Tras la integración de la información y la revisión de los avances, el proceso continuará con la elaboración y remisión del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto al Congreso, actividad que se extenderá hasta fines de junio. A continuación, la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto prepararon los techos presupuestarios para el trienio 2027-2029, que serán comunicados oficialmente a las jurisdicciones y entidades entre el 30 de junio y el 3 de julio.
Durante julio y agosto, las jurisdicciones y entidades nacionales formularán y remitirán sus anteproyectos de presupuesto mediante firma digital, utilizando el sistema eSIDIF-FOP. En paralelo, fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes del sector público nacional no financiero realizaron la misma tarea a través del sistema SIFEP, asegurando la cobertura de todos los componentes del sector público argentino.
La segunda mitad de agosto marcará el inicio de la redacción del proyecto de Ley de Presupuesto, a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto. En ese mismo período, se preparrá y remitirá la información macrofiscal al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dando cumplimiento a la Ley 25.917. Además, se estimarán los resultados primarios y financieros por nivel de gobierno, así como los límites de endeudamiento y la proyección de recursos por provincia y ciudad autónoma.
Entre el 7 y el 11 de septiembre, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía aprobarán y consolidarán el documento definitivo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027. Finalmente, el 14 de septiembre fue la fecha fijada para la remisión formal del proyecto al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del plazo legal establecido.
La elaboración y remisión del Presupuesto Plurianual 2027-2029 continuará hasta finales de octubre, con la participación de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Ejecutiva, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Presupuesto, en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto.
Corporate Events,South America / Central America
POLITICA
Tensión en el Senado: bloques dialoguistas advierten que no acompañarán sólo proyectos libertarios
La relación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas en el Senado atraviesa un momento de creciente tensión. En las últimas horas, referentes de espacios aliados dejaron un mensaje claro: no están dispuestos a seguir acompañando una agenda limitada exclusivamente a proyectos impulsados por el Gobierno.
El reclamo surge en medio de negociaciones que buscan destrabar el funcionamiento legislativo y dar mayor dinamismo a la Cámara alta.
Tras una reunión virtual reciente, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo martes, en lo que se perfila como una instancia decisiva para definir el rumbo de la agenda parlamentaria.
Desde los sectores dialoguistas plantean que el Congreso no puede repetir esquemas del pasado donde el oficialismo imponía su propia hoja de ruta sin dar lugar a otras iniciativas.
En ese sentido, una voz con peso dentro del Senado fue contundente, en diálogo con Infobae: “Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”.
El planteo refleja un malestar que viene creciendo de manera silenciosa entre senadores que, si bien han acompañado al Gobierno en votaciones clave, ahora buscan mayor protagonismo en la definición de prioridades legislativas.
En este contexto, la figura de Patricia Bullrich cobra especial relevancia. Como jefa del bloque oficialista, se consolidó como la principal interlocutora con los aliados y la encargada de canalizar los reclamos. Su capacidad de negociación será determinante para evitar un quiebre que complique el avance de leyes en el Senado.
Uno de los principales puntos de conflicto es la cantidad de proyectos impulsados por distintos bloques que permanecen sin tratamiento. Legisladores dialoguistas consideran que llegó el momento de ponerlos en discusión, especialmente aquellos vinculados a educación, minería, regulación del lobby —denominado “gestión de intereses”— y juego.
Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno está condicionado por su política económica, centrada en el equilibrio fiscal. Varias de las iniciativas propuestas por los aliados podrían entrar en tensión con ese objetivo, lo que obliga a negociar cada paso con cautela.
A pesar de las diferencias, dentro del Senado también hay sectores que buscan sostener el diálogo y aprovechar el contexto actual. “La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?”, expresó un referente legislativo.
En paralelo, también emergen desconfianzas cruzadas. Desde el oficialismo observan con recelo a algunos legisladores que participan de las reuniones pero luego adoptan posiciones divergentes en el recinto. En ese clima, no faltan críticas internas hacia dirigentes que son señalados como “extorsionadores seriales”, una etiqueta que circula cada vez con más frecuencia en los pasillos del Congreso.
De cara a la próxima semana, el Senado podría comenzar a moverse con mayor intensidad. Se espera la convocatoria a comisiones para tratar dos iniciativas clave. Por un lado, un proyecto del Ejecutivo que busca reforzar la protección de la propiedad privada mediante cambios en normas de expropiación, tierras y barrios populares.
Por otro, volverá a escena el debate sobre falsas denuncias, un tema sensible que ya generó fuertes discusiones en el pasado y que ahora intenta retomarse con ajustes para evitar conflictos con marcos legales internacionales.
Además, en el horizonte inmediato aparece la posibilidad de una sesión para dar ingreso formal a pliegos judiciales enviados por el Gobierno, junto con la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá.
El desenlace de estas negociaciones será clave para definir si el oficialismo logra sostener el respaldo de sus aliados o si, por el contrario, la tensión escala y complica el tratamiento de leyes en los próximos meses.
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La Libertad Avanza,LUCILA CREXELL,Patricia bullrich,Senado
POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista
El Gobierno oficializó la inscripción de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El Ejecutivo consideró que la organización representa una «amenaza para la seguridad nacional».
Tal y como había adelantado el Gobierno, mediante el anuncio de la medida con un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la norma declara reunidos los requisitos necesarios para avanzar con la incorporación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro.
Según se detalla en el texto, la medida se basa en informes reservados elaborados por las carteras de Seguridad y Cancillería, que analizaron el alcance de las actividades de la organización. La conclusión a la que llegaron es que la Guardia Revolucionaria representa una “amenaza externa real o potencial” para la Argentina.
Incluso, la norma sostiene que los integrantes de la organización ponen en riesgo “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes” del territorio nacional. A su vez, menciona la existencia de evidencia vinculada con su participación en el financiamiento y la ejecución de «atentados terroristas», como fueron los sucedidos en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la embajada de Israel y la AMIA.
La decisión del Gobierno fue celebrada y destacada por Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano compartió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que destacaba la iniciativa de Casa Rosada, alineada con la política exterior de Donald Trump: «Aplaudimos las acciones de la administración de Milei para combatir al terrorismo”.
Sin embargo, Irán condenó la medida . “No solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.
Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra que ya lleva un mes de existencia para evitar el desarrollo de armas nucleares de parte de la República Islámica.
Su incorporación al RePET implica no solo que son declarados una organización terrorista, sino que también establece consecuencias para la Guardia Revolucionaria.
Tras su incorporación, se puede disponer el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina.
También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El presidente Javier Milei se plantó en América Latina como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales. Incluso habló sobre la guerra en uno de sus discursos y afirmó: “Vamos a ganar”.
Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.
Vahidi había sido ministro de Defensa de Irán desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2013, y ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024. También ascendió en las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que comandó de 1988 a 1998. En esta fuerza participó de actividades terroristas a nivel mundial.
El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.
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