POLITICA
Le concedieron la prisión domiciliaria a Jorge Castillo, el “Rey de la Salada”
La Cámara Federal de La Plata resolvió conceder el arresto domiciliario a Jorge Omar Castillo, más conocido como “El Rey de La Salada”, quien se encontraba detenido con prisión preventiva en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de activos agravado.
La decisión, firmada el 4 de noviembre de 2025 por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, revocó la resolución previa del Juzgado Federal n° 2 de Lomas de Zamora, que había rechazado el pedido de morigeración de la medida de coerción.
La apelación había sido realizada por su abogado defensor, Gastón Marano, el mismo penalista que tiene a su cargo, por ejemplo, el patrocinio de Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios investigados por fabricar fentanilo contaminado vinculado a más de 100 pacientes fallecidos.
El conflicto central del expediente giró en torno a la tensión entre la necesidad de asegurar la comparecencia de Castillo al proceso penal y el respeto a sus derechos fundamentales, considerando su edad y delicado estado de salud. Marano había apelado la negativa inicial, argumentando que la resolución impugnada era arbitraria y carecía de fundamentación suficiente. Sostuvo que no existían riesgos procesales concretos que justificaran la continuidad de la detención y que, por el contrario, se daban múltiples elementos que tornaban procedente el arresto domiciliario.
Entre los puntos destacados por la defensa, se subrayó que “tras el dictado del auto de procesamiento, la mayor parte de la prueba se encuentra colectada y asegurada, que el imputado mantuvo siempre una conducta colaborativa, tiene arraigo y carece de antecedentes”. Además, se remarcó que Castillo no mantenía vínculos ni posibilidad de interferencia con los actuales administradores de la firma Punta Mogote SCA, con quienes incluso existía una enemistad manifiesta.
La defensa también señaló que en un proceso anterior, Castillo había cumplido con todas las condiciones impuestas durante un arresto domiciliario similar y que actualmente existen medidas cautelares sobre sus bienes, intervención judicial en la sociedad y controles financieros que impiden cualquier riesgo de entorpecimiento.
Marano, junto a su colega Gustavo Mario Iglesias, cuestionó que se hubiera utilizado como argumento en contra la supuesta relación familiar con otro imputado prófugo, calificando ese dato como falso, y criticó que se tomara la pena en expectativa como único elemento para sostener la existencia de peligro procesal.
En ese sentido, citó la doctrina del plenario “Díaz Bessone” y precedentes de la propia Sala, que descartan la suficiencia de ese criterio aislado. También reclamó que el tribunal omitió pronunciarse sobre la edad de Castillo, de 68 años, y su estado de salud, lo que consideró una contravención a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos de las personas mayores.
La Fiscalía General ante la Cámara no adhirió al recurso de la defensa y solicitó el rechazo de la morigeración, reforzando los argumentos del dictamen de la instancia anterior. No obstante, la defensa presentó un informe médico elaborado por la doctora Laura Leonor López, que resultó determinante en la resolución final. La prpfesional destacó:
–“La necesidad Castillo de realizar controles oncológicos urgentes y un seguimiento médico especializado continuo, debido a las siguientes condiciones clínicas diagnosticadas.
-Adenocarcinoma de colon con sospecha de recidiva.
-Eventración abdominal posquirúrgica no reductible.
-Gastritis erosiva crónica.
-Anemia probable con pérdida de peso acelerada.
-Hipertensión arterial leve.
El tribunal tuvo en cuenta este informe para resolver, “por razones humanitarias”, que mantener a Castillo en un establecimiento penitenciario podría agravar su estado de salud y violar normas constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ello, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó la resolución anterior y le concedió el arresto domiciliario con dispositivo electrónico.
Al analizar el caso, la Cámara Federal de La Plata repasó los criterios normativos y jurisprudenciales sobre la restricción de la libertad durante la etapa de instrucción penal. Recordó que la prisión preventiva es una medida cautelar respaldada constitucionalmente para asegurar la realización del proceso penal, pero que debe aplicarse como última opción, según las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal Federal. El tribunal detalló que, para evaluar el peligro de fuga y de entorpecimiento, deben considerarse factores como el arraigo, la naturaleza del hecho, la pena en expectativa, el comportamiento del imputado y la posibilidad de que influya en la investigación.
En el caso de Castillo, el tribunal había considerado previamente que existían riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, teniendo en cuenta su procesamiento como jefe de una asociación ilícita y por lavado de activos agravado, el carácter grave de los delitos, su rol de liderazgo y el alto grado de organización y poder adquisitivo que habría obtenido mediante las maniobras investigadas. También se ponderó la existencia de prófugos en la causa y la posibilidad de acceder a información sensible que facilitara su ocultamiento.
Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata ponderó las nuevas constancias incorporadas por la defensa, especialmente el informe médico que acreditó que Castillo padece adenocarcinoma de colon con sospecha de recidiva, eventración abdominal posquirúrgica no reductible, gastritis erosiva crónica, anemia probable con pérdida ponderal acelerada e hipertensión arterial leve. La doctora López destacó la necesidad de controles oncológicos urgentes y seguimiento médico especializado continuo.
En este contexto, el tribunal sostuvo que “el arresto domiciliario –con colocación de dispositivo electrónico– se presenta como una medida de coerción personal menos gravosa y autosuficiente a los fines de neutralizar los mentados riesgos”. Fundamentó su decisión en razones humanitarias y en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, citando la Constitución Nacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por todo lo expuesto, la Cámara Federal de La Plata resolvió “revocar la resolución apelada y conceder a Jorge Omar Castillo el arresto domiciliario –con colocación de dispositivo electrónico–”. Ordenó notificar la decisión y que el juzgado de origen adopte todas las medidas necesarias para hacer efectivo el arresto domiciliario.
La actual defensa de Castillo valoraron el trabajo que, antes que ellos, realizaron los penalistas anteriores que lo precedieron.
El fallo menciona que Castillo tenía un “elevado poder adquisitivo”, que “habría sido obtenido mediante las maniobras investigadas”, en el marco de un entramado financiero y societario vinculado a los predios de La Salada, pero no precisa una cifra concreta del dinero sin justificar dentro de este documento.
Sin embargo, en causas judiciales anteriores vinculadas al mismo caso —la megacausa “La Salada” tramitada ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora—, se le atribuyó a Castillo haber movido y blanqueado sumas millonarias provenientes de la explotación ilegal del predio ferial. En esos expedientes (según resoluciones judiciales y peritajes de la AFIP y la UIF citados en medios y fallos previos), se hablaba de decenas de millones de pesos y dólares sin justificar, a través de sociedades pantalla, testaferros y movimientos bancarios incompatibles con su declaración fiscal. Hasta ahora la causa no fue elevada a juicio oral y Marano e Iglesias apelaron el procesamiento de Castillo.
El escenario político en el Senado argentino experimenta una reconfiguración significativa tras la decisión de Gerardo Zamora de conformar un bloque propio junto a Elia Moreno, por fuera de Fuerza Patria. Esta determinación, confirmada a Infobae por fuentes cecanas al gobernador santiagueño, introduce un nuevo factor de incertidumbre en la estrategia de Cristina Kirchner y el bloque que lidera José Mayans en la Cámara Alta.
El actual gobernador de Santiago del Estero, quien juró este viernes en su banca, optó por revivir el sello del Frente Cívico por Santiago, tal como lo hizo durante su mandato senatorial entre 2013 y 2017, cuando dejó la gobernación en manos de su esposa, Claudia Ledesma Abdala. En esta nueva etapa, Zamora estará acompañado por Elia Moreno, su compañera de lista en las elecciones de octubre, consolidando así una bancada independiente del peronismo.
Desde el entorno de Mayans persiste la expectativa de retener el respaldo de Zamora, aunque las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo continúan abiertas. Al igual que otros gobernadores peronistas, el santiagueño busca mayor flexibilidad en su relación con el bloque oficialista.
La trayectoria de Zamora revela una relación oscilante con el kirchnerismo: fue un aliado clave durante la presidencia de Cristina Kirchner, pero también supo tender puentes para garantizar la convivencia parlamentaria en los primeros años del kirchnerismo.
El peso político de Zamora quedó de manifiesto cuando, con el apoyo del peronismo, fue elegido presidente provisional del Senado en 2014, integrando la línea de sucesión hasta diciembre de 2015. Posteriormente, Ledesma Abdala ocuparía ese mismo cargo durante la gestión de Alberto Fernández, en la etapa en que Cristina Kirchner presidió la Cámara Alta.
La reciente decisión de Zamora de recibir a Diego Santilli en el marco de las negociaciones impulsadas por el ministro del Interior para asegurar acuerdos sobre el Presupuesto y las reformas propuestas por la Casa Rosada generó inquietud dentro del peronismo. Este movimiento refuerza la percepción de que Zamora busca un margen de negociación más amplio con el Gobierno nacional.
En el plano electoral, la alianza entre Zamora y el kirchnerismo se mantuvo sólida en la disputa por las tres bancas senatoriales de Santiago del Estero: dos para la mayoría y una para la minoría. En los últimos comicios, Zamora y Moreno encabezaron una de las listas, mientras que José “Pichón” Neder, por Fuerza Patria, renovó su banca y continuará alineado con el kirchnerismo.
El impacto de la salida de los dos senadores santiagueños se refleja en la composición del bloque peronista, que pasó de 34 a 28 bancas. Si se concreta la desvinculación de los representantes de Santiago del Estero, el bloque quedaría reducido a 26 miembros, de los cuales cuatro integran el bloque de Convicción Federal, que ya anticipó que no participará en la unificación promovida por Mayans.
En la Cámara de diputados, Zamora cuenta con siete legisladores afines, quienes por el momento permanecen bajo la órbita del peronismo en el bloque liderado por Germán Martínez. Este último expresó su confianza en poder mantener cohesionada la bancada, aunque el reciente giro en el Senado alimenta la posibilidad de que el Frente Cívico también se reorganice en la Cámara baja. Tal escenario podría afectar la estrategia del kirchnerismo, que busca evitar deserciones para conservar la condición de primera minoría, un objetivo central para Cristina Kirchner en su aspiración de mantener la influencia K en espacios como el Consejo de la Magistratura.
La definición de este nuevo mapa legislativo comenzará a clarificarse a partir de la próxima semana, cuando el miércoles presten juramento los diputados electos en octubre, abriendo una etapa de negociaciones y realineamientos que marcarán el pulso político en el Congreso.
Tras la polémica desatada por la exposición antivacunas que tuvo lugar en el Congreso esta semana, el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones publicó este sábado un documento en el que se destaca la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación y se sostuvo que “es seguro y salva vidas”.
El documento lleva la firma de los ministros de Salud de CABA y casi todas las provincias, con la excepción llamativa de Formosa y Buenos Aires. Aunque en este último caso, el ministro de Salud de dicha jurisdicción, Nicolás Kreplak, dijo que el Gobierno de Axel Kicillof fue marginado del texto, y que en caso de haber sido incluidos, hubieran adherido.
— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) November 29, 2025
El comunicado de Salud reza: “Las vacunas del Calendario Nacional son herramientas fundamentales para la salud. Cada una cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”.
La acción llevada a cabo por la cartera de Salud se acordó entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado. En el texto enfatizan en que “la aplicación efectiva de vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida” y que requiere de una articulación entre la Nación, las provincias y los municipios.
La polémica conferencia que tuvo lugar en el Congreso sobre los presuntos efectos negativos de las vacunas.
Frente a la acusación del Gobierno de Kicillof de no haber sido incluidos en la firma del texto, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la iniciativa del comunicado surgió del Ministerio de Salud de La Pampa, parte de un Gobierno peronista, y que, por lo tanto, PBA tendría que haber estado al tanto de la respuesta al show antivacunas que tuvo lugar en el Congreso con el aval de las autoridades de la Cámara de Diputados.
La entrada El Gobierno emitió un comunicado a favor de las vacunas: PBA y Formosa no lo firmaron se publicó primero en Nexofin.
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POLITICA
Tras el insólito acto en el Congreso, el Gobierno ratificó la seguridad y la gratuidad de las vacunas junto a 22 ministros de Salud
El Gobierno nacional difundió este sábado un comunicado en el que reafirmó la obligatoriedad y el carácter gratuito de la vacunación en el país, en medio de la creciente preocupación por la baja de las tasas de cobertura y el aumento de los mensajes de desinformación en torno a las vacunas.
La declaración recibió el aval de la mayoría de los ministros de Salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ratifica que la política de inmunización es “indispensable” como herramienta sanitaria.
El texto, que lleva el título “Las vacunas son seguras y salvan vidas”, hace hincapié en la “responsabilidad compartida” entre la Nación—que tiene a su cargo la adquisición y distribución de las dosis— y las jurisdicciones provinciales y municipales, encargadas de su aplicación concreta en cada territorio.
“Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con la evidencia de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, señala el comunicado.
El mensaje recuerda, además, que antes de ser incorporadas al calendario obligatorio nacional, “todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Su aplicación debe realizarse a lo largo del tiempo pediátrico con esquemas precisos y en poblaciones de riesgo identificadas”, señalaron los ministros de Salud.
La comunicación se dio a conocer después de la realización de una actividad antivacunas promovida públicamente por la diputada del PRO Marilú Quiroz. En ese acto, se buscó poner en duda la campaña de vacunación contra el COVID-19 y se expusieron sin rigurosidad científica, entre ellas, la presencia de un hombre que posó con su torso desnudo para mostrar supuestos efectos de “magnetismo” provocados, según los organizadores, por la administración de la vacuna contra el coronavirus.
El evento generó revuelo y el repudio por parte de referentes del ámbito científico y sanitario, que expresaron su preocupación por el impacto potencial de este tipo de mensajes en la salud pública.
Ahora, el nuevo comunicado compartido por el ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, fue difundido por las redes sociales como parte de una estrategia coordinada destinada a reforzar la confianza de la población en la inmunización.
Además, el mensaje enfatiza la necesidad de cumplir con lo definido por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que actúa como órgano asesor tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de los Ministerios de Salud provinciales. “La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida con la comunidad y los trabajadores de la salud”, esgrime el comunicado.
“El cumplimiento de los esquemas de vacunación es imprescindible para evitar enfermedades graves y muertes prevenibles. La interrupción en la aplicación sistemática de las vacunas conlleva un rebrote de enfermedades ya controladas. No aplicar las vacunas del Calendario implica riesgos innecesarios en la salud de la población”, concluye la comunicación.
La respuesta institucional llega en medio de la creciente escalada de desinformación sobre la eficacia de las vacunas y sus efectos colaterales, que creció en todo el mundo en la última década, pero desembarcó con fuerza en Argentina a partir de la pandemia de COVID-19.
Las consecuencias del impacto de las redes sociales en sembrar la semilla de las redes sociales ya registra claros efectos negativos. Durante 2024, menos de la mitad de los niños de entre 5 y 6 años recibieron las vacunas que les correspondían para comenzar la primaria. Y además bajó 10 por ciento todas las vacunas que se deben aplicar a los 11 años, según se desprende de información del Ministerio de Salud de la Nación.
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Gerardo Zamora no se sumará al kirchnerismo y armará bloque propio en el Senado
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