POLITICA
Le dieron cuatro meses de prisión preventiva al empleado público de Tucumán que le pegó un violento cabezazo a un diputado

Durante la mañana de este viernes se realizó la formulación de cargos a Marcelo Segura por el violento cabezazo que le pegó el pasado miércoles en el sur de la provincia de Tucumán al diputado Federico Pelli de La Libertad Avanza. La decisión final fue una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.
El fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía”. Por su parte, la defensa hizo uso del recurso de impugnación.
Al momento de abordar las medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez pidió que se dicte la prisión preventiva durante cuatro meses, apoyándose en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.
“Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima”, sostuvo Ibáñez.
Además, precisó que “en el hecho no sólo estuvo involucrado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas que participan del momento de tensión previo al ataque y que deben ser identificadas”.
En otro tramo de su exposición, el fiscal señaló que el acusado sorprendió a la víctima y le provocó varias lesiones en la nariz. “Hay que tener en cuenta las características del hecho: la imposibilidad de defensa de la víctima, la sorpresa y la efectividad del golpe. Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó.
Según le confirmó el abogado de Pelli a Infobae, Juan Colombres Garmendia, ahora la línea de investigación seguirá por otras dos cuestiones que notaron en el video que viralizó el episodio: posibles amenazas a terceros y si el imputado contaba con una especie de “protección” policial.

“Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacios. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.
Cómo fue el cabezazo
El violento episodio ocurrió cuando un grupo de dirigentes libertarios tuvo inconvenientes al intentar llegar a la localidad de La Madrid, afectada por intensas lluvias en el norte argentino que derivaron en una grave inundación.
A Pelli lo acompañaban la ex diputada nacional Paula Omodeo, la diputada nacional Soledad Molinuevo, el diputado nacional Gerardo Huesen, el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud y el intendente de Concepción Alejandro Molinuevo. El grupo circulaba por la ruta 157, en dirección a la zona donde se encuentran las familias de La Madrid, cuando un grupo de personas les bloqueó el paso.
En ese contexto, Marcelo “Pichón” Segura se acercó a Pelli, lo enfrentó y le prohibió continuar por la ruta. En ese intercambio, se oyó a Pelli decir: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. De inmediato, el agresor descargó un golpe con la cabeza sobre el rostro del diputado, fracturándole la nariz y provocándole una hemorragia.
De acuerdo al testimonio que Pelli brindó en su denuncia, relató: “Sin mediar palabras, me agredió físicamente pegándome un cabezazo en mi rostro a la altura de la nariz, a lo cual yo no reaccioné y esto provocó que cayera al piso, sintiéndome muy mareado y perdiendo el conocimiento por un momento”.
El equipo médico que asistió al legislador diagnosticó traumatismo encefalocraneano y nasal. Tras realizarle una tomografía, detectaron una fractura en el hueso nasal, por lo que permanecerá en observación, aunque descartaron daño cerebral. Uno de los profesionales que lo atendió en el Hospital Regional de Concepción comentó ante medios locales: “Fue una desgracia con suerte”.
Según la reconstrucción de los hechos que realizó este medio, la acción habría buscado evitar que la ayuda de un partido político distinto ingresara en la zona afectada.
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POLITICA
El respaldo de Javier Milei a Santiago Caputo: “Soy yo quien decide las personas que me acompañan”

En medio de la polémica por la denuncia sobre operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso, el presidente Javier Milei respaldó este sábado a su asesor Santiago Caputo, luego de afirmaciones de la periodista Laura Di Marco, de Radio Mitre, quien sugirió que el asesor se iba a ir del Gobierno. El intercambio comenzó la noche del viernes, cuando Caputo respondió en una red social a comentarios sobre los dichos de Di Marco.
“Laura es una viuda de Macri que quiere que me vaya del gobierno desde el primer año. Me voy a ir del gobierno el día que el Presidente lo decida. Porque nosotros servimos al Presidente de la Nación y a la sagrada causa de la Libertad”, expresó el consultor.
La periodista respondió a Caputo, asegurando que él dejaría próximamente el Gobierno: “Te vas a ir, Santi y lo sabes. Y no porque yo lo diga: no me importa que te quedes o que te vayas. Y además lo que yo piense es irrelevante. Es Karina Milei la que te quiere fuera del Gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Te vas a ir y lo sabés. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas. Y para los escépticos, guarden este tuit”, desafió Di Marco.

Ya en la tarde del sábado, el propio presidente Javier Milei intervino en la discusión y respaldó abiertamente a Caputo. “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa… además habla de reuniones privadas… creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió el mandatario.
Santiago Caputo es el principal asesor del presidente y, a pesar de los rumores que apuntan a una interna con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Milei afirmó su confianza en quien lo acompaña desde el inicio mismo de la gestión.

Tensión interna y apoyos del entorno presidencial
Mientras circulan versiones sobre tensiones internas, en particular por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Presidente busca mantener a su equipo cohesionado. En este marco, tanto Karina Milei como Santiago Caputo participaron en las muestras públicas de unidad.
Ambos cerraron filas para defender semanas atrás al jefe de Gabinete, cuando se generó polémica por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial a Estados Unidos y por el vuelo privado a Punta del Este durante los feriados de Carnaval.
La dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza hizo público su respaldo: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Siempre con vos”.
Poco después, el asesor presidencial, Santiago Caputo, también expresó su posición: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.
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El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y busca blindarla ante los amparos

El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y apunta a oficializarla en abril, en medio de los amparos que frenaron parte de su aplicación. El Ejecutivo ya puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero.
La decisión política de la Casa Rosada es avanzar sin retrocesos de fondo sobre el contenido de la ley. En el oficialismo aseguran que no van a “morigerar” ninguna de las partes de la reforma por efecto de las presentaciones judiciales, aunque reconocen que la reglamentación buscará blindar algunos puntos que quedaron bajo mayor cuestionamiento.
La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. La hoja de ruta oficial apunta a concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, escalar la discusión hasta la Corte Suprema. “La estrategia busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada”, agregan.
El circuito de la reglamentación abarca a Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica, que unifica el texto final y le da forma para su publicación en el Boletín Oficial. La participación de ARCA no es secundaria: la ley le asigna funciones expresas en materia de registración laboral y en la instrumentación de obligaciones de seguridad social.
Mientras que el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo remite a la reglamentación para definir sistemas de pago en prestaciones sin relación de dependencia, el artículo 52 deja en manos de ARCA la normativa de registración y el artículo 92 ter prevé que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial se determinen reglamentariamente.
Uno de los puntos bajo mayor seguimiento es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En el oficialismo admiten que la reglamentación de ese esquema está entre las prioridades y que también se analiza que pueda direccionarse a colocaciones del Tesoro, como a otras opciones de inversión.
Leé también: Con una batería de medidas en el Congreso, Milei busca retomar la iniciativa para dejar atrás el caso Adorni
La aceleración del decreto se da, además, en paralelo a la estrategia más amplia del Gobierno sobre el mapa judicial laboral. Nación no quiere dejar caer tampoco el acuerdo de transferencia de competencias laborales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo consideran que esa arquitectura también forma parte del blindaje institucional con el que buscan ordenar la disputa judicial sobre la reforma.
El Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario de la reforma laboral funcione como “blindaje” técnico en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos. En la mayoría de los despachos oficiales descuentan que el proceso terminará por definirse en la Corte Suprema.
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El exministro Julio De Vido permanece bajo cuidados intensivos tras sufrir un problema cardíaco

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue internado de urgencia el 1 de abril tras presentar una arritmia, según el diagnóstico inicial de médicos del Servicio Penitenciario Federal que lo atendieron en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra preso tras ser condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta-no haber controlado el destino de los fondos públicos- y absuelto por estrago culposo -las 52 muertes y los heridos- en la causa por la Tragedia de Once.
Fuentes cercanas al ex funcionario kirchnerista contaron a Infobae que el miércoles se le detectó una fibrilación auricular que motivó su traslado a un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece bajo cuidados intensivos desde el jueves. Este viernes le realizaron un procedimiento cardiaco que permitió estabilizar su condición. El seguimiento actual incluye monitoreo constante y administración de anticoagulantes por vía intravenosa, y durante la próxima semana se le realizarán más estudios para evaluar su estado
El exfuncionario presenta un cuadro de diabetes insulino dependiente desde hace más de dos décadas y recibe medicación continua por enfermedades crónicas como hipertensión y cardiopatía.
“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, suplicó semanas atrás De Vido durante su declaración antes los jueces de la causa Cuadernos, en la que está acusado junto a varios exfuncionarios kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. El exministro reiteró ese día su pedido de prisión domiciliaria.

Las palabras de De Vido se dieron ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que en el debate por la causa Cuadernos tiene como magistrado suplente a Néstor Costabel, quien integra el TOF N° 4 que condenó al exministro en la causa conocida como “Once 2″.
Por esa sentencia a cuatro años de prisión, el extitular de la cartera de Planificación Federal está detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre del año pasado.
“Estoy solicitando la prisión domiciliaria por razones de salud. Por lo tanto, después de prestar declaración, le pediría poder retirarme para atenderme”, pidió De Vido al juez Enrique Méndez Signori, quien preside el Tribunal que juzga a CFK y otros 86 acusados.
El magistrado le permitió irse de Comodoro Py luego de su declaración, al igual que hizo la expresidenta de la Nación. Días antes, el TOF N° 7 le había rechazado la posibilidad de ser indagado virtualmente.
“Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente. Yo también admiro al general Pistarini, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”, dijo De Vido al concluir sus palabras.
El exfuncionario se reservó el derecho de prestar declaración en otro momento del juicio, algo que siempre tienen permitido los imputados.
En su breve indagatoria, rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación del Ministerio Público Fiscal, que fue formulada durante la investigación por Carlos Stornelli y en el debate es defendida por la fiscal general Fabiana León.
De Vido también cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF), “que personalmente creo que no debería ser parte de este proceso”, según advirtió.
Desde que fue detenido en noviembre, la defensa de De Vido insistió por todas las vías posibles con que cumpla su condena en su casa.
Por un lado, invocaron la edad del exfuncionario kirchnerista, quien tiene 76 años, lo cual supera el límite de 70 años previsto en la normativa para solicitar el beneficio.
Y en paralelo alegaron problemas de salud, mencionando patologías crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas que, según sus abogados, no podían ser tratadas correctamente dentro del penal. Los letrados sostuvieron que el Servicio Penitenciario no le proveía los medicamentos necesarios, como la insulina, ni una dieta acorde a sus prescripciones médicas.
La cuestión fue rechazada tanto por el juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de la pena, como por la Cámara Federal de Casación Penal.
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