“Le gatillaron a Cristina”. Así, en un mensaje seco y dramático, Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la entonces vicepresidenta, le comunicó a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y parte del círculo más íntimo de Cristina Fernández de Kirchner, el hecho que marcaría un punto de quiebre en la política argentina. Era la noche del 1° de septiembre de 2022, minutos después de que la calle Juncal y Uruguay —epicentro de la recargada agenda pública de CFK y de su liturgia diaria con la militancia— se convirtiera en el escenario de un intento de magnicidio que no terminó en tragedia por milagro o casualidad.

Mendoza, quien esa tarde había pasado por el Senado tras su tarea como jefa comunal y había saludado brevemente a la vicepresidenta antes de ir a cenar con amigos, recibió el mensaje de Máximo con incredulidad, tratando aún de asimilar el alcance de lo ocurrido. “No entendía qué había pasado hasta que vi, a los minutos, las imágenes de cuando ella estaba entrando y, gracias a Dios y a la Virgen y a todos los que la protegieron, esa bala no salió y está con nosotros”, reconstruye tres años después, todavía conmovida por el impacto de aquel instante.

Recuerda que el clima de la jornada ya era tenso. Había pasado poco tiempo desde los piedrazos al despacho de Cristina en el Senado y de escenas dantescas, como el grupo que arrojó objetos prendidos fuego a la Casa Rosada. El jueves 1° de septiembre se había destacado en la agenda política por la firma de un acuerdo entre YPF, Petronas y el Gobierno Nacional en el CCK para avanzar con una nueva planta de GNL en Argentina, acto del que Mendoza participó antes de cruzarse de nuevo con Cristina para hablar sobre políticas energéticas y proyectos de soberanía. “Charlamos sobre lo que significaba el acuerdo, del gasoducto Néstor Kirchner, de la necesidad de tener más soberanía energética. Ella estaba muy enfocada en eso. Ya se venían viviendo días violentos, un clima de incitación al odio y la violencia, particularmente con Cristina, y también contra nosotros: los medios hegemónicos, ciertos periodistas y la embestida del partido judicial”, evocó Mendoza.

Ese clima de hostilidad lucía cotidiano. Grupos desconocidos que agredían a diputados saliendo del Congreso. Durante semanas, los alrededores del edificio de Juncal y Uruguay habían sido escenario de vigilias constantes, manifestaciones de apoyo pero también de señales crecientes de tensión política y policial. Cada noche, la rutina se repetía: Cristina llegaba, saludaba, firmaba libros, sacaba fotos y agradecía a los militantes que, con flores y banderas, se acercaban para abrazarla tras las cámaras, micros y móviles que transformaban la escena en un set inesperado de la política actual.

Así, alrededor de las 20:49 de aquel jueves, Cristina Fernández de Kirchner descendió de su auto oficial en la esquina de Juncal y Uruguay. Caminó rodeada de simpatizantes y custodia, firmó ejemplares de su libro Sinceramente, posó para fotos y mantuvo breves intercambios con la multitud. Quien haya mirado las imágenes esa noche —o alguna de las miles de veces en televisión durante los días siguientes— habrá visto cómo, a las 20:52, un hombre logró abrirse paso entre la segunda fila de la multitud. Con determinación nerviosa, sacó una pistola Bersa, apuntó contra la cabeza de la vicepresidenta a centímetros de distancia y gatilló. El ruido seco del disparo —o, mejor dicho, de un disparo que nunca fue— no se transformó en sangre ni en muerte.

El agresor, Fernando Sabag Montiel, fue reducido entre empujones y gritos por la propia multitud y la custodia federal completó el resguardo un instante después. Cristina se agachó, y aunque no terminó de comprender de inmediato la cercanía del arma, continuó algunos pasos más entre la gente antes de ingresar al edificio, como si la gravedad del acto estuviera suspendida en una neblina emocional y política imposible de descifrar al instante. “Cuando subí y la vi esa noche, llevaba un tapado celeste, largo, que Cristina siempre comentaba. Me dijo: ‘Ay, Mayra, que nos vimos esta tarde’. Y cuando la vi, no sabía si explotar de angustia y emoción o calmarme. Le dije: ‘Cristina, gracias a Dios que estás acá’. Ella me respondió que no se dio cuenta, que no vio lo que pasó, y después vio las imágenes. Ella estaba tranquila, sorprendida”.

La escena se repitió cuadro por cuadro en los noticieros durante horas y días. El pánico y la perplejidad se adueñaron de los presentes. La vicepresidenta no ofreció declaraciones esa noche; quienes salieron a hablar, primero en voz baja y luego a micrófono abierto, fueron sus allegados, funcionarios y legisladores aliados. Mendoza, que corrió al departamento de Juncal y Uruguay junto a diputados y referentes kirchneristas, reconstruye esa secuencia como un momento de shock absoluto: “Nos saludamos con compañeros, nos abrazábamos sin saber si celebrar que estaba viva o lamentar lo que habían intentado hacer, porque ya se había traspasado el nivel de violencia de intentar matarla”. Arriba estaban Máximo Kirchner, Eduardo Wado De Pedro, María Luz Alonso, personal de custodia, secretarios. Todos juntos intentaban comprender fragmentos de información, escuchar los relatos de quienes estuvieron en la vereda y confirmar el estado de la vicepresidenta en medio de pericias de la Policía Federal y actualizaciones constantes que llegaban desde la calle y de los medios.

El dato judicial tardó solo unas horas en confirmarse: el arma que portaba Sabag Montiel —una Bersa .32 con cargador lleno— estaba apta para disparar pero no tenía la munición en la recámara. “Fue un momento tremendo, angustiante. El solo hecho de pensar que podría haber sucedido era algo que me nublaba. Y al día de hoy lo pienso y me nubla”, confiesa Mendoza.

El ambiente ya era denso. No se trataba de un acto aislado. Apenas unos meses antes, el despacho de Cristina en el Senado había recibido piedrazos y amenazas, y la hostilidad mediática y judicial no hacía más que aumentar. “Veníamos de días previos de reunir vecinos, compañeros, gente que se acercaba a su departamento, acompañándola por la embestida del partido judicial. No hay Estado de Derecho para Cristina, porque es la única que no transa ni se pone de rodillas. Lo dijo más de una vez, no va a ser mascota del poder”, subraya Mendoza.

Mientras la esquina mutaba de vigilia a bunker —con camionetas, vallas y móviles policiales cubriendo varias cuadras, drones sobrevolando y periodistas buscando declaraciones—, la noticia se propagaba a velocidad de rumor por toda la política argentina. No solo el país hablaba de un atentado: redes internacionales y agencias de prensa reforzaban la gravedad de lo ocurrido, preguntándose si había fallado el arma, el tirador o la bala. Los primeros peritajes indicaron que Sabag Montiel no había ubicado el proyectil en la recámara, aunque el arma podía disparar. Se sucedieron las preguntas y dudas técnicas sobre el protocolo de seguridad y el accionar de la custodia, que derivaron en relevos y sanciones una semana más tarde.

Cerca de la medianoche, el presidente Alberto Fernández habló por cadena nacional para condenar el hecho, al que describió como “el más grave desde el retorno de la democracia”, y declarar feriado nacional para el viernes siguiente, en busca de un corte abrupto al clima social y de la posibilidad de una movilización masiva de repudio sin concurrencia laboral obligatoria. La multitud ya preparaba la movilización.

Al llegar el 2 de septiembre, el país entero se despertó cruzado por un vértigo soterrado. Equipos técnicos descargaron videos, ubicaron testigos, preservaron celulares. La pista personal de Sabag Montiel se hizo obvia: redes, auto, recorridos previos por la zona. La custodia fue investigada por la falla en el cordón de seguridad. Por la tarde, la Plaza de Mayo y muchas otras plazas del país se poblaron de militantes, familias, partidos y organizaciones sociales bajo un mismo lema: “La democracia no se toca”. Ese día, el presidente Fernández se acercó al departamento de Cristina alrededor de las 14, permaneció tres cuartos de hora y se retiró sin declaraciones públicas; la charla, según relataron testigos, giró en torno al clima de odio que se había instalado y el cauce institucional que podría tomar la crisis.

Desde esa madrugada, Mendoza trabajó en paralelo desde lo territorial y lo institucional. “Hablaba con delegados de la UOM, con Andrés Larroque, con Leopoldo Moreau. Sabíamos que había que hacer una gran movilización, un hecho político contundente porque lo que había sucedido superaba cualquier límite. Al mismo tiempo, hice una conferencia de prensa con todos los bloques del Concejo Deliberante de Quilmes, donde participaron desde el PRO hasta los radicales; fue la primera conferencia de prensa de todo el arco político, y también de opositores, repudiando lo que había vivido Cristina y el intento de asesinato. Después vinieron otras, pero nosotros lo hicimos el 2 de septiembre a la mañana”. Mendoza y otros intendentes peronistas realizaron el trayecto a pie desde Quilmes a Plaza de Mayo, sumándose a la multitud para abrazar en la calle la resistencia democrática.

La reacción de la dirigencia política —coinciden quienes la vivieron— tuvo un tinte inédito de unidad y de repudio transversal. Una de las excepciones fue el entonces diputado Javier Milei, hoy presidente. A pesar de diferencias históricas, la amenaza sobre Cristina Kirchner fue leída como un golpe a la institucionalidad y a la estabilidad del país. El estar en la calle, para muchos, fue la respuesta. Tres años después, Mayra Mendoza relaciona ese hecho criminal con la condena actual que cumple en su nueva casa, en San José 1111. “Antes y después, el pueblo argentino estuvo para evitar una humillación. Nadie puede naturalizar ni aceptar que alguien esté presa por razones políticas”, afirma Mendoza, quien en todos estos meses insistió en el carácter de “prisión política” de las causas judiciales contra la ex presidenta.

La investigación del atentado

Pero volviendo al 1° de septiembre y sus consecuencias. La investigación judicial tomó velocidad y dirección concreta. Tras la detención de Sabag Montiel se sumaron rápidamente nombres a la causa: Brenda Uliarte, pareja del atacante, fue arrestada el 4 de septiembre en la estación Palermo, señalada —luego de analizar geolocalizaciones y chats— como organizadora y partícipe necesaria. El 14 de septiembre se incorporó a la investigación Nicolás Carrizo, apodado como “el jefe de los copitos”, acusado de liderar la pequeña banda que acechó la zona en los días previos. La instrucción judicial, bajo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, construyó entonces la acusación formal: tentativa de homicidio doblemente calificado, planificación previa y participación necesaria.

El minuto a minuto judicial y policial estuvo atravesado por la polémica. Uno de los puntos más críticos fue el manejo del celular de Sabag Montiel, peritado en el juzgado y parcialmente inutilizado por manipulación incorrecta. Los letrados de Cristina Kirchner, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, señalaron en el alegato que “en 24 horas se arruinó la prueba más importante”, pues el equipo fue hallado encendido y con mensaje de fallo de memoria. Pese a las dificultades técnicas, se lograron recuperar imágenes de Sabag Montiel y Uliarte con el arma y también material de explotación sexual infantil, por el que el atacante recibió una condena adicional.

La causa fue elevada a juicio en 2023. Durante el trámite oral, Sabag Montiel declaró: “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muera”, mientras la fiscalía calificaba el atentado como “un acto de justicia” en boca del propio atacante. El tribunal oral federal, compuesto por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, recibió los alegatos de la querella, que pidió quince años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, mientras solicitaba la absolución de Carrizo, quien recuperó la libertad hace dos semanas. Esta exposición incluyó la dimensión política y simbólica del atentado, relanzando el debate sobre la “construcción de una cultura de odio” y las críticas a los medios y sectores políticos en la escalada de violencia. El tribunal quedó a semanas del veredicto.

En paralelo, la investigación buscó trazar líneas hacia posibles instigadores. El foco cayó especialmente sobre el grupo Revolución Federal y sobre el episodio conocido como “Casablanca”, con supuestas declaraciones del diputado opositor Gerardo Milman días antes del atentado. Ninguna de esas pistas logró transformarse en imputaciones firmes por autoría intelectual, aunque permanecen abiertas en la opinión pública y en la polarización política argentina como símbolo de una grieta cada vez más aguda.

La densidad del atentado, para Mendoza y el kirchnerismo, atraviesa toda la vida institucional. “No hay Estado de derecho para Cristina porque es la única que se mantuvo de pie frente al poder real, la única que no se arrodilla”, sostiene la intendenta. “Cristina está con nosotros y vamos a seguir dando pelea. No se puede naturalizar la violencia ni resignarse a la injusticia”.

El proceso colectivo de resiliencia se sostuvo, también, en la fe de quienes creen que existió una protección que evitó la tragedia. “Gracias a Dios, yo soy creyente, a la Virgen y a Néstor que nos cuida, Cristina está con nosotros”, concluye Mendoza, dejando ver la fragilidad y la fortaleza que atraviesa a todo un sector de la política argentina desde aquella noche.

A medida que avanzaron los meses, la escena de Juncal y Uruguay —el auto llegando a las 20:49, el metal rozando la piel a las 20:52, los segundos de vértigo y la reacción colectiva— se asentó como una de las postales definitivas de la democracia moderna. El drama y la dignidad, la improvisación y el reflejo social de resistencia, la organización improvisada en la calle y el debate institucional en Tribunales componen un mosaico que, lejos de cerrarse, sigue abierto mientras la sociedad discute hasta dónde pueden llegar el odio, la impunidad o la protección del sistema democrático en tiempos de crisis permanente.

Hoy, el expediente judicial por el intento de magnicidio sobre Cristina Fernández de Kirchner, la trama de la banda de los copitos y las discusiones sobre instigadores y fallas de seguridad siguen sin respuesta definitiva. Y, sin embargo, el sentido histórico y político de lo ocurrido aquella noche —cuando la política argentina sintió el filo de lo inimaginable y la movilización social cortó el clima del espanto— permanece como una advertencia y como un mandato: la democracia, por más golpeada, no se debe tocar.

Mendoza lo dice con palabras simples y firmes: “La memoria de ese día es mandato para cada jornada: no naturalizar la violencia, no callar ante la injusticia y seguir luchando por la libertad y dignidad de quien es para muchos la mayor exponente del peronismo. Cristina está con nosotros y es nuestra responsabilidad sostener eso”. La foto de Juncal y Uruguay, ese cañón negro que nunca disparó, sigue siendo recordatorio y promesa para un país que busca no perderse en el abismo.