El fiscal Franco Picardi pidió que vuelvan a ser indagados Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini como parte de una nueva ronda de citaciones en la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad que, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo, se habrían extendido desde al menos diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario estatal en favor de un reducido grupo empresarial, de acuerdo con la investigación.

Para el fiscal Picardi, existió una estructura delictiva organizada entre funcionarios de la agencia y representantes y directivos de empresas privadas para direccionar contrataciones, inflar precios mediante un sistema especial de contratación y repartirse el dinero público.

Spagnuolo, la máxima autoridad de la entidad durante el periodo investigado, ya fue indagado y procesado en la causa, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Está acusado de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita”, según la hipótesis que sostiene el fallo de Sebatián Casanello, el juez anterior del caso, que hoy está en manos de Ariel Lijo.

Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados, son Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Calvete y el médico Pablo Atchabahian.

“Las personas involucradas -dice Picardi en su nuevo dictamen-, actuando de manera articulada y con roles claramente definidos, conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas sin otra cobertura médica que la que brinda el Programa Federal ‘Incluir Salud”.

En el centro de la acusación sigue estando el sistema especial de compras para insumos médicos de alto costo llamado Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Según Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas y en detrimento de las arcas públicas. Hubo simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos.

“Las compulsas de precios sobre medicamentos e insumos fueron direccionadas intencionalmente hacia determinadas personas jurídicas y funcionarios/as públicos/as de la Andis brindaron información sobre las fechas de las compulsas”, sostuvo Picardi.

“[Los funcionarios] dieron cuenta de fechas de pagos e incluso brindaron claves de usuarios de funcionarios/as del organismo para que personas de las firmas que comercializaban con ANDIS ingresaran directamente al SIIPFIS, mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI”, agregó.

El fiscal pidió llamar a indagatoria a Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués.

También, a Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

Según los nuevos hallazgos de la fiscalía, más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini y, desde el sector privado, por Calvete y Atchabahian.

La investigación judicial que lleva Picardi hace siete meses determinó que la Andis funcionó como una “verdadera ventanilla administrada discrecionalmente” para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.

Audios

La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal en la Agencia. Como parte de ese sistema mencionaba a la hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.

Aquellas grabaciones fueron cuestionadas tanto por Spagnuolo como por otras defensas, que pidieron la nulidad de la causa, entre ellas la de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina. El fiscal Picardi defendió su investigación con el argumento de que no las había usado como prueba.

En un fallo dividido, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanello que “disponga de todo lo necesario” para despejar las dudas sobre el origen de ese material. Casanello no ordenó medidas al respecto, amparado en que ese es el objeto de una causa paralela, que está manos del fiscal Carlos Stornelli.