El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18.

La norma contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La norma fue sancionada por el Senado hace diez días.

El nuevo régimen prohíbe las penas de reclusión perpetua para adolescentes y establece que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando la escala penal del delito sea superior.

En su visita a los estudios de LN+, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva sostuvo que “la baja de la edad de imputabilidad es también una manera de inhibir de forma fundamental el ingreso de menores a bandas criminales“.

“Sudamérica es considerada el epicentro del narcotráfico mundial. Y la baja de edad de imputabilidad es un insumo clave para contrarrestar el avance de estas bandas criminales”, remató la funcionaria.

La norma fija que los menores de edad detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y establece que los institutos especializados deberán contar con personal capacitado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

Consiste en la realización de tareas de interés social en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro como hospitales, escuelas u organizaciones destinadas al bien común.

La ley también contempla la reparación integral del daño causado a la víctima.

Entre las sanciones que pueden ser aplicadas por la Justicia figuran:

La ley establece que las personas podrán ser imputadas por delitos cometidos desde los 14 años hasta el momento en que cumplan 18. Para esos casos se crea un esquema de sanciones que contempla tanto penas como medidas orientadas a la integración, la formación y la educación.

Entre las medidas previstas se incluyen:

Publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801, la norma establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Según el texto oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

Tras un febrero agitado, con tres sesiones de tablas y la sanción de otras tantas leyes, el Senado se apresta a enfrentar una semana de transición, a la espera de que el Poder Ejecutivo decida cuáles serán los proyectos de ley que pretenderá impulsar como parte de la serie de reformas que anticipó, aunque sin entrar en detalles, el presidente Javier Milei el pasado 1° de marzo en su discurso sobre el estado de Nación ante la Asamblea Legislativa.

Por lo pronto y para no perder el impulso de las extraordinarias, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), planea convocar a sesión esta semana, aun cuando no tenga proyectos de ley o dictámenes de comisión en condiciones de ser discutidos. El temario, o su ausencia, se definirá este martes, a las 18.30, en una reunión de Labor Parlamentaria.

La idea es abrir el recinto para que puedan tomar estado parlamentario una serie de ascensos militares que el Gobierno envió la semana pasada. Así se lo confirmó Bullrich a en un diálogo en el que confirmó que en la sesión también se le dará ingreso oficial el pliego que nomina para continuar en su cargo por cinco años más al camarista Carlos Mahiques, que cumple 75 años, y por lo tanto debería jubilarse, en noviembre próximo.

Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación Penal y es, además, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La prórroga de su magistratura fue enviada al Senado en la primera semana del mes pasado y si no se le dio estado parlamentario en la sesión del 12 de febrero, cuando se trató por primera vez la reforma laboral en la Cámara alta, fue porque su pliego no fue incluido de manera explícita, como sí lo estuvo el de Fernando Iglesias para embajador, en el decreto que convocó a sesiones extraordinarias.

Consultada por sobre el extraño caso de convocar a una sesión sólo para que tomen estado parlamentario ascensos militares y el pliego de un juez, la senadora lo justificó como “un gesto hacia los efectivos de las Fuerzas Armadas de que los tenemos en cuenta y que ya no los dejamos para el final”. “Es una impronta que quiero marcar”, agregó Bullrich.

Tanto los ascensos militares como la continuidad de Mahiques se definirán en la Comisión de Acuerdos, que todavía no tiene fecha de reunión. Esto se decidirá en las próximas horas en un encuentro que la jefa de la bancada oficialista planea sostener con el presidente de la Comisión, Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Oficialista como Bullrich, el senador riojano responde a una tribu diferente en el universo libertario: es un hombre que responde a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. En otras palabras, su terminal política es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Esta semana obtendrá dictamen tres tratados internacionales, entre ellos uno de persecución de la pesca ilegal que suscribió la Argentina, que serán discutidos este martes, a las 17, en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda. Si no generan disidencias bien podría ser tratados sobre tablas esta semana, aunque se necesitará el apoyo de los dos tercios para habilitar su discusión.

Mientras tanto y con Javier Milei de viaje por el exterior hasta el jueves, no hay definiciones del Poder Ejecutivo sobre cuál será la agenda que le deparará al Congreso en el futuro inmediato.

Más allá de las supuestas grandes reformas de las que se habla en la Casa Rosada, como los cambios en el sistema electoral, lo concreto es que en la Cámara alta no ha ingresado ningún proyecto considerado como prioridad por el oficialismo.

De hecho, los nombres de los candidatos para ocupar las más de 200 vacantes de jueces que hay en las justicias federal y nacional recién podrían comenzar a conocerse la semana próxima, que es cuando el ministro Mahiques tiene planeado reunirse con Milei para definir los nominados que enviará el Poder Ejecutivo a la Cámara alta.

No obstante la falta de precisiones, en el oficialismo circula una lista tentativa de supuestas iniciativas que serían enviadas al Senado en los próximos días y que contendrían algunas de las reformas anheladas por la administración libertaria desde el día que tomó el poder.

Así, se habla de proyectos con cambios a la ley de sociedades comerciales, que data de 1984; de la derogación de la denominada Ley de Tierras o de “Las Mil Hectáreas”, sancionada por el kirchnerismo en 2011 y que limita la capacidad a los extranjeros de poseer grandes extensiones de territorio; y el impulso una ley que acelere los desalojos en casos de usurpaciones.