POLITICA
“Ley de buena muerte”: cómo son los distintos proyectos de eutanasia que se impulsan en Argentina
Desde hace años, diputados y senadores de las más diversas identidades políticas proponen legalizar la eutanasia, con proyectos que apuntan a remover todas las barreras jurídicas para las personas que quieren terminar con su vida, ante un cuadro de salud grave o incapacitante. Emulando a otros países, Uruguay aprobó ayer un nuevo marco normativo. Argentina, en cambio, la idea está paralizada.
El país fue uno de los pioneros en 2012 en la sanción de la Ley de Muerte Digna en 2012, que reconoce la posibilidad de rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento cuando la enfermedad es incurable o terminal. Se aprobó después del caso “Bahamonde”, donde la Corte Suprema de la Nación reconoció el derecho a la “eutanasia pasiva”. Menos suerte tuvo la denominada «eutanasia activa», es decir, la asistencia médica legal para morir.
Sin esta regulación, pacientes y familiares que desean poner fin al sufrimiento deben sortear un complejo y costoso camino judicial, que no siempre concluye garantizando ese derecho.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado, se presentaron en los últimos dos años 5 proyectos orientados a habilitar la eutanasia. Todos tienen estado parlamentario y llevan los nombres de “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” o “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”, entre otros.
Los autores de las iniciativas atraviesan el conjunto del campo ideológico. Llamativamente, hasta ahora no lograron consensuar un texto para darle sanción.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), hoy aliado de Javier Milei, viene presentando una propuesta desde el 2021 -el año pasado volvió a ingresarla al Congreso-, en conjunto con la senadora Mariana Juri. Define la regulación de la eutanasia activa bajo el principio de respeto a la autonomía, dignidad y libertad de las personas que padecen enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes a partir de los 16 años.
Las características salientes de ese proyecto de 20 artículos apunta a garantizar la recepción de ayuda para morir a las personas en esas condiciones, estableciendo requisitos estrictos de capacidad, consentimiento y procedimiento, y derechos como el acceso a información, trato digno, confidencialidad, y como la cobertura total de la prestación en el sistema de salud público y privado.
Además, crea una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada provincia, con funciones de control, evaluación y resolución de solicitudes; y reconoce la objeción de conciencia individual de los profesionales de la salud, obligando a la derivación oportuna del paciente y estableciendo sanciones por incumplimiento. Por otro lado, modifica el Código Civil y Comercial para permitir directivas médicas anticipadas que incluyan la eutanasia activa, considerando la muerte resultante como natural a efectos legales.
En junio de 2024, el diputado Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) ingresó un texto de 24 páginas y 27 artículos, que también despenaliza la eutanasia activa y el suicidio asistido, en la que se comparte varios postulados del proyecto de Cornejo. Una diferencia es contar con nacionalidad argentina o una residencia no inferior a los dos años para recibir asistencia. También se agrega la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa para quienes actúen conforme a la ley.
El proyecto modifica la Ley de Derechos del Paciente y el Código Penal para permitir y despenalizar la asistencia médica para morir bajo condiciones reguladas, diferenciando estas prácticas de delitos comunes.
Desde el kirchnerismo, un conjunto de 14 diputados del bloque de Unión por la Patria introdujeron el proyecto de ley de “muerte voluntaria médicamente asistida”, que modifica también los códigos civil y comercial y penal. Encabezados por Carolina Gaillard y Gabriela Estévez, que tienen otro proyecto firmado, la propuesta es similar a las anteriores, aunque indica como requisito ser mayor de 18 años y establece un enfoque de derechos humanos, autonomía y dignidad, integrando la perspectiva de “cuidados paliativos” y experiencias internacionales. Asegura también la cobertura integral y gratuita de la prestación en todo el sistema de salud.
Otras diferencias son las características del procedimiento, que exige solicitud libre e informada, evaluación interdisciplinaria, consentimiento reiterado y revisiones por un médico consultor y comisiones especializadas, garantizando la ausencia de conflictos de interés. Además, propone crear la Comisión Nacional y Comisiones Jurisdiccionales para la Muerte Voluntaria Médicamente Asistida, integradas por profesionales de la salud, abogados y especialistas en ciencias sociales, responsables de supervisar, resolver controversias y elaborar informes sobre la aplicación de la ley.
Por su lado, en abril de 2023, con la autoría de Jimena Latorre (UCR), otro grupo de 15 legisladores radicales y del PRO -entre ellos Margarita Stolbizer, Karina Banfi, Sabrina Ajmechet, Martín Tetaz, Danya Tavela– presentaron otra iniciativa de “regulación de la eutanasia” o “buena muerte”. Entre los coautores, figura Laura Rodríguez Machado, del PRO, que ocupa la presidencia de la estratégica comisión de Legislación Penal.
Pese a la pluralidad de legisladores interesados, las urgencias del país y las eventuales presiones, obstaculizan el tratamiento en las comisiones. Fue un año donde la prioridad la tuvo el Hospital Garrahan, entre otras instituciones sanitarias. La prioridad legislativa de este año en lo que respecta a salud está puesta en la Ley de creación de ANMAT, tras la crisis por el entramado de complicidades que generó el centenar de muertes causado por el fentanilo contaminado.
“Es un tema interesante de discusión, el tema es cuándo. Siempre hay cosas más urgentes, sobre todo teniendo en cuenta que hay personas que no tienen garantizados los cuidados paliativos de calidad. Una cosa debería venir de la mano de la otra. La eutanasia no soluciona la falta de cuidados paliativos. Sin esto garantizado, desde lo ético es muy complicado”, sostuvo a Infobae el diputado tucumano de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública.
Yedlin agregó que la eutanasia “tiene lobby muy fuerte en contra de grupos religiosos, como los católicos, evangélicos y de judíos ortodoxos”, y que se debe considerar el contexto marcado por el ajuste. Recordó que el Gobierno nacional “achica” el presupuesto en áreas de salud, y cierra organismos como el Instituto del Cáncer, para “dejarlo todo en mano de las provincias o privatizarlo, en vez de integrar el sistema” público y privado.
Un estudio reciente del Conicet, presentado en agosto de 2023 en la Cámara de Diputados, le preguntó a profesionales de la salud sobre las prácticas de eutanasia activa. De los 745 especialistas consultados que atienden a pacientes graves, el 45% de los profesionales recibió pedido de información sobre eutanasia por parte de pacientes y el 53% por parte de familiares de pacientes. De ese total, el 80% de los encuestados está a favor de legislar y el 15% en desacuerdo.
En la población hay un interés favorable para despenalizar la “buena muerte”. Una encuesta nacional del Observatorio Pulsar.UBA, realizada entre el 27 de mayo y 4 de junio pasado, evidenció que el 77% de los encuestados está de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas.
Con la intención de dar por terminado el debate, el gobierno nacional ensayó hoy un reajuste en la comunicación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la que aspiran a cerrar la polémica abierta por los vuelos.
Escoltado por el grueso de los ministros, el funcionario retomó esta mañana las conferencias de prensa que solía dar como vocero. Comenzó con una breve aclaración del tema y continuó con un detalle pormenorizado de la hoja de ruta legislativa en un intento de retomar la agenda de gestión.
En 19 minutos de exposición y más media hora destinada a preguntas, el ministro coordinador evitó ahondar en detalles al argumentar que temía interceder en la causa judicial que lo investiga y se mostró firme contra la prensa acreditada y la oposición. Su postura se asemejó un poco más a la que interpretaba en su antiguo traje de portavoz presidencial.
Según supo Infobae, luego de que el propio Adorni determinara la necesidad de retomar las conferencias de prensa, el asesor presidencial, Santiago Caputo, puso a disposición a sus equipos para coordinar de manera conjunta la estrategia que desplegó este miércoles. Luego de una conversación virtual entre los actores que tuvo lugar el pasado lunes, y con un intercambio de ambos equipos, el Poder Ejecutivo dio curso a la idea que llevó al ministro coordinador apostarse frente al atril ubicado en el salón de conferencias de Casa Rosada.
En primera fila, los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud) y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, siguieron de cerca la alocución que duró 48 minutos. De manera virtual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también se mostró expectante y lo sintonizó por televisión.
A los laterales, se lo vio al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y también al asesor presidencial, que reafirmó cada palabra que pronunció el jefe de Gabinete. Incluso, se lo vio celebrar más de una respuesta ante las consultas de la prensa acreditada. “Perfecto”, lanzó silenciosamente al aire, luego de que Adorni reafirmara que repetiría su viaje vacacional con su familia.
Pasada la conferencia, en las filas oficialistas se mostraban conformes con el desempeño del jefe de Gabinete que fue ratificado por el presidente Javier Milei, quien se expidió a través de su cuenta de X, y por Karina Milei. “La ignorancia es atrevida…Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad…”, sostuvo el mandatario.
La ignorancia es atrevida…
Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad…— Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026
“Hasta entonces teníamos una actitud innecesariamente a la defensiva cuando no teníamos por qué. Hoy se mostró mucho más firme”, admitió ante Infobae una fuente que participó del reajuste comunicacional. Luego de la declaración y de la vuelta a las cámaras, la plana de funcionarios presentes se acercó a felicitarlo. “Faltaba ser claro y desmentir categóricamente las operetas”, sumó otro funcionario en declaraciones a este medio.
La idea era sencilla: iniciaría con una breve aclaración del tema, sin brindar detalle, apuntaría contra la oposición y la prensa por “atacar” al Gobierno y retomaría la agenda de gestión con detalles de los proyectos de ley que enviaría al Congreso. El objetivo, además de aclarar, fue “llevar calma al Gabinete” en medio de los rumores de salida y desmentir la danza de nombres expuesta en los medios de comunicación para sucederlo.
“La conferencia era para la sociedad. La idea era comunicar la agenda legislativa y los avances. Eso es lo que Manuel hizo. Aclaró para dar por terminado el tema. Lo logró”, especificó una importante voz con acceso al despacho presidencial. En Balcarce 50 rechazan que la polémica haya perjudicado la imagen del mandatario o del Gobierno.
“Lo vi concluyente, descriptivo, con buen tono. En los últimos días se empezó a decir cualquier cosa, era necesario ponerle un límite al tema. Nos agarramos de eso para exponer las mentiras”, expresó un integrante del entorno del ministro coordinador.
En la previa a la conferencia que se celebró a las 11, luego de más de un mes y medio de silencio, la última data del 6 de febrero, el asesor presidencial llegó a Casa Rosada y se trasladó directo al despacho del ministro coordinador que se preparaba desde temprano en sus oficinas. Como todas las mañanas, Adorni llegó a las 9 y se recluyó con sus colaboradores para revisar los detalles finales del discurso que ya estaba escrito.
Antes de subir a la sala ubicada en el segundo piso, se fotografió con los ministros e ingresó escoltado por los integrantes del Gabinete. Con este accionar, la administración libertaria busca dar por finalizado el tema y concentrar la atención en la agenda de gestión. “Queremos dar vuelta la página. Lo que se tiene que explicar se hará en la justicia”, concluyó un funcionario ante este medio.
El presidente Javier Milei habló minutos después de la conferencia de prensa en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió por primera vez a las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio. “La ignorancia es atrevida…”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.
“Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad…“, deslizó.
Sin dar nombres ni apuntar directamente a terceros, el Presidente se alineó con el discurso que mantuvo Adorni en la conferencia de este miércoles por la mañana. Con ella, el Gobierno buscó retomar el control de la agenda pública luego de semanas adversas. “Es una conferencia habitual”, dijeron desde Casa Rosada, pese a que la última había sido el viernes 6 de febrero, junto al canciller Pablo Quirno.
El también portavoz aseguró, además, que no iba a dar explicaciones porque hay una investigación judicial en curso. “Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso. Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas”, se excusó.
El jefe de Gabinete —cuya continuidad en el cargo se puso en duda durante los últimos días, una versión que él mismo se encargó de desmentir— quedó en el centro de la polémica desde que se conoció que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York el marco de la Argentina Week, que adquirió una casa en un country que no forma parte de su declaración jurada y que durante los feriados de carnaval viajó junto con su familia en un avión privado a Punta del Este.
A su vez, la semana pasada, había revelado que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito. Las sucesivas revelaciones dejaron al jefe de Gabinete en el centro de la escena pública y bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.
“Mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, dijo en la conferencia que comenzó apenas pasadas las 11. Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y que vive en el barrio porteño de Caballito: “El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.
Y luego apuntó hacia la oposición: “Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir. Con mi dinero hago lo que quiero; me lo gané legítimamente».
Ante la consulta sobre el pago por los traslados en avión privado para ir a Punta del Este, Adorni evitó dar precisiones: “La dádiva está si hubiera sido un regalo. El viaje lo pagué. Es un tema de investigación judicial. Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares. Incluso que había gastado 250.000 dólares con mi tarjeta de crédito. No es cierto. Nosotros hablamos con resultados”.
Adorni adelantó también que el viernes, en tanto, tiene planificada una actividad en la que se mostrará junto al presidente Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Será un nuevo respaldo público de la administración libertaria para poner fin a las versiones sobre su posible salida del cargo.
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POLITICA
Sueños Compartidos: Sergio Massa declaró como testigo y admitió que hubo incumplimientos en las obras
Sergio Massa admitió ante el Tribunal Oral Federal 5 que hubo incumplimientos en los convenios firmados con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales en Tigre, lo que llevó a discontinuar las obras.
El exministro de Economía, que declaró como testigo durante unos 30 minutos en el juicio por el programa “Sueños Compartidos”, aseguró que el municipio no radicó denuncias penales y que terminó las obras con fondos propios tras el corte de los pagos nacionales.
Según Massa, Tigre firmó tres convenios con las Madres para la construcción de viviendas sociales. El exfuncionario aclaró que no los firmó personalmente porque en 2009 pidió licencia como intendente para asumir como jefe de Gabinete nacional y quien los rubricó fue el entonces intendente interino, Julio Zamora. Al regresar a la intendencia, Massa suscribió un nuevo acuerdo para la edificación de un salón de usos múltiples en una lechería del barrio San Pablo que asiste a niños.
El excandidato a presidente destacó que las obras “tuvieron un impacto positivo” en la comunidad, pero insistió en que los incumplimientos obligaron al municipio a discontinuarlas. “Las obras las termina el municipio con fondos propios porque Nación discontinuó los pagos”, explicó ante el tribunal.
Massa relató que se reunió en dos oportunidades con Sergio Schoklender, presidente de la Fundación y uno de los principales imputados en la causa junto a su hermano Pablo, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López. La primera reunión fue para que Schoklender se presentara formalmente y la segunda por dificultades con una secretaria municipal.
El juicio oral, que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py, investiga la presunta administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en todo el país. Entre marzo de 2008 y junio de 2011, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, fallecida en noviembre de 2022, recibió del Estado nacional 748 millones de pesos.
Leé también: Adorni demora la presentación del informe de gestión en el Congreso mientras la oposición reclama que dé explicaciones por sus viajes
La acusación sostiene que 206 millones fueron desviados y no se destinaron a las obras previstas. La causa incluye convenios firmados en distintas provincias y municipios, como la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Almirante Brown, Ezeiza, Bariloche y Rosario.
La declaración de Massa se suma a las de otros dirigentes políticos ya citados, como el exjefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y el actual intendente de Tigre, Julio Zamora. Todavía quedan pendientes las testimoniales de Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Malena Galmarini, entre otros.
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