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Ley de Glaciares: el oficialismo busca emitir dictamen para aprobar la modificación este miércoles en Diputados

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En una reunión de comisiones marcada por la tensión y el debate encendido, el oficialismo se apresta a dar un paso crucial este miércoles en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo ciertos criterios. El respaldo parlamentario con el que cuenta el bloque gobernante, reforzado por aliados circunstanciales y algunos sectores de la oposición, permite anticipar un resultado favorable en la sesión prevista para las 15.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales. El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

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El secretario Lucero fue interpelado por haber ejercido como abogado de una larga lista de empresas mineras. Ante ello, se defendió valorando su experiencia y negando que haya conflicto de intereses. “¿Si usted tiene que operarse del estómago recurriría a un astronauta? Para buscar un secretario de Minería es razonable alguien que conozca la industria”, se defendió.

La discusión sobre la Ley 26.639, vigente desde 2010, se reavivó tras la aprobación exprés de la reforma en el Senado y el desarrollo de un cronograma de trabajo en Diputados que incluyó una audiencia pública con participación restringida. Miles de interesados quedaron fuera del debate presencial y debieron enviar sus opiniones por escrito o video, un punto que fue criticado por organizaciones ambientalistas y referentes de la oposición. El oficialismo, por su parte, sostiene que la modificación apunta a precisar el alcance de las zonas protegidas y a permitir actividades económicas en áreas periglaciares que no cumplan funciones hídricas estratégicas.

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Según estimaciones de la oposición, la suma de voluntades entre La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, junto a algunos votos de Unión por la Patria y Provincias Unidas, permitiría alcanzar “los 140 votos” favorables necesarios para sancionar la ley.

La reforma de la Ley de Glaciares propone redefinir el concepto de áreas protegidas para permitir la exploración y explotación económica en zonas periglaciares que, según criterios técnicos, no cumplen una función hídrica comprobable. La iniciativa le otorga a las provincias la facultad de decidir qué territorios preservar y cuáles abrir a inversiones mineras, reduciendo la intervención de la administración central. Con ello, busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en todo el territorio periglaciar, manteniendo la protección para los glaciares visibles y las formaciones que efectivamente abastecen cuencas hidrográficas.

El oficialismo y sectores aliados buscan aprobar la reforma minera pese al rechazo de opositores y organizaciones ambientalistas en el Congreso argentino

El oficialismo argumenta que esta precisión permitirá una mayor seguridad jurídica para las inversiones, sin comprometer los recursos hídricos vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. Sin embargo, bloques opositores y organizaciones ambientalistas rechazan la reforma por considerar que flexibiliza los controles sobre áreas consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Señalan que abrir la puerta a la minería en determinadas zonas representa un riesgo para el abastecimiento de agua y puede afectar la sostenibilidad ambiental de las regiones cordilleranas.

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Durante la reunión de comisiones, la intervención de Lucero estuvo acompañada por otros funcionarios de provincias mineras, como la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, entre otros. Todos defendieron la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, y destacaron la importancia de la minería para el crecimiento local y la generación de empleo en sus jurisdicciones.

Las posturas enfrentadas se evidenciaron también en la lista de oradores, en la que participaron referentes como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), Romina Del Plá (Frente de Izquierda-Unidad), Sabrina Selva (Unión por la Patria), Diógenes González (UCR), y Germán Martínez (Unión por la Patria). Los cruces alcanzaron momentos de máxima tensión cuando se discutieron los posibles conflictos de intereses de legisladores que representan a provincias con proyectos mineros en marcha o en carpeta.

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Confirman que el Senado sesionará el jueves para darle entrada a los pliegos judiciales

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El Senado se reunirá este jueves, a partir de las 11, en una sesión en la que se tratarán algunos acuerdos diplomáticos y militares, pero que tendrá como principal obetivo permitir que tomen estado parlamentario más de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

La sesión será el corolario de una semana que tendrá, este miércoles, una escala que promete alta tensión, con la visita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, ante un plenario de comisiones para defender el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

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La iniciativa comenzará a discutirse este miércoles, a partir de las 16, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La reunión será informativa, por lo que no se espera que la firma de ningún dictamen.

La idea del oficialismo es tratar de llevar la iniciativa al recinto el 29 de abril, por lo que el dictamen debería estar la semana próxima. Es la propuesta que acordó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), con los presidentes de bloque de la oposición dialoguista y que se discutió durante la reunión de labor parlamentaria en la que se definió la citación a la sesión de este jueves.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del EstadoHernán Zenteno

La presencia de Sturzenegger promete una jornada de tensión. El bloque kirchnerista, que preside José Mayans (Formosa), tiene al ministro como uno de los ideólogos de la política de ajuste fiscal que viene llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei. De hecho, el principal bloque opositor amenazó en varias oportunidades con pedir la interpelación del funcionario.

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Como si esto fuera poco, la visita del ministro de Desregulación se producirá en medio de la crisis que vive el Gobierno como consecuencia de las novedades en la causa $LIBRA y en la revelaciones sobre los gastos en viajes en avión privado y en la compra de propiedades que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La sesión del jueves, en tanto, tendrá un temario de baja intensidad. Apenas si se tratarán la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, un paquete de ascensos militares y las designaciones de miembros en el Tribunal de Defensa de la Competencia.

La exsenadora Lucila Crexell, propuesta como embajadora ante Canadá

Entre las promociones militares se destacan las del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente, junto a otros 80 promociones de oficiales en las tres fuerzas.

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Sin embargo, el subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, quedará relegado, al menos en esta sesión, debido a que no tiene los votos para darle su ascenso. Se encuentra impugnado por el supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.


Gustavo Ybarra,Conforme a

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El Senado confirmó la sesión del jueves para aprobar ascensos militares y la embajadora argentina en Canadá

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En una sesión previsible y adelantada por Infobae la semana pasada, la Cámara alta volverá al recinto el jueves para votar los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. La definición se consumó esta noche, tras la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de las diversas bancadas y la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.

La sesión se iniciará a las 11 y, como se estima, lo más jugoso podría ocurrir al principio, con cuestiones de privilegio más que aseguradas desde el interbloque kirchnerista -comanda el formoseño José Mayans-, hoy llamado “Popular”, contra el Gobierno libertario.

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El aumento de grado en líderes militares, junto con la designación de Crexell, fueron debatidos y dictaminados hace poco menos de dos semanas por la comisión de Acuerdos del Senado, cuyo titular es el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Durante dicha jornada también avanzaron las propuestas para completar a las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat. En cambio, un pliego de la Fuerza Aérea que no tendrá aval pasdo mañana y será dejado de lado, al menos, por ahora.

La experimentada ex legisladora Lucila Crexell cuando defendió su pliego como embajadora en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta (Prensa Senado)

Se presenta Sturzenegger

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales comenzará esta tarde, desde las 16, la discusión del proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Defenderá la iniciativa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aunque se espera la presencia de, al menos, tres funcionarios más.

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El encuentro será de carácter informativo y no habrá dictamen. Los dialoguistas pidieron no apresurar los tiempos, oír las exposiciones de los disertantes y luego empezar el ida y vuelta con la líder libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La norma que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones-antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares-se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.

El texto de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita– volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.

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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Según confiaron en ese entonces varias bancadas a este medio, el despacho iba a “dinamitar el recinto”. Lo que ahora se busca evitar son tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996. Esta noche, un puñado de senadores deslizaron a Infobae que “tienen dudas” y quieren “opinar”, lo que vuelve a dejar un manto de dudas sobre este tema, que se convirtió casi en una obsesión de la radical Carolina Losada.

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Agenda estimada

Previo a Labor Parlamentaria, oficialismo y dialoguistas diagramaron un esquema de sesiones en caso que se obtengan los dictámenes de propiedad privada y/o falsas denuncias -finales de abril-, y los pliegos judiciales para mitad de mayo. Las audiencias sobre este último punto comenzarían el 30-4 y durarían hasta el 7-5.

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El intenso odio de Milei al periodismo

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Nunca hubo presidente, como sucede con Javier Milei, arropado por un grupo numeroso de periodistas muy cercanos a él y tan diseminados en varios medios. Cristina Kirchner tenía sus fanáticos en la prensa (y fue la creadora intelectual de la grieta dentro del periodismo), pero estaban encapsulados en dos o tres empresas periodísticas. Nunca hubo un presidente tan agresivo verbalmente con la prensa como lo es Milei. Néstor y Cristina Kirchner fueron también alegres guerreros contra el periodismo, pero lo hacían de otra manera −tal vez peor−: usaban los servicios de inteligencia para cambiar la historia de los medios, los editores y los periodistas que no les agradaban, siempre en nombre, claro está, de los derechos humanos. En los últimos días, el actual presidente se regodeó insultando a periodistas que habían escrito o dicho algo que le cayó mal. Según una investigación del periodista Martín Rodríguez Yebra publicada en , el Presidente y sus satélites en las redes despacharon cerca de 1000 mensajes cargados de agravios y ofensas contra el periodismo en general o contra periodistas en particular durante los días de Semana Santa.

Es contradictorio que Milei se presente como un hombre religioso cuando usa unos de los días más importantes del cristianismo para agredir, denigrar y ofender a un grupo humano. Ningún Evangelio lo autoriza a cometer semejante sacrilegio. La nueva estación de su combate perpetuo contra la prensa sucedió contemporáneamente con la publicación del periodista Hugo Alconada Mon en sobre una información encontrada por un consorcio internacional de periodistas de investigación. Esa investigación daba cuenta de la existencia de una red de agentes rusos, llamada “La Compañía”, que promovía en la Argentina una campaña de desinformación y de descrédito del gobierno de Milei. El representante argentino de ese consorcio es el periodista Santiago O’Donnell, que es editor del diario Página 12, un medio que no simpatiza con el gobierno libertario.

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El propio Alconada Mon reveló también que el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, ya había informado públicamente en junio de 2025 que la SIDE detectó a ese grupo de agentes rusos; Adorni lo llamó por su nombre: La Compañía. En septiembre de ese mismo año, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que existían en el país espías rusos que trabajaban contra Milei; las declaraciones de la actual senadora provocaron que el autoritario gobierno de Putin llamara al embajador argentino en Moscú para protestar formalmente.

Putin es Putin, y nada que venga de su lado puede sorprender. Que su servicio de inteligencia opera en el exterior es una de las certezas más difundida en el mundo. Llegó a extremos inéditos en el escenario internacional. La justicia norteamericana investigó si Putin lo ayudó a Donald Trump a ganar su primera elección presidencial, en noviembre de 2016, y también lo acusaron de haber influido en el resultado del referéndum británico para que se concretara lo que se conoció como el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Putin atravesó otras líneas: ordenó el asesinato en el extranjero (también en el interior de Rusia) de disidentes, según reiteradas denuncias de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de defender los derechos humanos del maltratado pueblo ruso.

Es probable que el dictador ruso haya pataleado en Moscú por la adhesión incondicional de Milei a Trump y por la decisión acertada del presidente argentino de colocarse al lado de Ucrania en la guerra inconclusa entre este país y Rusia. Pero nada de todo eso autoriza a Milei a zamarrear otra vez al periodismo argentino en general. Resulta imposible imaginar a un liberal (él se define como un liberal-libertario) desconociendo la importancia que la prensa libre tiene en un sistema democrático. ¿Qué significa el eslogan “Viva la libertad, carajo” cuando no se respeta la libertad del periodismo? Solo un eslogan, presuntuoso y vacío. Nada más.

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Junto con la información sobre esa red de espionaje extranjero se conoció la lista de medios que habrían publicado artículos pagados desde Moscú. Ninguno es relevante ni tampoco figuran en tal listado los grandes medios argentinos: , Clarín y Perfil, por ejemplo. Milei ordenó al día siguiente que le prohibieran la entrada a la Casa de Gobierno a los periodistas acreditados de los medios que están en la lista rusa; castigó al voleo, aunque cayeran también los inocentes. De hecho, no se conocen hasta ahora los nombres de los periodistas de esos medios que habrían servido a la campaña de Putin. Las investigaciones llegaron solo a los nombres supuestos de algunos firmantes de artículos, que eran meros seudónimos.

En medio de tantas relatividades, el jefe del Estado dedicó el fin de semana largo a vapulear a medios y periodistas que ni siquiera trabajan en las empresas que constan, presuntamente, en el inventario del espionaje. Una de ellas fue la periodista de LN+ Laura Di Marco, a la que Milei llamó “roñosa operadora”. ¿Dónde están las organizaciones que defienden al feminismo cuando el Presidente ofende tan groseramente a una mujer? No se trata solo de una mujer ofendida. ¿Dónde están ahora Patricia Bullrich, Silvana Giudici o Alejandro Fargosi, actuales mileístas que decían estar dispuestos a entregar al vida para defender al periodismo cuando este era agredido por el kirchnerismo? ¿O acaso llegaron al disparate de pensar que estaba muy mal que los Kirchner maltrataran al periodismo y que está muy bien que Milei ataque a ese mismo periodismo? ¿O en aquella época tenían unos principios y ahora tienen otros, porque los de entonces no le gustan a Milei? Inmortal Groucho Marx.

Milei es consciente de sus derechos, pero no de sus obligaciones. Ha publicado sus artículos en y en Clarín, por ejemplo, pero no hizo excepciones con esos diarios cuando trató de la peor forma al periodismo. Todos están en deuda con él. ¿O se trata de otro caso de resentimiento en el penacho del poder? Si fuera así, deberíamos concluir que es la sociedad argentina la que prefiere a los resentidos. Por otro lado, es común escuchar que el jefe del Estado no hace más que ejercer su libertad de expresión cuando aporrea al periodismo, la misma libertad, dicen, que tiene este. No es así, lamentablemente para él. El mundo civilizado llegó hace mucho a la conclusión de que un funcionario público no tiene los mismos derechos que un ciudadano común. Tampoco un funcionario del Estado, mucho más el presidente de la Nación, cuenta con el mismo margen de libertad de expresión que el que tiene la gente común, y el periodismo −por qué no−.

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Un periodista escribe o habla en el medio que trabaja y la repercusión de lo que dice se encierra entre los lectores o en la audiencia audiovisual del medio donde se desempeña, salvo, desde ya, que haya revelado un monumental escándalo, no farandulero desde ya. En cambio, la palabra del Presidente (también sus tuit) tiene una profunda y amplia repercusión en todos los medios periodísticos. Ese intenso eco puede amedrentar y provocar la autocensura del periodismo y de los ciudadanos. En síntesis, los excesos en el uso de la libertad de expresión por parte del Presidente pueden terminar lesionando la libertad de expresión. ¿Querrá Milei pasar a la historia como el Presidente que en nombre de la libertad de sus ideas dañó la libertad de los argentinos?

Es fácil advertir otra rareza. Milei se remite a los resultados de las investigaciones judiciales cuando las denuncian asedian a sus funcionarios más cercanos, pero no duda en llamar delincuentes, ensobrados o pauteros a cualquier periodista que no integre su séquito periodístico. Es hora también de pedirles a los periodistas que militan en la causa del Presidente o que son sus amigos que le pregunten −y le repregunten− sobre sus ofensas al periodismo cuando lo entrevistan. Ellos son los únicos que acceden a la palabra presidencial.

Existe corrupción en el periodismo, como existió siempre. Desmentir eso sería ignorar lo que sucede al lado de cualquier periodista, bueno o malo; significaría también inclinarse hacia una defensa corporativa que nos igualaría a todos en el mismo nivel. Pero no es el jefe del Estado, cercado él mismo por denuncias de corrupción contra sus funcionarios más allegados (y algunas contra el propio Presidente) quien debe señalar cuáles periodistas son deshonestos y cuáles son honestos. Estamos, además, ante la extraña casualidad de que siempre los deshonestos son los periodistas independientes, y los honestos son los que lo frecuentan a él. De igual forma, el periodismo argentino independiente ha contribuido notablemente a investigar y esclarecer la corrupción de los políticos en la conducción del Estado. Es el periodismo que el país y la democracia necesitan.

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Ya Daniel Santoro reveló en Clarín en los años 90 el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que terminó con el expresidente Carlos Menem en prisión. Alconada Mon puso un haz de luz sobre el lavado de dinero de los Kirchner en sus hoteles de Santa Cruz, que extrañamente no llego hasta ahora al juicio oral y público. Siempre está por empezar. El mismo Alconada Mon descubrió que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza defraudaron al Estado cuando se quedaron con la recaudación de los impuestos a los combustibles en sus estaciones de servicio. Los periodistas Diego Cabot, Alconada Mon, de , y Nicolás Wiñazky, de Clarín, investigaron y revelaron mucha información sobre los manejos corruptos de los recursos de Vialidad, que tienen hoy presa en su casa a Cristina Kirchner. Cabot realizó la enorme pesquisa sobre los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que dejaron constancia del permanente trasiego de sobornos en la cima del poder en la época del kirchnerismo. Y el prematuramente fallecido Jorge Lanata lideró investigaciones periodísticas desde el Swiftgate en la época de Menem hasta el lavado de dinero de los Kirchner en la llamada causa de “La ruta del dinero K” y las corruptas artimañas de Leonardo Fariña también con el dinero de los Kirchner. Alconada Mon destapó hace poco el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que complica a los hermanos Milei, tanto al Presidente como a su no menos poderosa hermana. Ningún gobierno se salvó, como es fácil advertir, de la curiosidad del periodismo honesto, que constituye la mayoría del periodismo.

“No odiamos lo suficiente a los periodistas” es una frase repetida y extraña, porque Milei es un producto de dos factores: del fracaso de todo lo anterior y del periodismo, sobre todo del audiovisual, que lo convirtió en una figura popular cuando no era nadie. Odiar es una emoción que no puede albergar ninguna persona con cierta sensibilidad política y moral. Se puede estar en desacuerdo o se puede sentir antipatía por una persona o por un grupo de personas, pero odiar a una comunidad humana solo por lo que es significa el triunfo del fanatismo y el delirio.


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