En silencio, y un día después de la conferencia de prensa en la que buscó defenderse de las acusaciones en su contra por el presunto crecimiento de su patrimonio, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, llegó a la Casa Rosada pasadas las 10 en un intento de retomar la agenda de la gestión.

Sus reuniones a puertas cerradas con la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior), que llegan en distintos horarios a Balcarce 50, tienen como objetivo cerrar el círculo de apoyos ordenados por el presidente Javier Milei y su poderosa hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Pettovello y Santilli fueron los únicos ministros (el otro fue su par de Defensa, Carlos Presti, de viaje en Estados Unidos) que no participaron, en primera fila, de la conferencia de prensa citada por el jefe de gabinete para intentar acallar el escándalo en torno a su figura. Bullrich, en tanto, quedó en la mira por lo que desde el karinismo se consideró como “tibio” apoyo a Adorni –incondicional de Karina Milei- desde que se supo que la esposa del jefe de gabinete, Bettina Angeletti, formó parte de la comitiva oficial en el Argentina Week, de Nueva York. La foto de ambos, sonrientes, fue distribuida por el Gobierno como señal de tregua y respaldo, con las elecciones a jefe de gobierno porteño del año próximo (ambos son posibles candidatos) casi a la vuelta de la esquina.

“No hay universo en el que Manuel esté fuera del Gobierno”, contestaron desde las cercanías del asesor presidencial Santiago Caputo, encargado de diseñar ayer el “contraataque” mediático de Adorni, en el que intentó desmentir irregularidades y omisiones en el viaje en jet privado a Punta del Este y en la compra de distintas propiedades a nombre suyo y de su esposa.

Más allá de la cerrada defensa pública del funcionario, y de la promesa de Milei de “no perderse” la próxima exposición de Adorni ante el Congreso, prevista para el próximo 29 de abril, subsisten en el universo libertario las dudas sobre la conveniencia de sostener a Adorni y dilapidar, día a día, capital político, tal como marcan distintas encuestas y sondeos de opinión.

La única voz que se escuchó en su contra, hasta ahora, fue la del biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, quien el lunes por la noche aprovechó un debate sobre el 24 de marzo y pidió la renuncia de Adorni en el canal TN. “Está haciendo daño al Gobierno” y “nadie es indispensable”, fueron las frases más duras del ideólogo libertario, de indudable cercanía con el Presidente al menos en sus posturas con relación a la violencia de los años setenta. Nadie salió a desautorizarlo, en una muestra del malestar interno que pocos -casi nadie- se atreven a verbalizar.

Se pronunció en el mismo sentido el diputado nacional Oscar Zago, aliado de La Libertad Avanza. “Adorni debe dar un paso al costado por el bien del Presidente”, dijo en LN+ el legislador del Movimiento Integración y Desarrollo.

En las redes sociales, los integrantes más reconocidos de las Fuerzas del Cielo –algunos de los cuales no tienen especial simpatía por el jefe de gabinete- espaciaron sus posteos de apoyo al ministro coordinador, si bien se encargaron de retuitear el apoyo que Karina Milei (distanciada de Caputo) brindó a Adorni en la tarde del miércoles, luego de brindar la primera conferencia desde el 6 de febrero (en aquel caso, junto al canciller Pablo Quirno), y la primera en soledad desde el 30 de diciembre pasado.

“Hoy todos cierran filas. Mañana se verá”, resume un libertario equidistante de los dos grupos en pugna dentro del Gobierno. Más allá del pacto de silencio, distintas voces libertarias se mostraron decepcionadas con la performance de Adorni en la conferencia de prensa, en la que además de evitar precisiones sobre su patrimonio actual atacó a los periodistas que le pidieron precisiones, exigiéndoles en algún caso que le pidieran disculpas por remarcar una eventual falta de apoyo a su continuidad de parte del Gobierno.

“Ahí hubo maltrato. De eso no se vuelve”, dijo una voz escuchada por el Presidente, escéptico sobre el porvenir del ministro coordinador en el esquema gubernamental. La misma fuente agregó: “Santiago [Caputo] le pidió humildad en las respuestas”.

“Lo que quedó claro es que no renuncia, eso es lo más importante. Esa versión hacía mucho daño”, argumentaron desde un despacho oficial, y acordaron que se logró el objetivo de mostrar “normalidad y continuidad” por medio de los proyectos legislativos anunciados por Adorni durante la conferencia de prensa. En una situación que evoluciona hora a hora, y sin declaraciones públicas, el jefe de gabinete intenta atravesar el temporal.

El oficialismo avanzó con la segunda y última audiencia pública sobre la reforma de la ley de glaciares. Su próximo desafío será dictaminar el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. Pero los libertarios no tienen definida una hoja de ruta clara y se mueven con pies de plomo para evitar un revés.

La jornada estuvo nuevamente atravesada por reclamos sobre el esquema limitado de oradores, definido por las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales a cargo los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. También hubo advertencias sobre la futura judicialización de la norma.

Según pudo saber , se evalúa una reunión informativa con gobernadores para ganar tiempo e intentar sumar apoyos de cara al recinto de Diputados, donde se dará la pulseada final. Será en un plenario de las comisiones a cargo del proyecto. Podría darse la semana que viene o la próxima, según la disponibilidad de los mandatarios provinciales. “Todavía no está definido cuándo se llevará al recinto”, confirmó un referente del bloque oficial.

Esta audiencia, a diferencia de la de ayer, fue virtual. Contó con solo un puñado de legisladores oficialistas y opositores presentes, que siguieron las exposiciones desde una pantalla del Anexo de Diputados.

En líneas generales, las organizaciones socioambientales rechazaron la propuesta que impulsa Javier Milei por considerarla inconstitucional y “regresiva”. Argumentaron que la iniciativa viola el principio de presupuestos mínimos definido por la Constitución Nacional para las provincias −que impone condiciones de protección uniformes en todo el país− y anticipa que comprometerá a las cuencas hídricas.

Los defensores de los cambios −sobre todo referentes de las provincias cordilleranas con potencial minero− replican que, en vez de prohibir se debe mejorar el uso del agua para que conviva la protección con el desarrollo productivo.

Pablo Villagra, director del Ianigla -el organismo encargado de inventariar los glaciares-, cuestionó la reforma aprobada en el Senado al sostener que no mejora la ley vigente: “Deja áreas con hielo sin protección, introduce nuevas ambigüedades y subordina el rol científico a las autoridades provinciales”. Defendió el inventario nacional -que identificó más de 16.000 glaciares y, según dijo, es clave para el ordenamiento territorial- y advirtió que los cambios generan incertidumbre sobre cómo se definirá la importancia hídrica de los glaciares. También alertó que la falta de presupuesto pone en riesgo la continuidad del trabajo.

Desde la vereda opuesta, Pablo Marcet rechazó las críticas a la reforma y aseguró que son “falsedades” las advertencias sobre un supuesto riesgo para las fuentes de agua o el interés de potencias extranjeras en los acuíferos. “Apelan al miedo y al desconocimiento”, acusó.

La propuesta de reforma busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.

Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario. La oposición argumenta que esto viola el principio de presupuestos mínimos ambientales definidos por la Constitución Nacional.