POLITICA
Licencias y descuentos: el camino del “artículo invisible” de la reforma laboral del que ahora nadie se hace responsable

Todos sabían. El artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que dispone descuentos salariales ante faltas por lesiones o enfermedad del trabajador, se incluyó a último momento en el debate legislativo, pero todos los senadores estaban al tanto de su contenido al momento de votar.
La polémica que se desató después de la aprobación movió a varios aliados del Gobierno a alegar que desconocían la inclusión de ese punto y plantear su desacuerdo. La jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, primero defendió el artículo, después dijo que se harían aclaraciones para evitar malos entendidos y finalmente consideró que habían cometido “un error” en la redacción. Presionada por los números y por el impacto en la opinión pública, la Casa Rosada se resignó a quitar los cambios en las licencias médicas del proyecto que debatirá la Cámara de Diputados.
Una simple revisión del derrotero del artículo 44 demuestra que se incorporó al dictamen de mayoría del Senado 24 horas antes del debate (no en plena sesión, como alegan algunos que lo votaron). El miembro informante de La Libertad Avanza (LLA), el chaqueño Juan Cruz Godoy, lo explicó en su discurso. Al menos cuatro senadores del peronismo plantearon airadas quejas sobre el tema durante la discusión en el recinto. A la hora de votar, el secretario parlamentario leyó palabra por palabra el texto que establece descuentos del 50% para faltas vinculadas a problemas médicos atribuibles al empleado y del 25% cuando se trata de enfermedades sobrevinientes. Incluso dos senadoras del Pro pidieron la palabra para expresar su desacuerdo con el artículo, aunque lo votaron igual porque se puso en consideración junto con todo el primer título del proyecto.
El gran misterio que persiste es quién pidió la incorporación del artículo, un secreto que Bullrich mantiene bajo siete llaves. Lo que sigue es una crónica que revela el derrotero de este punto de la reforma y cómo se convirtió inesperadamente en un problema político y de opinión pública para el Gobierno.
El cambio en las licencias no estaba en el proyecto original ni en el dictamen de comisión que se aprobó en el Senado en diciembre. Apareció por primera vez el martes 10, en una versión que todos los senadores recibieron cerca de las 21. La sesión estaba convocada para el miércoles pasado el mediodía. Estaba, como otras modificaciones, marcado en rojo.
La defensa oficial y el partido de handball
¿Hubo un error del oficialismo por el apuro al incluir el artículo, como dijo Bullrich? Quien lo presentó ante los senadores fue el chaqueño Godoy, miembro informante de LLA. Él explicó con detalle el alcance de la medida. Habló del descuento de 25% del salario en casos de enfermedades (sin distinguir por su gravedad, como después alegó Bullrich). Y usó un ejemplo para los casos de “actividades riesgosas” -con descuentos del 50%- que causó gracia a la oposición: “Un ejemplo muy común es el de una persona que realiza un deporte de su gusto, como por ejemplo el handball, que se lesiona la muñeca y no puede realizar la terapia en la clínica donde trabaja”. Habló de “responsabilidad compartida” que debe reflejarse en el sueldo.
La catamarqueña Lucía Corpacci es la primera senadora peronista que plantea en el debate su rechazo al artículo 44. “Muchachos: vayan sabiendo que no pueden jugar al fútbol, porque si alguno le pegó una patada y le quebró la canilla, le van a reconocer solo el 50 por ciento. Entonces, no digan que no afecta al trabajador”, dijo.

Cerca de las 4 de la tarde se sumó el santafesino Marcelo Lewandowski: “¿Qué están diciendo? Que si vas a jugar al fútbol y tenés una lesión grave vas a cobrar un 50 por ciento menos. O sea que, en este concepto de que el trabajo es una mercancía, te vas del trabajo a tu casa y ahí sentate en una reposera, no vaya a ser cosa que te tuerzas un tobillo porque te van a pagar menos».

A las 18.25 fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti quien retomó la discusión de las licencias: “Si una persona, por ejemplo, tiene cáncer de mama y tiene hijos a su cargo, le van a pagar el 75 por ciento del básico. Esa es la realidad de lo que pusieron en esta ley”, denunció. Nadie del oficialismo la corrigió, a pesar de que Bullrich dijo -ya esta semana- que habían cometido el error de no aclarar en la ley que el cáncer y las enfermedades degenerativas no debían ser tenidas en cuenta para los descuentos salariales.

La kirchnerista Juliana Di Tullio fue la más enfática en el reclamo: “Licencia por enfermedad: ¡Bestias brutas! Si te enfermás, no tengas cáncer, por favor. Les decimos a los trabajadores y trabajadoras argentinos que no tengan cáncer. Ni se les ocurra, porque van a cobrar hasta el 50 por ciento. Si se quiebran jugando al fútbol: 50 por ciento. En este país, los laburantes juegan al fútbol. ¿O qué creen que hacen? ¡Juegan al fútbol! Porque los laburantes también tienen derecho a descansar y hacer deporte».


Ya se había aprobado el proyecto en general, por 42 votos a 30. Al pasar al debate particular, por secretaría parlamentaria se leen palabra por palabra las modificaciones al dictamen original en el primer título (que inlcuye 57 artículos). El 44, sobre las licencias médicas por enfermedad o lesión, se repasa completo. Estaban presentes los 72 senadores en sus bancas. En la discusión posterior, el representante del kirchnerismo, Mariano Recalde, no mencionó este aspecto, aunque sí sugirió modificaciones en otros artículos, que fueron rechazadas por Bullrich.
Antes de votar el título primero, dos senadoras del Pro, Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) pidieron la palabra para dejar constancia de su oposición al artículo 44. Pero, como se votaba todo junto el Título I, terminaron por apoyarlo.
La votación terminó 41 a 30. Es decir, la única distinción respecto del voto en general fue la abstención de la neuquina Julieta Corroza.

La aparición de Sturzenegger

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dio una entrevista en radio Mitre, en la que habló sobre las reducciones salariales. Dijo que el artículo 44 “apunta a la reducción de las licencias eternas”, indicó. Y dejó una frase que tuvo mucha repercusión: “Si te lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%”.
El tema, que había pasado por debajo del radar, ganó los títulos de los medios y la discusión sobre los descuentos salariales por cuestiones médicas penetró en la opinión pública.
Impacto entre los aliados
El Gobierno empieza a recibir llamados de sus aliados con pedidos para modificar el régimen de licencias incluido en la reforma. Se abre una discusión interna, en la que nadie se hace responsable de la inclusión del artículo que no había enviado el Poder Ejecutivo en su proyecto original ni lo habían pedido en el trámite en comisión. Surgen acusaciones solapadas a Sturzenegger por instalar el tema en la agenda mediática y a Bullirch, por no haber previsto el contratiempo que podía desatarse con esa modificación.
Bullrich pasa al frente

La senadora Bullrich defiende en una entrevista en TN el cambio en las licencias. Habla de una “mafia” de los certificados truchos. Pero admite que debe dejarse sentada una protección para determinadas enfermedades y promete ajustes (sin necesidad de que vuelva al Senado).
“Tuvimos un error”

Bullrich, en otra entrevista en TN, admite que existió un error en la redacción porque “no se distingue un esguince de un cáncer”. No explicó cómo se iba a avanzar, pero insistió: “Lo vamos a arreglar”. Se habla entonces de un cambio en la reglamentación o de la posibilidad de presentar una ley aclaratoria, de modo que la reforma laboral no deba volver al Senado.
Marcha atrás
Los reclamos opositores se acumulan. Cristian Ritondo, de Pro, dice que la única forma de que su bloque apoye la reforma es que se retire el artículo 44 (que Pro votó en el Senado). El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y dirigentes radicales se pronunciaron en igual sentido. Al final, con los números en la mano, la cúpula de LLA definió en una reunión encabezada por Martín Menem que se retirarían los cambios en las licencias. Se resignaron a que el artículo sin dueño desapareciera y a que el debate sume otro capítulo en el Senado.
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POLITICA
El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

El proceso de elaboración del Presupuesto Nacional es uno de los momentos más decisivos para la administración pública argentina. Para el ejercicio 2027, la administración nacional mediante la publicación fijó un cronograma específico para la formulación del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual 2027-2029, estableciendo responsabilidades y fechas que buscan garantizar el cumplimiento oportuno de cada etapa.
La decisión, formalizada mediante la publicación el Boletín Oficial de la Resolución 446/2026, involucra a una serie de áreas técnicas y de gestión que, como integrantes del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), quienes deberán cumplir con actividades y plazos establecidos en los anexos oficiales. El objetivo es asegurar la presentación ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la fecha límite, el 15 de septiembre.
La organización de los trabajos para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual recae en la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Esta dependencia tendrá la misión de coordinar el GAEP y podrá ajustar el cronograma para adaptarse a la marcha de los trabajos, además de requerir colaboración de otras áreas si fuera necesario.
El proceso de formulación incluye la utilización de sistemas digitales como el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Entes Excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional y Universidades Nacionales (SIFEP). Esta herramienta ha permitido perfeccionar la gestión y la presentación de la información presupuestaria por parte de empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional, integrando múltiples actores bajo un enfoque macroeconómico y fiscal.
El cronograma oficial, cuya versión definitiva forma parte de los anexos de la resolución ministerial, comprende actividades que van desde la recopilación de información de base hasta la proyección de variables, la elaboración de anteproyectos y la redacción final del mensaje de remisión del proyecto de ley. Cada etapa está sujeta a plazos precisos, asignación de responsables y mecanismos de control interno.

El cronograma paso a paso
De acuerdo con el Anexo 1 que acompaña la resolución, desde el mes de abril de 2026, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía asumió la coordinación inicial del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP). Esta estructura es responsable de articular los trabajos, emitir instrucciones técnicas y acompañar a las jurisdicciones y entidades en cada una de las etapas fijadas en el cronograma oficial.
Durante los primeros días de este mes, la Oficina Nacional de Presupuesto comunicó las instrucciones y brindó asistencia técnica remota a todas las áreas involucradas. Paralelamente, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros establecieron los criterios de priorización y selección de proyectos de inversión para el periodo 2027-2029. Esta fase inicial incluyó la carga en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de los requerimientos recibidos tanto de jurisdicciones y entidades nacionales como de empresas públicas y fondos fiduciarios.
El cronograma establece que la recopilación y presentación de la información relativa a la planta ocupada de cargos y la ejecución mensual del gasto en personal correspondiente al año 2026 debía culminar a principios de mayo. Este insumo es fundamental para proyectar los recursos humanos del sector público.
Entre el 20 de abril y el 4 de mayo, la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, junto a la Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones, trabajará en la proyección de las variables macroeconómicas para el período 2027-2029. Casi simultáneamente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos se encargó de estimar los recursos impositivos y las contribuciones a la seguridad social. La Subsecretaría de Financiamiento, por su parte, programará el servicio de la deuda pública interna y externa, desglosando intereses, amortizaciones y comisiones según tipo de acreedor.
Otro de los hitos clave es la programación de los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales, tarea que recayó en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales. Todos estos aportes confluirán en la formulación preliminar del presupuesto, que cada jurisdicción y entidad nacional tendrá que remitir digitalmente entre el 4 y el 29 de mayo.
Tras la integración de la información y la revisión de los avances, el proceso continuará con la elaboración y remisión del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto al Congreso, actividad que se extenderá hasta fines de junio. A continuación, la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto prepararon los techos presupuestarios para el trienio 2027-2029, que serán comunicados oficialmente a las jurisdicciones y entidades entre el 30 de junio y el 3 de julio.
Durante julio y agosto, las jurisdicciones y entidades nacionales formularán y remitirán sus anteproyectos de presupuesto mediante firma digital, utilizando el sistema eSIDIF-FOP. En paralelo, fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes del sector público nacional no financiero realizaron la misma tarea a través del sistema SIFEP, asegurando la cobertura de todos los componentes del sector público argentino.
La segunda mitad de agosto marcará el inicio de la redacción del proyecto de Ley de Presupuesto, a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto. En ese mismo período, se preparrá y remitirá la información macrofiscal al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dando cumplimiento a la Ley 25.917. Además, se estimarán los resultados primarios y financieros por nivel de gobierno, así como los límites de endeudamiento y la proyección de recursos por provincia y ciudad autónoma.
Entre el 7 y el 11 de septiembre, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía aprobarán y consolidarán el documento definitivo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027. Finalmente, el 14 de septiembre fue la fecha fijada para la remisión formal del proyecto al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del plazo legal establecido.
La elaboración y remisión del Presupuesto Plurianual 2027-2029 continuará hasta finales de octubre, con la participación de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Ejecutiva, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Presupuesto, en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto.
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POLITICA
Tensión en el Senado: bloques dialoguistas advierten que no acompañarán sólo proyectos libertarios

La relación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas en el Senado atraviesa un momento de creciente tensión. En las últimas horas, referentes de espacios aliados dejaron un mensaje claro: no están dispuestos a seguir acompañando una agenda limitada exclusivamente a proyectos impulsados por el Gobierno.
El reclamo surge en medio de negociaciones que buscan destrabar el funcionamiento legislativo y dar mayor dinamismo a la Cámara alta.
Tras una reunión virtual reciente, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo martes, en lo que se perfila como una instancia decisiva para definir el rumbo de la agenda parlamentaria.
Desde los sectores dialoguistas plantean que el Congreso no puede repetir esquemas del pasado donde el oficialismo imponía su propia hoja de ruta sin dar lugar a otras iniciativas.
En ese sentido, una voz con peso dentro del Senado fue contundente, en diálogo con Infobae: “Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”.
El planteo refleja un malestar que viene creciendo de manera silenciosa entre senadores que, si bien han acompañado al Gobierno en votaciones clave, ahora buscan mayor protagonismo en la definición de prioridades legislativas.
En este contexto, la figura de Patricia Bullrich cobra especial relevancia. Como jefa del bloque oficialista, se consolidó como la principal interlocutora con los aliados y la encargada de canalizar los reclamos. Su capacidad de negociación será determinante para evitar un quiebre que complique el avance de leyes en el Senado.
Uno de los principales puntos de conflicto es la cantidad de proyectos impulsados por distintos bloques que permanecen sin tratamiento. Legisladores dialoguistas consideran que llegó el momento de ponerlos en discusión, especialmente aquellos vinculados a educación, minería, regulación del lobby —denominado “gestión de intereses”— y juego.
Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno está condicionado por su política económica, centrada en el equilibrio fiscal. Varias de las iniciativas propuestas por los aliados podrían entrar en tensión con ese objetivo, lo que obliga a negociar cada paso con cautela.
A pesar de las diferencias, dentro del Senado también hay sectores que buscan sostener el diálogo y aprovechar el contexto actual. “La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?”, expresó un referente legislativo.
En paralelo, también emergen desconfianzas cruzadas. Desde el oficialismo observan con recelo a algunos legisladores que participan de las reuniones pero luego adoptan posiciones divergentes en el recinto. En ese clima, no faltan críticas internas hacia dirigentes que son señalados como “extorsionadores seriales”, una etiqueta que circula cada vez con más frecuencia en los pasillos del Congreso.

De cara a la próxima semana, el Senado podría comenzar a moverse con mayor intensidad. Se espera la convocatoria a comisiones para tratar dos iniciativas clave. Por un lado, un proyecto del Ejecutivo que busca reforzar la protección de la propiedad privada mediante cambios en normas de expropiación, tierras y barrios populares.
Por otro, volverá a escena el debate sobre falsas denuncias, un tema sensible que ya generó fuertes discusiones en el pasado y que ahora intenta retomarse con ajustes para evitar conflictos con marcos legales internacionales.
Además, en el horizonte inmediato aparece la posibilidad de una sesión para dar ingreso formal a pliegos judiciales enviados por el Gobierno, junto con la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá.
El desenlace de estas negociaciones será clave para definir si el oficialismo logra sostener el respaldo de sus aliados o si, por el contrario, la tensión escala y complica el tratamiento de leyes en los próximos meses.
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La Libertad Avanza,LUCILA CREXELL,Patricia bullrich,Senado
POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

El Gobierno oficializó la inscripción de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El Ejecutivo consideró que la organización representa una «amenaza para la seguridad nacional».
Tal y como había adelantado el Gobierno, mediante el anuncio de la medida con un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la norma declara reunidos los requisitos necesarios para avanzar con la incorporación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro.
Según se detalla en el texto, la medida se basa en informes reservados elaborados por las carteras de Seguridad y Cancillería, que analizaron el alcance de las actividades de la organización. La conclusión a la que llegaron es que la Guardia Revolucionaria representa una “amenaza externa real o potencial” para la Argentina.
Incluso, la norma sostiene que los integrantes de la organización ponen en riesgo “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes” del territorio nacional. A su vez, menciona la existencia de evidencia vinculada con su participación en el financiamiento y la ejecución de «atentados terroristas», como fueron los sucedidos en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la embajada de Israel y la AMIA.
La decisión del Gobierno fue celebrada y destacada por Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano compartió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que destacaba la iniciativa de Casa Rosada, alineada con la política exterior de Donald Trump: «Aplaudimos las acciones de la administración de Milei para combatir al terrorismo”.
Sin embargo, Irán condenó la medida . “No solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.
Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra que ya lleva un mes de existencia para evitar el desarrollo de armas nucleares de parte de la República Islámica.
Su incorporación al RePET implica no solo que son declarados una organización terrorista, sino que también establece consecuencias para la Guardia Revolucionaria.
Tras su incorporación, se puede disponer el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina.
También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El presidente Javier Milei se plantó en América Latina como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales. Incluso habló sobre la guerra en uno de sus discursos y afirmó: “Vamos a ganar”.
Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.
Vahidi había sido ministro de Defensa de Irán desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2013, y ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024. También ascendió en las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que comandó de 1988 a 1998. En esta fuerza participó de actividades terroristas a nivel mundial.
El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.
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