POLITICA
Lijo expuso en el Senado sobre trata de personas: “Argentina tiene más de 50 condenas por año y es un país líder en la lucha”
La conmemoración del Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niños y Mujeres convocó este lunes a referentes judiciales, legislativos y de ONG en el Senado de la Nación. El juez federal Ariel Lijo fue uno de los expositores del encuentro, que tuvo como eje reflexionar sobre la evolución de la legislación, los desafíos y los logros de la Argentina en la lucha contra la trata de personas. Ante un auditorio integrado por especialistas en la materia, Lijo destacó la importancia de que el Congreso le dedique “tiempo, recursos y energía” a “un tema tan trascendente”.
Durante el panel, Lijo revisó los cambios registrados desde la sanción en 2008 de la primera gran normativa contra la trata en el país, subrayando que el principal obstáculo en los inicios fue de índole cultural y legal. Describió cómo, en ese momento, la sociedad, el sistema judicial y hasta las propias víctimas desconocían qué era la trata o no se reconocían como afectadas por este delito. “El desafío inicial era cultural porque tenía en tres planos, falta de percepción. En la sociedad, que no entendía qué era la regulación de trata, si prostitución hubo toda la vida. En las víctimas, que nunca se percibieron como tales”, expresó el magistrado.
Asimismo, el juez subrayó que la transformación conceptual fue fundamental para alcanzar la lectura actual de estos crímenes: “Ese desafío cultural ya fue zanjado y ese es el primer gran éxito que permitió que las cosas evolucionen”, afirmó Lijo ante los presentes. A partir de ese avance, según su diagnóstico, la justicia nacional pudo catalogar la trata de personas como un delito de tipo organizado, vinculado centralmente a la vulneración de la dignidad y los derechos humanos, dejando atrás la visión restringida a la explotación sexual o laboral.
En su exposición, Lijo insistió en que el verdadero impacto sobre las redes dedicadas a la explotación y trata está en atacar su poder económico: “El crimen organizado básicamente se combate con el flujo de fondos”, sostuvo el juez federal. Planteó que el siguiente paso en el enfoque penal argentino debe consistir en profundizar la persecución de los bienes y recursos financieros obtenidos a través de estos delitos, tema sobre el que remarcó: “Más allá de los recursos, es la respuesta siguiente que debería dar el sistema penal en el combate real de estas organizaciones”.
El magistrado expuso que el país atraviesa una etapa de transición, marcada por el pasaje de una lógica centrada en rescatar víctimas individuales a otra focalizada en desarticular estructuras criminales complejas. Ejemplificó este proceso con referencias puntuales a avances legislativos y judiciales, repasando la importancia de la coordinación interinstitucional y la articulación con organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y sindicatos. En ese sentido, mencionó como antecedente destacado la firma de un documento internacional junto al Papa Francisco en la Academia Pontificia, así como el aporte de ONG como La Alameda y referentes de comunidades Qom, que participaron en los primeros intentos de reutilización de bienes incautados a redes delictivas.
Entre otras situaciones, Lijo recordó que, en distintas investigaciones, “las víctimas estaban muy enojadas con los tribunales, muy especialmente enojadas”, revelando un desafío vinculado a la percepción y tratamiento judicial de los afectados. También rescató el papel de la coordinación y el intercambio internacional de información, con menciones a casos investigados en la frontera argentina con Perú y Brasil, donde actividades mineras y petroleras son escenario de nuevas formas de explotación.
Al abordar los logros concretos, el juez enfatizó que Argentina cuenta actualmente con “más de cincuenta condenas por año”, cifra que, según su testimonio, ubica al país como “uno de los países líderes en el mundo” en materia de sentencias contra la trata de personas. Lijo resaltó que el país fue reconocido en distintas oportunidades por Naciones Unidas debido a la consolidación de políticas de reparación para las víctimas y la creación de un fondo para su indemnización integral. “Avanzamos mucho, en el tema de víctimas, en la reparación integral. Eso es una iniciativa judicial, en reparación integral, en la creación de un fondo”, explicó.
POLITICA
Se oficializaron los aumentos salariales para ministros y altos funcionarios: no aplicará para Milei y Villarruel
El presidente Javier Milei oficializó este viernes un aumento salarial para los altos funcionarios de su Gobierno, medida que no incluirá al propio mandatario ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 931/2025, aunque aún no se precisó el monto de la suba.
En la actualidad, el Presidente cobra $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.
A partir de este mes, los incrementos acumulados del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, negociados entre enero de 2024 y julio de 2025, se aplicarán a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios equivalentes. Sin embargo, queda explícitamente excluida la remuneración del presidente y la vicepresidenta, y la medida no tendrá efecto retroactivo.
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El decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar un “nuevo sistema de empleo público” que contemple ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y remuneraciones ajustadas a responsabilidad y funciones. El objetivo declarado es garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y profesionalización del sector.
El Gobierno justificó la decisión en el tiempo de congelamiento salarial y en el saneamiento de las cuentas públicas, destacando 22 meses de superávit fiscal y una reducción del índice de pobreza. No obstante, se estableció que, si el Ministerio de Economía detecta un déficit fiscal, los incrementos quedarán automáticamente congelados hasta recuperar superávit, sin necesidad de un acto administrativo adicional.
El decreto también invita al Poder Judicial, al Legislativo, a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de suspensión de aumentos en contextos de déficit. La norma deroga además el artículo que mantenía congeladas las remuneraciones desde diciembre de 2023, adoptado en plena crisis inflacionaria de 2023.
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El Gobierno decretó el aumento de sueldo de funcionarios: Milei y Villarruel quedan excluidos
Tras dos años de congelamiento en los haberes, el Gobierno dispuso este viernes el aumento de sueldos de ministros y funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo, de acuerdo al Decreto 931/2025 publicado este 2 de enero en el Boletín Oficial. Según la norma, el incremento no será retroactivo, quedará sujeto a la continuidad del superávit fiscal y del aumento quedaron excluidos el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.
El texto primero hizo hincapié en la situación al momento de la asunción de la administración libertaria, con inflación y pobreza en aumento, y la declaración de la emergencia económica. Así, se instruyó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, a que diseñe e implemente “un nuevo sistema de empleo público basado en los principios de mérito, capacidad, competencia e igualdad de oportunidades”.
De esta manera, la medida alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, autoridades superiores, y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
Sin embargo, el decreto no mencionó el porcentaje de recomposición ni en cuánto quedan los sueldos.
La estimación oficial de la desactualización que sufrieron los haberes de los funcionarios en los últimos dos años ronda el 60% en cuanto a poder adquisitivo en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
El monto final del aumento no está aún precisado y se prevé que vaya acorde a los aumentos que fueron recibiendo los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes.
Se trata del primer aumento de Milei a sus funcionarios desde que asumió el poder en diciembre de 2023 y va en línea con un pedido extendido entre buena parte de los secretarios y directores de áreas, por lo desactualizados que fueron quedando sus sueldos.
Cuánto ganan los funcionarios
Los sueldos en bruto de los funcionarios, con información de la página oficial del Gobierno, son los siguientes:
Tal como publicó , desde antes de las elecciones se acumulan quejas en las distintas carteras por el congelamiento y el desfase entre los funcionarios de alto rango con las líneas más bajas.
Entre Navidad y Año Nuevo una altísima fuente del Gobierno ya había anticipado a este diario que se iba a concretar. Esta postura era impensable antes del 26 de octubre. Por ese entonces, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a decirle al Presidente que se le complicaba contratar gente idónea o sostenerla en su cartera, ya que por el bajo nivel de sueldos nadie quería trabajar para la Casa Rosada y se iban al privado. Entonces Milei no se hizo eco y descartó de plano subir los salarios durante esa charla.
En tanto en estos más de dos años hubo quejas de parte del mandatario y sus ministros para los constantes aumentos en el Congreso, sobre todo de parte de los senadores. En marzo de 2024, Milei debió anular una suba salarial que se había otorgado para él y sus ministros, después de que recibiera críticas desde todos los sectores de la oposición. El Presidente atribuyó el aumento a la aplicación automática de un decreto firmado en 2010 por Cristina Kirchner y dijo que desconocía la medida para aplacar el revuelo político.
Finalmente, no se aumentó el sueldo pero sí a sus ministros. Respecto a Villarruel, que también quedó afuera, en público se quejó por la cuestión. “En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, arremetió, a principios de 2025, en un comentario en su cuenta de Instagram.
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El Gobierno estableció este viernes por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una reestructuración integral de la SIDE, como anticipó TN. Implica una reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de modernizar su funcionamiento, clarificar roles y fortalecer los mecanismos de control.
El DNU reorganiza la estructura de la SIDE, le quita algunas áreas, pero refuerza su capacidad de influencia y control.
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Uno de los puntos más controvertidos es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”. El Gobierno justificó la medida por la sensibilidad de la información y para reducir el riesgo estratégico nacional”.
Además, el decreto autoriza a los agentes de inteligencia a “aprehender” personas en casos de flagrancia o por orden judicial. En esos casos, deberán avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad.
Reforma integral de la SIDE por DNU: los puntos clave
El DNU disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión prevenir amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las medidas de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.
En el plano digital, el Gobierno separó la ciberseguridad de la ciberinteligencia. Se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio.
Otro cambio fuerte es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Desde ahora, toda la inteligencia estratégica militar queda bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para evitar superposiciones y simplificar la estructura.
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La SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y controlar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y a requerir información a todos los organismos del Estado nacional, provincias y Ciudad de Buenos Aires.
El DNU crea dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF); y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a energía, lo nuclear y el espacio. Su función será proveer información relevante para la producción de inteligencia.
El DNU también modifica el sistema de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE. Ahora, esa función pasa del Poder Ejecutivo al secretario de Inteligencia.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá modernizar y legitimar el sistema, integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales y adecuarlo a las amenazas contemporáneas, con mayores controles y transparencia.
SIDE, reforma, Javier Milei
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