POLITICA
“Likes” bajo sospecha: la maquinaria de seguidores falsos de los gobernadores en las redes sociales

“Bien ahí gobernador… Primero salta, primero los salteños…”, dice el usuario de X @JosLuiscordovin en un posteo en el que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anuncia la reactivación de obras en rutas de esa provincia. La cuenta, sin foto de perfil ni biografías, tiene como única actividad responder a publicaciones de Sáenz, con permanentes elogios. El usuario @ahumadaangeledu, en cambio, responde a cada comentario del mandatario con tres emojis de aplausos. Siempre igual. Se unió a la plataforma en mayo de 2024, no tiene seguidores ni foto de perfil ni biografía.
Estos son algunos de los numerosos y recurrentes comentarios positivos que pueden encontrarse en posteos de las redes sociales de algunos gobernadores argentinos: en general provienen de perfiles sin fotos reales, sin biografías, casi sin seguidores y creados al mismo tiempo.
Son la otra cara de las habituales campañas de odio para desprestigiar a una persona, a un colectivo, etc. En este caso, las cuentas “oficialistas”, se usan para posicionar a alguien y/o intentar mejorar su imagen y alcance entre las audiencias digitales.
Ruido y CONNECTAS investigaron hasta dónde alcanza esta práctica en las provincias argentinas, cómo puede distorsionar la democracia y -si bien nadie admite que se paga para crear perfiles falsos de seguidores- cuánto dinero público se deriva a empresas que proveen servicios de promoción y campañas de marketing en redes sociales.
Un primer relevamiento incluyó las cuentas personales de los 24 gobernadores argentinos. En 23 se detectaron en Instagram perfiles sospechosos de ser falsos, creados para hablar a favor de esos mandatarios. Lo mismo sucedió en 15 de las 24 cuentas cuentas en el caso de la red X (ex Twitter).
“Esto muestra el panorama de las maquinarias de apoyo inauténtico, artificial, en redes sociales. Se trata de un aparato propagandístico encubierto -que se suma a la propaganda directa- y trata de generar un clima de opinión simulado en las redes sociales que son determinantes en el ecosistema informativo y comunicacional actual”, dice Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional y autora del informe Impacto de las redes sociales y la Inteligencia Artificial en la erosión de la democracia.
“El origen y volumen de los recursos necesarios para organizar estas campañas se caracteriza por la opacidad”, enfatiza.
Córdoba, un caso paradigmático
“Excelente medida para una cordoba mas segura” (sic), dice @naiarachavez98, usuaria de X que se identifica como “feminista porque no conozco a una mujer que no haya sido víctima”. Sólo reposteaba y respondía con elogios a contenido del gobernador cordobés Martín Llaryora y del exgobernador y entonces candidato a diputado por el peronismo, Juan Schiaretti, en las elecciones de octubre de 2025.
La cuenta se creó en septiembre de 2025 y dejó de postear el día después de esas elecciones, como 12 de los perfiles de seguidores de Llaryora relevados para esta investigación.
“Bien Gobernador!! a seguir mejorando este año!”, responde @micabaumbaum en un posteo del mandatario provincial. El perfil tiene una foto de la cantante Lali Espósito, comenta y repostea cada publicación de Llaryora -intercalada con noticias de Lali-, no tiene biografía y fue creada en abril de 2024, como 21 de las cuentas relevadas.
De los 100 perfiles sospechosos analizados en posteos de 2025, 68 fueron creados entre 2024 y 2025, 81 tienen imágenes de perfil genéricas, 85 no tienen biografía, y 35 fueron suspendidos en enero de 2026 por la red social al detectar spam (cuentas falsas o automatizadas), amenazas, suplantación de identidad, comportamiento abusivo o riesgos de seguridad.
Todas esas cuentas interactuaban para elogiar o adular a Llaryora, además de apoyar a Schiaretti en el período electoral. En algunos casos también criticaban al gobierno nacional.
Un ejemplo: la siguiente captura de pantalla muestra parte de los comentarios de un posteo al azar de la cuenta personal de Llaryora, en X, en donde se pueden encontrar 36 mensajes de apoyo al gobernador.
Si bien a primera vista esto puede parecer un comportamiento normal en las redes de un líder político, el análisis de las cuentas arroja datos que ponen en duda la autenticidad de muchas de ellas. Por ejemplo, de esos 36 usuarios que postean, ninguno tiene foto real de perfil ni biografía identificatoria, y 27 de los 36 fueron creados entre abril y mayo de 2024.
Córdoba es una de las provincias que muestra el “combo” en su totalidad: proliferación de perfiles creados para elogiar al gobernador en X y en Instagram, pauta publicitaria oficial sin detalles de la práctica por la que se paga, contrataciones de encuestadoras y de consultoras especialistas en estrategias digitales, e inversiones y gastos publicitarios récord en Meta (Facebook e Instagram).
Llaryora gobierna la provincia que -después de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires- lidera el gasto en publicidad oficial: el presupuesto 2025 contempló $38.000 millones (unos U$S26 millones), de los cuales hasta noviembre de 2025 se habían usado $30.000 millones. Ese monto no incluye el que gastan las “agencias” oficiales creadas con la figura de entes autárquicos (Córdoba Turismo, Córdoba Deportes, etc.,), que no tienen control previo del Tribunal de Cuentas provincial.
La Provincia dispone de un Portal de Transparencia que ofrece información del proveedor y el monto que se paga, pero el método de búsqueda no permite acceder de una vez a un listado completo de nombres ni al detalle relacionado con alguna especificidad de la contratación.
A partir de un procesamiento de esos datos oficiales, Ruido pudo listar los 1500 proveedores de pauta oficial y elaboró un buscador accesible (con datos hasta octubre 2025). Son datos parciales, pero que dan indicios de cómo se distribuye la pauta oficial y los gastos de propaganda.
Si bien el gobierno local respondió a la consulta sólo con generalidades, en la lista elaborada se pueden encontrar decenas de consultoras y agencias especializadas en estrategias digitales, campañas de marketing y redes sociales.
A estas empresas es hacia dónde más se redirige el gasto presupuestario de los gobiernos que antes iba a los medios tradicionales, aunque con muy poca transparencia.
Dos firmas vinculadas a la agencia japonesa Dentsu son las que concentraron hasta octubre de 2025 el mayor porcentaje de contrataciones, según la información oficial. Se trata de Iprospect Media y Carat Argentina -segunda y tercera más beneficiadas-, enfocadas en el marketing digital y las redes sociales, uno de los territorios de la batalla política en la Argentina.
Pero hay un dato muy llamativo: entre las empresas contratadas en 2025 por el gobierno cordobés también figura Madero Media Group, un holding de empresas, portales y plataformas de difusión, cuyo dueño (Fernando Cerimedo) admitió de manera explícita que controla “granjas” con miles de trolls, cuentas bots y otras herramientas digitales que, en su momento, puso al servicio del presidente Javier Milei. Madero es, también, accionista de La Derecha Diario, el principal medio de propaganda de Milei y los libertarios.
Ruido consultó a las empresas Iprospect y Carat para saber qué tipo de servicio brindan al gobierno de Córdoba, pero no hubo respuesta. Tampoco respondió Madero Media.
El Gobierno de Córdoba es, por otra parte, el cliente que más dinero invirtió en Meta (para promocionarse en Facebook e Instagram): hasta las elecciones de octubre de 2025 concentró casi 40% de la inversión histórica de esa plataforma en Argentina, muy por encima de cualquier otra provincia o usuario, con más de $3300 millones (US$2,2 millones) desde 2019, según el cálculo realizado por Ruido y CONNECTAS a precios constantes de noviembre 2025.
También es la provincia que más invirtió en 2025, con más de $468 millones (US$324.000) y lo mismo en el trimestre de campaña política anterior a las elecciones a diputados del 26 de octubre, con casi $188 millones (US$ 130.000).
Maximiliano Firtman, programador, profesor y periodista especializado, señala que “las prácticas de contratar agencias que directa o indirectamente tratan ya no de analizar fenómenos sociales en redes, sino de plantar los discursos políticos en nombre de la sociedad a través de cuentas falsas y bots, claramente es un atentado al orden democrático, además de no pasar ningún filtro ético ni moral que podamos establecer”.
Y agrega: “Hoy parte de la conversación pública sucede en redes sociales y muchas veces nos encontramos discutiendo con mucho fervor y hasta ira con cuentas que no son personas reales, y no estamos conscientes de ello”.
A partir del relevamiento inicial de Ruido y CONNECTAS, un equipo del Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad (CIECS) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCS-UNC) seleccionó una muestra de 107 cuentas para analizar.
El equipo descargó los contenidos de esas cuentas -abarcó del 1 de enero al 13 de octubre de 2025- con software especializado en grandes volúmenes de datos para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo automatizado de los perfiles.
Así, el estudio identificó que las cuentas relevadas en tres provincias (Córdoba, Mendoza y Salta) tienen un nivel “alto” de sospecha tanto en sus perfiles como en su actividad. En otras cinco el nivel sospechoso es “medio” (La Rioja, Buenos Aires, CABA, San Juan y Santa Fe) y en una el nivel es “bajo” (Chubut). Del resto, hay 9 provincias (Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego) donde la cantidad de información recolectada es “insuficiente” como para hacer una interpretación concluyente.
Además, en otras dos provincias (Jujuy y Catamarca) no se validaron cuentas sospechosas y en tres (Formosa, La Pampa y Misiones) no se pudo recabar información porque las cuentas de X de los gobernadores tienen restringidos los comentarios.
El informe del CIECS explica de manera meticulosa los hallazgos, provincia por provincia. En general revela una escasa presencia de bots (cuentas automatizadas), por lo que en la mayoría de los casos se trata de usuarios creados de forma manual que, en algunos casos, asumen una identidad falsa.
El “perfil” de los perfiles falsos
“Somos una provincia modelo! Felicitaciones @alfredocornejo”, responde @petisoJorge a un posteo del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, sobre un almuerzo al que asistió el 9 de octubre de 2025 en San Rafael. El usuario no tiene biografía y su foto de perfil es la de un hombre en una fuente de Cataluña, copiada de un periódico local. Tiene dos seguidores y su corta vida fue de 5 meses: inició en mayo de 2025 y terminó el día después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, igual que otras 20 cuentas de las 100 relevadas inicialmente por Ruido.
De ese total, 60 perfiles fueron creados entre 2024 y 2025, 26 de ellos en mayo de 2025. Al menos 67 carecen de foto de perfil humana, y 86 carecen de biografía identificatoria.
Mendoza es otra de las provincias calificadas con un nivel “alto” de sospecha de creación de perfiles “oficialistas” que interactúan con la cuenta del primer mandatario, según el informe del CIECS.
De las 13 cuentas analizadas por ese equipo de expertos, la mitad incluye nombres de usuarios con secuencias de números (esto suele indicar una cuenta falsa, automatizada o creada masivamente para spam, estafas o manipulación en redes sociales) tienen su ubicación en Mendoza, todas tienen muy pocos seguidores y siguen a muy pocas cuentas.
En cuanto a su comportamiento, sólo postean contenidos vinculados al oficialismo provincial; casi todas sus interacciones son con la cuenta del gobernador Alfredo Cornejo y, en menor medida, con otros/as funcionarios/as locales.
El acceso a la pauta publicitaria provincial es muy parcial: apenas permite encontrar la cantidad ejecutada por trimestre, pero nada deja ver sobre las empresas contratadas.
En mayo de 2025, un medio local (elmedio.com) habló del “troll center” del gobernador Cornejo. Ya en 2023, otro medio -MendozaToday- había publicado un artículo que relevó cuentas falsas que habrían beneficiado al ganador de esos comicios: el actual gobernador Cornejo.
Como toda respuesta al pedido de acceso a la información (PDI) -que buscaba conocer la versión oficial sobre estas prácticas-, el gobierno de Mendoza remitió al sitio en donde se ve la ejecución presupuestaria trimestral, pero no dijo nada sobre las demás cuestiones consultadas.
Tampoco respondió el PDI el gobierno de Salta, el tercer caso de categoría de sospecha “alta”.
Según el trabajo del CIECS, la mayoría de los perfiles de las cuentas analizadas para esta provincia no tienen ubicación ni biografía, cuentan con muy baja cantidad de seguidores y seguidos y presentan fotos de perfil genéricas.
Por otra parte, todas las cuentas tienen a la gestión de la provincia de Salta como único tópico y a la cuenta del gobernador Gustavo Sáenz y otras relacionadas al oficialismo provincial como interacciones centrales.
De los 100 perfiles relevados por Ruido en la primera muestra, 20 habían sido creados en mayo de 2024.
Pautas millonarias y consultoras cuestionadas
La cuenta del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri- es otra donde se pueden ver comentarios de cuentas que promueven a coro la gestión oficial.
El informe del CIECS la califica con un nivel de sospecha “medio”, aunque “la mitad de las cuentas (en X) tiene actividad casi todo el día, lo que permitiría suponer que se trata de cuentas automatizadas u operadas por más de una persona en diferentes horarios”.
“Lo volvemos a votar!!! ”, comenta @emma_smich66045 en el reposteo de una entrevista a Jorge Macri. Esta cuenta se creó en noviembre de 2024, carece de cualquier descripción de identidad y la foto de perfil es la del Obelisco. Sus interacciones son de dos tipos: comentarios con elogios a cualquier publicación del jefe de Gobierno porteño o del ex presidente Mauricio Macri, así como republicación de esos contenidos oficiales. No se disimula con ningún otro tipo de contenido. Al mismo tiempo, también actúa criticando cualquier medida del gobierno nacional o de Javier Milei. Este patrón se repite en otros seguidores.
CABA es el distrito con más pauta publicitaria oficial del país presupuestada en 2025: más de $76 mil millones (U$S52 millones).
En su respuesta al PDI, el gobierno porteño niega que se contraten consultoras o empresas para promover al gobierno o a funcionarios. Y afirma que “la utilización de los perfiles del jefe de Gobierno y funcionarios de las redes sociales para la comunicación de gobierno se realiza exclusivamente para aprovechar los seguidores de cada uno de ellos como un medio más, a lo que se suma periódicamente la interacción natural con los usuarios en los posteos de las diferentes cuentas”.
Pero esto es imposible de verificar, ya que en el portal de datos BA Data sólo se puede acceder a las pautas publicitarias hasta 2023. Faltan las de 2024 y 2025. Sí se informa que el gobierno de CABA aprobó una licitación para la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, entre cuyas beneficiarias se encuentra la empresa Epoge (con $510.620.683).
Esta consultora aparece relacionada con varias administraciones provinciales. Su contratación por parte del gobierno de Río Negro motivó un pedido de informes de un legislador opositor. “Weretilneck paga con recursos públicos a una consultora cercana a Milei por acciones netamente proselitistas y partidarias”, afirmó en esa oportunidad el diputado provincial José Luis Berros.
El legislador le dijo a Ruido que el gobierno provincial pidió una prórroga para contestar el pedido de informes en octubre de 2025, pero el plazo para hacerlo ya se venció, sin que haya respuesta.
La firma Epoge, dedicada a la comunicación política, es cuestionada por sus vínculos con administraciones del gobernador Rolando Figueroa, en Neuquén; con la intendencia de la kirchnerista Mayra Mendoza, en Quilmes (provincia de Buenos Aires); o con la gestión nacional del ex presidente Alberto Fernández.
A Epoge también se la menciona como una empresa ligada a allegados al asesor presidencial Santiago Caputo.
Ruido y CONNECTAS intentaron contactar a esta empresa para que responda sobre esos nexos, pero no fue posible hallar ninguna forma de contacto en ninguna plataforma, ni existe algún website de la compañía.
En el caso de Río Negro, pese a que el informe del CIECS muestra que las cuentas analizadas tienen en común menciones y/o alguna interacción con el gobernador Wereltineck, se señala que “la información relevada es insuficiente para hacer afirmaciones más concluyentes”.
De todas maneras, existen informes periodísticos sobre cuentas de seguidores del oficialismo. Según un relevamiento del medio Literal, al menos 97 de 230 comentarios compartidos en una publicación de Instagram -replicada en las cuentas del gobernador, entre otros funcionarios provinciales- corresponden a posibles bots. El gobierno provincial lo negó en su momento, pero Río Negro es una de las provincias que no respondió el PDI para esta investigación.
Provincias unidas por las mismas empresas
En Tucumán, esta investigación detectó cuentas sospechosas entre seguidores del gobernador Osvaldo Jaldo, aunque los datos fueron insuficientes como para ser analizadas por el equipo del CIECS.
Si bien el gobierno de esa provincia no respondió el pedido de acceso a la información, Ruido encontró entre las empresas contratadas a través de publicidad oficial, al igual que en Córdoba, a Madero Media Group. La empresa de Fernando Cerimedo también aparece como proveedora del gobierno de Entre Ríos.
Otra consultora polémica es Smart Consumer, propiedad de Guillermo Seita –armador del espacio político “Provincias Unidas”, que nuclea a los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Córdoba (Martín Llaryora), Chubut (Ignacio Torres), Jujuy (Carlos Sadir) y Santa Cruz (Claudio Vidal)- y de Gastón Douek, conocido como “el señor de los trolls”. Esta empresa ofrece servicios de publicidad, de consultoría de información y de comunicaciones y estudios de mercado, entre otros.
Smart Consumer y/o una de sus subsidiarias, Prosumia, tienen contratos de pauta oficial al menos en las provincias de Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, Tierra del Fuego y Chaco. En esta última provincia, un diputado pidió informes sobre posibles desvíos millonarios de fondos públicos para la contratación de usuarios ofensivos para redes sociales y plataformas de discusión como estrategia digital con fines proselitistas.
“Estas firmas han sido objeto de denuncias públicas por participación en campañas de desinformación, manejo de redes de cuentas falsas y operaciones digitales durante procesos electorales”, afirma en su pedido de informes el legislador Nicolás Slimel, quien informó a Ruido que aún no tuvo ninguna respuesta del gobierno
Ruido y CONNECTAS enviaron una consulta al único contacto de Prosumia que figura en la web, ya que el sitio de Smart redirige hacia el de Prosumia. Pero no hubo respuesta.
“Las campañas de trolls y granjas de bots hace tiempo que distorsionan el juego democrático instalando rumores, noticias falsas y generando indignación con determinados puntos sensibles de la sociedad”, explica Irina Sternik, periodista especializada en cultura digital. “A veces pueden ser cuentas anónimas orquestadas entre sí y otras, una estrategia de comunicación que incluye personas reales cuyo perfil en redes es el bait. O como dice la palabra del año (2025), el «rage bait» traducido como ‘carnada para producir ira’. Nada nuevo, pero cada vez más notorio”, agrega.
Para Delia Ferreira, “esta forma de manipulación del clima de opinión deteriora la calidad del debate, erosiona la representación, distorsiona la participación ciudadana; en definitiva: impacta de lleno en la calidad de la democracia”.
Quién paga las campañas positivas
A nivel nacional, LA NACION ya ha informado sobre consultoras y agencias especializadas en la creación de perfiles falsos relacionados con el presidente Javier Milei, ya sea para atacar a rivales o bien para promover a quienes pagan por eso.
En las provincias, uno de los interrogantes que despiertan los datos relevados en esta investigación es quiénes están detrás de estos perfiles que intentan construir una narrativa propia en las redes sociales de los gobernadores. Y cómo se financian.
Si bien no se las puede asociar directamente con la creación de perfiles oficialistas a cambio de recibir fondos públicos, el relevamiento de Ruido y CONNECTAS registró consultoras expertas en campañas digitales y/o promoción en redes que se contratan en al menos 9 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Tucumán).
Pero no hay respuestas concluyentes porque los gobiernos provinciales o bien lo niegan, o bien no responden, o bien ocultan la información sobre contrataciones a este tipo de empresas.
De los 24 pedidos de acceso a la información con preguntas relacionadas con estas contrataciones, sólo respondieron 7 de los 24 distritos, pero 5 de los 7 que contestaron lo hicieron con datos parciales y/o insuficientes. Sólo provincia de Buenos Aires y CABA respondieron la totalidad de lo requerido.
Jujuy es un caso curioso: la Dirección Provincial de Transparencia y Gobierno Abierto se declaró incompetente para responder. Argumentó normativamente por qué no respondería, y señaló además que la información sobre el manejo de las redes del gobernador “hace a la esfera privada de las personas”, como justificación para su silencio.
Este relevamiento también halló que la pauta publicitaria oficial es secreta en 17 provincias (es decir, en el 70% de los distritos), y en las restantes 7 el acceso y los datos son sólo parciales: en ninguno de los casos se puede acceder de manera plena a un listado completo de proveedores que incluya contratos o detalles específicos de tareas por las cuales se paga, ni existen filtros que permitan hallar fácilmente la información a un ciudadano no habituado a la búsqueda periodística.
¿Son efectivas estas campañas de propaganda?
La opinión sobre el efecto real de estas prácticas no es tan uniforme. “Lamentablemente, los mensajes en redes son muy efectivos para manipular audiencias, desde el caso de la persona imantada y anti-vacunas, hasta las cadenas ridículas de Whatsapp que circulan y que hacen dudar a quienes las reciben”, afirma Sternik.
Firtman, por su parte, cree que estos intentos de manipular audiencias “pocas veces resultan eficaces en ese objetivo porque requieren de muchísima inversión para lograr cambiar la narrativa; en los casos locales lo que vemos son intentos pequeños que no parecen torcer a la audiencia pero sí mejorar alguna métrica que luego alguna consultora, a veces la misma, le lleva al político para que vea cómo está mejorando su imagen”.
Soledad Segura, docente, investigadora en Comunicación e integrante del CIECS, asegura que X es una red no masiva, y que las restricciones recientes a cuentas bot y contenido de IA dificultan las estrategias de este tipo de campañas, aunque pueden incidir en “aumentar la visibilidad de publicaciones específicas mediante likes y reposteos”. Considera, de todos modos, que la comunicación no genuina “distorsiona el diálogo público, fomenta la desconfianza y dificulta la comunicación basada en verdad, justicia y sinceridad”.
Sternik, finalmente, propone la alfabetización digital como antídoto: “Al no haber reglas en redes ni tampoco sanciones por publicar falacias, mentiras, escraches o manipulaciones varias, creo que el único remedio es la alfabetización mediática y digital. Cuanta más gente sepa cómo funciona esa bomba de indignación, más difícil será que siga incidiendo en la audiencia”.
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El siguiente trabajo de investigación fue realizado por Ruido, una red nacional de periodistas, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles, con la asistencia de la plataforma Connectas.
Coordinación: Edgardo Litvinoff
Edición y acompañamiento editorial: Equipo CONNECTAS
Procesamiento de datos: Ezequiel Soria y Edgardo Litvinoff.
Relevamiento: Ezequiel Soria, Norma Devechi, Claudia Araujo, Eliana Coronel, Pablo Oro, Gabriela Sánchez, Judith Córdova, Luz Pérez, Agustín Mottet, Marcela Arce, Mariela Arias, Hugo Alonso, Silvina Guzmán Coraita, Juan Manuel González.
Equipo CIECS: María Soledad Segura, Valentín Basel, Bruno Filippi, Maia Soledad Gómez, Antonella Giuliana Giletta e Iván Santellán. Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad (CIECS), CONICET / UNC.
Ilustración principal: Fran de la Vega.
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POLITICA
Masivo cierre de expedientes por evasión a raíz de la sanción de la ley de inocencia fiscal

Los efectos judiciales de la denominada “ley de inocencia fiscal” se sienten con fuerza en el fuero penal económico, donde todas las fuentes consultadas por coinciden en señalar la existencia de un cierre masivo de expedientes tras la sanción de la norma y en tan solo 13 días de vigencia.
La ley fue aprobada junto al presupuesto 2026, a fines del año pasado, e incrementó en al menos un 3000% los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios, por lo que la enorme mayoría de las causas activas que tramitan en el fuero, afirman las fuentes, quedaron fuera del ámbito penal y comenzaron a caerse a un ritmo de entre 15 y 20 por día, o incluso más en algunos casos.
Con la nueva ley, la evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que representa en ambos casos un aumento del 6567%. Todavía más lejos fue el delito de evasión a través de terceros, que creció un 9900%, al pasar de $2.000.000 a $200.000.000.
“Son muy pocas las [causas] que pasan los montos”, explica un funcionario judicial en cuyo despacho quedaron apenas cuatro de las más de 300 causas que tenía, todas relativas al delito de facturación apócrifa.
El vaciamiento del fuero es un fenómeno todavía en curso porque si bien la nueva ley comenzó a regir el 2 de enero, su impacto en los tribunales empezó a sentirse recién en febrero, con el regreso de la actividad tras la feria judicial, por lo que solo estuvo operativa durante 13 días hábiles.
Así, un extendido universo de casos abandona los estrados judiciales para pasar a ser atendido en el ámbito administrativo, relativizando el problema de las vacantes que azota a la Cámara del fuero, con solo dos jueces en las seis vocalías.
Los fiscales y ARCA, alineados
Son al menos dos las vías por las que este grupo de causas comenzó a morir: o los abogados defensores presentan un escrito pidiendo quedar al amparo de la nueva ley o son los propios jueces, basados en el principio constitucional de la ley penal más benigna, quienes actúan de oficio y cierran los expedientes.
Los fiscales, en tanto, con el mismo criterio, o no apelan la decisión de los magistrados u optan directamente por hacer caer la acusación.
La tendencia de la mayoría de los representantes del Ministerio Público Fiscal durante los últimos años fue oponerse a la aplicación de ley penal más benigna cuando los montos punibles cambiaban o se “actualizaban” con el objetivo de no quedar tapados por la inflación. Fue la posicion que fijó el exprocurador Esteban Righi en 2012 o el actual, Eduardo Casal, en 2018.
La postura, sin embargo, se fue flexibilizando en los hechos porque las apelaciones de los fiscales se estrellaban contra el muro que la Corte Suprema fue construyendo con una serie de sentencias y que terminó de consolidar en 2021 con el fallo “Vidal”, que dejó asentado de manera definitiva que las nuevas leyes no eran “actualizaciones” de los montos sino normas sustantivas cuya aplicación debía ser retroactiva.
Ahora, además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio instrucciones precisas sobre el tema a sus funcionarios y equipos jurídicos. Tras la sanción de la ley, en su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos mínimos en la causas ya iniciadas.
“A diferencia de otras épocas, los fiscales y ARCA hoy están alineados”, señala el juez Marcelo Aguinsky, que tiene a su cargo dos de los once juzgados del fuero Penal Económico. En línea con el espíritu de la nueva normativa, el magistrado considera que también debería actualizarse el monto que divide la frontera entre una infracción aduanera del delito de contrabando, hoy fijado en 500.000 pesos.
Alivio para un empresario
La semana pasada, la Casación puso en movimiento la nueva ley, al revertir una condena contra G.G.M S.A, una empresa de calzado que era agente de retención y había quebrado, y su presidente, Guillermo Andrés Gotelli, condenado a dos años y seis meses de prisión.
En abril de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº2 los encontró culpables del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social en 29 períodos entre los años 2012 y 2015.
Sin embargo, el jueves pasado la Justicia dio vuelta la sentencia. La Sala III de la Casación sostuvo que los montos mensuales retenidos por la empresa en cada uno de esos periodos eran inferiores al nuevo umbral de $3.500.000, por lo que, en virtud de la nueva ley y el principio constitucional de la ley penal más benigna, no había delito.
Los camaristas Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani resolvieron “remitir la presente causa al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de esta ciudad a los fines de que resuelva acerca de la atipicidad de la conducta enrostrada a los nombrados”.
Los “peces gordos”
Los detractores de la ley sostienen que los nuevos montos son demasiado elevados y que se trata prácticamente de una “amnistía fiscal”, mientras que sus partidarios, como los jueces Aguinsky y Borinsky, argumentan que, con ella, el Estado concentra sus esfuerzos y recursos en perseguir penalmente solo a los “grandes evasores” y que el resto de los casos no quedan impunes, sino que se abordan desde una perspectiva administrativa, con sanciones o multas.
“La medida apunta a dotar de mayor coherencia al sistema y a delinear una política criminal verdaderamente focalizada en los grandes evasores”, marcó el juez Borinsky en una columna sobre el tema de reciente publicación.
“Al mismo tiempo, al desplazar los casos de menor entidad al ámbito administrativo, se favorece una resolución más ágil y eficiente orientada al cobro efectivo de las deudas, lo que incluso puede traducirse en una mejora de la recaudación fiscal”, escribió en Infobae.
Un caso contra “grandes evasores” es la denuncia que ARCA impulsó en diciembre contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que abrió la causa en la que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, entre otros dirigentes, fueron llamados a indagatoria por el juez Diego Amarante.
El monto total denunciado por ARCA asciende a más de 19.000 millones de pesos, que abarcan un total de 35 períodos mensuales reclamados, 18 son por retención tributaria y 17 por retención de aportes previsionales.
“ley de inocencia fiscal”,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
“Nos hacemos cargo”: Patricia Bullrich admitió un error del Gobierno en la inclusión del artículo de las licencias médicas

Patricia Bullrich reconoció el error en la inclusión del artículo sobre licencias por enfermedad en la reforma laboral que debate el Congreso, decisión que generó tensiones internas dentro del bloque oficialista y sumó un capítulo inesperado en la discusión de la ley impulsada por el Gobierno de Javier Milei: “Nosotros nos hacemos cargo”.
“Esta ley se trabajó entre el equipo nuestro del Senado y Legal y Técnica, fue como veinte llamadas por día. Puede ser que Legal y Técnica y el equipo, que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo, aunque le dijeron que no se metieran ahí, el equipo siguió», argumentó Bullrich en A24.
Aunque el polémico artículo 44, que habilitaba la reducción del salario de hasta el 50% por licencias, finalmente fue eliminado, la controversia evidenció discrepancias en la metodología legislativa adoptada para la reforma.
La reforma laboral, una de las apuestas de la actual administración, todavía aguarda por la sanción definitiva. Su tratamiento legislativo estuvo marcado por maniobras de último momento, presiones y falta de acuerdos sobre los puntos más sensibles para los trabajadores. El debate escaló especialmente por la aparición del artículo 44 en la versión final del proyecto.
Al referirse a la controversia, Bullrich reveló que el artículo sobre licencias por enfermedad estuvo presente desde la segunda versión del proyecto, fechada el 28 de enero. “Nosotros fuimos numerando las distintas versiones (de la ley). Los senadores que trabajaron con nosotros lo conocían. Incluso algunos lo discutieron, votaron en contra”, señaló la senadora. La dirigente insistió en que el objetivo era combatir las licencias que consideró fraudulentas, así como el “alto ausentismo” y “la industria de los certificados truchos”, considerados una fuente de ineficiencia en la administración pública y el sector privado.

Billeteras virtuales y pagos de salarios
Otro aspecto que generó debate fue la propuesta original de permitir el pago de salarios a través de billeteras virtuales. La cláusula se eliminó en la etapa final, tras evaluar su viabilidad y los riesgos asociados al sistema. Bullrich aclaró las razones técnicas y regulatorias detrás de la decisión: “No hay una sola billetera virtual. Hay 213 billeteras. Todas las cuentas de criptomonedas son billeteras virtuales. Para poder pagar un sueldo, vos lo tenés que cobrar del 1 al 5. Si te lo pagan el 6 quizás tenés problemas con alguna deuda. Por eso los bancos adelantan (el pago), porque tienen un descubierto con las empresas, y pagan en tiempo y forma”.
En torno a la solidez financiera de las plataformas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado subrayó la necesidad de garantizar condiciones similares a las de los bancos para proteger a los trabajadores: “(Las billeteras virtuales) Van a tener que tener las mismas condiciones de solvencia que tienen los bancos (…) Si un banco tiene algún problema, el Banco Central sale al rescate. Si una billetera tiene un problema, se cae. Y con ella se caen todos los empleados que tienen el sueldo ahí”.
A pesar de la remoción de dichos apartados, desde el gobierno creen que la normativa finalmente se convertirá en ley. En este sentido, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la iniciativa será aprobada el próximo viernes “con seguridad”. Y aseguró que el proyecto representa un giro necesario para la generación de empleo formal en una Argentina marcada por la persistente informalidad y el estancamiento en la creación de empleo durante más de una década. Además, sostuvo que el cambio legislativo apunta a revertir décadas de retroceso.
POLITICA
Tres gobernadores aliados de Milei articulan una estrategia común, pero con bloques legislativos separados

CÓRDOBA.− Con el salteño Gustavo Sáenz a la cabeza, los gobernadores del norte se convirtieron en una pieza clave para la estrategia de la Casa Rosada en el Congreso. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei han sido privilegiados en los contactos y también son los que se mostraron más dispuestos a que sus legisladores acompañen proyectos del oficialismo. En paralelo, hacen su propio juego y buscan acercarse a otros mandatarios provinciales.
Aunque muchas veces coinciden en reclamos o planteos, Sáenz, Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) no avanzan en contactos con sus pares de Provincias Unidas, que en materia legislativa aparecen con posiciones heterogéneas. Con los peronistas kirchneristas las diferencias son notorias; no hay acercamiento con Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) ni con Sergio Ziliotto, aunque de ese grupo el pampeano es el que mantiene diálogo institucional con la Nación.
Hubo conversaciones para generar un “interbloque norteño”, pero todavía no hubo nada concreto. Incluso en esos contactos, Sáenz sumó al misionero Hugo Passalaqua y al neuquino Rolando Figueroa, también frecuentes aliados de la Cas Rosada.
El gobernador santiagueño Elías Suárez, delfín de Gerardo Zamora, deja en manos del senador nacional la estrategia. Como con el pampeano Ziliotto, el ministro del Interior, Diego Santilli, ha tenido contacto con el exmandatario, pero a la hora de la votaciones en ninguno de los dos casos adhirieron a las iniciativas libertarias.
Sáenz viene endureciendo sus críticas a Cristina Kirchner y puso en duda el funcionamiento del Partido Justicialista (PJ). “Estamos cansados de que la señora digite a dedo todo lo que tiene que hacer”, dijo, y sostuvo que “hay que terminar con estos gestos de autoritarismo que no nos hacen nada bien”. En esa línea, recordó las intervenciones partidarias en distintos distritos, como Salta, Jujuy y Misiones, que, según afirmó, terminaron teniendo un alto costo electoral. “Hay que intervenirle a ella”, desafió.
Sin mencionar directamente a Kicillof, Sáenz afirmó que “de una vez por todas le tienen que dar la oportunidad a la gente de renovar el partido que terminaron destruyendo”. El bonaerense no ha logrado, hasta ahora, construir una relación con sus pares. Nunca avanzó en ese sentido, ni siquiera durante la administración de Alberto Fernández, cuando las provincias buscaban alinearse.
En el medio de los desencuentros generales que la CGT tuvo con los gobernadores por el proyecto de reforma laboral, tampoco pudo concretar un encuentro con Sáenz, Jaldo y Jalil. No solo eso, el tucumano cuestionó a la central obrera el día de la huelga. “Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales“, dijo el jueves pasado. Un ruido más dentro del peronismo.
Aunque cada uno de los tres gobernadores norteños tienen sus propios bloques legislativos, en el caso de la reforma laboral actuaron en tándem; incluso en enero, antes del inicio de las sesiones extraordinarias, se reunieron todos con Santilli para negociar el acompañamiento al proyecto. Lo que plantearon no dista de lo que, desde hace dos años, vienen insistiendo todos los mandatarios provinciales, incluso los aliados electorales de La Libertad Avanza (LLA): ejecución de obras y mantenimiento de rutas nacionales y reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).
Puntualmente sobre el tema laboral, antes de su primer paso por el Senado, advirtieron que no acompañarían la baja de Ganancias para las empresas que impactaba en la coparticipación y, una vez en Diputados, fueron por la eliminación del artículos que modificaba las licencias médicas.
Por el momento, la decisión es mantener los bloques legislativos que les responden tal como están, separados. Sáenz sumó a Innovación Federal (creado a partir de partidos provinciales) dos diputados más (Claudio Álvarez, de San Luis, y Gerardo González, de Formosa, que vienen de las boletas de La Libertad Avanza y no responden a los gobernadores de sus provincias). Ahora son nueve diputados y una senadora.
Por su lado, Jaldo mantiene su propio bloque Independencia (una senadora y tres diputados) y Jalil tiene en Diputados a Elijo Catamarca, integrado por los tres legisladores que retiró de Unión por la Patria después de la elección del año pasado.
En ese esquema de alianzas y divisiones permanentes entre los gobernadores, a la Casa Rosada se le facilitan las negociaciones y puede seguir con el esquema de buscar acuerdos individuales para determinados proyectos, como lo viene haciendo.
acompañen proyectos del oficialismo,Sáenz sumó,Gabriela Origlia,Gustavo Sáenz,Osvaldo Jaldo,Raúl Jalil,Conforme a,,Caso $LIBRA. El juez rechazó como querellantes a dos bielorrusos que reclaman más de US$ 2 millones,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales,,Histórico. El Senado celebrará tres sesiones en una misma semana,Gustavo Sáenz,,Aliados de LLA. El bloque Innovación Federal sumó dos diputados de la mano del salteño Sáenz,,¿Con qué necesidad?,,Presión. Denuncian amenazas a legisladores peronistas que apoyen el proyecto de reforma laboral
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