El Gobierno confirmó que apelará el fallo que ordena restituirle la pensión de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner. El Ejecutivo presentará en el corto plazo un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema revise la decisión que suspende la baja del beneficio dispuesta por la ANSES.

La decisión fue adoptada por la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que hizo lugar a la apelación presentada por la exmandataria y ordenó restablecer de manera provisoria la pensión como viuda del expresidente. El fallo fue firmado por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque, mientras que la magistrada Nora Dorado no votó por encontrarse de licencia.

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En su sentencia, el tribunal declaró admisible el recurso de Cristina Kirchner y dispuso suspender los efectos de la resolución 2024-1092 de la ANSES en relación con la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. La medida tiene carácter cautelar y rige de manera provisoria.

Los camaristas consideraron que la suspensión del beneficio previsional podía generar un perjuicio de difícil reparación y remarcaron el carácter alimentario de la prestación. También señalaron que la validez de la baja dispuesta por el organismo previsional deberá analizarse en profundidad al resolver el fondo de la causa.

El Gobierno dio de baja dos prestaciones que percibía la exmandataria -la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta- luego de la confirmación de la condena en la causa Vialidad en 2024. El organismo fundamentó la decisión en cuestiones vinculadas a incompatibilidades y a la situación judicial de la exfuncionaria.

Con la resolución de la Cámara, Cristina Kirchner volverá a cobrar provisoriamente la pensión derivada del fallecimiento del exmandatario, mientras que la jubilación como exjefa de Estado permanece suspendida. La restitución regirá hasta que haya una sentencia definitiva en el expediente.

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El recurso extraordinario federal que anunció el Ejecutivo será presentado ante la propia Cámara como paso procesal previo a una eventual intervención de la Corte. Se trata de una vía excepcional destinada a que el máximo tribunal revise sentencias por presuntas violaciones constitucionales o federales.

Si la Cámara concede el recurso, el expediente será elevado a la Corte para su análisis. En caso de rechazo, el Estado podrá recurrir en queja ante el máximo tribunal, que tendrá la última palabra sobre la admisibilidad y el alcance de la revisión del fallo. El texto lo están trabajando los equipos legales de la ANSES.

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Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego solicitaron formalmente este jueves al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT).

El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca establecer una sesión presencial y exclusiva para analizar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las autoridades laborales de estos distritos sostienen que el debate no debe agotarse en el Congreso, debido al impacto fiscal y en el esquema de inspección que la normativa tendría en cada jurisdicción.

En el documento presentado, los firmantes recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, plazo que consideran imperativo ante la magnitud de los cambios propuestos.

Los ministros provinciales enfatizaron que sus territorios son protagonistas en la gestión de la conflictividad laboral diaria y que sus posiciones deben ser incorporadas. Según expresaron en la nota enviada a la Secretaría de Trabajo: “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, cuyos senadores votaron en contra de la reforma.

Sin embargo, el reclamo también incluye a Misiones, provincia que aportó dos votos clave para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta a través de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A pesar de estas diferencias políticas, las seis jurisdicciones coincidieron en que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional y que sus realidades regionales deben ser escuchadas.

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