POLITICA
Litio con beneficios exclusivos: Sáenz celebra el primer proyecto minero aprobado por el RIGI
En medio de cuestionamientos crecientes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró públicamente la aprobación del primer proyecto minero del país bajo ese esquema, a cargo de la multinacional Rio Tinto, en el Salar de Rincón, departamento Los Andes.
“Desde el Norte, Salta se consolida como líder en minería responsable”, aseguró Sáenz, destacando la generación de empleos y la promesa de crecimiento económico para la provincia. Sin embargo, mientras el mandatario salteño aplaude la llegada de dólares, organizaciones ambientales, comunidades originarias y sectores académicos alertan por las consecuencias a largo plazo de estos acuerdos que garantizan beneficios fiscales, libre disponibilidad de divisas y escasos controles por 30 años.
El proyecto, que prevé una inversión de 2.700 millones de dólares para alcanzar una capacidad de producción de 60.000 toneladas anuales de litio grado batería, es el primero del sector minero aprobado dentro del RIGI. La empresa proyecta construir una planta procesadora en plena Puna salteña a partir de este año.
Rio Tinto —la segunda minera más grande del mundo— se consolida como un actor dominante en el negocio del litio argentino, tras haber adquirido a Acardium Lithium y operar ya dos de los seis proyectos en producción en el país. Su expansión en Salta, celebrada en el marco de la feria ArminerA, representa también un símbolo de la profundización del modelo extractivista en el norte argentino.
El costo invisible del «progreso»
Aunque el gobierno provincial resalta la generación de empleo y el ingreso de divisas, los cuestionamientos apuntan a los impactos ecológicos de la megaminería, especialmente en zonas como el Salar de Rincón, donde el equilibrio hídrico es frágil y la explotación del litio implica el uso intensivo de agua, recurso escaso en la región.
Además, las condiciones del RIGI permiten a empresas como Rio Tinto repatriar utilidades sin restricciones, importar bienes sin aranceles y eludir regulaciones locales, debilitando la capacidad del Estado para incidir en el control de los recursos estratégicos.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció este domingo sobre el traslado del empresario Lázaro Báez. La funcionaria ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción, desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza por orden judicial, en respuesta a denuncias sobre su paradero.
En una entrevista con Luis Majul en LN+, la funcionaria desmintió las versiones y denuncias sobre una presunta desaparición del empresario. La familia de Báez realizó la denuncia, difundida en redes sociales por Diego Brancatelli, quien aseguró que los abogados desconocían la situación. Bullrich ofreció otra versión de los hechos.
Gustavo Barabino Winfo
“La Justicia le ordenó al Servicio Penitenciario el traslado de Lázaro al CP1, la cárcel de Ezeiza. Por una cuestión determinada, que la pista no estaba en condiciones, una parte del trayecto se hizo en un auto especial y la otra en avión. El abogado fue avisado”, explicó la ministra.
Subrayó que el movimiento del empresario entre las dos unidades penitenciarias se realizó de manera correcta. “Fue trasladado en regla de un penal a otro”, afirmó y añadió que el Gobierno esperó para responder a las acusaciones. “Ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre generan mentiras”, sostuvo.
La decisión del regreso del empresario a la cárcel de Ezeiza la tomó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. El magistrado rechazó durante la semana una acción de hábeas corpus que presentó la defensa de Báez, que solicitaba la prisión domiciliaria por sus delicadas condiciones de salud.
Vázquez consideró que las actuales condiciones de detención del empresario no agravan su estado de salud. No obstante, solicitó la realización de los estudios cardiológicos requeridos en hospitales locales. Dispuso finalmente el traslado a Buenos Aires en función de su cuadro general.
gentileza
Desde Córdoba, donde acompañará al presidente Javier Milei este lunes en un acto de campaña, Bullrich también se refirió a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires cuestionó el accionar de algunos partidos que buscaron confundir al electorado.
“Apoyamos a nuestros candidatos en Córdoba, que están un poco preocupados porque acá ha habido una maniobra del sector del peronismo que puso una boleta casi idéntica a la de LLA”, dijo la funcionaria. “Acá en Córdoba hay un fake que se hace llamar ‘Partido Libertario’, con el mismo color que el nuestro, y la Justicia lo dejó pasar. Por eso hay que aclarar que LLA va en la 13° posición en la boleta de Córdoba», precisó.
Mauro V. Rizzi
La coalición de Fuerza Patria, liderada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, planea un reclamo ante la Justicia electoral para un conteo de votos diferenciado por provincias. Bullrich criticó la posibilidad de que otros partidos peronistas sumen sus votos al total del kirchnerismo sin una alianza formal.
“El que no es de Fuerza Patria… ¿quién lo suma? ¿Con qué criterio se puede sumar a alguien que va con otro partido que no es de Fuerza Patria? Hubieran hecho la alianza antes. Si no, se genera una situación desigual”, criticó.
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ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción,Audiencia,Patricia Bullrich,Lázaro Báez,,»Solo se ejecuta cuando se necesita». Milei habló sobre el swap de monedas con Estados Unidos,,Tras un reclamo del PJ. La Justicia obligará a que los votos se cuenten por distritos y no a nivel nacional el domingo,,Duras críticas. La reacción del gobierno de Kicillof al swap con el Tesoro: “Este es un gobierno títere de EE.UU.”,Audiencia,,»Es fantástico». “Ozempic argentino”: el remedio “estrella” para bajar de peso y por qué es tan revolucionario, según un especialista,,Laurta fue trasladado a Córdoba. Qué se sabe del doble femicidio de Córdoba y cómo sigue la investigación hoy, lunes 20 de octubre,,En vivo. Elecciones Argentina 2025: encuestas, final de las campañas y el minuto a minuto
POLITICA
El oficialismo abrió una mesa de negociación para discutir el Presupuesto 2026 y la oposición reclama la presencia de Luis Caputo
El presidente de Diputados, Martín Menem, convocó a su oficina en el Congreso a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y a José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo y uno de los funcionarios de mayor contacto con los bloques parlamentarios. A ellos se sumó Bertie Benegas Lynch, presidente de Presupuesto y Hacienda. E invitó a los representantes de casi todos los bloques políticos. ¿El objetivo? Discutir la presentación del Presupuesto 2026.
En La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni aseguró que los funcionarios son quienes llevarán adelante la discusión presupuestaria con los diputados de la oposición. En la reunión en el despacho de Menem participaron Silvana Giudici y Daiana Fernández Molero del Pro; Pamela Verasay, Karina Banfi, Lisandro Nieri y Martín Tetaz de la UCR; Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Pablo Juliano y Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; Eduardo Falcone del MID, Pablo Cervi y Martín Arjol de Liga del Interior y José Luis Garrido de Por Santa Cruz.
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En Unión por la Patria rechazaron cualquier tipo de invitación por fuera de la Comisión de Presupuesto y negociaciones paralelas. Germán Martínez, jefe de la bancada, señaló: “Nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El Presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuesto”.
El diputado Christian Castillo del Frente de Izquierda manifestó: “No recibimos invitación alguna al respecto. Saben que desde el Frente de Izquierda no seremos parte de la coalición que están impulsando Trump y sus enviados para sostener este plan de entrega nacional. No somos gatitos mimosos de la embajada ni del poder económico”, posteó en las redes.
Las posturas en la reunión
Los funcionarios escucharon varios planteos de los diputados. La postura de la oposición y de los gobernadores es que haya Ley de Presupuesto. También, que desde el Poder Ejecutivo se avale pedidos de los mandatarios provinciales para que las provincias puedan endeudarse por medio de créditos externos. Además exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Parlamento. En este último punto, Martín Menem se comprometió a hacer las gestiones ante el Palacio de hacienda.
También pidieron asegurar las partidas presupuestarias destinadas a las tres leyes que sancionó el Congreso: Emergencia en Discapacidad; Financiamiento para el Hospital Garrahan y para las Universidades Nacionales. Pero no encontraron respuestas positivas: “Eso lo decide el Poder Ejecutivo”, plantearon en el oficialismo.
El oficialismo se llevó las intenciones de diferentes sectores de debatir el proyecto de Presupuesto, más allá del 4 de noviembre, la fecha que estableció el recinto para firmar los dictámenes correspondientes. Eso dependerá del avance de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez dijo: “Desde Provincias Unidas fuimos al diálogo convocado por el Gobierno Nacional para tratar el Presupuesto, con la mejor predisposición. Pero dialogar no es aceptar imposiciones: pedimos que se respeten las leyes aprobadas, que se incluyan los temas que afectan a las provincias —como las cajas de jubilaciones y los sectores productivos— y que se construya un presupuesto federal y realista. Si el Gobierno insiste en desconocer esos reclamos, lo único que demuestra es su desconexión con la realidad».
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Pablo Juliano de Democracia para Siempre, aseguró: “Me gustaría ver que la semana que viene haya la misma predisposición al diálogo, que no se vea interrumpido. Es obligación nuestra como legisladores conseguir una ley de Presupuesto para el año que viene y vamos a agotar todas las instancias”.
El debate del Presupuesto
Este martes a las 13 el Presupuesto nacional será defendido por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y por el de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, ambos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, postergando, para dentro de una semana, al secretario Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.
El Presupuesto 2026 fija 4,8 billones de pesos en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206. El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.
Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.
Presupuesto 2026, Martín Menem, Oposición
Cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía que creó el kirchnerismo Energía Argentina S.A. (Enarsa) fueron condenados por fraude tras un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad en los hechos a cambio de penas de entre dos años y dos años y medio de prisión en suspenso. Aunque luego uno de los condenados desconoció el acuerdo y buscó apelar la condena ante la Cámara de Casación, pero le rechazaron el recurso intentado.
La maniobra consistió en que uno de los funcionarios contrató a la empresa de su esposa para controlar refinerías de combustible. El fallo fue dictado por el juez federal Néstor Costabel integrando el Tribunal Oral Federal N° 2 que homologó el juicio abreviado contra Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios por defraudación por administración fraudulenta.
El mismo fallo declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, al ser acusados de violación de los deberes de funcionarios públicos, que tiene una menor escala penal. Se llegó al juicio abreviado merced a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
Los acusados contrataron a la empresa P&D Control Group S.R.L., para la inspección de plantas refinadoras, pero la firma estaba constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Claudio Miguel Fernández, uno de los condenados. El concurso privado de precios COMB. 03/2010 culminó con la adjudicación arbitraria a P&D Control Group S.R.L. por un monto de $1.080.000 del año 2010, que excedió las condiciones de contratación y eludió el proceso competitivo.
El principal acusado en este juicio fue el extitular de ENARSA, Exequiel Espinosa, quien falleció el 30 de septiembre de pasado por una afección pulmonar en la clínica de Córdoba donde estaba internado. Espinoza era en aquel momento un hombre de confianza de Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner.
La acusación giró en torno a maniobras irregulares en el proceso de contratación efectuado por Enarsa en 2010. La Fiscalía imputó a varios funcionarios por haberse interesado directamente en la adjudicación del servicio de inspección de plantas refinadoras a la empresa P&D Control Group S.R.L. Se comprobó que Claudio Miguel Fernández se interesó en la contratación con P&D Control Group S.R.L., una empresa constituida por su esposa, Paula Gabriela Merlo.
El juez Costabel, en su sentencia, resolvió condenar a Fernández a dos años y seis meses de prisión en suspenso y al resto de los acusados, Tagle, teso y Palacios a dos años. Los consideró coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal consideró que todos actuaron de manera coordinada desde el interior de ENARSA para concretar la contratación irregular.
Dadas las características del hecho, la calidad de funcionarios públicos y el nivel educativo de los acusados se consideraron agravantes, pero se aplicó la ejecución condicional de la pena debido a la falta de antecedentes penales condenatorios. A los condenados se les impuso, por el término de la condena, la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Pese a haber aceptado y ratificado el acuerdo de juicio abreviado, Rodrigo Maximiliano Palacios posteriormente desconoció sus términos y buscó recurrir la sentencia en Casación. Pero el recurso finalmente le fue negado por el juez Costabel.
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