La investigación, como había informado hace casi dos años, comenzó de una manera similar al inicio del expediente que descubrió una millonaria defraudación en la Legislatura bonaerense, donde una organización delictiva cobraba el sueldo de supuestos “ñoquis”: dos personas que extraían dinero de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito. El horario de las extracciones y la cantidad de operaciones llamó la atención de un policía que recorría la zona para prevenir delitos y derivó en una pesquisa que puso al descubierto una asociación ilícita que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero que recibían los beneficiarios. Ahora, después de un juicios abreviado, los sospechosos fueron condenados.

Así lo informaron a fuentes judiciales. La jueza Cinthia Oberlander, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteo N°5, condenó a José Roberto R., apodo Jota y de 57 años; Maximiliano Gabriel H., de 31, y Eduardo Alberto G., de 58 y empleado de la provincia de Buenos Aires, a la pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño.

Los tres condenados habían sido procesados en mayo de 2024 por la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola. “Los sospechosos realizaban las acciones necesarias para captar a los posibles beneficiarios del programa bajo las condiciones exigidas por la organización, gestionar su ingreso y, luego, ir con cada uno de ellos a retirar la tarjeta de débito y los tickets de la primera extracción, a fin de poder rendir cuentas a los organizadores y/o jefes que les daban las indicaciones, para luego, continuar percibiendo de forma mensual e ilegítima, la mitad de cada uno de esos haberes, y lograr que la cantidad de víctimas y de asistentes a las manifestaciones sociales creciera”, sostuvo, en su momento, la magistrada.

La investigación, en la que intervino la fiscal Marcela Sánchez, se inició los primeros días de diciembre de 2019, pocas horas después de la situación advertida por el policía Diego Barone en el sector de cajeros automáticos de la sucursal del Banco Nación situada en Callao al 100, en el barrio porteño de San Nicolás.

“Barone, quien se encontraba cumpliendo tareas de prevención de ilícitos en esa zona, observó que dos hombres habían ingresado a dicha entidad bancaria y habían comenzado a operar en los cajeros automáticos que allí se encontraban emplazados con diferentes tarjetas de forma consecutiva, retirando dinero. Barone, al declarar como testigo, dijo que luego de ello, los imputados se habían retirado del lugar y, tras dos o tres minutos, habían ingresado nuevamente y se dirigieron a los cajeros automáticos y habían continuado operando con diferentes tarjetas, extrayendo dinero de cada una de las operaciones. Que frente a ello, en el entendimiento de que las operaciones realizadas podían encontrarse relacionadas con tarjetas robadas, hurtadas y/o clonadas, había procedido a la identificación de los imputados, a fin de constatar su identidad y determinar si las tarjetas que se encontraban operando eran de su propiedad”, según el expediente judicial.

Al acercarse a los sospechosos, el uniformado advirtió que en el cajero automático se podía leer: “bienvenida Alejazndra Claudia A.” y en poder de uno de los hombres secuestró seis tarjetas “las cuales poseían inscripto con marcador indeleble un número de cuatro cifras”.

Pocas horas después, la jueza Provítola ordenó allanar los domicilios de los sospechosos donde se secuestraron elementos de importancia para la causa, como “una nota manuscrita que decía ‘MAXI TOTAL 156.000′, una tarjeta no identificada del Banco Nación y documentación”. Una de las anotaciones estaba encabezada con la leyenda “para compartir” y tenía varios nombres de supuestos beneficiarios de planes sociales.

En su momento, fuentes judiciales habían informado a que los tres sospechosos procesados eran “punteros políticos” o “referentes sociales” en barrios del conurbano.

Víctimas

En la sentencia se hizo referencia a 20 víctimas, quienes declararon que le tenían que entregar a los sospechosos la mitad del dinero que extraían de los cajeros automáticos.

Se trataba de beneficiarios de lo que se llamaba Programa de Inserción Social con Trabajo (PIST) del por entonces Ministerio de Desarrollo Social del gobierno nacional, quienes recibían el dinero en cuentas del Banco Nación.

“Considero como agravantes la gran cantidad de víctimas y que se aprovecharon de su vulnerabilidad, en tanto cumplían con los requisitos exigidos por la norma para acceder a un plan social”, sostuvo la jueza Obelander.

Y agregó: “Se ha probado que todos los intervinientes han tenido un rol activo en los eventos bajo análisis, habiendo planificado y concretado una clara distribución de funciones durante su ejecución para lograr el éxito de las maniobras fraudulentas”.

En la etapa de juicio, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi.

Un tribunal de alzada revocó la decision de primera instancia que había ordenado el desalojo y “lanzamiento” del inmueble donde funcionaba la fábrica de neumáticos Fate, situado en San Fernando, que había sido ocupada por los trabajadores después del anuncio del cierre de la firma y el despido de más de 900 empleados.

Así lo informaron a fuentes judiciales. La decisión fue tomada hoy por unanimidad por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, quienes resolvieron sobre la apelación presentada por Manuel Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

El sindicato había apelado la resolución del juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, quien tras un pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida, había ordenado el desalojo del inmueble situado en Blanco Encalada 3003, en Virreyes, en San Fernando.

El representante del Ministerio Público Fiscal había cuestionado la toma de las instalaciones por parte de los trabajadores, quienes ingresaron a la planta mediante “violencia y en forma clandestina”. Aseguró que “turbaron la pacífica e ininterrumpida posesión que detentaban sus propietarios”.

El gobierno nacional había dispuesto la conciliación obligatoria y que “se retrotraiga la situación al estado previo” a las desvinculaciones.

En su apelación, según se desprende del expediente judicial, Crespo, representado por la abogada Liliana Alaniz, explicó que “ante un intempestivo cierre de la fábrica, sin notificación al sindicato y con incumplimiento de un compromiso” por el cual la “parte empresaria se comprometió a no despedir personal hasta junio del presente año”, los trabajadores “se encontraron ante un hecho unilateral” que el gremio definió como un «lock out patronal con cierre del establecimiento y despido de la totalidad de los obreros de la empresa». Por eso, según el sindicato, los trabajadores desarrollaron “una legítima ocupación pacífica de las instalaciones de Fate”.

Al resolver, los camaritas afirmaron: “Se trata de una causa en la que el motivo que habría llevado a la actual situación es la pérdida de la fuente laboral de un grupo de entre 900 y 1000 empleados. Más allá de lo que corresponda resolver sobre el fondo y de reconocer que el conflicto importa también una posible afectación al derecho de propiedad, también es cierto que la afectación de un derecho constitucional con relación a los trabajadores, a quienes se lanzaría del inmueble, importaría un gravamen irreparable que justifica ingresar al tratamiento del presente recurso”.

Y sostuvieron: “La situación compleja que ha generado el hecho del cierre de la empresa Fate y de ocupación del espacio de trabajo por parte de los operarios que allí laboran, es un hecho público y notorio. La decisión del juez garante [por Rossignoli] privilegia el derecho de propiedad y entiende que la preservación del derecho de huelga no debe importar en el caso la afectación del derecho de propiedad. Como también es público y notorio, las posiciones en conflicto entre trabajadores y empleador están siendo motivo de intervención por parte del Ministerio de Capital Humano en instancias de conciliación que aún no han finalizado. De eso es lo que el apelante se queja, pues entiende que la decisión adoptada por el Juez garante no ha tenido en cuenta el desarrollo de las negociaciones destinadas tanto a la recuperación de los puestos de trabajo como al cese de la ocupación”.

En el fallo, los jueces destacaron que en su presentación, Crespo [que está imputado en la causa] explicó que “no es su intención usurpar el inmueble ni poner en riesgo las instalaciones, sino que se trata de una medida derivada de su rol de representante sindical”.

Entonces, al resolver, Stepaniuc, Cayuela y Pitlevnik afirmaron: “Se aprecia entonces que, al menos hasta el momento, la negociación entre las partes, no sin inconvenientes, se encuentra cursando los carriles administrativos propios del ámbito laboral. En esas condiciones, por el momento, la adopción de una medida cautelar en el ámbito de la penalización de la conducta de trabajadores y representantes sindicales cuando aún no han finalizado las instancias de conciliación y negociación entre las partes en conflicto, resulta prematura y así debe declararse. Como consecuencia de ello, al menos por el momento, corresponde revocar la decisión en crisis en cuanto ordena el inmediato desalojo y ‘lanzamiento’ del inmueble, sin perjuicio de la adopción de las medidas de seguridad que corresponda adoptar, en procura de la neutralización de toda conducta que pueda importar violencia o escalamiento del conflicto con perjuicio a terceros”, según el fallo al que tuvo acceso .