POLITICA
LLA y el PJ quieren aprovechar la división del oficialismo y quedarse con la Gobernación de Corrientes

El escenario electoral para dirimir quién gobernará Corrientes hasta el 2029 quedó definido. Hay cuatro ofertas principales. Dos son producto de la división del oficialismo que encabeza la UCR. Se trata de “Vamos Corrientes”, que postula a Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario, y “Encuentro por Corrientes” (ECo), liderado por el ex gobernador Ricardo Colombi.
Desde los extremos, tanto el espacio libertario que irá con un frente propio y la candidatura del diputado Lisandro Almirón; como el justicialismo, punta de lanza de la alianza del frente “Limpiar Corrientes” con el intendente de Paso de los Libres Martín Ascúa como candidato, pretenden aprovechar esta coyuntura.
Almirón será este lunes el anfitrión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que arribará a la capital provincial. Ambos darán una conferencia de prensa a primera hora de la tarde en un hotel céntrico.
En declaraciones a Infobae, ambos indicaron que tienen chances de imponerse en primera vuelta. Es que en la provincia litoraleña rige el mismo esquema que en las presidenciales. Para ganar en la elección del 31 de agosto hay que sacar el 45% de los sufragios o alcanzar el 40% y lograr 10 puntos de diferencia con el segundo. Cualquier otro escenario llevará a los dos candidatos más votados a un balotaje el 21 de septiembre.
En la votación, que marcará el fin de la era de unidad del espacio surgido alrededor del radicalismo en 2001, habrá varios factores que definirán el sufragio. El primero será el respaldo o no a la continuidad del proyecto de Gustavo Valdés. El segundo, el aval o no a las políticas nacionales.
Javier Milei sí, no y por qué
Almirón sostuvo que la propuesta provincial que encarna “está alineada directamente con la visión nacional de Javier, especialmente en lo que respecta al equilibrio fiscal. Nuestro espacio está «del lado correcto de la historia» en este proceso de renovación institucional y económica. Expresamos los mismos valores que el Presidente. Por eso Milei sí, siempre”.
En la vereda de enfrente, “Tincho” Ascúa consignó: “Milei representa lo mismo que la dinastía que lleva 25 años oprimiendo Corrientes. Están del lado de los que explotan al país. Usan el poder para beneficiar a los mismos de siempre, y quienes pagan las consecuencias son las personas más humildes”.
El candidato, que obtuvo el respaldo de Cristina Kirchner días antes de que fuera detenida por la causa Vialidad, precisó: “Además, el actual presidente ya demostró que no tiene ningún compromiso con la democracia. Milei va a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Como gobernador, voy a defender los intereses de Corrientes, tal cual lo estoy haciendo ahora frente al ajuste brutal que impuso a las provincias”.

Ejes de campaña
“Nuestra propuesta está basada en la baja de impuestos, la eficiencia del gasto público, el combate del crimen organizado y el orden institucional. Vamos a avanzar en la libertad económica y la desregulación del Estado”, explicó Almirón.
A modo de síntesis, postuló: “Queremos aplicar en Corrientes el modelo de reducción de presión impositiva y administrativa, transformándola en un ejemplo de «provincia liberal libertaria». Proponemos un gobierno austero y eficiente”.
Además, la intención es “terminar con los privilegios y las prebendas. Liberar la iniciativa privada para crear riqueza con inversión y comercio. Garantizar el orden, porque en nuestro gobierno «el que las hace las paga»”, definió.
Por su parte, Ascúa indicó: “No hay nada más urgente que limpiar Corrientes. Los correntinos saben que la corrupción es el principal problema de la provincia. Es la corrupción lo que hace que las obras de Valdés cuesten mucho más de lo que deberían. Es la corrupción lo que lleva a construir oficinas de lujo, museos y plazas remodeladas para beneficiar a sus amigos, mientras faltan insumos en los hospitales”.

“Convirtieron Corrientes en un negocio familiar. Y a fin de seguir explotando y lucrando con el poder, ahora postulan al hermano del Gobernador para ser el sucesor”, remató.
Segunda vuelta
Tanto Almirón como Ascúa estiman que será posible alcanzar los pisos mínimos de sufragios para imponerse en primera vuelta. Este escenario es complejo debido a la dispersión de votos que se observa a simple vista.
“Nos enfrentamos a un aparato que gobierna la provincia desde hace 25 años. LLA es una alternativa verdadera. El 31 de agosto los correntinos podrán elegir con libertad”, evaluó el candidato libertario.
Luego, razonó: “Con Javier Milei podemos ganar Corrientes. El aparato provincial del oficialismo es muy grande, tiene los mismos vicios que cualquier provincia feudal. Pero tenemos mucha fe y la confianza que nos contagia la gente día a día en cada pueblo, ciudad o localidad de nuestra querida provincia”.
“Somos la única alternativa. Somos correntinos con una alternativa alineada al Gobierno Nacional. Necesitamos un gobierno en sintonía con las ideas de Javier Milei, y el presidente requiere del apoyo de los comprovincianos para profundizar la transformación del país”, concluyó.

Ascúa, por su parte, consignó: “Solo hay un espacio que puede ganar en primera vuelta, y es el que se opone al gobierno de Valdés. Más del 60% de los correntinos quieren un cambio. Estamos recorriendo la provincia para mostrar que nuestro proyecto de limpiar Corrientes, terminar con la corrupción y derrotar a la dinastía es real y posible”.
En esa línea, destacó: “Lo hice en Paso de los Libres y quiero demostrar que se puede proyectar lo mismo en toda la provincia”.
Un triunfo del PJ se daría “no solo por la fragmentación del oficialismo, sino porque estoy preparado para una segunda vuelta aun contra el enorme poder económico, producto de la corrupción, que tendrá el candidato del gobernador”, agregó.
El caso Loan
El 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal desapareció el niño Loan Danilo Peña de cinco años. Había asistido a un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en el marco de la festividad de San Antonio. Luego de la comida, Loan salió con adultos y otros niños a buscar naranjas en un monte cercano. Fue visto por última vez alrededor de las 14:30. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él.
La causa judicial fue elevada a juicio. Hay siete personas detenidas con prisión preventiva por el delito de “sustracción y ocultamiento de menor”. El caso, que en su momento conmovió y paralizó al país, fue quedando lentamente en el olvido. Pero la posibilidad de que resurja en el fragor de la disputa política es factible.
“El involucramiento de personas poderosas, el encubrimiento de autoridades y la postura ambigua del gobernador Valdés transformaron la desaparición de Loan en un caso político”, entendió Ascúa. Asimismo, consideró que una causa de esta naturaleza “no puede ser ignorada”.
“Si no es posible resolver el caso Loan, al menos debemos trabajar para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Valdés me inició una demanda judicial por preguntar dónde está Loan, y mandó detener a manifestantes que lo interpelaron en un acto público. ¿Qué teme Valdés? Como ciudadano y dirigente político es mi obligación preguntar”, añadió.
Almirón, por su lado, tomó distancia de las implicancias políticas del caso. “De nuestra parte sólo van a encontrar propuestas para solucionar los problemas de los correntinos”, expresó.
POLITICA
Embajadores en Argentina se manifestaron a cuatro años de la guerra en Ucrania

En el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, un grupo de embajadores en Argentina expresaron de manera conjunta su respaldo a la nación ucraniana. El mensaje resaltó un compromiso unificado con la libertad, la soberanía y “una paz digna para el pueblo ucraniano”, reafirmando la cohesión diplomática de las potencias occidentales frente a la persistencia del conflicto.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y terribles penurias a los soldados, al tiempo que reescribía el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría.
Estados Unidos medió en las conversaciones con las delegaciones de Moscú y Kiev como parte de una campaña de paz que lleva un año impulsando la administración de Donald Trump. Sin embargo, la conciliación de diferencias clave, como el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y la seguridad de Ucrania tras la guerra, viene frustrando los avances.
Mientras tanto, miles de soldados de ambos países han muerto en el campo de batalla y la población civil ucraniana ha sufrido los ataques aéreos rusos, que han provocado años de cortes de electricidad y agua.
De acuerdo consignó AP, y según un informe publicado el mes pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se calcula que Rusia sufrió 1.2 millones de bajas, incluyendo hasta 325.000 soldados muertos, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, lo que, según el documento, supone el mayor número de bajas militares de cualquier potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.
Rusia no ha publicado cifras sobre las muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando afirmó que más de 80 soldados habían muerto en un ataque ucraniano, lo que eleva el total de muertes militares confirmadas por Moscú a algo más de 6.000.
El CSIS estimó que Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, afirmó.
Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos actualizados sobre las bajas militares. No es posible realizar una verificación independiente.
Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU, las muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia son 14.999, aunque se afirma que probablemente se trate de una estima ción a la baja. Más de 40.600 civiles resultaron heridos durante el mismo periodo, según un informe publicado en diciembre.
La guerra ha causado la muerte de al menos 763 niños, según la ONU. El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto causó la muerte de 2.514 civiles y dejó 12.142 heridos en el país en 2025, lo que supone un aumento del 31 % en las bajas civiles con respecto a 2024, según la organización.
A su vez, 19,4% es el porcentaje del territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante el último año, Rusia solo ha ganado el 0,79% del territorio de Ucrania en la agotadora guerra de desgaste, según los cálculos proporcionados a principios de este mes a The Associated Press por el grupo de expertos con sede en Washington, lo que pone de relieve los escasos avances de las fuerzas de Moscú a pesar de los enormes costes en tropas y blindados.
Antes de la invasión total de Rusia, esta controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este, mientras los separatistas respaldados por Moscú luchaban contra el ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.
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POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias

Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
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POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares

Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Conforme a,Iglesia,,Histórico. La Sagrada Familia alcanza su altura máxima tras casi 150 años de obras,,La relación con la Iglesia. Una semana después de ver al Papa, el canciller Pablo Quirno recibió al presidente del Episcopado,,Los argentinos y el Vaticano. El papa León XIV refuerza una relación marcada por la formalidad y la vía institucional
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