POLITICA
Llamativa multa en Bariloche para quienes no participen de un referéndum popular de 10 puntos

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sorprendió al anunciar una consulta popular obligatoria, donde presentará a la ciudadanía diez propuestas de alto impacto para el futuro del municipio. De perfil sindicalista y con un pasado en la conducción gremial gastronómica, el mandatario decidió recurrir a esta herramienta, luego de encontrar resistencia o demoras en el Concejo Deliberante para varias de sus iniciativas.
La consulta tendrá lugar el domingo 9 de noviembre, dos semanas después de las elecciones nacionales, y se empleará una boleta única de papel. Los vecinos de Bariloche deberán responder, de forma individual y por sí o por no, a cada uno de los diez puntos propuestos desde el Ejecutivo municipal. El referéndum es de carácter vinculante y, según el intendente, será obligatorio, ya que, quienes no participen, enfrentarán una sanción particular, que consiste en la entrega de una bolsa de cemento, cuyo valor en la zona supera los diez mil pesos actuales.
Los puntos de la consulta popular
Entre las propuestas principales, Cortés plantea eliminar el pago de sueldos municipales a dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche (Soyem) que no presten funciones para el municipio. Según el intendente, la iniciativa busca adecuar la situación a lo establecido en la ley nacional de asociaciones sindicales, trasladando el pago de los salarios sindicales exclusivamente a los aportes de los afiliados, como ocurre en otros gremios del país.
El segundo punto de la consulta gira en torno a la habilitación formal de aplicaciones de transporte como Uber dentro de la ciudad. Aunque la aplicación ya opera en los hechos, su legalización enfrentó la resistencia del sindicato de taxis, con peso histórico en Bariloche.
La crisis habitacional también ocupa un lugar destacado en la agenda del intendente. Otro de los ejes de la consulta es la extensión de la emergencia habitacional, que implicaría exigir a todo desarrollador de tierras ceder el 22% de los lotes de cada nuevo emprendimiento para uso social. En este sentido, Bariloche enfrenta una demanda creciente, ya que, según datos municipales, unas 6.000 personas reclaman acceso a tierras para construir su vivienda.

Una de las propuestas más simbólicas contempla la entrega de un restaurante municipal —ubicado en la costanera del lago Nahuel Huapi— a los excombatientes de la Guerra de Malvinas. El jefe comunal explicó que el objetivo es que los exsoldados puedan gestionar el predio, recaudar fondos para el mantenimiento del monumento a Malvinas y desarrollar allí un museo y un espacio de conmemoración. Según el plan, parte de los recursos obtenidos se destinarán a conservar el avión histórico que está proyectado exhibir en el sitio.
En el área de infraestructura urbana, Cortés impulsa la puesta en marcha de un plan vial para asfaltar los barrios de la ciudad mediante el cobro de cuotas a los frentistas. El intendente ejemplificó que la realización de una cuadra demanda unos 100 millones de pesos y que sería inviable que solo los vecinos financien ese gasto íntegramente, por lo que se propone una modalidad colectiva donde todos los residentes aporten una cuota —estimada entre 5.000 y 6.000 pesos mensuales— para ir pavimentando progresivamente diferentes sectores de la ciudad.
El desarrollo turístico y urbanístico también son parte del referéndum. Entre las propuestas figura la revalorización de la Isla Huemul, donde el austríaco Ronald Richter impulsó, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, el proyecto de fusión nuclear. La ínsula se encuentra actualmente en estado de abandono; y el intendente propone comprar una lancha para facilitar el acceso, construir una casa para el cuidador y reabrir el paseo turístico, con manejo directo municipal.
Otro de los puntos busca replicar la Ecotasa, vigente desde la gestión anterior y utilizada para obras vinculadas al turismo. Con estos recursos, la municipalidad aspira a financiar nuevas obras de acceso para quienes ingresen a la ciudad por la Ruta 40, entre otros destinos.
También se incluyen propuestas para la construcción de un natatorio municipal, la finalización del centro de convenciones que permanece inconcluso desde hace más de 40 años —y que llegó a ser escenario de producciones audiovisuales— y el reemplazo de la plantación de pinos en la Costanera por especies arbóreas autóctonas, con el propósito de preservar el entorno natural e impulsar la identidad local.
La convocatoria a consulta popular representa un hecho casi inédito en la historia de la ciudad y marca, según Cortés, una apuesta a fórmulas de democracia directa. El intendente planea que no sea la última experiencia de este tipo, ya que adelantó su intención de reformar la Carta Orgánica en 2027 para limitar la cantidad de concejales, fomentar mecanismos participativos y autorizar hasta dos consultas populares vinculantes por año.
POLITICA
El camarista Borinsky pidió que “se complete la Corte” y que se nombre un procurador general de la Nación

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky se pronunció a favor de que “se complete la Corte Suprema” de Justicia, que cuenta con solo tres integrantes, y que “se nombre un procurador general de la Nación, un puesto actualmente ejercido por un extenso interinato a cargo de Eduardo Casal.
“Es fundamental que se complete la Corte Suprema y se nombre un procurador general de la Nación para trabajar como la Constitución marca”, sostuvo Borinsky en diálogo con el programa A confesión de parte, que se emite los domingos por FM Milenium.
La Corte Suprema funciona con tres integrantes, el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno y un sector de la oposición iniciaron conversaciones, por ahora informales, para proponer dos nuevos candidatos a jueces supremos.
El pronunciamiento del camarista adquiere relevancia porque se trata de un jurista que participó de la elaboración del nuevo Código Penal, convocado por el Poder Ejecutivo, para que lo trate el Congreso, posiblemente el próximo período de sesiones extraordinarias.
“Tenemos un Código Penal de hace 105 años. Con el nuevo Código, las penas para los funcionarios públicos van a pasar de 1 o 2 años a mínimo 6 u 8”, remarcó Borinsky, pero reconoció: “No es popular poner plata para hacer un nuevo Código Penal para meter gente en la cárcel”.
Borinsky también consideró una posibilidad que se baje la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, pero advirtió que en forma paralela debe aplicarse una “política de Estado” y además reclamó la cobertura de vacantes en todo el Poder Judicial, estimadas en más de 600 en todo el país, al afirmar que las designaciones son necesarias para “el valor justicia”.
Corte Suprema de Justicia,Poder Judicial,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Gobierna Formosa desde 1995. La Corte deberá resolver si Insfrán puede ser candidato a gobernador por novena vez,,Moreno, un matón al que la Justicia le puso un límite,,Caso Cuadernos. La Corte rechazó planteos para apartar a la UIF como querellante
POLITICA
La Casa Rosada afronta una semana clave por el Presupuesto y Caputo evalúa los pedidos de los gobernadores

El Gobierno se enfrenta a una semana clave para el avance de la negociación con los gobernadores por el Presupuesto 2026. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá evaluar los pedidos de los jefes provinciales, le acercaron a Diego Santilli.
En las reuniones que mantuvo el ministro del Interior con los mandatarios de las distintas provincias, hubo dos reclamos que se repitieron: la reactivación de la obra pública y cambios en la distribución de los ATN. Luego, un grupo en particular está interesado especialmente en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles.
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En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual el Gobierno tiene que evaluar contrarreloj si los pedidos de los gobernadores cumplen con ese requisito.
Con respecto a reforma laboral y tributaria, los jefes provinciales están dispuestos a dar la discusión, pero exigen conocer la letra chica de los proyectos que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias.
Un dato importante es que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, para convocar a sesiones extraordinarias.
En ese sentido, además, la Cámara de Diputados, por su parte, deberá hacer un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, porque los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.
Los legisladores electos en octubre ya tienen fecha para su jura. La convocatoria oficial para la sesión preparatoria será el 3 de diciembre, a las 13 , y Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara baja.
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Santilli sale a buscar consensos con el resto de los gobernadores
En busca de los consensos para lograr la aprobación del Presupuesto y las reformas, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará en la última semana de noviembre con su agenda federal en los próximos días.
Esas conversaciones deberán tener el visto bueno del jefe de Hacienda, Luis Caputo. En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual la evaluación pasará por el costo sobre las cuentas públicas que implicaría acceder a los pedidos de lso mandatarios.
El raid de reuniones de Santilli con los gobernadores continuará este martes 25 de noviembre con Hugo Passalacqua, en Misiones.
Esta semana, el jefe de Interior recibió en su despacho a Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
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Santilli todavía tiene pendiente los encuentro con Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Valdés (Corrientes); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA). Y estima finalizarlos antes del 10 de diciembre.
Mientras resta conocer si desde la Rosada convocarán a negociar a los cuatro gobernadores peronistas antes del 10 de diciembre: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
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POLITICA
El Gobierno negociará con la CGT para evitar que fracase la reforma laboral

El Gobierno nacional y la CGT acercan posiciones para una negociación en torno a la reforma laboral antes que se conozca la versión oficial del proyecto y sea presentado en el Congreso.
Hasta el momento, la iniciativa, que apunta a modernizar en lo jurídico el mercado de trabajo cuenta con un fuerte rechazo del sindicalismo.
Los encargados de la negociación por parte del Ejecutivo son el ministro de Interior, Diego Santilli, y los hermanos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
En la previa a este diálogo, Santilli habló con dos de los co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo (del gremio de empleados del vidrio) y Jorge Sola (del gremio de Seguros), y les comunicó sobre la convocatoria a dialogar así como también les pidió que no hicieran caso a los trascendidos extraoficiales.
Sturzenegger defendió la reforma laboral: “Argentina hace 15 años que no crea trabajo”
Desde el lado de la CGT se preparan para el encuentro. En ese sentido, presentarán una contrapropuesta en base al punteo del último borrador que trascendió desde el Ejecutivo.
Derechos colectivos y aportes compulsivos
La central intersindical buscará tirar abajo algunos de los artículos que más conflicto generan ene l sindicalismo, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos de trabajo, la regulación de las asambleas de trabajadores en las empresas y otros aspectos que limitan el poder de los sindicatos.
La CGT advierte que la reforma laboral está “viciada” y pide bajar los impuestos
Desde el Gobierno están al tanto de los resquemores que generan dichas iniciativas contenidas en el proyecto, pero consideran que la preocupación no es la misma respecto a los derechos de tipo individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones, por ejemplo.
Lo que más obsesiona a la CGT es la posibilidad de que, con la reforma laboral, pierdan la caja que implica el control de las cuotas solidarias, conformadas por aportes compulsivos de los trabajadores a los gremios, y que son el corazón del financiamiento de los gremios.
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