La Cámara Federal de Casación Penal revisará el procesamiento de Alberto Fernández en la causa en la que está acusado de habers interesado en que amigos suyos, productores de seguros, obtuvieran las pólizas de organismos del Estado cuando se desempeñó como presidente de la Nación.

Fernández fue procesado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello y esa medida fue confirmada por los camaristas federales Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah.

El fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que correspondía dictar la falta de mérito de Fernández porque eran necesarias más pruebas, pero el tribunal desestimó su posición.

En esta causa Alberto Fernández está porcesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.

La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.

Alberto Fernández resaltó que el fiscal de Cámara había pedido su sobreseimiento. “Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en algo en aquella audiencia: el procesamiento no podía ni debía ser confirmado”, dijo la abogada del expresidente, Mariana Barbitta, y se quejó de que “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.

Ahora, la Cámara de Casación deberá llamar a una audiencia donde otra vez la defensa argumentará, pero estará presente ahora otro fiscal: Raúl Plee, de la Casación. Ahí se verá si decide acusar o si, por el contrario, comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del expresidente.

El fallo que procesó a Fernández como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública le impuso un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283.

Además, tiene una prohibición de salir del país confirmada por la Cámara Federal. El tribunal estimó que está corroborada la hipótesis de que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Alberto Fernández en favor de Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica de Fernández, María Cantero.

Los jueces destacaron que el vínculo de Fernández con Martínez Sosa no solo era de amistad, sino también económico y profesional. Este nexo, sumado al rol de poder que detentaba, se tradujo en una participación directa del expresidente en el entramado de negociaciones.

Las pruebas revelaron que la empresa de Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales a partir de que Fernández fue designado presidente.

Un indicio clave fueron los mensajes conocidos durante la investigación, cuando Fernández intervino personalmente, a requerimiento de Cantero, para dar continuidad a negocios que los involucraban, entendieron los investigadores.

En una comunicación de mayo de 2023, ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en Cancillería, el exmandatario respondió: “Ya me ocupo”. Esta acción fue interpretada por el tribunal como una participación directa, haciendo uso de su cargo.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carbajo, Hornos y Borinsky, analizará el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país de Fernández. La defensa argumenta que sin acción penal es imposible avanzar y que el fiscal Agüero Iturbe había pedido la falta de mérito, convencido de que no había pruebas suficientes para un procesamiento.

Una lluvia de pequeños panfletos de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) tuvo lugar esta mañana en la Avenida Diagonal Norte 760, en el centro porteño. Allí se encuentra el Tribunal Nacional del Trabajo en primera instancia, “el más emblemático del fuero”, según dicen sus propios empleados, quienes resolvieron tomar pacíficamente el edificio en contra del traspaso de la Justicia Nacional laboral a la jurisdicción de la Ciudad.

“Nosotros decimos que es un desguace”, aseguró Gabriel Galeano, delegado del gremio en el fuero laboral. “Se establece el traspaso de competencias en recursos, pero no habla de qué pasa con los 1700 empleados, por lo que quedamos en la incertidumbre”, agregó el sindicalista.

Otro delegado parado junto a él comentó: “La cantidad de personal que puede quedar despedido sería como dos fábricas de FATE”. De esa industria del neumático fueron echados recientemente 920 operarios.

Entre transeúntes que levantaban a su paso los ‘papelitos’ en el piso que anunciaban un paro nacional de la UEJN, Galeano y Silvia Ortiz, delegada de la Fiscalía General, explicaron la medida de fuerza: “Vinieron trabajadores en solidaridad y formamos una asamblea. Con Julio Piumato —secretario general de UEJN— votamos la toma y un paro en todos los fueros nacionales laborales. Mañana a las 11 hay paro nacional, con movilización a la Corte Suprema para que garantice la continuidad de nuestros puestos de trabajo”.

La asamblea, que comenzó la mañana nutrida de bombos, platillos, banderas y un corte parcial de la avenida, se levantó pasadas las 10, ya consumada la toma y el paro. “En cuanto se fue Piumato, la Policía comenzó a correr a los que nos quedamos. No nos pasó nada, pero terminamos arriba de la vereda”, dijo uno de los presentes.

“Más allá de los puestos de trabajo, lo que tiene que entender la población es que se quedaría sin Justicia del trabajo. Nosotros defendemos el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución, somos el fuero que sostiene la paz social. Si los trabajadores no tienen dónde discutir su pedido de justicia, ¿Qué hacen?”, preguntó Ortiz.

Galeano amplió sobre la ley que el Poder Ejecutivo pretende aprobar en el Senado: “En el artículo 91 del proyecto de reforma laboral, las competencias federales de este tribunal pasarían al Fuero Contencioso Administrativo Federal”. Otro delegado sumó: “Cuando los trabajadores estatales tengan que lidiar con cuestiones laborales van a tener que ir ahí, donde siempre se le da la razón al Estado. Por algo es llamado el ‘fuero de la gobernabilidad’”.

El edificio tapado por una gran tela marrón del sindicato permanecía con sus puertas abiertas, por lo que se debía levantarla para ingresar. Aquellos que entraban, cruzaban un pasillo oscuro custodiado por un efectivo de Prefectura. En las paredes, destacaba un cartel contra el traspaso con temática de El Eternauta: “Nadie se salva solo”. Una vez en la mesa de entrada, un sindicalista los despachaba, alegando que no había nadie para recibirlos. Los pequeños panfletos también decoraban el piso del tribunal.

“Hace 30 años que venimos frenando el traspaso; ahora que cambió la situación política estamos en el horno”, contó una voz participante de la toma.

En este marco, la jueza Laura Castagnino del Juzgado Nacional del Trabajo en primera instancia n°4 aceptó recibir a este medio en su despacho. En el ascensor, otra voz deslizó: “No estoy a favor ni en contra de la modernización, lo que quiero es que la gente siga laburando”.

La magistrada habló en su oficina del séptimo piso con losa de madera, sillones verdes y una mesa ratona tapada de expedientes. “Los jueces estamos trabajando normalmente, los trabajadores están en estado en alerta y nosotros también. La preocupación que tenemos es enorme: este fuero tiene 80 años de historia y después de la sanción de la reforma laboral se disolverían 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días”, precisó.

“A partir de ese momento, a los magistrados nos quitan la jurisdicción a futuro, dejamos de recibir causas y quedamos como jueces residuales. El resto del fuero se iría cerrando progresivamente”, detalló Castagnino. “Acá toda la gente que trabaja concursó para sus puestos y demostró ser calificada. Si el fuero se cierra, pierden su fuente de trabajo y sus carreras. La comunidad también, porque acá se cumple una función importante”, dijo la jueza.

Con un tono suave y cierta congoja, la magistrada consideró: “Aquí hay 80 juzgados y recibimos 80 mil causas por año, sumando un total de 800 mil. La Ciudad tendría 10 juzgados, no sabemos cómo van a hacer. Lo que planteamos es que esto está destinado al daño y al fracaso. Que la Ciudad debiera tener una Justicia laboral propia lo dijo la Corte, pero se puede coexistir. Pedimos que se respete nuestra carrera, hay maneras más prolijas de hacer el traspaso”.

“Los conflictos laborales deben ser resueltos por magistrados con especial versación en el derecho del trabajo. Si uno lleva estos conflictos a la Justicia civil, comercial o en lo contencioso administrativo, posiblemente puedan resolverlos, pero no están especializados en esta disciplina”, sentenció la jueza especialista en derecho del trabajo y seguridad social. “No siempre fallamos a favor del trabajador, pero en nuestra disciplina rige el principio protector del trabajador subordinado, porque la relación con el empleador es asimétrica”.

En esa línea, Castagnino afirmó: “Somos imparciales, pero no somos neutrales. Estamos aquí para cumplir una función constitucional”. En cuanto a los demás magistrados, aportó que hoy hubo una reunión en la Cámara de Apelaciones del Trabajo entre jueces de primera y segunda instancia para evaluar la situación actual. “Las personas que me acompañan tienen la vida entera aquí, y enterarse del artículo que disuelve este lugar nos generó una angustia enorme”.

“Las modificaciones de la reforma laboral son opinables, está claro que se reducen derechos laborales. La disolución de nuestro fuero está pensado a la medida de un proyecto regresivo. Esta ley resta protección laboral. De hecho, a ustedes les van a sacar el Estatuto del Periodista, además de otros derechos en juego. En muchos casos, la reforma ha arrasado con derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico”, opinó la magistrada sobre la reforma.

Por último, Castagnino planteó inconsistencias del proyecto de modernización laboral con la Carta Magna: “Tendremos que evaluar en cada caso, a medida que se plantee cada conflicto, si se ajusta o no a la Constitución Nacional. Este principio de protección del trabajador subordinado no es un invento, surge de la Constitución y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Qué pasará ahora, no lo sabemos”.

La oficina de la jueza parecía ser el único de la séptima planta con todo su personal trabajando. En los pasillos, se escuchaban voces de otros despachos y el eco de una televisión prendida con un canal de noticias. Afuera del edificio, permanecía en la vereda poco más de una decena de personas, entre empleados y delegados sindicales.

Lo único que seguía haciendo ruido era una combi beige del sindicato, que daba vueltas a la manzana. En sus altavoces atados al techo, sonaba Queso Ruso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una voz que lanzaba consignas: “El traspaso destruye el federalismo y concentra en la Ciudad de Buenos Aires el manejo del país. Destruir el fuero laboral viola la Constitución y esclaviza a los trabajadores. Vendrán por los fueros civil, comercial, penal y los ministerios públicos. Para la UEJN, la única lucha que se pierde es la que se abandona”.