“Si no quieren entrar, solo avísenme, porque tengo 25 personas que no están aquí y que están dispuestos a reemplazarlos”. Frente a casi una decena de cámaras, Donald Trump presionó el viernes a varios ejecutivos de compañías petroleras para que inviertan de manera inmediata en Venezuela. La mayoría de ellos no se comprometió de inmediato. Según relató una crónica del WSJ, cuando la reunión pasó a ser privada, uno de ellos alegó: “Nos han confiscado nuestros bienes allí dos veces. Imagínense volver a entrar una tercera vez. Requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a lo que es ahora”.

Aunque con las respectivas diferencias del caso, el que hace tiempo hizo ese razonamiento para el caso argentino fue el mismo gobierno de Milei. O al menos de manera retórica. “Las reformas van a salir sea de la manera que sea. Con artículos que muestren mayor profundidad o menos. Pero tenemos que dar el gesto de que acá pasan cosas y que es un cambio con pretensiones disruptivas”, afirma un miembro del entorno presidencial a Infobae.

En ese sentido, después del período vacacional de varios altos integrantes del oficialismo, la Casa Rosada está comenzando a calentar motores para movilizar las diversas reformas que se pondrán a debatir en el Congreso en el próximo llamado a sesiones extraordinarias, el cual irá del 2 de febrero hasta finales de mes.

En un escenario optimista, el Gobierno apunta a sancionar la reforma laboral antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo. Aun así, admiten que son estimaciones hechas “en el aire”, porque todavía no se adoptó una estrategia política clara sobre cómo proceder respecto a las concesiones o no del proyecto.

En el Senado, particularmente en las filas que responden a Patricia Bullrich, hicieron trascender que la intención es mantener el texto como entró al Congreso. O cuanto menos, hacerle la menor cantidad de cambios posibles. “Lo que dice es cierto. Por ahora estamos así. Queda un tiempo para que arranquen las extraordinarias. Y decir desde ahora que estamos dispuestos a modificar el texto, nos deja medio regalados”, explican una fuente gubernamental.

A pesar de que mermó su agenda, Bullrich no dejó de estar activa. Días atrás mantuvo un encuentro con Milei, quien la recibió vestido con su mameluco de YPF en la Quinta de Olivos. El jueves también se la vio entrar y salir rápidamente de la Casa Rosada. Más específicamente al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. No se quedó mucho tiempo porque la tumultuosa agenda vinculada a Venezuela impidió realizar la audiencia que tenía prevista para afinar la estrategia respecto a la reforma del Código Penal. Es muy probable que ese encuentro frustrado se realice al comienzo el lunes o el martes.

Caputo forma parte del ala del Gobierno que mayor cantidad de terminales y diálogos tiene con los sindicatos. También dicen estar dispuestos al diálogo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que durante la semana pasada recibió al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Claudio Stivelman, un área que oficia de control de las obras sociales sindicales, entre otras entidades sanitarias. La reunión, sin embargo, no habría tenido que ver con asuntos ligados los gremios.

Pese a los enfrentamientos palaciegos que mantuvieron en 2025, caputistas y menemistas habían coincidido a finales de diciembre en la necesidad de parar la pelota y negociar con mayor margen todo el articulado de la reforma laboral. Tal y como publicó Infobae, el Gobierno se resistirá a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleados sean agentes de retención de la cuota de afiliación. Sí están abiertos a liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes, a suavizar la reglamentación del derecho de huelga y, como mínimo, a debatir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Hay miembros del Gabinete que consideran seriamente no habilitar diálogos en ese sentido. “No debería haber demasiada charla porque nosotros no estamos haciendo una reforma anti-sindicatos: estamos haciendo una reforma pro-generación de empleo”, afirma uno de ellos, que agrega: “Lo que sea sindical y pueda hacerlos mierda a ellos, pero no necesariamente te generen trabajo, va a quedar para la reforma sindical y otras reformas más que van a venir durante el año”.

La estrategia política comenzó a delinearse de manera preliminar con la agenda de reuniones con gobernadores que comenzó a elaborar el ministro del Interior, Diego Santilli. Su primer viaje se dio días atrás al visitar a Ignacio Torres (Chubut) a los fines de escuchar sus reclamos y poder avanzar en las tratativas para conseguir los votos de las dos legisladoras que le responden, Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

El lunes visitará a Leandro Zdero (Chaco), el martes recibirá en Casa Rosada a Sergio Ziliotto (La Pampa), el miércoles volverá al sur a recorrer las zonas damnificadas por los incendios junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el jueves viajará a ver a Alfredo Cornejo (Mendoza).

La jornada inaugural de las negociaciones políticas será el viernes. Allí comenzará a trabajar una comisión técnica en el Senado que tendrá a la abogada laboralista Josefina Tajes como principal asesora del Gobierno. Además, ese mismo día se reunirá en Casa Rosada la Mesa Política. En principio, el que la presidirá será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Varios de los asistentes habituales de ese encuentro creían que los hermanos Milei no estarán porque para ese día tenían que irse a Jesús María, Córdoba, a presencial el Festival Nacional de Doma y Folklore.

En la mesa chica presidencial también planean definir cuánta prioridad le darán a otros de los proyectos que presuntamente serían incluidos en el segundo llamado a extraordinarias: aparecen como pendientes la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal (la cual prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, así como penas para funcionarios que incumplan estas reglas), el nuevo Código Penal y las modificaciones a la Ley de Glaciares. De todas ellas, la única que tiene chances concretas de salir en el cortísimo plazo es la última, ya que tiene la adhesión de diversos gobernadores y de bloques numerosos de ambas cámaras.

No hay que descartar que se inserte el inminente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la agenda parlamentaria de febrero. Por el momento, altísimas autoridades del Congreso marcaron que todavía no se definió, pero que es algo plausible. El acuerdo pasará al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del bloque latinoamericano debe comenzar el proceso de ratificación de acuerdo a sus procedimientos nacionales: en el caso argentino, aprobarlo por ambas cámaras del Congreso.

La firma del acuerdo se producirá el 17 de enero en Asunción. No participarán de la ceremonia los presidentes del Mercosur porque ya se acordó que la rúbrica será hecha por los cancilleres de cada uno de los Estados Miembro, Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay). “(Javier) Milei, (Santiago) Peña, Lula (da Silva) y (Yamandú) Orsi podrán ir si quieren, pero en todo caso será de manera testimonial”, marcó una fuente diplomática del bloque.

En Casa Rosada no afirmaron ni negaron que Milei tenga entre sus planes viajar ese sábado a la capital paraguaya. El presidente Peña es con quien primero forjó una alianza en la región y es con quien mejor se lleva dentro del Mercosur. Ese bloque de países virados al ámbito de la centroderecha y derecha se amplió a cerca de diez: a los dos anteriores se le suman Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

En caso de que vaya y de que también lo decida Lula, sería un nuevo encuentro presencial entre dos jefes de Estado que tienen un vínculo cada vez más tirante. Ayer trascendió que Brasil se retiró de la representación de la Embajada Argentina en Venezuela después de un año y medio de acudir en ayuda a pedido de la Casa Rosada.

En el Gobierno admitieron que no se esperaban esa decisión de Brasil. “Es un tema sensible”, se limitó a decir una fuente gubernamental. En el transcurso del jueves, Quirno recibió una nota diplomática de parte del embajador en Argentina, Julio Bitelli, en la que comunicaba que su administración se iba a retirar de la gestión de la Embajada, la Residencia Oficial y de la custodia de los locales de la misión argentina. Esa nota también fue enviada al régimen que ahora preside Delcy Rodríguez.

Hace una semana Infobae había adelantado el malestar de la administración de Lula da Silva por la posición argentina sobre el operativo de Estados Unidos en Venezuela y, en particular, por posteos de parte de Milei en la que se lo veía al presidente brasileño abrazando a Nicolás Maduro y una foto de un mapa de Sudamérica en la que se veía al bloque de países que suscribe Milei como “desarrollados” y a Brasil, Colombia y Venezuela como sitios en emergencia.

También molestó que los embajadores argentinos Carlos Cherniak (OEA) y Francisco Tropepi (ONU) no mencionaran las gestiones que Brasil realizó en asistencia de Argentina por el año y medio que tomó las riendas de la Embajada.

“Hubo mucha energía de Brasil. Tuvimos cinco refugiados que habían sido alojados por Argentina, asistimos en trámites consulares y gestiones para ciudadanos argentinos. Tuvimos que solucionar los problemas de luz y servicios que había en la Embajada. Con todo lo que sucedió recientemente, hubo la sensación de que nunca se dio importancia a esas tareas”, explicó una fuente de Brasilia a Infobae.

Otro funcionario marcó: “Con el cambio en Venezuela y las diferencias de posiciones entre ambas administraciones, sentimos que el ciclo se había terminado”. En Brasil busca comunicar que esperan que este clima actual con Argentina sea algo transitorio dado que “la agenda común es demasiado grande”.