POLITICA
Los decanos de la UBA le pidieron al Gobierno que no vete la ley de financiamiento universitario
Los decanos de las principales facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitieron un comunicado en el que le solicitaron al presidente Javier Milei que no vete la ley de financiamiento universitario que fue aprobada en el Congreso de la Nación.
En un mensaje que ya circula en redes sociales, las máximas autoridades de las 13 facultades, junto al rector de la UBA Ricardo Gelpi y al vicerrector Emiliano Yacobitti, se dirigieron al Poder Ejecutivo para pedir la reglamentación de la norma sancionada recientemente por ambas cámaras.
El video institucional, de un minuto de duración, expone las preocupaciones centrales de la comunidad educativa: la incertidumbre sobre el sostenimiento del buen funcionamiento académico y las condiciones laborales de los trabajadores de la universidad. El pronunciamiento fue firmado por los responsables de las distintas unidades académicas y difundido a través de los canales oficiales de la universidad, reflejando un consenso inédito entre las facultades ante la coyuntura.
Según las imágenes difundidas, las autoridades señalaron en su discurso: “Sigamos siendo lo que somos. Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo. Dentro de nuestras aulas. Con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones. Que puedan quedarse. Que puedan seguir enseñando. Porque sin ellos, la universidad no sería la misma. Cada vez más seguido escuchamos que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes”.
El reclamo se da en el marco del debate nacional sobre la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Senado el pasado 22 de agosto. De acuerdo al proyecto sancionado, entre otros puntos, la convocatoria a negociaciones paritarias destinadas a actualizar los salarios de docentes y no docentes de acuerdo con el índice inflacionario.
Además, prevé mecanismos de actualización automática para los gastos operativos de las universidades públicas y la creación de fondos específicos, destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y fortalecimiento de actividades académicas. El texto legislativo proyecta un aumento gradual del financiamiento estatal al sector, desde un 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, hasta alcanzar el 1,5% en 2031.
El contexto actual se ve atravesado por la experiencia previa de 2024, cuando el Congreso sancionó una norma similar y el presidente Milei decidió vetarla de manera total. Esa decisión, según las autoridades universitarias, provocó una reducción cercana a la mitad del poder adquisitivo de los sueldos docentes y no docentes, agravada por la falta de recomposición salarial ante la inflación acumulada. Esta situación llevó a la UBA a declarar el estado de emergencia salarial en marzo pasado, sumando presión sobre la administración central y colocando a la educación superior en una situación de vulnerabilidad inédita en las últimas décadas.
El comunicado institucional advierte que “la Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública”. Desde marzo, la UBA atraviesa un estado de emergencia en lo salarial, que afecta a toda la plana de profesionales que trabajan en las facultades. Además, la extinción de las negociaciones paritarias vinculadas a la inflación genera preocupación sobre la sustentabilidad de los proyectos de enseñanza e investigación y, en definitiva, sobre la garantía de derechos para quienes estudian y trabajan en la institución.
Desde la administración universitaria argumentan que este reclamo no tiene motivaciones partidarias, sino que se orienta a defender el valor colectivo de la educación pública. En el comunicado, los decanos sostienen: “No se trata de ideologías. No se trata de partidismos. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública. La UBA es de quienes estudian, de quienes enseñan, y de quienes encuentran en ella atención, respuestas, cuidado y profesionales de excelencia. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la ley de financiamiento universitario. Que se implemente cuanto antes. Para poder seguir siendo lo que somos. Cuidemos lo que nos une. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA”.
Las autoridades de la universidad recalcaron la importancia de garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema público de enseñanza superior, enfatizando la continuidad de la excelencia académica y la necesidad de definir reglas de financiamiento que permitan planificar la vida institucional frente a los desafíos actuales.
El Gobierno nacional acordó con Chubut el pago de más de $48.000 millones en concepto de deuda previsional vinculada a los aportes de la caja no transferida a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El entendimiento se firmó este martes en el Ministerio de Capital Humano y pone fin, al menos de manera transitoria, a un conflicto que se encontraba judicializado ante la Corte Suprema.
El convenio establece que la Anses transferirá los fondos a la provincia en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4000 millones, a partir de mayo. Se trata de un adelanto de financiamiento previsional correspondiente a 2026, mientras avanzan auditorías sobre el sistema.
La firma del acuerdo implicó además la suspensión de los procesos judiciales en curso vinculados a este reclamo, según confirmaron fuentes oficiales. La deuda había sido motivo de una demanda presentada por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia.
El entendimiento fue rubricado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia.
Un reclamo que llegó a la Corte
La deuda previsional entre Nación y Chubut se arrastraba desde hace años y se originó por la deuda de aportes correspondientes a la caja jubilatoria provincial, que no fue transferida al sistema nacional. Según había planteado la provincia, el incumplimiento de esos pagos generó un fuerte desequilibrio en el sistema.
En diciembre, Torres había confirmado que avanzaría con una presentación ante la Corte Suprema para exigir el pago de más de $51.000 millones. El reclamo se dio en un contexto de tensión financiera en la provincia, que incluso tuvo dificultades para afrontar salarios y aguinaldos.
De acuerdo con el comunicado oficial, las transferencias se realizarán en simultáneo con auditorías que buscan verificar la situación del sistema previsional chubutense. El esquema prevé un flujo constante de fondos durante todo el año.
Desde el Gobierno nacional señalaron que se trata de un mecanismo de financiamiento previsional que permite avanzar en la regularización de las obligaciones sin afectar el equilibrio fiscal, en línea con acuerdos alcanzados con otras provincias.
Además, el convenio incluye la suspensión de “todo trámite judicial” ante la Corte por reclamos vinculados a este entendimiento, lo que implica una pausa en la disputa legal mientras se ejecuta el pago.
La posición de la provincia
Torres calificó el acuerdo como “un acto de justicia”. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, señaló.
El gobernador afirmó que el resultado es producto de “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial” y remarcó que desde el inicio de su gestión impulsó el reclamo ante Nación.
Leé también: La Justicia confirmó que el Gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario
“Estamos hablando de más de $48.000 millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”, agregó el mandatario.
El acuerdo representa un alivio para las cuentas provinciales y abre una nueva etapa en la relación financiera entre Nación y Chubut.
Chubut, ignacio torres, Sandra Pettovello, ANSES, Deuda
POLITICA
Intendentes de todo el país enfrentan al ministro Caputo y piden el reparto del impuesto a los combustibles
CÓRDOBA.- En paralelo a que el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a criticar las tasas municipales que “no corresponden por ley”, el Consejo Federal de Intendentes (Cofein) reclamó por “la falta de distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles hacia el interior del país”.
Los intendentes plantearon que el año pasado la Nación retuvo $120.000 millones que correspondían a las provincias y los municipios. Es el pedido que, hace menos de un año, unió a todos los gobernadores del país.
El Cofein está integrado por 22 ciudades de 16 provincias y realiza presentaciones conjuntas en el Congreso nacional para lograr una “mayor participación de las ciudades en la discusión de políticas públicas”. Este martes se reunieron en San Miguel de Tucumán. En el documento de cierre advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan sus administraciones.
“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder a cada vez más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación -señala el texto-. Pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes. Somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”.
También hoy Luis Caputo se reunió con los principales referentes del sector supermercadista, encuentro donde -según trascendió- le plantearon su preocupación por la caída del consumo y la mayor presión tributaria municipal. El Ministro señaló que se trata de gravámenes que “no corresponden por ley” debido a la falta de contraprestación y que terminan impactando también en los precios al consumidor. Apuntó especialmente contra algunos municipios bonaerenses, como Lanús, Pilar, Luján, Hurlingham, Bahía Blanca y Quilmes.
El documento elaborado por los intendentes señala: “La participación impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que concentra la Nación. Salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios”. En esa línea, que solo en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), durante 2025 quedaron sin distribuir $740.356 millones en “incumplimiento de leyes y acuerdos vigentes”. Insistieron en que debe reformularse el reparto.
En ese escenario pidieron “abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado. La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios”.
“Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a dejar de sostener la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza”, agrega el comunicado que menciona que en los últimos dos años se cerraron 22.608 empresas y 300.000 personas quedaron en situación de desempleo.
Remarcaron que la caída de ingresos y el aumento de la demanda de servicios públicos recae principalmente sobre provincias y municipios. “Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona”, concluye el texto.
De manera presencial participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; de Córdoba, Daniel Passerini; de Santa Rosa (La Pampa), Luciano di Nápoli; de Neuquén, Mariano Gaido; de Cipoletti (Río Negro), Rodrigo Buteler; de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Rosario, Pablo Javkin; de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; de La Rioja, Armando Molina; de Viedma, Marcos Castro; de La Plata, Julio Alak; y de Escobar, Ariel Sujarchuk. También participaron el jefe de Gabinete de Formosa, Mauricio Nadalich, y el subsecretario de Hacienda de Posadas, Bruno Mariani.
De forma virtual se sumaron los intendentes de Mendoza, Ulpiano Suárez; de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; de Salta, Emiliano Durand; de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; de Santiago del Estero, Norma Fuentes; y el coordinador de Gabinete de San Juan, César Aguilar. También estuvo Carolina Basualdo, exintendenta de Despeñaderos y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Diputados.
tasas municipales que “no corresponden por ley”,unió a todos los gobernadores,Gabriela Origlia,Tucumán,Luis Caputo,Transporte,Conforme a,Tucumán,,Quejas por los recursos. Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”,,»Pedimos su renuncia». Tras los agraviantes comentarios sobre Mercedes Sosa de un funcionario tucumano, la familia de la artista emitió un comunicado,,Pasajero “goloso”. En pleno viaje avisó que se sentía mal: en el hospital vieron que había tragado 95 cápsulas potencialmente letales
POLITICA
El Gobierno declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
El Gobierno nacional declaró este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista e dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida, coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia e Inteligencia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas transnacionales. Según el comunicado, esta decisión habilita sanciones financieras para proteger al sistema local y limitar la capacidad de acción de la entidad en el país.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 1, 2026
La Casa Rosada sostuvo que la determinación responde a que la República Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.
Las investigaciones de inteligencia determinaron que los ataques a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 fueron “planificados, financiados y ejecutados” con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y operativos de la Guardia Revolucionaria.
Con esta acción, el presidente Javier Milei manifestó que espera que la decisión “salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas”. Asimismo, desde la Presidencia subrayaron que el Gobierno “está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
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