POLITICA
«Hostigamiento e incitación al odio»: los detalles de las denuncias de Villarruel contra Lemoine, periodistas y tuiteros libertarios

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó el lunes dos denuncias en Comodoro Py, entre los que se incluye a tuiteros y a miembros del oficialismo, como la diputada Lilia Lemoine.
La primera demanda, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, es contra el director de La Derecha Diario, Javier Negre, por “intimidación pública”, “amenaza de rebelión” y otros delitos.
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Villarruel aseguró que “Negre opera contra el Orden Republicano, de manera flagrante, al acusar sin probanza alguna, de los delitos más aberrantes que el sistema democrático pudiera tolerar”.
La vicepresidenta enumeró distintas noticias falsas difundidas a través del sitio de Negre e hizo hincapié en una que asegura que está preparando un golpe de Estado contra el presidente Javier Milei. “Es inimaginable el daño institucional y diplomático que una fake news como la referida importa al Estado de Derecho”, aseguró en la demanda.
Para Villarruel, “resulta indudable que la campaña de amenazas y hostigamiento que sufro, lo es en tanto mi rol de Presidente de uno de los poderes del Estado”.
En la segunda presentación, que también recayó en Casanello, la vicepresidenta apuntó contra tuiteros oficialistas y la diputada Lilia Lemoine por participar “de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio de la ciudadanía en general y a los lectores de la red social X en particular, contra el poder que presido, la figura de la presidencia del H. Senado de la Nación, mi persona, mi círculo de confianza personal, familiar y laboral”.
La denuncia apuntó contra “@El_Pubertario, @agachatqtlameto, @NickyMarquez, @lilialemoine, @ElTrumpista y @Mialygosa”.
Las agresiones, hostigamientos, insultos, mentiras y amenazas veladas ”traspasaron todo tipo de límites en cuanto a libertad de expresión se trate, configurando conductas encuadrables en los tipos penales antes señalados”, aseguró la titular del Senado.
Entre los delitos endilgados a los mencionados aparecen la instigación a cometer delito, asociación ilícita, intimidación pública, incitación a violencia colectiva, apología del crimen, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión.
Villarruel aseguró que las publicaciones de los mencionados busca “mi exclusión del Senado de la Nación, mi detención penal, mi supuesta participación en operación contra el gobierno del que soy parte y que procurarían desestabilizar al Poder Ejecutivo”.
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En la demanda, Villarruel pidió también que se investigue si las publicaciones en su contra son financiadas con dinero del Estado.
Los encargados de llevar adelante la investigación, por orden de Casanello, serán los fiscales Guillermo Marijuan y Franco Picardi.
Victoria Villarruel, Justicia, Gobierno, Javier Milei
POLITICA
Una convocatoria del sindicalismo K desafía al sector mayoritario de la CGT y hay indicios de ruptura

Cuando el diseño de la futura CGT parecía encaminado, este miércoles habrá una postal que grafica un escenario de ruptura: mientras el sector mayoritario de la central tiene previsto reunir al mediodía a unos 150 dirigentes en un asado de “camaradería” para poner en marcha la renovación de autoridades cegetistas, el 5 de noviembre próximo, el sindicalismo kirchnerista convocó a un encuentro a las 18 para diferenciarse y exigir que “se discuta un proyecto antes un recambio de nombres”.
Aunque aún nada esté cerrado, avanza un principio de acuerdo entre varios sectores internos de la CGT para mantener el esquema de triunvirato y suenan algunos nombres para integrarlo, pero hasta ahora no hubo contactos oficiales con los dirigentes kirchneristas como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA) y Sergio Palazzo (bancarios), entre otros, que mantienen una postura crítica ante estrategia cegetista actual.
Hasta ahora, va ganando consenso la propuesta del sector mayoritario de la CGT, que integran “los Gordos” (Sanidad y Comercio, hoy divididos), los independientes (UPCN, UOCRA y Obras Sanitarias) y el moyanismo (Camioneros), a quienes hay que sumar al barrionuevismo (Gastronómicos, estaciones de servicio, Carga y Descarga y Maestranza, entre otros) y a un grupo de aliados (como UDA, Judiciales y Alimentación).
En este bloque había diferencias acerca de si seguir con un triunvirato o volver al único titular de la CGT, pero en las últimas semanas se consolidó la idea de mantener el esquema de 3 cotitulares y circulan nombres como los de Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Jorge Sola (seguro) y Maia Volcovinsky (judiciales), entre otros.
Los kirchneristas, en cambio, reclaman que se discuta un proyecto que sustente a la futura CGT antes de definir sus integrantes, con la intención de garantizar que haya una línea claramente opositora al gobierno de Javier Milei.
Incluso, esta fracción cuestiona duramente algunos de los sindicalistas propuestos por la actual cúpula de la CGT para el nuevo triunvirato. A uno de ellos, en los pasillos de la UOM lo descalifican al identificarlo como un “elegido de Paolo Rocca”, el presidente del Grupo Techint.
El escenario de virtual ruptura quedó a la vista cuando se resolvieron dos convocatorias distintas para este miércoles. Los líderes de la corriente mayoritaria de la CGT organizaron un asado con unos 150 dirigentes en el camping de SETIA, en Ezeiza, antes de aprobar el cronograma electoral de la central. Y Furlán llamó a un encuentro en la sede del PJ, Matheu 130, al que, aseguran, irán unos 15 jefes sindicales de la CGT y dirigentes de las regionales cegetistas para hablar de lo que sucede en el PJ bonaerense y, además, fijar una posición crítica de sus adversarios sindicales.
Se descuenta que a la comida en Ezeiza asistirán los principales líderes sindicales, como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos), mientras que a la reunión del PJ concurrirán Furlán, Pignanelli, Palazzo, Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto Di Próspero (personal legislativo). Pero será inevitable que al final del día se haga un recuento de los presentes en los dos eventos para ver “quién ganó” en cantidad de sindicalistas.
La idea de quienes rodean a Furlán es buscar apoyos para lanzar su candidatura como único titular de la CGT para el congreso del 5 de noviembre y para eso apuestan a quitarle legitimidad a los acuerdos a los que lleguen sus rivales para la composición futura de la central.
En el sector contrario, seguro de su predominio, afirman que no preocupa la ofensiva kirchnerista: “Si tienen el número suficiente, que se presente en una lista para ver quiénes lo van a votar”, dijo uno de sus referentes.
De todas formas, más allá del contrapunto de este miércoles, los kirchneristas tienen previsto ir a la reunión del Consejo Directivo de la CGT, este jueves, a las 15, para aprobar el cronograma electoral que finalizará en el congreso del 5 de noviembre en Parque Norte.
Antes, el 18 de septiembre, deliberará el Comité Central Confederal, máximo órgano resolutivo de la CGT, para hacer la convocatoria oficial al congreso en el que se renovarán las autoridades cegetistas hasta 2029.
¿Se verán finalmente las caras este jueves los dirigentes enfrentados en posturas tan extremas? Hay un incipiente aroma a fractura, aunque de uno y otro lado aseguran que en la nueva CGT finalmente estarán todos. Las próximas horas serán decisivas para medir la solidez o no de la unidad sindical, ese viejo objetivo que declama su dirigencia mientras hace gestos en sentido contrario.
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Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

Tras 16 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda colectiva por el ajuste de las jubilaciones y volvió a exigir al Congreso Nacional que nombre al Defensor del Pueblo, cargo que está vacante desde hace más de 15 años.
El máximo tribunal también exhortó al Congreso a legislar sobre los procesos colectivos para darles un camino legal.
Lo hizo al rechazar la demanda contra el Estado nacional que en 2009 había impulsado Eduardo Mondino, el entonces Defensor del Pueblo, para que a través de un amparo colectivo se hicieran extensivos los alcances del “Caso Badaro”, a todos los haberes de jubilados y pensionados.
El argumento fue que el Defensor del Pueblo no tiene legitimación y cambiaron las circunstancias en estos años.
El camarista Juan Fantini, integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, afirmó ante el fallo: “El fallo era necesario; salió a destiempo, 16 años después; como no se cubre desde hace décadas el cargo de defensor del pueblo y como, en el medio, hubo una reparación histórica, hoy no se puede más que rechazar el planteo”.
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que en el trámite que insumió la demanda no solo se habían establecido pautas en la Corte sobre los procesos colectivos sino que, además, una ley había intentado dar respuesta a los jubilados en sintonía con el fallo Badaro.
Por eso, la Corte Suprema sostuvo que el amparo no era la vía admisible sino que, además, ya no estaba claro cuál era el alcance del grupo afectado.
“Corresponde reiterar la exhortación formulada en Fallos: 339:1077 y Fallos: 339:1562 al Congreso de la Nación para que cumpla con su deber constitucional plasmado en el art. 86 y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”, dijo la Corte.
Asimismo, reiteró la Corte lo que ya había dicho hace 15 años en el caso “Halabi” al Congreso de la Nación para que “se sancione una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos”.
Con las mismas exhortaciones, por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti opinó que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”.
Y agregó que la Defensoría del Pueblo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados afectados.
Según señaló, “la regla es que los titulares de un derecho a la movilidad jubilatoria pueden accionar individualmente ante la omisión del cumplimiento por parte del Estado y “por consiguiente, el Defensor del Pueblo de la Nación no tiene legitimación para sustituirlos en cuestiones patrimoniales, ya que no hay ninguna ley que así lo establezca”.
También afirmó que los afectados era “personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales” y que “pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones aquí denunciadas por el pretensor”.
Adolfo Badaro era un conductor de buques que se jubiló en el año 1983 y fue a los tribunales sosteniendo que con la ley de Solidaridad Previsional de 1995 su jubilación había quedado desactualizada, la crisis del fin de la convertibilidad había afectado su ingreso y los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo – con posterioridad a la crisis de 2002- solo tenían repercusión para los jubilados que cobraban la mínima.
En su demanda, la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Solidaridad Previsional (que contenía las pautas de movilidad) y ordenó el reajuste del haber jubilatorio del actor a partir del 1 de abril de 1995 según el valor Módulo Previsional.
Tanto el jubilado como la ANSES apelaron y en 2006 el caso llegó a la Corte Suprema, que revocó la sentencia y estableció que era un deber del Poder Legislativo reglamentar la garantía de movilidad jubilatoria, fijando un índice de actualización.
El Gobierno de entonces consiguió sancionar la Ley 26.198 que, entre otros puntos, otorgó un aumento del 13%, a ser percibido por todos los jubilados, pero Badaro volvió a ir a la Corte Suprema por entender que esa nueva ley no cumplía con las pautas fijadas por el máximo tribunal en lo relacionado con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad.
La Corte entonces declaró la inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2° de la ley 24.463 y estableció, ella misma, las pautas de movilidad: dispuso que la prestación de Badaro se ajuste, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Para ese momento, en los tribunales previsionales se agolpaban presentaciones de otros jubilados que estaban en la misma situación inicial que Badaro.
Y el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, en nombre del universo de todos los jubilados y pensionados, promovió una acción de amparo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional a adoptar las medidas adecuadas para el cese de la omisión en que habría incurrido al no conceder a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución Nacional.
En aquella presentación, solicitó que se dispusiera un ajuste por movilidad en beneficio de los jubilados y pensionados que se encontraban en la misma situación previsional que la examinadas en el caso Badaro.
Ahora, en un voto conjunto, los jueces Rosatti y Rosenkrantz explicaron que a la hora de decidir había que considerar una serie de circunstancias que habían sucedido a lo largo del “largo trámite” de la causa: el desarrollo de los recaudos del proceso colectivo, la vacancia del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y la sanción del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260 (“Ley de Reparación Histórica”) “que tienen un impacto directo a la hora de dictar la presente sentencia”, dijeron.
Según se recordó, la Corte Suprema fijó criterios sobre los procesos colectivos como requisitos para su admisibilidad y trámite.
Pero la Defensoría del Pueblo nunca pudo evaluarlos: Mondino se fue de ese cargo en 2009 y desde entonces el Congreso Nacional nunca nombró a un sucesor.
“Esta prolongada vacancia en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación — órgano específicamente legitimado para la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional dificultó sin duda alguna el trámite del expediente, pues el demandante no tuvo oportunidad de acomodar la demanda a los recaudos elementales que surgen de los fallos y acordadas mencionados en el párrafo anterior y que resultan condicionantes para que un proceso colectivo sea admisible y, de este modo, pueda ser tramitado”, dijeron Rosatti y Rosenkrantz.
Es más: señalaron que “si aún por hipótesis se siguiera la posición más favorable para el demandante” para dar por cumplidos los recaudos que hacen a la viabilidad del proceso colectivo y a su legitimación, correspondería, de todos modos, rechazar la vía del amparo” por entender que no era el “carril adecuado” para encausar el planteo.
A este escenario, dijeron Rosatti y Rosenkrantz, había que sumar otros dos frentes: los afectados que promovieron demandas individuales y tuvieron éxito en estos años, y la sanción de la ley que envió al Congreso el Gobierno de Mauricio Macri de reparación histórica, que buscaba sanear la situación abierta con el fallo Badaro, en donde se dispuso que la movilidad del haber previsional para el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 debía calcularse con el índice salarial del INDEC para aquellos que adhirieran al programa establecido por esa ley (que incluía la renuncia a reclamos judiciales).
“De lo expuesto surge que la sanción de la Ley de Reparación Histórica modificó las circunstancias existentes en el momento de la promoción de la presente acción, pues el demandado ha ofrecido a cierto universo de beneficiarios la posibilidad de adherirse a un programa para satisfacer en los términos allí fijados el derecho que se intenta hacer valer a través de esta acción”, señalaron Rosatti y Rosenkrantz.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Kicillof reconoció que analizó ser candidato testimonial en las elecciones bonaerenses: “La dirigencia tiene que poner el cuerpo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló que analizó ser candidato testimonial en las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre. “Me lo ofrecieron, estuve dispuesto a serlo porque sé lo que está en juego. La dirigencia política tiene que poner el cuerpo, dentro de lo legal”, afirmó el mandatario.
En la misma línea, Kicillof hizo hincapié en su compromiso con la campaña. “Me la estoy cargando al hombro, como si lo fuera”, aseguró en diálogo con CNN Radio en referencia a la posibilidad trunca de haber integrado una lista.
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“A nadie le va bien con Milei, con excepción de grupos minúsculos. Ante esta situación de mucha gravedad, hay que ponerse al frente”, subrayó. Y remarcó: “Está en peligro la democracia”.
En otro tramo de la entrevista, el Gobernador apuntó contra el Presidente: “Estamos en un momento que si Milei gana las elecciones lo que va a hacer es de una gravedad que me complica contarlo”.
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Además, se refirió al escándalo por presuntas coimas en la ANDIS: “Se vienen acumulando hechos, denuncias, algunas muy escandalosas. Soy respetuoso porque no me gusta que me lo hagan a mí como lo hicieron y no quiero con temas judiciales en medio de una campaña andar tirando de más”.
“Al Gobierno se le están viendo las costuras. Es un plan económico que se aplicó varias veces en la Argentina, el de estabilización, de ajuste. Es el de la tablita de Martínez de Hoz”, indicó Kicillof. “Esto ya pasó”, sentenció.
“No es la única manera de estabilizar la inflación, destruir la historia y los salarios de la gente. Si no hay guita en el bolsillo la inflación deja de existir, es obvio. Pero no es el camino”, explicó. Aunque aclaró: “Tuvimos 4 años de gobierno anteriores a Milei que fueron muy desafortunados”.
“Veo a un Gobierno muy nervioso, se nota cuando hablan. Y tiene razones, porque no encuentran explicación para este hecho de público conocimiento (en referencia a la investigación por presuntas coimas en la ANDIS). Estuvieron 4 días callados y eso que tienen un ejército de tuiteros”, expresó el mandatario bonaerense.
“Tiene que ir a consensuar, en vez de hacer barbaridades. Va contra todo, contra la soberanía nacional. Es un desastre lo que está haciendo”, sentenció Kicillof.
Axel Kicillof, Elecciones, Candidaturas