El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, dio un espaldarazo al Gobierno de Javier Milei tras la decisión de este último de declarar persona non grata al encargado de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, y exhortarlo a que abandone el país en 48 horas.

La medida se oficializó este sábado a través de un comunicado de la Cancillería argentina a cargo del ministro Pablo Quirno, y replicado por el presidente Javier Milei.

I welcome the decision by @Cancilleria_Ar to declare Mohsen Soltani Tehrani, the Iranian Embassy’s chargé d’affaires in Argentina, persona non grata and to expel him from the country.

The grounds for this decision include the Iranian regime’s persistent refusal to cooperate with…

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 2, 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel celebró la medida en su cuenta de X: “Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina, y de expulsarlo del país”, declaró.

A su vez, el diplomático agradeció al su par Pablo Quirno por el gesto y al mandatario Milei, quien calificó como un referente de la defensa de la libertad y en el combate contra el terrorismo.

En palabras del canciller de Israel el régimen de Irán constituye “la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales”, a la vez que resaltó que es “asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; no es legítimo”.

La entrada Israel respaldó la decisión del Gobierno de Milei de expulsar al encargado de negocios iraní se publicó primero en Nexofin.

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La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

La palabra de Yacobitti

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, subrayó que existen dos medidas cautelares favorables a las universidades y remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”. El funcionario universitario puntualizó que, aunque el Gobierno eleve un recurso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal sostiene que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por lo tanto, no son materia de su competencia.

Yacobitti expresó además que “el PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley”. Y alertó que la desobediencia de la orden judicial puede constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

El vicerrector de la UBA también destacó la situación de deterioro salarial que atraviesan quienes trabajan y enseñan en las universidades públicas. Según sus palabras, “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”.

A su vez, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre el Gobierno y los representantes universitarios para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino”, concluyó.

El conflicto con las universidades

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo que reúne a las economías más grandes del mundo, publicó un informe en el que recomienda al Gobierno que adopte, “con carácter urgente”, medidas para investigar los delitos de cohecho internacional. Es decir, las denuncias de sobornos en casos de corrupción que involucren a funcionarios extranjeros.

Así lo consignó el último informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, publicado este martes. El relevamiento, que presenta una evaluación crítica y recomendaciones sobre la implementación del convenio, también destaca que Argentina “ha avanzado en la lucha contra el cohecho internacional”, al detectar que hubo mejoras en materia de cooperación e investigación judicial.

Ese reconocimiento dio pie a que el canciller, Pablo Quirno, celebre el reporte como un hecho positivo y “un paso relevante hacia el acceso a la OCDE, en línea con las reformas y la estrategia de inserción internacional impulsadas por el Presidente Milei”.

Sin embargo, el organismo remarcó la persistencia de un déficit de Argentina y del Gobierno para afrontar este tipo de delitos vinculados a la corrupción. En concreto, señaló que el país aún enfrenta “barreras estructurales”.

Uno de los puntos señalados es que el sistema de detección de este tipo de delitos internacionales carece de un marco legal que garantice la protección de los denunciantes y testigos (los “whistleblowers”). Además, el informe remarca que las causas judiciales de cohecho internacional en Argentina siguen experimentando retrasos, lo que “plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción. De hecho, los casos que involucran en delitos complejos a empresas son inexistentes.

“Son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresaria, ocho años después de su adopción”, indica la OCDE en un comunicado. Solo existe una aplicación concreta de acuerdos de colaboración en casos de corrupción doméstica, dice el reporte.

Incluso, el grupo deslizó comentarios que contrastan con la prédica de la moral del Gobierno y la batalla cultural libertaria: señaló que el periodismo de investigación es la principal vía de detección de casos de este tipo y llamó la atención que el reporte de denuncias de soborno transnacional por parte de funcionarios públicos “sigue siendo mínima, y no se han detectado casos a través de canales contables, de auditoría o fiscales”.

Los avances que consigna la OCDE, con base en París, se contrastan en relación a la última evaluación realizada hace casi una década, realizada en el año 2017. Desde ese momento, se identificaron 17 nuevas denuncias por cohecho vinculados a causas argentinas en el exterior y, en 2025, se resolvió el primer caso contra una persona física en Argentina.

El balance sobre este aspecto sabe a poco, teniendo en cuenta la corrupción endémica en el país. El único fallo con condena fue para un responsable de una firma tecnológica (Technological Services) que buscó obtener contratos en El Salvador: recibió una pena en suspenso de un año, inhabilitación para cargos públicos y la obligación de donar 2 millones de pesos a una entidad de bien público. Otro de los procesados alcanzó un acuerdo en un juicio abreviado.

En concreto, la única sanción aplicada fue de alcance mínimo, sin sentar un precedente relevante. “La indulgencia de las sanciones -en particular, la pena condicional en el extremo más bajo del rango previsto por el artículo 258bis (de uno a seis años de prisión) y el acuerdo de suspensión de juicio- genera preocupación sobre su eficacia, proporcionalidad y carácter disuasorio”, señala el reporte, que recomienda transparentar los criterios para acuerdos no judiciales y sanciones.

Otra mención llamativa es el uso creciente de la Unidad de Información Financiera (UIF) como fuente de detección de sobornos transnacionales, con cuatro casos identificados por lavado de dinero. Es algo visto como una “buena práctica” frente a otros países de la región, pero el propio informe advierte que la calidad y el origen de los reportes siguen muy concentrados en el sistema financiero y que la integración plena de profesiones “clave” (como abogados y síndicos) recién empieza

El grupo internacional ponderó positivamente la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), esta última conocida por realizar escuchas judiciales y realizar relevamientos de redes sociales, correos electrónicos y geolocalización.

Según el análisis, ambos organismos judiciales “han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional, entre otras cosas reforzando la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional”.

Pablo Quirno destacó esa mención de la OCDE, al consignar que el organismo identificó “más coordinación interinstitucional, mejor articulación en las investigaciones y uso efectivo de la cooperación internacional para investigar y sancionar”. “Un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal, coordinado por la Cancillería como punto focal”, subrayó el canciller en sus redes sociales, al calificarlo como “buenas noticias”.

Como recomendaciones, además de la aprobación urgente de un “marco integral de protección de denunciantes tanto en el sector público como privado”, la OCDE instó a acelerar la tramitación de los casos para evitar demoras indebidas, aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones, y reducir de manera sustancial las vacantes judiciales y la dependencia de jueces suplentes. Algo sobre el aspecto judicial se hizo esta semana: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado los pliegos para cubrir 62 cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. La OCDE también planteó elevar las exigencias de las licitaciones públicas.

La fase final del análisis del grupo de trabajo anti sobornos se realizó entre el 16 y el 19 de marzo, en la capital francesa. Una delegación argentina ejerció la defensa en el plenario. Entre septiembre y octubre del año pasado, los expertos del organismos habían visitado el país para recabar opiniones de las partes interesadas del sector público, la sociedad civil y el mundo académico.

Creado en 1994, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho está integrado por 46 países firmantes de la convención internacional. Argentina adhirió en 2001 a este compromiso, que se considera como uno de los más exigentes en materia de lucha contra la corrupción a nivel global.

Cumplir con estos estándares es fundamental para que el gobierno de Javier Milei cumpla con su objetivo de ingresar al selecto grupo de naciones con mayor poder económico. En noviembre de 2025, el canciller Quirno presentó un memorándum para adherir al grupo internacional.

La OCDE es una entidad de gobernanza global cuyas decisiones no son vinculantes para los países miembro, pero que acatar sus recomendaciones y prácticas sirven a los fines de “soft power” global, como un sello de calidad para atraer inversiones.

Argentina presenta una historia reciente con casos reconocidos que incluyeron sobornos internacionales. El más relevante fue el de la empresa alemana Siemens, que salió a la luz por un contrato de licitación en 1996 para emitir DNI y construir un sistema de control fronterizo. Entre 1996 y 2001, la firma pagó aproximadamente 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos, miembros de la oposición y candidatos a ocupar cargos durante el gobierno de Carlos Menem.

La otra causa fue la de la constructora brasileña Odebrecht, que realizó pagos ilegales superiores a 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014, distribuyendo el dinero a intermediarios con la intención de hacerle llegar a funcionarios del gobierno kirchnerista. Las coimas tuvieron alcance regional e involucró a 14 países de América Latina.

Son casos excepcionales. La evaluación del Grupo de la OCDE consigna que el promedio de duración de las investigaciones puede extenderse, en promedio, a los 8 años, y algunas superan la década. Hay 8 investigaciones cerradas y 8 en curso, con varios procesos cerca de prescribir o con riesgo de pérdida de pruebas.

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