El diputado nacional electo por Santa Cruz el cura Juan Carlos Molina quedó envuelto en una nueva denuncia en Chaco por irregularidades en el manejo de fondos públicos en la sede que tiene la Fundación Valdocco en esa provincia. Se trata de un caso espejo a lo expuesto por el gobierno de Santa Cruz sobre la misma fundación que dirige el sacerdote kirchnerista con base en la provincia patagónica.

Ambas provincias detectaron la duplicación de sueldos en más de 70 docentes, incluido Molina como director. Para el cura se trata de “persecución política” y afirma que las provincias actúan “en tándem”.

Molina, un hombre cercano a Cristina y Máximo Kirchner, fue el candidato sorpresa por el que apostó el kirchnerismo en Santa Cruz para encabezar la lista de diputados. Esa lista logró imponerse por menos de un punto al candidato local de La Libertad Avanza.

A poco de conocer el resultado electoral, la expresidenta fue de las primeras en felicitarlo.

En Cañadón Seco, al norte de Santa Cruz, Molina creó hace más de dos décadas la Fundación Valdocco, un centro de recuperación terapéutica y con fines educativos para jóvenes en contexto de riesgo y marginalidad.

Con fuerte financiamiento estatal y donaciones, la fundación fue creciendo hasta fundar sedes en El Calafate, Chaco e incluso en Haití.

Sin embargo, el año pasado, tras el cambio de color político en Santa Cruz, el Gobierno provincial lo denunció por supuestas irregularidades en el manejo de fondos. Ahora se sumó una denuncia de la provincia de Chaco.

La ministra de Educación de Chaco, Sofía Naidenoff, y el coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, informaron que la sede de la Fundación Valdocco había sido clausurada luego que se detectaran irregularidades en el manejo de los 124 millones de pesos mensuales que la provincia les destinaba para el pago de sueldos a docentes. Según la provincia, constataron que 78 docentes cobraban simultáneamente en Santa Cruz y en Chaco. Tras la decisión, la justicia dio lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación y ordenó al Gobierno chaqueño que siga pagando los sueldos.

“Esta medida cautelar obliga al ministerio a seguir pagando, por lo tanto el Chaco va apelar para que no se le aplique astreintes, plata que tiene que pagar la provincia si no cumple, que es dinero de todos los chaqueños con una situación totalmente irregular”, afirmó la ministra de Educación. Naldenoff confirmó que el Gobierno apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Chaco.

Consultado por , el cura Juan Carlos Molina afirmó: “Por ahora no tenemos nada para decir, ya está dicho todo”. Y agregó: “Hay dos cautelares vigentes y estamos por detrás del amparo. Lo que dijeron (en Chaco) es más de lo mismo que decían también en Santa Cruz, están trabajando en tándem, así que no diré más que eso, porque cualquier cosa que diga terminan sufriendo las familias y los niños”.

Sobre la situación, Molina agregó: “Hay que dejarlos que digan lo que quieran (por los funcionarios), que actúe la justicia como está actuando es lo más importante”, añadió en referencia a la última cautelar de la justicia chaqueña que obliga al Gobierno de Chaco mantener los fondos a la Fundación.

Anoche el Foro de Intendentes Radicales del Chaco, encabezado por Glenda Seifert, repudió la medida judicial que obliga al Estado provincial por seguir pagando los sueldos de docentes de la Fundación Valdocco — institución clausurada por graves irregularidades — y respaldó la apelación presentada por el Gobierno. Los jefes comunales atribuyeron estas irregularidades a la gestión de Jorge Capitanich, pidieron celeridad judicial y reclamaron transparencia y rendición de cuentas por los presuntos hechos de corrupción que afectan al erario público.

En Chaco, la Fundación Valdocco se instaló en el 2010 y creó una Unidad Educativa Privada con albergue estudiantil en General Vedia y en Comandancia Frías. Según la investigación del Gobierno chaqueño, muchos de los supuestos trabajadores de la fundación vivían en localidades como Caleta Olivia, El Calafate, Ingeniero Juárez o la ciudad de Buenos Aires, sin prestar servicios en territorio chaqueño.

“No podemos pagar cerca de 130 millones de pesos mensuales a personas que no están en la provincia”, advirtió el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, por su parte la ministra de Educación remarcó que la clausura de la sede en Chaco se produjo luego de múltiples pedidos de documentación que la institución nunca respondió, y de constatar que no había alumnos en la sede de Comandancia Frías, en tanto aclaró que en General Vedia se encontraron 25 chicos en situación de albergue, bajo un supuesto tratamiento terapéutico, pero sin vinculación familiar ni encuadre pedagógico adecuado.

La conexión con Santa Cruz

El Gobierno chaqueño fue alertado por su par de Santa Cruz, luego que en noviembre pasado se iniciara un cruce de información entre las dos provincias que arrojó el doble cobro de sueldos simultáneos de personal de la Fundación Valdocco en ambas jurisdicciones. A su vez, la administración del gobernador Claudio Vidal cuestionó que los montos de las partidas para alimentos que se enviaban no coincidían con el número de beneficiados y puso bajo examen los $500 millones mensuales que destinaban a la Fundación.

Molina denunció ser víctima de una “persecución política” en su contra y aseguró contar con el apoyo del entonces papa Francisco, en tanto que presentó un amparo para evitar la suspensión de fondos, que en primera instancia el juez Marcelo Bersanelli, falló a su favor. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones rechazó el amparo y estableció que la Fundación debía informar el número real de beneficiarios.

Mientras tanto, el estado sigue enviando fondos a la escuela de Valdocco en El Calafate -nivel primario y secundario- por más de $250 millones por mes, según confirmaron fuentes del Gobierno santacruceño a .

En los tribunales de Santa Cruz hay dos denuncias iniciadas por el Gobierno provincial contra la Fundación, una penal por el manejo de los fondos, hoy en el juzgado de Instrucción 2 de Río Gallegos, y otra presentada en octubre en la justicia federal de Caleta Olivia, donde además se pide que investigue el posible delito de trata de personas sobre niños de la comunidad wichi que fueron llevados al sur.

“Muy bien, muchas gracias. Les voy a pedir que se retiren. Ya pasó un tiempo prudencial”. De ese modo el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, invitaba a retirarse a la segunda tanda de periodistas y fotógrafos que buscaban una instantánea de él y sus colegas Fernando Canero y Germán Castelli, y se ponía en marcha, en ese mismo momento, el juicio oral de la causa por los Cuadernos de las Coimas, con cada uno de los 87 imputados conectados de forma virtual.

En el inicio del juicio, la secretaria del tribunal constató la presencia virtual de los 87 imputados y sus respectivos abogados. Le tomó más de 15 minutos. Entre ellos, se encontraba la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita, que enfrenta el juicio desde su departamento en San José 1111, donde cumple la condena a 6 años por Vialidad.

La lectura del requerimiento de elevación a juicio se vio interrumpida casi al comienzo. La cámara de la expresidenta enfocaba solo a su abogado, Carlos Beraldi, dejándola a ella fuera del cuadro. Lo mismo ocurría con otros tantos imputados.

“Les pido a las personas que no aparecen en cámara, que lo hagan”, solicitó el juez Méndez Signori.

La expresidenta volvió a aparecer, pero con el correr de los minutos se fue apartando nuevamente de la cámara, dejando solo su hombro. De a ratos, Beraldi intercambiaba algún comentario con ella, tapándose la boca con su mano.

La antesala del juicio estuvo marcada por un mensaje de la expresidenta en redes, donde calificó de “bodrio y opereta judicial” a la causa; llamó “extorsionados” a los empresarios y funcionarios “arrepentidos” y describió a los cuadernos de Centeno como “truchos”, desafiando indirectamente el peritaje realizado por la Gendarmería que estableció que eran auténticos y se correspondían con el puño escritural del chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.

También antes del inicio del juicio, los jueces abrieron la sala a los medios para que ingresaran y tomaran fotos.

Los tres jueces se encuentran juntos en el TOF 7, una sala de colores apagados, techos altos y poco más de 4 metros cuadrados, ubicada en el sexto piso del Palacio de Tribunales. Una de sus paredes está reservada exclusivamente para cajas con expedientes que llegan hasta el techo.

El inicio del juicio, previsto para las 9:30, se demoró más de una hora. Durante buen rato, los tres magistrados salieron e ingresaron al tribunal por una puerta lateral, como un empleado más, pasando por completo inadvertidos frente a las cámaras.

Ya en la audiencia, la secretaria del tribunal leyó la primera parte de la acusación fiscal: relató cómo se iniciaron 6 de las 10 causas que componen el caso de los cuadernos que comenzó hoy. Contó que en abril de 2018 se le tomó testimonial al periodista del diario Diego Cabot, quien había iniciado una investigación meses antes. “Se refirió a que contaba con información y documentación que podía resultar de interés”, leyó.

El periodista había recibido una caja con los ocho cuadernos donde el chofer Centeno realizó las anotaciones que dieron inicio a su investigación, escritos sobre hechos que se fueron revelando con mayor nivel de detalle con los años, donde, entre otras cuestiones, figuraban direcciones que luego Centeno confirmaría que eran los domicilios de empresas vinculadas al mundo de la construcción o el transporte.

Luego se leyeron los 40 puntos del requerimiento de elevación de solo una de las causas que integran el juicio oral. Allí se despliegan solo algunos de los cargos que la fiscalía dice tener por acreditados contra la expresidenta: asociación ilícita, en carácter de jefa; cohecho pasivo, en calidad de coautora, en 26 oportunidades. A la secretaria le tomó más de media hora hacerlo.

Luego, continuó con los hechos que la fiscal Fabiana León le imputa al exministro de Planificación, Julio de Vido, pero en la lectura la reemplazó uno de sus colegas.

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