Uno de los cuentos más clásicos de Jorge Luis Borges es “El Aleph”, un cuento fantástico en el que imagina que existe un punto que contiene todos los puntos del universo. El caso YPF, sobre el que este lunes hubo una novedad judicial en Estados Unidos, y toda la peripecia de la empresa durante el kirchnerismo, es una especie de Aleph donde uno puede encontrar los distintos planos y dimensiones de la corrupción en la Argentina.

Este caso demuestra que no estamos ante la evidencia sistemática y reiterada de distintos episodios de corrupción, sino que hay un sistema que produce, como si fuese una usina, este tipo de miserias. Para que ocurran, deben coordinarse funcionarios, empresarios y Poder Judicial. Una mezcla de malicia e incompetencia deliberada, donde uno no termina de discernir si lo que hay es gente extraordinariamente astuta, o demasiado tonta, por las consecuencias costosas de sus actos. YFP permite ver, como ningún otro caso en la era kirchnerista, este fenómeno.

La jueza Loretta Preska es la que está resolviendo este caso en Nueva York. Allí el fondo Burford reclama una indemnización por la estatización de YPF dispuesta por Cristina Kirchner. Burford compró el 70% de los derechos a reclamar de la familia Eskenazi. Preska decidió satisfacerlo ordenando al Gobierno que le entregue las acciones de YPF en poder del Estado, que son el 51% del paquete de la compañía. Es decir: Preska decidió una reprivatización de facto.

No solamente ella quiere resarcir al fondo Burford. Además, con las mismas acciones, decide compensar el reclamo de unos acreedores financieros que nada tienen que ver con este caso.

Esta historia nace de una obsesión de Néstor Kirchner. Antes de llegar al poder, y más aún cuando lo consiguió, quería tener una empresa energética estatal. Los que miraban muy de cerca el comportamiento de Kirchner dicen que le producía mucha envidia, en reuniones que él compartía con Evo Morales, Lula Da Silva y Hugo Chávez, ver que esos presidente de Bolivia, Brasil y Venezuela pudieran, con un llamado, tomar una medida energética conveniente a su política, y él no. El entonces presidente tenía que hablar con un español de Repsol, que manejaba YPF desde Madrid.

Esto es lo que llevó a Kirchner a imaginar primero la creación de Enarsa. Finalmente, no funcionó. Hay una foto fantástica de aquella época, donde se los puede ver a Kirchner y Chávez diseñando, en una especie de delirio digno de otro cuento de Borges, un gasoducto que iba en línea recta desde la faja del Orinoco hasta Buenos Aires.

No fue la única fantasía. La siguiente fue comprar YPF. Se habló incluso con gente del banco Morgan Stanley. Pretendía pagar con la misma renta de YPF. Mientras desarrollaba aquel sueño, había una política de acoso a Repsol que llevaba adelante Kirchner, cuyo ejecutor material solía ser Guillermo Moreno.

Existe una anécdota significativa. En febrero de 2014, Kirchner hizo un viaje reparatorio a Madrid que tenía la intención de compensar lo que había sido un viaje anterior, que sucedió en 2003 y donde él maltrató a los españoles. Entre las actividades, estaba prevista la presentación de una guía turística argentina elaborada por Repsol. Se hizo en el Instituto Ferial de Madrid. El presidente de Repsol era Alfonso Cortina, ligado al gobierno de Aznar. Cortina, subiendo la escalera mecánica y yendo a la presentación de aquella guía, le pregunta a un argentino bien informado: “¿Qué quiere Kirchner que nos presiona tanto?”. La respuesta fue “¿no estará buscando plata?”, a lo que Cortina contesta: “Ya le damos plata. ¿Qué más quiere?”. La respuesta aparecería tras el desplazamiento de Cortina, la llegada de los socialistas de José Rodríguez Zapatero al gobierno y de Antonio Brufau a Repsol. Es Brufau el que se da cuenta de que Kirchner quería “argentinizar” parte de YPF.

Así comenzaron las tratativas para encontrar cuál sería el grupo empresario argentino que se quedaría con esa parte de YPF. De esas negociaciones participó Brufau, Miguel Sebastián, que era el principal asesor de La Moncloa, y Trinidad Jiménez, encargada de asuntos latinoamericanos de la Cancillería española. Todos ellos, en diálogo con Julio De Vido, ministro y mano derecha de Kirchner en materia de infraestructura y energía. Llegan a identificar a algunos empresarios argentinos que podrían ser los que contrajeran nupcias con Repsol para entrar en YPF. Cuando De Vido le lleva a Néstor Kirchner esos nombres, Kirchner ordena: “No, el que se va a quedar con la parte argentina es Enrique Eskenazi y Sebastián, su hijo, dueños del Banco de Santa Cruz”.

Allí se advierte que lo que era la fantasía de una argentinización de una parte de YPF, en realidad era una “kirchnerización”. Kirchner ya les había hecho crear a los Eskenazi una sociedad energética. Esa familia que nunca había pisado el campo de la energía si no que venía de la construcción. Enrique Eskenazi había sido gerente general de la empresa Petersen, Thiele & Cruz, que —las vueltas de la historia— en su trayectoria tiene haber creado la sede central de YPF sobre Diagonal Norte. Dicen que en los años 80, en medio de la gran crisis de la construcción, Eskenazi, como gerente general, fue llevando la compañía a una situación prácticamente de quiebra y él mismo la compra, traicionando a sus dueños,

Después los Eskenazi entraron en el campo bancario comprando, antes que nada, el Banco de Santa Cruz. Ahí empezó el encuentro y la intimidad con los Kirchner. A tal punto que, cuando Néstor y Cristina tuvieron una causa por enriquecimiento ilícito en el juzgado de Norberto Oyarbide, para justificar su enriquecimiento, explicaron que la familia Eskenazi era dueña del Banco de Santa Cruz, y les daba una renta que era excepcional hasta para el mercado internacional. Eran tan generosos los Eskenazi que, gracias a la tasa de interés que pagaban por los depósitos a la familia Kirchner, el matrimonio podía justificar una fortuna extraordinaria.

Repsol terminó de entregar a la familia Eskenazi el 25% de las acciones de YPF en dos etapas. Esa operación se realizó con la intervención del Credit Suisse Boston, el banco señero de toda esta etapa. Después sería el banco a través del que Kirchner se trataría de quedar —en una operación también muy oscura, de la que participó el actual canciller Gerardo Werthein— con los activos de los italianos de Telecom Italia en Telecom. Pedro Chomnalez, íntimo amigo de Sebastián Eskenazi, y Andrea Camp, que era una subordinada de Chomnalez, fueron los encargados de llevar adelante esta operación por la cual ingresan los Eskenazi a YPF. Y ese ingreso es saludado, en una presentación pública, por Antonio Brufau, el presidente de Repsol, con una frase que hizo historia: “Aquí estoy con Enrique Eskenazi, nuestro nuevo socio, un experto en mercados regulados”.

¿Cómo pagaron los Eskenazi ese 25%? Se les concedió que pudieran ir pagando esos activos sin poner plata, con los dividendos que cobraban en la misma YPF. Incluso, durante su entrada en el verano de 2008, ya se había postergado una distribución de dividendos en YPF para que ellos pudieran cobrarlos aun cuando todavía no formaban parte de la compañía.

A Repsol le sirvió todo eso ya que la política de distribución de dividendos —y, por lo tanto, de desinversión en YPF— fue tan generosa que ellos también podían sacar fondos de la Argentina, queriendo irse del país e invirtiendo en otras regiones. No solamente ingresan los Eskenazi con el 25% de la empresa —primero fue un 15%—, sino que Repsol les entrega el control cotidiano de la compañía. Sebastián Eskenazi pasa a ser el gerente general del CEO: se convierte en amo y señor de YPF.

Es un detalle interesante. Axel Kicillof, cuando estatizó la empresa enardecido en contra de Repsol, jamás menciona a los Eskenazi, que eran los que verdaderamente manejaban la compañía y tomaban las decisiones en las cuales se basó el actual gobernador para justificar su apropiación por el Estado. Por alguna razón, Kicillof tiene una amnesia respecto de cuál fue el papel de los Eskenazi en la empresa. Era la época en que él no estaba enfrentado a Cristina. No vaya a ser que ahora recupere la memoria.

La muerte de Néstor Kirchner en 2010 fue un hecho sumamente relevante. Su fallecimiento no solo importó desde el punto de vista político sino también de este submundo de negocios. Daba la impresión de que Kirchner controlaba todo esto de manera muy personal, casi secreta.

Se podría escribir un libro sobre los efectos de la muerte de Kirchner en este sistema. Boudou se queda con Ciccone, Massa con una liga de intendentes que debían limitar a Daniel Scioli, Stiuso se queda con toda la operación judicial y los Eskenazi se quedan con YPF, dándole la espalda a los propios Kirchner. Hubo una especie de Big Bang al cual probablemente Cristina Kirchner sea parcialmente ajena. Ella sin dudas tenía conocimiento de los movimientos de Lázaro Báez, de Cristóbal López, y poco más. Y los Eskenazi empiezan a hacer su vida.

¿Hubo alguien que les avisó a los Kirchner que había compromisos de la familia Eskenazi con la familia Kirchner que los herederos de Néstor desconocían? ¿Hubo un abogado, exministro de Carlos Menem, que trabajaba para los Eskenazi y le fue a hablar a Máximo? ¿Le habrá dicho: “Mirá, todo esto es tuyo, porque era de tu padre, y ahora te lo van a desconocer”? Esta es una versión que circuló muchísimo en el mundo de las empresas energéticas y también en el kirchnerismo.

Otra fecha clave. Poco más de un año después de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de diciembre de 2011, hubo un encuentro entre Cristina Kirchner y Sebastián Eskenazi, en la que se rompió el vínculo. Ahí empezó a ponerse en funcionamiento la idea de la estatización. Hay quienes creen, sin embargo, que no tuvo que ver con la ruptura de compromisos secretos entre los Kirchner y los Eskenazi, sino que estuvo la ambición de los Kirchner desde el Estado para quedarse con la formación Vaca Muerta, que por entonces empezaba a mostrar todo su potencial.

Recuerdo personalmente una entrevista que tuve con Antonio Brufau, en su departamento de la calle Levene, cuando él se estaba yendo de la Argentina porque lo echaban después de la estatización. Él se preguntó si por una deuda de los Eskenazi con los Kirchner, los Kirchner se iban a cargar una compañía. Brufau creía que había un compromiso que se había roto.

Lo cierto es que existió una reunión en Punta del Este de la familia Eskenazi con asesores, muchos de ellos gente muy protagónica en la época de Menem. Los Eskenazi deciden no avisarle a los españoles que ya no tenían relación con Cristina Kirchner. No les advierten de la ruptura, con lo cual los españoles ni se enteran de que hay en marcha —o se enteran muy tarde— un proceso de estatización.

Ese proceso lo llevan adelante dos personas centralmente: Carlos Zannini, como secretario Legal y Técnico, —pongamos una lupa sobre Zannini, ahora vamos a ver por qué es un personaje central y sospechoso en todo esto— y Axel Kicillof, que fue al Congreso y durante horas defendió la estatización. Entre los argumentos que hoy circulan por la red —porque su discurso es muy llamativo— dijo: “Para estatizar no vamos a ser tan tontos de respetar las pautas que están establecidas en el estatuto de la empresa. Vamos a ignorar las reglas, o los procedimientos, que fija el estatuto de la empresa para esta estatización”. Una idea muy audaz, porque el gobierno argentino puede ignorarlos, pero en la jurisdicción neoyorquina, que es donde se dirimen estos conflictos, la jueza no los ignora. O sea que, a la hora de decidir, a un juez en Estados Unidos si hay que indemnizar o no al estatizado, no le va a importar si Kicillof estaba de acuerdo o no con el estatuto: va a mirar el estatuto y va a mirar las reglas, qué es lo que está pasando. Ahora el Estado argentino tiene que pagar US$16.000 millones por esta picardía. Zannini es quien elaboró todo el material legal de la estatización y ni siquiera contempló poner en el proyecto de ley una salvedad de por qué se está ignorando el estatuto.

Se estatiza el 51% de la empresa. Repsol cobra y renuncia, con ese cobro, a cualquier otro reclamo. Los Eskenazi se quedan con el derecho a reclamar por algo que poseían sin haber puesto una moneda, y reclaman como empresa española, Petersen Energía. Es una sociedad española cuyos accionistas son personajes bastante misteriosos de una sociedad australiana. Esos derechos los venden al fondo Burford, que es un fondo que compra litigios para hacer una fortuna con la diferencia entre lo que está comprando cuando el juicio todavía no empezó y el final del juicio, que ellos suponen con probabilidades de éxito.

En este contexto se va Cristina del gobierno, llega Macri y se hace cargo de la defensa del Estado argentino de manera muy contundente Bernardo Saravia Frías, que fue procurador del Tesoro con Macri. Es clave el cargo: es el jefe de los abogados del Estado, es decir, quien se encarga de la defensa de los intereses del Estado en los tribunales.

Saravia lleva adelante dos estrategias. La primera es mirar cómo es que Burford adquiere sus derechos en España. Descubren que, según la legislación europea, está prohibido que alguien adquiera derechos de un litigio para hacer plata, para montar una especulación financiera sobre eso. Si tengo derecho a US$15 millones, cobro esa cifra, no puedo comprar los derechos para especular con esos derechos. En segundo lugar, si vendo los derechos de un juicio, antes tengo que ofrecerle al deudor el mismo acuerdo. Es decir, si yo, Petersen Energía, los Eskenazi, le vendo a Burford, como le vendieron, por 15 millones de euros, sus derechos para reclamar frente al Estado argentino, antes tendrían que haber hablado con el Estado argentino y decirle: “Si ustedes me dan 15 millones de euros, yo no hago reclamo alguno”. Para evitar esto, quedaron asociados al fondo y vendiendo a Burford sólo una parte: 70% lo tiene Burford y 30% los Eskenazi. Por eso los Eskenazi tienen derecho a cobrar el 30% del éxito o fracaso del juicio. Van a cobrar ese porcentaje de lo que finalmente la jueza asigne o pague. Hoy son US$16.000 millones; de ese 30% tendrán que pagar los gastos de la quiebra o los gastos del concurso, que son básicamente honorarios profesionales, nada importante. Es decir, que los Eskenazi, que entraron de la mano de Néstor a YPF, van a hacer una fortuna.

Esa era la primera estrategia que seguía Saravia en el gobierno de Macri para defender al Estado argentino frente al reclamo de Burford: reclamar en España por la violación de la ley española. La segunda era decir: “Mire doctora Preska, examine bien cómo entraron los Eskenazi, porque usted se va a dar cuenta de que le está reconociendo un derecho a Burford derivado de los Eskenazi, que tienen ese derecho por un origen corrupto de su activo”. Porque entraron a YPF como una especie de testaferros del presidente Kirchner, o al menos de manera muy opaca.

Vuelven los Kirchner o, mejor dicho, vuelve Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Y lo interesante es que el encargado de defender al Estado argentino por la estatización de YPF deja de ser Saravia y pasa a ser Carlos Zannini, el mismo que tiene alguna responsabilidad en todo el juicio por los errores que comete estatizando, aquellas omisiones por las cuales ni se menciona en la ley por qué se está violando el estatuto de la empresa, como para tener un argumento frente a la justicia americana, que es finalmente la que va a decidir porque la jurisdicción es de Estados Unidos.

¿A qué se dedicó Zannini entre la presidencia de Cristina, donde era secretario Legal y Técnico, y la presidencia de Alberto, donde fue procurador del Tesoro? A ser director, por la provincia de Santa Cruz, del banco de los Eskenazi. O sea, convivía con los Eskenazi sin ningún tipo de conflicto. Raro todo, ¿no? Habría que aclararles que tal vez -no corresponde opinar ni prejuzgar a nadie, ni ofender a nadie- los Eskenazi están dispuestos hasta a pagar ese tipo de servicio que prestó Zannini.

¿Por qué todo es tan raro? Porque, durante la presidencia de Macri, en paralelo a toda esta historia, aparece la famosa causa Cuadernos, que la hace estallar Diego Cabot en el diario . En esta causa, entre la infinidad de gente que declara, aparece Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner. Hernán Cappiello, periodista de , que es experto en materias judiciales, publicó una nota en la que informó que Manzanares acusó al banquero Eskenazi de ocultar dinero de los Kirchner. En esa crónica, que reproduce las declaraciones del contador de los Kirchner delante del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, cuenta que el banquero Sebastián Eskenazi, hijo del accionista de YPF y dueño del Banco de Santa Cruz, recibió el dinero negro que manejaba Daniel Muñoz –el secretario privado de Néstor, al que le descubrieron US$70 millones ahorrados, con departamentos inclusive en el Plaza Hotel de Nueva York-. Víctor Manzanares estimó que lo invertido -parece una ironía- en la Argentina fue alrededor de 130 o 150 millones de dólares.

En aquella publicación, Cappiello consigna que Manzanares dice que Muñoz acumulaba la plata y, en determinado momento, decidieron traer todo a Buenos Aires por tierra, con camiones, con camionetas, no sabemos cómo, y que esa fortuna se escondió en algún lugar de la Capital Federal, en una bóveda cuya llave tenían dos personas: Sebastián Eskenazi y Daniel Muñoz. Por supuesto, el Grupo Petersen, nombre de fantasía de los Eskenazi, en aquel momento sacó un comunicado diciendo que todo esto lo único que pretendía era dañar su buen nombre y honor y que era todo falso.

Este entramado está muy vinculado a los servicios de inteligencia. Porque el contacto más importante entre Sebastián Eskenazi y el kirchnerismo era un viejo empleado del Banco de Santa Cruz: Francisco Larcher, segundo de la entonces Secretaría de Inteligencia. Era el que mandaba en la Secretaría de Inteligencia, de quien siempre se ha afirmado -nadie de la Justicia se interesó en saber si es cierto o no- que acumuló US$70 millones en las bóvedas de su casa del country Abril y que, cuando apareció el caso de José López -que lo descubrieron en el convento de General Rodríguez con US$9 millones- hizo que el hijo de su esposa sacara esos US$70 millones de las bóvedas y los llevara en un auto a una playa de estacionamiento ignota de la ciudad de Buenos Aires para después sacarlos del país. Aparentemente, el hijastro de Larcher se cobró esa operación con US$4 millones. Esta es la versión que no ha sido verificada y sería lindo que un día la Justicia tenga la curiosidad de saber si es cierto o no, porque, como decía Maquiavelo, en un país donde no hay Justicia no solo prospera la impunidad, prospera también la calumnia. Es decir, se dicen cosas que pueden ser falsas y nadie las determina.

¿Qué es lo importante? Que Bonadio no avanzó sobre los Eskenazi a pesar de las declaraciones de Víctor Manzanares. Había una viejísima relación entre Bonadio y los Eskenazi, mediada por el político más ligado a la familia Eskenazi: Carlos Corach, antiguo jefe de Bonadio. Mientras ocurrían estos episodios en la causa Cuadernos se conocía una foto en la que se ve al fallecido Claudio Bonadio y a Sebastián Eskenazi, almorzando los dos en el restaurante -ya cerrado- La Pecora Nera, de la calle Ayacucho, en Recoleta.

Había otra línea de defensa de Saravia que era argumentar algo así como: “Preska, ¿por qué no investiga? Porque usted le está reconociendo un derecho, en realidad, a un grupo que entró por vías muy opacas, muy oscuras, a YPF”. Ese argumento, esa línea de investigación, podría haber sido muy exitosa. Claro, si el juez Ariel Lijo -cuyo apellido le debe sonar a mucha gente-, que tiene una denuncia de Elisa Carrió desde el año 2007 por el ingreso de los Eskenazi en YPF, no hubiera puesto esa denuncia en, como dicen en tribunales, la king size que tiene en el juzgado. Él tiene una cama king size donde duermen las causas durante años. Esta duerme desde el año 2007. También hay que preguntarse: ¿qué estímulo tiene Lijo para no investigar a los Eskenazi? ¿Cuál será su incentivo? ¿Por qué será tan remolón?

Hay algo interesante, si uno se pone a pensar un poco: la teoría del lawfare. Cristina sostiene: “Yo soy una perseguida, me investigan a mí, no a otros”. Es una teoría deficiente, porque uno podría decir: “No: la investigan a Cristina y no la investigan a Cristina”. Porque a la expresidenta la Justicia la ha investigado en el tema de la obra pública de Santa Cruz pero, como vemos, ni Bonadio avanzó con Eskenazi ni Lijo avanzó con Eskenazi. O sea que, en esos casos, Cristina es beneficiaria de una impunidad probablemente concedida a otro. Da la impresión de que los jueces investigan a los políticos según quién es -como se dice en tribunales- su consorte de causa.

Se va el gobierno de Alberto Fernández, que por supuesto duerme estas dos líneas de investigación: la de investigar cómo adquiere Burford su derecho al reclamo en España y la de investigar cómo va a hacer Zannini para investigar si hubo corrupción de los Kirchner en la adquisición del 25% de YPF. Es obvio que no lo va a hacer. De Alberto Fernández no debe sorprender esa desidia: hay que recordar que estaba contratado por los Eskenazi, según reveló la gestión de Miguel Galuccio cuando se hizo cargo de la presidencia de YPF.

Y llega el gobierno de Milei, que nombra como procurador del Tesoro -ese cargo, como ya se dijo, es crucial, porque es el que tiene que defender al Estado, es decir, a los contribuyentes, a los que pagamos impuestos, frente a estos reclamos- a Rodolfo Barra, y nombra a un subprocurador que ya se retiró de ese cargo, encargado de los litigios internacionales. Era el encargado de este caso, el doctor Andrés de la Cruz, un gran abogado que pasó buena parte de su vida en Nueva York, pero con esta peculiaridad: fue el abogado de los Eskenazi cuando adquirieron las acciones de YPF. Y hay documentos públicos donde las presentaciones judiciales en Estados Unidos de los Eskenazi eran firmadas por el doctor De la Cruz, integrante del estudio Cleary Gottlieb, que fue históricamente el estudio de la familia Eskenazi en Nueva York. ¿Una distracción, un error? Es raro que justamente se busque, en el caso más importante que tiene la Argentina -al que está expuesta hoy por US$16.000 millones-, a alguien que tiene una vinculación con el demandante.

Bueno, se va Barra, antes se fue De la Cruz y viene el nuevo procurador, Santiago Castro Videla: impecable, nada que decir de él, pero tiene que excusarse en el caso. Es decir, Milei elige para la defensa del Estado a un abogado que no puede ejercer esa defensa en contra de Burford porque su socio, en el estudio jurídico particular al que pertenecía Castro Videla -un gran abogado, Alberto Bianchi-, fue testigo a favor de Burford y en contra del Estado argentino en este litigio. Entonces, razonablemente, Castro Videla dice: “Yo este caso no lo puedo tocar”. Quiere decir que hoy la Argentina tiene un procurador que no la puede defender en el caso más importante por el que está amenazada.

Acá es donde aparece “El Aleph”, donde todo parece estar combinado con un solo objetivo: que gane Burford o que ganen los Eskenazi, más probablemente. Esta sospecha aparece porque cuando uno ve la relación entre los Eskenazi y la política termina siendo injusto al vincular sólo a los Kirchner. También estuvieron muy ligados, seguro lo están todavía, con Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, son una especie de transversalidad en sí mismos.

En el año 2012, cuando se estatizaba YPF, alguien que no puede ser calificada sino de peronista, la entonces diputada Graciela Camaño, hizo un discurso desmontando en la Cámara de Diputados el concepto de “soberanía energética”, que era el que enmascaraba toda esta operación de estatización de los Kirchner, que es la que estamos pagando. Y ella defendía la idea de que esa era una falsa soberanía, que no se defendían los intereses del Estado argentino ni de YPF en esta operación. Este lunes, la acción de YPF se derrumbó a lo largo del día.

Y la acción de Burford tuvo un 22% de mejora. Esto desnuda esa falacia de la soberanía energética de la que hablaba Kicillof en el Senado y de la que se burlaba Camaño en Diputados.